Euskal Herria
Las redes clientelares detrás de la privatización de la acogida de menores migrantes en Euskadi
Los sindicatos ELA y LAB llevan décadas señalando las consecuencias de las privatizaciones de los servicios de acogida de menores, en especial los dirigidos a migrantes: “El servicio lleva años siendo precario y la situación actual es muy grave, el convenio de prestación del servicio ha sido prorrogado en varias ocasiones, pero siempre mermando las anteriores condiciones laborales de un convenio a convenio hasta el punto de poner en juego la salud laboral de las personas trabajadoras”.
Ya en 2008, ponían el acento en 'el negocio' para algunas empresas revestidas de ONGs. Recientemente, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Euskadi ha denunciado que la externalización trae consigo la precariedad, los recortes, el incumplimiento de los ratios y el hacinamiento. “Cada entidad hace las cosas a su manera sin supervisión”, advierte. Por todo ello pide que una comisión revise las licitaciones.
Las licitaciones analizadas por Hordago-El Salto dibujan una maniobra privatizadora orquestada con la mano derecha por la la batuta del neoliberalismo del PNV, contando con mano izquierda para beneficiar a redes clientelares de empresas afines que terminan fichando a quienes ocupaban responsabilidades políticas en las externalizaciones. La pauta en los servicios para menores de edad es idéntica al modus operandi trazado con las residencias para personas mayores, coincidiendo en ambas ramas un tronco común: los mismos operadores privados se benefician de ambas privatizaciones.
Prácticas antisindicales
Un informe fechado en 2021 y elaborado por el Ararteko, 'Jóvenes migrantes sin referentes familiares en Euskadi', se refiere a la orientación y asesoramiento jurídico que reciben a través del programa foral vizcaíno Hemen, externalizado, entre otros, a la Fundación Peñascal. La fundación también desarrolla el programa de formación foral guipuzcoano Hasi Gazte orientado a estos menores. Por otro lado, colabora en Lehen Urratsak, un programa que procura itinerarios de integración social a menores acogidos, con la ayuda de los ayuntamientos de Donostia y Bilbao.
Pese a haber nacido en 1986, las primeras elecciones sindicales en Peñascal Sociedad Cooperativa se celebraron en 2023. Contaba con 119 trabajadoras y fue entonces cuando despidió al cabeza de lista de LAB, un sindicalista de ESK. En aquella junta directiva de Peñascal figuraba Ignacio Fariña, desde 2025 director de Acogida e Integración de las Personas Inmigrantes del Gobierno Vasco.
Otra de las beneficiadas en la gestión privatizadora de los centros para menores de edad es la alianza empresarial Urbiva, conocida por sus prácticas de recortes y precarización en el ámbito de las residencias para personas mayores y la asistencia a domicilio. Urbiva lo componen dos operadores locales que trabajan en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba: Urgatzi y Babesten. Urgatzi gestiona ocho centros para menores de la Diputación de Gipuzkoa y un centro guipuzcoano orientado a “adolescentes con graves problemas de conducta”, y otros cuatro centros para menores dependientes del Instituto Foral de Bienestar Social de Bizkaia.
Babesten maneja una decena de centros para menores en Gipuzkoa. Por la dirección de esta red empresarial desfiló el exburukide Asier Atutxa. La red clientelar nunca ha ocultado su afinidad con los jeltzales.
Por su parte, Babesten maneja una decena de centros para menores en Gipuzkoa. Por la dirección de esta red empresarial desfiló el exburukide Asier Atutxa. La red clientelar nunca ha ocultado su afinidad con los jeltzales. Cuando falleció el expresidente del Bizkai Buru Batzar del PNV Javier Atutxa, el grupo empresarial le dedicó una esquela. Era padre de Itxaso Atutxa, expresidenta del Bizkai Buru Batzar, y por lo tanto suegro del presidente del PNV Aitor Esteban.
En Araba, Babesten y Urgatzi gestionaron el polémico centro de Sansoheta, desde su puesta en marcha allá por 2010 hasta finales de 2024. El centro estaba dirigido a “adolescentes con problemas de conducta”. Se da la circunstancia de que algunos de los contratos para su gestión los firmó José Luis Alonso, director gerente del Instituto Foral de Bienestar Social (2008-2011), puesto que volvió a ocupar (2015-2019) tras encabezar la delegación de Araba del grupo Babesten entre 2012 y 2015.
La red clientelar jeltzale continúa vinculada a la gestión de acogida de menores migrantes en Araba. Los fundadores de Asociación Urgatzi para la Promoción del Bienestar en 1994 también lo son de la Fundación Obarburu, creada en 2023. Desde 2025, se encarga del programa de “acogimiento residencial para menores extranjeros no acompañados” de la Diputación de Araba. Además, Obarburu gestiona cinco centros de menores dependientes del Instituto Foral de Bienestar Social de Bizkaia, uno de ellos para “adolescentes con graves problemas de conducta”.
En Bizkaia las puertas giratorias con esta red también están bien engrasadas. Eusebio Larrazabal, exmiembro del Bizkai Buru Batzar del PNV, exalcalde en Zeanuri y exdiputado foral del Departamento de Empleo y Formación en Bizkaia, abandonó en 2010 su cargo como asesor general de Acción Social de la Diputación de Bizkaia para dirigir el grupo Babesten hasta 2023.
Subcontratación, mercantilización y deshumanización
En una entrevista para Hordago-El Salto, la educadora social y delegada de LAB en un centro de menores migrantes de Bizkaia, Leire González, consideraba que la privatización es “una parte importante del problema”. “No se nos reconoce en la práctica como trabajadoras de un servicio público y los mecanismos de supervisión no están siendo suficientemente eficaces”, alegaba.
Al mismo tiempo, la responsable de la Secretaría Antirracista de LAB, Txefi Roco, denunciaba que el proceso de subcontratación de la red de acogida de menores migrantes del Gobierno Vasco “es parte de la mercantilización de la infraestructura pública de cuidados”: “Hay una estrategia deliberada de vaciamiento para seguir haciendo dinero, acompañada de una retórica de deshumanización, odio y amenaza”.
La trabajadora social y juntera en Bizkaia por Elkarrekin-Podemos, Eneritz de Madariaga, manifiesta que “es evidente que cuando intervienen empresas con ánimo de lucro, parte de los recursos públicos que deberían destinarse a garantizar una atención de calidad y unas condiciones laborales dignas terminan convirtiéndose en beneficios empresariales”.
Por su parte, la juntera de EH Bildu en Bizkaia y trabajadora social, Izaskun Duque, muestra su preocupación por el “viraje discursivo que ha tenido el PNV”: “Hace unos años había consensos políticos amplios sobre garantizar los derechos que les corresponden a esos menores y un discurso más contundente a favor de los derechos humanos. Pero el contexto global actual de discursos en auge de la extrema derecha está influyendo en algunas posiciones y discursos del PNV“.
”Hace unos años había consensos políticos amplios sobre garantizar los derechos que les corresponden a esos menores y un discurso más contundente a favor de los derechos humanos. Pero el contexto global actual de discursos en auge de la extrema derecha está influyendo en algunas posiciones y discursos del PNV“, cree la juntera de EH Bildu Izaskun Duque
Por ejemplo, explica Duque, ”dar el origen de las personas detenidas, utilizar un discurso alarmista diciendo que la red de acogida está en una situación de excepcionalidad, que la red está tensionada... eso genera alarma social y da oxígeno a discursos más radicalizados, más racistas. Es peligroso“. ”Hay un cambio preocupante en la forma en la que la Diputación está abordando la acogida de los menores migrantes. Están poniendo cada vez más el foco en la presión que supone su llegada, cuando buena parte de esa presión tiene que ver con la falta de planificación y con decisiones que ha tomado la propia Diputación", zanja Madariaga.
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Un sistema de acogida deficiente y privatizado provoca el desamparo de menores migrantes en Euskadi
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