Euskera
Fin del consenso lingüístico: enfrentamiento ante la reforma de perfiles de euskera en el empleo público

Todo apunta a un choque de trenes durante el inminente debate parlamentario sobre la reforma de la Ley de Empleo Público Vasco, que tiene por objetivo revisar el sistema de perfiles lingüísticos que se establecen como requisitos de acceso a los puestos en la administración. Euskadi cuenta con el sector público autonómico de mayor temporalidad en el empleo –ha pasado del 41% en 2021 al 46% en 2025 según la EPA, siendo menos del 38% según Eustat— y mantiene un nivel de privatización de los servicios públicos sin equivalentes en toda Europa en cuanto al sistema educativo, e importante también en cuanto al sanitario y al de pensiones.

La actual reforma no abordará estas cuestiones, aunque estén relacionadas con la legislación del empleo público, en la medida en que la regulación de los requisitos en materia lingüística también condicionan el avance o estancamiento de los procesos de estabilización y el acceso a nuevos puestos.

Cerrado esta semana el periodo de enmiendas, y anunciadas movilizaciones de los sindicatos abertzales, el Parlamento Vasco someterá a debate en ponencia, y posteriormente a votación, las dos propuestas realizadas, por EH Bildu y PNV, así como también las de los demás grupos. Ambos textos plantean que desaparezcan, total o parcialmente, los denominados índices de obligado cumplimiento, que en teoría obligan a que la perfilación lingüística de las plazas en euskera tenga en cuenta la composición sociolingüística del lugar en el que viven. En otras palabras, está sobre la mesa desligar la exigencia de euskera en el empleo público del peso real de euskaldunes en cada zona.

La comisión que discutió los borradores de la ley contó con la presencia de numerosas personas expertas con una insalvable diferencia de criterios, valoraciones y propuestas de cara a la reforma de la exigencia de euskera en la administración

La comisión que discutió ambos borradores de la ley contó con numerosas personas expertas, sindicatos y colectivos sociales, cuyos criterios, valoraciones y propuestas evidencian diferencias insalvables ante la reforma de la exigencia del euskera en la administración. Sus posiciones van desde un apoyo a la propuesta de EH Bildu de perfilar el 100% de plazas, pasando por serias reticencias sobre su conveniencia y encaje en el marco legal, además de intervenciones contrarias a eliminar el consenso anterior, basado en la adaptación de los requisitos de acreditación lingüística a la realidad social de cada territorio, al impacto en la igualdad y a las necesidades específicas de cada ámbito de actuación.

Estas discrepancias se enmarcan en el centenar de procesos judiciales que, según Euskalgintzaren Kontseilua, se han sucedido en los últimos años, así como las numerosas sentencias de anulación de concursos durante los procesos de estabilización y acceso al empleo público. Solo en 2025, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la nulidad de la OPE de 100 plazas de administrativo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y ha anulado el perfil lingüístico exigido en plazas de técnicos de integración social del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) y de celadores de obras públicas en Bizkaia. 

El choque escaló en diciembre, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre el propio artículo de la Ley de Empleo Público Vasco que fija los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo: el debate parlamentario llega, así, con la norma vigente pendiendo de un hilo en Madrid.

Se abre un debate de gran calado: más del 20% del empleo total se sostiene con fondos públicos, y el papel de los perfiles lingüísticos en las subcontratas figura entre los retos de la reforma legislativa. Este no es un asunto menor en Euskadi, donde la externalización de servicios públicos –de la limpieza hospitalaria a la atención domiciliaria, pasando por la red educativa concertada– afecta a decenas de miles de puestos sobre los que la administración tiene capacidad de concesión pero, hasta ahora, no de exigencia lingüística homologable a la de su propia plantilla.

EH Bildu y PNV: ¿propuestas divergentes o convergentes?

Las dos propuestas comparten objetivo –blindar el euskera frente a la oleada de sentencias anulatorias– pero llegan a él por caminos opuestos. La presentada por EH Bildu invierte el sistema vigente. En lugar de partir de un porcentaje de plazas con perfil preceptivo y obligar a las administraciones a justificar cada exigencia adicional ante los tribunales, fija como regla general el conocimiento de las dos lenguas oficiales para acceder al empleo público y deja como excepción tasada las plazas que pueden aplazar el requisito de euskera.

Esas excepciones se acompañarían de un índice de referencia, planes personalizados de capacitación –con liberación de empleo para aprender la lengua– y una evaluación quinquenal para verificar la progresión. La formación abertzale defiende que esta arquitectura es la que ya funciona en Cataluña, Galicia, la Comunidad Valenciana y Baleares, y la que mejor se sostiene ante el Tribunal Constitucional.

La  propuesta del PNV es menos ambiciosa en lo conceptual y más quirúrgica en lo técnico. Añade un apartado al artículo 187 de la Ley Vasca de Empleo Público para que cada administración fije perfiles y fechas de preceptividad mediante un análisis “riguroso y justificado”, apelando a la proporcionalidad y a las necesidades reales de uso del euskera en cada puesto. Y, sobre todo, deroga la aplicación de los índices de obligado cumplimiento, las proporciones que hoy vinculan el porcentaje de plazas perfiladas a la composición sociolingüística de la zona. La idea es devolver autonomía a las administraciones para decidir caso por caso y, con ello, evitar que los tribunales sigan utilizando el desbordamiento del índice como argumento para tumbar OPEs.

Iñigo Urrutia, profesor de Derecho Administrativo en la EHU y autor del primer borrador de reforma legal elaborado en el Txillardegi Gogoetagunea del Telefesforo Monzon eLAB, subrayó que en ambas propuestas “hay un punto de confluencia”, ya que coinciden en el mismo objetivo. Esa coincidencia se evidenció en la defensa de la propuesta del PNV, secundada por el portavoz del PNV Markel Olano, y por el de EH Bildu, Pello Otxandiano, que manifestó: “creo que es algo positivo estar en sintonía política en un asunto tan importante entre nosotros dos”.

Para Urrutia, ambas propuestas son distintas “formalmente”. La de EH Bildu es más “innovadora” y “mucho más fuerte desde el punto de vista de la seguridad jurídica” que la del PNV, pero por ambas vías podría llegarse al mismo objetivo: que el acceso al 100% de los puestos de trabajo público sea para “el personal euskaldun”.

La necesidad de amparo jurídico suficiente es la coincidencia fundamental entre quienes demandan el requerimiento de perfil lingüístico a la totalidad de las plantillas de los servicios públicos

La abogada y antigua secretaria del Ayuntamiento de Tolosa, Begoña Garmendia Vazquez, compareciente a petición de EH Bildu, explicó el sistema vigente: a cada puesto de trabajo se le asigna el perfil lingüístico correspondiente “teniendo en cuenta las funciones, obligaciones, tareas...”, con un elemento de modulación. “No se puede exigir por igual a un técnico superior o a un trabajador de la brigada, del equipo de trabajo”. Otra cuestión es el índice de los perfiles lingüísticos asignados, que se fija en cada periodo de planificación lingüística. Unos índices proporcionados que “se fijan en ese periodo concreto de planificación, teniendo en cuenta todos los puestos de trabajo existentes en el organismo”.

Agurne Gaubeka, del Observatorio de los Derechos Lingüísticos Behatokia, aportó ejemplos de problemas derivados del número insuficiente de plazas con perfil lingüístico preceptivo. Expuso el caso de una paciente ingresada en el hospital de Galdakao. “Su hermana nos escribió diciéndonos que el sábado tenían que indicarle a ella que se iba a morir y que pidió que ello se comunicara en euskera”. Llegado el día, prosiguió Gaubeka, “el médico vino solo y le indicó exclusivamente en castellano lo que pasaba”, después se le ofreció trasladar la misma información a través de otro facultativo euskaldun, que por carga de trabajo tardaría varias horas en llegar. La representante de Behatokia subrayó con este ejemplo que “no hablamos de pequeñeces”. Pese a haber comparecido a propuesta de EH Bildu, Gaubeka manifestó que “sobre estos criterios para establecer excepciones o aplazamientos nos surgen dudas”.

La necesidad de amparo jurídico suficiente es la coincidencia fundamental entre quienes demandan perfil lingüístico para la totalidad de las plantillas de los servicios públicos. Como señalaron Manex Mantxola e Idurre Eskisabel en la comparecencia parlamentaria relizada por Euskalgintzaren Kontseilua, “tenemos que dar seguridad jurídica para conseguir que el euskera sea lengua de trabajo y garantizar los derechos de todos los ciudadanos”.

La modificación de la ley se hace inexcusable para quienes defienden que el 100% de las plazas estén perfiladas en euskera, dado que la jurisprudencia es prácticamente unánime contra el desbordamiento de los índices de obligado cumplimiento.

Como reconoció Irune Berasaluze, diputada de Gobernanza de Diputación Foral de Gipuzkoa por el PNV, “una de las claves en este camino que ha sido pacífico ha sido el cumplimiento del índice de preceptividad”.  Y, añadió, que ha sido precisamente “el hecho de superarlo” el que ha creado el problema, “el que nos ha traído aquí”. La diputada foral lo reconoció abiertamente: “la Diputación Foral de Gipuzkoa –como varias entidades de Euskadi–, tras años de trayectoria, se sitúa por encima de los porcentajes que marca este índice”. 

¿Por qué? La diputada lo explica: “creemos que la revitalización del euskera necesita de espacios y redes de relación en euskera, y en ese recorrido es intencionalmente deseable que las administraciones se conviertan en respiraderos (arnasguneak) socio-funcionales del euskera“. 

Las razones del cambio, ahora

En su comparecencia, Berasaluze explicó también por qué es importante que el cambio legal se produzca ahora: “Tenemos que tener en cuenta que estamos ante un gran cambio generacional con muchas jubilaciones en las administraciones públicas, toda una generación se está jubilando y se va a retirar en los próximos años, lo que nos exige constantemente sacar ofertas públicas de empleo y, además, para ir reduciendo esa tasa de provisionalidad, al menos cada tres años, sacar esas plazas siempre a las ofertas públicas de empleo (…). Y por eso acogimos con esperanza en esta Cámara todo este proceso de modificación legislativa puesto en marcha por ambos grupos parlamentarios. Y a ver si eso nos da esa seguridad jurídica a las administraciones vascas para poder sacar con garantía nuestras ofertas públicas de empleo”.

En su intervención en defensa de la exigencia de conocimiento del euskera en todos los empleos sostenidos con fondos públicos, Euskalgintzaren Kontseilua recordó también la importancia de ese relevo en el mundo laboral: “En los próximos años la mitad de los empleados públicos se jubilará y se incorporará al mundo laboral la generación más euskaldun de la historia. Ya sabéis cuántos menores de 35 años saben euskera: tres cuartas partes”.

Pero esta exigencia generalizada de euskera no es viable sin un cambio legal, como reconoció la gran mayoría de las personas consultadas por el Parlamento Vasco. Aunque con excepciones. 

Una de ellas es la de Ignacio Etxebarria, secretario del Ayuntamiento de Getxo y miembro de la Academia Vasca del Derecho. En su intervención expuso un ejemplo de su consistorio: la plantilla de la Policía Municipal, donde, aunque solo se exige formalmente perfil preceptivo en la mitad de los puestos, en la práctica la totalidad posee ese perfil lingüístico. Etxebarria considera un “dato interesante” conocer cuántas plazas sin preceptividad están ocupadas por personas con perfil lingüístico y cuántas sin él. Según este exdiputado foral del PNV, el sistema vasco de empleo público ya estaría seleccionando muy mayoritariamente a aspirantes con perfil acreditado.

El exresponsable de AEK Erramun Osa considera que hay que “velar por el consenso existente hasta ahora”, ampliándolo a quienes quedaron fuera de él

Para Erramun Osa, antiguo responsable de AEK y actualmente vicesecretario de Euskaltzaindia y alcalde de Garai por el PNV, hay que diferenciar entre los dos instrumentos jurídicos que marca la actual legislación: los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad. En su intervención, recordó la situación de partida subrayando que el euskera ha vivido, y continúa viviendo, la “recuperación más rápida, profunda y duradera de su historia”. 

En su opinión nos encontramos ante dos vías: “una es abandonar el camino hecho hasta ahora y empezar a trabajar en lo nuevo, y la otra es avanzar en el camino recorrido hasta hoy, dotando de seguridad al que hemos de recorrer en el futuro”. Osa considera que para profundizarlo “es imprescindible por encima de todo velar por el consenso existente hasta ahora” y, sobre esa base, ampliarlo a quienes quedaron fuera del consenso inicial, en alusión a la izquierda abertzale. 

El alcalde de Garai recordó la necesidad de tener en cuenta la situación de municipios pequeños como el suyo, en los que, a veces, un servicio concreto lo proporciona una única persona, y la imposibilidad de proporcionarlo en euskera o castellano si esa persona no es bilingüe, pese a lo cual se mostraba consciente de las dificultades de afrontarlo. Pese a ello, señaló la necesidad de “dar un salto en todas partes”, también y especialmente en las zonas más urbanas.

Perspectiva de clase en la sociolingüística vasca

Gotzon Egia, exresponsable del Servicio de Euskera de la Diputación Foral de Gipuzkoa y miembro del Consejo Asesor del Euskera a propuesta de Ezker Anitza-IU y Elkarrekin Podemos, incidió en la problemática de clase social en este debate. Tras una comparación entre los principios de la política lingüística y de las políticas educativas contra la segregación escolar y a favor de la escuela pública, recordó que la mayoría de las sentencias registradas fallaron a favor de reclamaciones interpuestas por la gente más humilde.

“Tenemos un problema, como decía Castillo Suárez: el euskera no es la lengua de los pobres en el siglo XXI, y deberíamos pensar sobre ello”. Pero se sabe poco al respecto y faltan datos fundamentales: “ni la encuesta sociolingüística ni la sociolingüística avanzada que se hace ha puesto ahí el foco”. Que el euskera no sea la lengua de los pobres debiera encender una “alarma roja”, sentenció.

El sociólogo y experto en migraciones Xabier Aierdi alertó sobre los nuevos retos que plantean las migraciones, y desde la perspectiva de la igualdad, la posición estructuralmente subordinada de los migrantes y la existencia de una lengua en situación de debilidad que puede acentuarse en el futuro.

El reto será gestionar la inmigración que vendrá, porque buena parte de la población vasca en un futuro inmediato procederá de fuera. “Este es el panorama y la realidad que debemos gestionar“. Tras mostrar su preocupación por los riesgos de una sociedad en la que  los sueños de uno son las pesadillas del otro, y al contrario, expresó sus dos principales dudas: si estamos dando la respuesta educativa necesaria, para evitar la desigualdad, y qué está pasando con la lengua y cómo opera en ese escenario.

Xabier Aierdi insistió en que la estrategia puede “coger una tendencia aristocrática que no deja que nuevas personas se incorporen al euskera”, en vez de permitir que la población migrante tenga “un respiro para entrar en parte en la administración y acercar a esa gente al euskera”

Aierdi considera que el sistema educativo necesita una revisión. “Yo no voy a decir lo que hay que hacer. Es evidente que no lo sé, pero lo que sé es que el sistema educativo debe ser y debe garantizar lo que ocurrió en la migración anterior. Es decir, los padres vendrán a trabajar, los padres siempre vienen a trabajar, pero depositan sus esperanzas en sus hijos, y cuando éstos avanzan, su vida ha merecido la pena, al fin y al cabo, la integración de los padres es una mejora de los hijos”.

Repensar privilegios y cierres aristocráticos desde la igualdad

El sociólogo y miembro de Begirune insistió también en que “la estrategia puede ser de parte de una élite que puede llevar a mucha gente detrás o coger una  tendencia aristocrática que no deja que nuevas personas se incorporen al euskera”. “No tengamos cerrado todo el espacio público porque esta gente nueva también va a necesitar un respiro para entrar en parte en la administración y tener una recompensa social. Yo le doy importancia a eso. Veamos lo que hay, veamos cómo podemos mejorar, cómo podemos conciliar el acercamiento de la gente al euskera, qué recursos hay que poner”, afirmó. Para Aierdi, “con un empleo precario, con una escuela precaria” se puede generar un importante fracaso de cara al futuro.

Por su parte, Ivan Igartua, catedrático de Filología Eslava en la EHU y exvicerrector del campus de Araba, afirmó que "podría discutirse, por supuesto, la idoneidad de la fórmula utilizada para calcular los índices o indicadores sociolingüísticos (…) pero lo más importante es que hasta ahora han reunido un mínimo acuerdo”. Por ese motivo, continuó el exdirector de Investigación lingüística del Gobierno Vasco bajo el PSE, la pregunta ahora es cuál sería el medidor alternativo, o si se plantea dejar todo “en manos de la arbitrariedad o del voluntarismo”, con riesgos importantes a su juicio.

Además de la diversidad sociolingüística, Igartua recuerda que las distintas administraciones cuentan –o deberían contar– con otro dato relevante que es en qué lengua se dirigen los ciudadanos a ellas. Es una medida de la necesidad que, a su entender, la Administración debería tener muy en cuenta, a pesar del sesgo, denunciado por numerosos agentes, fruto del posible retraso o deficiencia en la atención a quienes quieren relacionarse en euskera con la administración.

Alberto Lopez Basaguren considera que la exigencia generalizada del conocimiento del euskera en el acceso al empleo público “choca con la realidad lingüística del país, excluyendo de forma irrazonable del empleo público a una parte importante de la población”

Igartua considera que una perspectiva de justicia, proporcionalidad y gradualidad impide dejar fuera del empleo público a una gran parte de la población –que alcanza dos terceras o incluso tres cuartas partes en algunos lugares. A su juicio, parece que “detrás de esa idea de hacer del euskera un requisito universal, la propia administración vasca está buscando convertirse en un privilegio, en el refugio de una minoría o en un espacio privado”, con todas las connotaciones y consecuencias que ello tendría. “Creo que la imposición del euskera como condición obligatoria para cualquier puesto de trabajo público hiere y perjudica la igualdad”, advirtió. La adhesión a la lengua no se conseguirá por la marginación ni por la imposición. “Esa situación no aportará más hablantes del euskera”.

Una opinión coincidente con la de Alberto López Basaguren, que ha sido miembro del Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, del Consejo Asesor del Euskera y, a propuesta del PSE, redactor del nuevo Estatuto de Autonomía. Para Basaguren, la exigencia generalizada del conocimiento del euskera en el acceso al empleo público “choca con la realidad lingüística del país, excluyendo de forma irrazonable del empleo público a una parte importante de la población”. Además, el catedrático de Derecho Constitucional de la EHU considera que una medida de esas características “vulnera el Estatuto de Autonomía, la Ley del Euskera y el Decreto de euskaldunización del sector público” y, “junto a otras medidas de carácter lingüístico, se convierte en un elemento de ruptura social potencialmente desestabilizador”.

Vistas las posiciones de las personas expertas y la diversidad de criterios en materia de política lingüística, es ahora el turno del debate de enmiendas en comisión parlamentaria. Nadie sabe el grado de exigencia de perfiles de euskera en el acceso al empleo público y su concreta adaptación legislativa que finalmente logrará aprobarse. Asistimos “al fin del consenso sobre el euskera”, tal y como anticipaba Hordago en su especial de otoño de 2023, y la fractura social no ha dejado de agudizarse recientemente, tras la infiltración y el señalamiento público a Euskara Denontzat por su participación en la impugnación de OPEs, la expulsión de CCOO de la Korrika y la consiguiente salida del PSE-EE –socio del PNV en las principales administraciones públicas vasconavarras–, que ya ha anunciado que ve casi imposible llegar a un acuerdo a partir de las dos propuestas sobre la mesa.