Euskera
Los acuerdos sobre las políticas lingüísticas del euskera vuelven a debate

El euskera vive tiempos convulsos a raíz de las sentencias de los tribunales que han cuestionado todo el sistema de perfiles lingüísticos en vigor en la administración vasca y una nueva norma de educación que marca el debate de este curso político. Estos dos factores han roto el consenso de la Ley de normalización de uso del euskera de 1982 cuyos frutos son que, a día de hoy, tres de cada cuatro jóvenes saben el idioma, el triple que hace 30 años. Además, el porcentaje de euskaldunes con capacidad de habla entre la población de Euskadi ha aumentado en 12 puntos, de 24,1% a 36,2%. Un incremento considerable, pero todavía lejos del 81% que alcanza Cataluña y del 88% al que llega Galicia. De todas formas, estos más de 40 años han dejado secuelas. Los centros de educación del territorio cuentan con altas tasas de segregación que afectan de forma directa a la situación sociolingüística de su alumnado. A lo que se le suma un sistema público-privado de euskaltegis en el que el fracaso escolar es alto y las evaluaciones se realizan con macro exámenes en plazas como el BEC.

Perfiles lingüísticos para trabajadores

La aplicación del sistema de exigencia lingüística en la administración pública y en sus subcontratas es uno de los temas pendientes que el Gobierno Vasco tendrá que abordar tras las últimas polémicas. Una cuestión que afecta a 280.000 personas empleadas. “Este sistema ha sido eficiente y ha permitido que muchos trabajadores hayan logrado aprender euskera lo suficiente como para atender a la ciudadanía”, explica Gotzon Egia, miembro del Consejo Asesor del Euskera en el Ejecutivo, nombrado por el Parlamento Vasco. “Sin grandes conflictos, ni inversiones exageradas”, cree que esta formulación “está agotada”, porque “el conocimiento y el uso del euskera ha cambiado mucho en la administración y hace falta un acuerdo lo más amplio posible”. 

La Ley básica de normalización del uso del euskera se acordó en 1982 y se sustenta sobre tres ejes principales: la educación euskaldun, la alfabetización en adultos y la transmisión familiar. Joseba Erkizia, exdirector del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), recuerda que esta norma fijó un principio “muy importante” en el que se señala que “todos los ciudadanos de Euskal Herria tienen el derecho de conocer y utilizar los idiomas oficiales tanto de forma oral como escrita”. Además, subraya que la administración está obligada a garantizarlo”. Y cree “que no se podría haber legislado mejor el proceso de recuperación del euskera”. 

En 1983 se aprobó la ley para crear HABE y los euskaltegis. Según comenta Erkizia, cada año entre “30.000 y 35.000 personas pasan por estos centros, un número de alumnado similar al que puede tener la UPV/EHU”. Una red de euskaltegis, que en su mayoría está privatizada, ya que según datos de Hizpide: helduen euskalduntzearen aldizkaria, editada por HABE, un 76% del alumnado estudia fuera del modelo público. Además, las personas que inician el aprendizaje del idioma a través de este sistema no logran escalar desde los perfiles iniciales hasta los que son necesarios para lograr empleos públicos y plazas de trabajo. El 38,6% abandona sin completar ningún subnivel A1 y solo un 0,4% alcanza el B2. En el caso de quienes se inician desde un punto medio, como es el B1, el 60% se queda en ese nivel apruebe o no apruebe el examen y apenas el 2,2% llega al C1. Esta titulación es la que abre las puertas a la mayoría de puestos en la administración y el 92,8% de quienes se inician en este nivel no progresan, mientras que un 6,7% pasa al C2, la máxima calificación. 

La privatización de los euskaltegis y la falta de oportunidades para acceder a cursos gratuitos dificulta el aprendizaje para las personas con menores recursos socioeconómicos. En total, HABE estima 2.200 horas para adquirir el nivel C1 desde una base en la que no se tengan conocimientos previos de euskera. Asimismo, el precio de un curso se sitúa en los 850 euros, teniendo en cuenta que la realización del mismo no asegura un aumento de nivel. Mientras que en el caso del catalán, el precio del todo el itinerario desde A1 a C1 es de 470 euros. 

HABE estima 2.200 horas para adquirir el nivel C1 desde una base en la que no se tengan conocimientos previos de euskera

Egia señala que los primeros borradores para el nuevo sistema de perfiles lingüísticos que ha conocido marcan una tendencia continuista y no ve “cambios sustanciales”. Además, tampoco se llega a aclarar qué porcentaje de perfiles obligatorios habrá en cada administración, fuente de los crecientes conflictos judiciales. “No es lo mismo el consistorio de Ataun que el de Barakaldo, por lo que se tiene que abordar esta cuestión desde la posición sociolingüística del municipio”, esclarece. Mientras en la localidad vizcaína, según los datos de Eustat, hay un 26,9% de euskaldunes, en la localidad guipuzcoana alcanzan el 87,7%.

Para acceder a diferentes empleos públicos el B2 y el C1 en las cuatro competencias lingüísticas –escuchar, leer, hablar, escribir– son los títulos mayoritariamente requeridos, que se adquieren a través de exámenes con cientos de personas en macrorecintos como el BEC. “¿Por qué hay que pedir el mismo nivel en todas las esferas?”, se pregunta Egia, que aboga por otras fórmulas. “Hay puestos donde la destreza verbal es suficiente o al revés, la escrita, pero que no requieren las dos”, apunta. Apuesta por “perfiles asimétricos en los que se pueda pedir un C1 oral y un B1 escrito, por ejemplo”. Tampoco está de acuerdo con lograr las titulaciones a través de “un examen con formas burdas donde se te cae el alma a los pies”. El asesor lingüístico recuerda que hay otras alternativas como “la evaluación performativa”, en la cual sea posible hacer una prueba que se ajuste a las tareas de trabajo. “¿Si eres capaz de redactar con consistencia y sin errores un edicto del ‘ayunta’ quién te va a negar que tienes el B2? ¿Si puedes defender una causa ante un juez en euskera tienes el C2? Yo creo que sí”. 

“No quiero un gueto de euskaldunes perfectos, quiero que el euskera tenga la mayor presencia posible”

Nerea Azurmendi Zabaleta

Euskera

Joseba Erkizia, traductor y exdirector de HABE “No quiero un gueto de euskaldunes perfectos, quiero que el euskera tenga la mayor presencia posible”

Nerea Azurmendi Zabaleta

Joseba Erkizia, director de HABE en dos ocasiones entre 2005 y 2017, pone en duda la idoneidad de los exámenes masivos para acreditar el nivel de euskera.

Joseba Erkizia, itzultzailea eta HABEren zuzendari ohia “Nik ez dut nahi euskaldun perfektuen ghetto bat, euskara gizartean ahalik eta zabalduena egotea baizik”

Por su parte, Erkizia apuesta por la evaluación continua, donde el resultado no sea fruto de un examen único sino de “las actuaciones en clase, los trabajos y los proyectos realizados a lo largo del curso”. Además, subraya que la evaluación en momentos concretos, según el Marco común europeo de referencia para las lenguas, “provoca traumas por el examen y favorece a determinados tipos de alumnos”. 

“Una persecución al euskera”

2023 está siendo un año complicado para el ámbito más institucional del euskera y sus políticas lingüísticas en base a los perfiles. El último golpe se produjo en julio, cuando el Tribunal Constitucional declaró ilegal la normativa vasca que permitía el uso exclusivo del euskera en los ayuntamientos. La primera sentencia se remonta a 2021, cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) resuelve que es desproporcionado y por tanto discriminatorio sacar una OPE de 12 plazas de policía municipal, el 100% con perfil lingüístico obligatorio. Una reacción ante el recurso de un trabajador con 14 años de contratos temporales. Este mismo tribunal se ha pronunciado también en el caso de la Fundación Uliazpi, ante el recurso de dos cuidadoras con 30 años de contratos temporales. 

El grueso de las sentencias se han producido este año, aunque desde 2020 los consistorios navarros ya han sufrido resoluciones similares en ofertas para acceder a los puestos de trabajo públicos. Recursos interpuestos por particulares, sindicatos o empresas que cuestionan todo el sistema de perfiles lingüísticos en vigor. Unos movimientos que para Euskalgintzaren Kontseilua significan un “ataque judicial, mediático y político”. 

Esta valoración de Kontseilua la suscribe el profesor de la UPV/EHU y jurista experto en política lingüística Iñigo Urrutia, que cree que “se producen todas las características de una auténtica persecución del proceso de normalización del euskera”. Una tendencia que se inició hace un par de años, pero que está creciendo, donde nos encontramos con “una normativa aprobada por el Parlamento y el Gobierno Vasco que no se sabe si es legal o ilegal”. Esto, según Urrutia, provoca que los recursos sean estimados “cuando se trata de una disminución de los derechos lingüísticos de los vascoparlantes”. 

Urrutia asegura que “se ha producido una involución en la forma de enfocar las cuestiones lingüísticas”. Y pone como referencia la sentencia de Uliazpi, donde el TSJPV dijo que la administración pública no puede exigir el euskera en la OPE para cuidadores de esta fundación guipuzcoana. “Supone un salto argumental donde se aplica el principio de igualdad sin tener en cuenta los principios de proporcionalidad que establece la ley vasca”, explica el jurista. Y aclara que “se hace referencia a la legislación vasca para no aplicarla, algo especialmente grave”. También añade que aunque el fallo no pone en duda que estos puestos necesiten el euskera como lengua de trabajo, se dictamina que “la OPE es inconstitucional”. “Es un galimatías”, sentencia Urrutia. 

“Los jueces han cambiado de orientación y han asumido que se ha ido demasiado lejos con la normalización del euskera” 

El jurista considera que “ha habido un cambio de orientación por parte de los jueces, quienes han asumido un discurso en el que se cree que se ha ido demasiado lejos con la normalización del euskera”. Por eso, matiza, “abogan por ponerle freno”. Y cree que estas sentencias solo se pueden entender desde una perspectiva política. Ante esta situación, le parece que el Gobierno Vasco debería actuar y “buscar una mayor proporcionalidad, porque el ataque al euskera es de un cariz enorme”. Asimismo, Urrutia afirma que se verán más sentencias y que, aunque la de Uliazpi o la policía municipal de Irun han sido recurridas al Tribunal Supremo, “no va a haber muchas posibilidades de éxito”. 

Para evitar que se sigan produciendo estas sentencias, Urrutia ve como única salida “renovar el pacto político y buscar un nuevo consenso social”. Porque subraya que “puede ser momento de plantearnos que para ingresar de funcionario o personal indefinido en la administración se exija el conocimiento de las dos lenguas del país”. Algo que en Cataluña o Galicia se aplica desde los años 80. “Aquí solamente tenemos un sistema de perfiles lingüísticos en ciertas plazas y la pregunta es hacia qué modelo vamos”.  

“Hay una gran comunidad de personas que vive o que intenta vivir en euskera pero que no puede porque otra parte de la ciudadanía no sabe”

La nueva Ley de Educación que estos meses debaten los partidos en el Parlamento Vasco será fundamental para el futuro del euskera. Para Kontseilua, es “uno de los pilares para normalizar un idioma minorizado”. Por eso, su secretaria general, Idurre Eskisabel, pide que esa norma “tenga más euskera”. Asegura que en los últimos años hay “un claro consenso general para que las políticas a favor del idioma den un gran salto para seguir con la dinámica actual”. También destaca que en Euskal Herria hay “una gran comunidad de personas que vive o que intenta vivir en euskera pero que no puede porque otra parte de la ciudadanía no sabe”. “Hablamos de un derecho fundamental y de convivencia cómo cohesionar esa ciudadanía, si tenemos un sistema educativo que pueda propiciar que las generaciones futuras sepan euskera será posible cambiar esto”, resalta.

Eskisabel recuerda que en la nueva Ley de Educación que se está debatiendo hay varias novedades. Por ejemplo, valora positivamente que “se plantee lograr un perfil lingüístico determinado al acabar la educación obligatoria”. Concretamente, el nivel B2, aunque apunta que no se determina “cómo se debe hacer ese camino, ni se fijan mínimos”. Los últimos 40 años han confirmado, según Eskisabel, “que el modelo más exitoso para lograr esos conocimientos ha sido el D”, por ello, sin entrar a valorar los funcionamientos de otros modelos, apunta que “el euskera tiene que ser eje de aprendizaje y enseñanza”. También pide que, teniendo en cuenta las diferentes realidades sociolingüísticas de los tres territorios, “hay que dar más recursos pedagógicos y humanos a quienes menos tienen”. Según los datos de Eustat, en Gipuzkoa el 51,8% de los habitantes sabe euskera, en Bizkaia lo hace el 30,6% y en Álava el 22,4%. En lo que no hay ninguna duda es que el principal protagonista es la generación más joven, que ha cogido el relevo de los mayores de 65 años como el grupo con más euskaldunes.

Segregación escolar

“Euskadi tiene el mayor nivel de segregación escolar por origen migrante de todo el Estado y la mayor segregación socioeconómica después de la Comunidad Autónoma de Madrid”. Así lo señalaba un estudio de Save the Children y EsadeEcPol en 2022, confirmando uno de los mayores problemas del sistema educativo vasco, un problema que ha tenido impacto directo en la normalización del euskera. Amelia Barquin, profesora de la Universidad de Mondragón, señala que “los datos son vergonzantes” y que “se ha encaminado al alumno de origen extranjero al modelo D público y no se ha pensado que concentrarlos en determinados centros no era ni ético ni estratégico para fomentar el uso del idioma”.

Barquin opina que “algunas de las políticas que se han hecho en educación han contribuido a la segregación”. Una de ellas, según la profesora, es la matrícula viva, que se lleva a cabo después del inicio de curso para personas que llegan a la sociedad vasca. “Durante muchos años ese alumnado ha sido encaminado a centros donde ya había inmigrantes, porque es más probable que se vuelvan a mover por nuevas oportunidades laborales o de vivienda y queden plazas vacías. Es un círculo vicioso”, explica. Otra de las cuestiones que resalta es que las matrículas se puedan hacer en el centro escolar. “No es posible que alguien te atienda y te diga que te conviene más ir a otra escuela por tu perfil social, porque las personas como tú no están aquí. Esto son prácticas informales que se han llevado a cabo porque el sistema lo permite”, critica.     

“El sistema ha permitido que los niños de determinados perfiles sociales hayan acabado en las mismas escuelas”

La profesora subraya la dificultad de transmitir “apego o sentimiento hacia el euskera donde hay gran parte de alumnado extranjero y otra parte de clase trabajadora que no habla el idioma en casa”. Por eso, pide reconocer “el trabajo que se ha hecho en los centros públicos, porque se ha respondido a un reto lingüístico y social”. En muchos casos, matiza, “sin los recursos suficientes, con un profesorado desmotivado y dificultades para formar las direcciones”. Un aprendizaje que se dificulta para estos niños y niñas ya que solo un 11,6% recibe ayuda de sus padres y madres en casa, según un estudio de la fundación Begirune. Además, Barquin resalta que estos colegios e institutos han acabado “estigmatizados” por acoger a “colectivos con escasos recursos”. 

Según los datos de Eustat, un 30% de los niños y niñas que nacen en Euskadi tienen madre extranjera. Un porcentaje en aumento y del que dependerá, en gran medida, el uso del euskera en el futuro. Barquin aclara que “si queremos que estos jóvenes aprendan y utilicen esta lengua va haber que diseñar políticas distintas a las actuales”. Y matiza que no solo se está segregando al alumnado que llega desde fuera, sino también al nacido aquí. Aun así, asume que buscar soluciones a este problema es “complicado”, porque “no es tanto una cuestión de redistribuir el alumnado, sino que a algunos centros les faltan perfiles determinados” para fomentar la pluralidad y la normalidad lingüística. 

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