Extractivismo
Ecologistas en Acción lleva ante los tribunales europeos seis proyectos mineros ‘estratégicos’

Ecologistas en Acción ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pidiendo la anulación de la designación como “proyectos estratégicos” a tres explotaciones mineras, tres en activo y tres en fase de proyecto. Se trata de las minas de Las Cruces (Sevilla), La Parrilla (Cáceres) y Aguablanca (Badajoz), y de los proyectos de Las Navas (Cáceres), Doade (Ourense) y El Moto (Ciudad Real).

La confederación ecologista ha recurrido la designación, llevada a cabo por la Comisión Europea, al considerar que ninguno de los proyectos “cumple los criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza exigidos por el propio Reglamento europeo”. 

La mina de cobre de Las Cruces, explotada por First Quantum desde 2009, tiene un largo historial de condenas por sobreexplotación de recursos hídricos y contaminación de aguas subterráneas

El escrito carga contra la propia Comisión Europea, a la que acusa de haber incurrido en errores de derecho y de apreciación. Según señala el abogado de Ecologistas, Jaime Doreste, “la Comisión ha convertido la evaluación ambiental exigida por la ley en un trámite puramente formal y superficial, aceptando sin contraste la información proporcionada por las empresas promotoras, incluso en casos con graves antecedentes de ilegalidad ambiental”.

Dudas no solventadas e ilegalidades probadas

El texto presentado al tribunal incide en que el organismo europeo “renunció a ejercer su obligación de control, escudándose en que las evaluaciones ambientales corresponden a los Estados miembros, incluso cuando varios de los proyectos carecen todavía de autorizaciones ambientales válidas o han sido anuladas por los tribunales, como es el caso de Las Cruces, o han sido suspendidos y sancionados por minería ilegal, como La Parrilla”.

La mina de cobre de Las Cruces, explotada por First Quantum desde 2009, tiene un largo historial de condenas por sobreexplotación de recursos hídricos y contaminación de aguas subterráneas. Sus gestores fueron condenados por detracción ilegal de agua al extraer de un acuífero del que está prohibido sacar este recurso y por contaminar el el estuario del Guadalquivir con arsénico, con el consiguiente daño a la biodiversidad y al sector primario de la zona.

Jaime Doreste: “La transición ecológica no puede construirse sobre atajos legales ni sobre la degradación ambiental”

En el caso de la de Doade, de extracción de litio, los terrenos en los que se ubica se encuentran en un área pendiente de ampliación de la Red Natura 2000. Este proyecto, impulsado por RMG (Grupo SAMCA), ha sido además muy cuestionado por las comunidades locales. El pasado abril, 28 entidades afectadas por el proyecto —comunidades de montes vecinales, AMPA, asociaciones de vecinos y colectivos ambientales— enviaron una carta abierta a la presidenta del Parlamento europeo en la que exigía el acceso público a la documentación de la mina al sospechar que los acuíferos y los ecosistemas de la zona podrían verse gravemente afectados.

Opacidad es también lo que alegan los grupos que se incluyen en la confederación Ecologistas en Acción sobre la mina de wolframio en El Moto —un proyecto considerado de elevado impacto ambiental por los ecologistas—, así como en los tres proyectos extremeños.

La mina de Aguablanca, una inmenso cono excavado en la tierra junto al pueblo de Monesterio, la única de níquel en España que además contiene cobre, cerró sus puertas en 2015 al no considerarse viable. Su reapertura mostraría para Ecologistas un “uso especulativo incompatible con prácticas de minería responsables”, tras numerosos cambios en su titularidad. El colectivo denunció en 2024 la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental de la explotación y en mayo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite un recurso contra la reapertura de la misma.

Beneficios a explotaciones que nos han sido correctamente evaluadas

Doreste indica que el Reglamento de Materias Primas Críticas exige que los proyectos estratégicos se ejecuten de manera sostenible. “No es jurídicamente aceptable declarar ‘estratégico’ un proyecto cuya sostenibilidad no ha sido evaluada de forma rigurosa o que arrastra un historial probado de incumplimientos ambientales”, lamenta. Y añade: “La transición ecológica no puede construirse sobre atajos legales ni sobre la degradación ambiental. El Estado de Derecho europeo también debe aplicarse cuando se trata de minería y materias primas críticas”.

Entrar en ese listado supone que los gestores de los proyectos podrán acceder a la aceleración de permisos administrativos o tener prioridad en la financiación pública

Los seis proyectos extractivistas fueron declarados —junto a otros 41 del continente— como estratégicos en marzo de 2025. La Comisión lo hizo en base a la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, que pretende “reforzar la resiliencia” de las cadenas de suministro europeas de materias primas fundamentales con un objetivo claro para 2030: cubrir un 10% de las necesidades anuales de la UE mediante la extracción, un 40% con la transformación y un 25% con el reciclado. Asimismo, la ley establece que, como máximo, un 65% del consumo anual de la UE de cada materia prima estratégica en cualquier fase pertinente de la transformación podrá proceder de un tercer país determinado.

El hecho de entrar en ese listado supone que los gestores de los proyectos seleccionados podrán acceder a mecanismos como la aceleración de permisos administrativos —lo cual supone un peligro para los ecologistas— o tener prioridad en la financiación pública. La designación de los seis proyectos cuenta con una inversión global de capital prevista de 22.500 millones de euros.

Ecologistas en Acción y la Fundación ya impugnó la designación de las seis explotaciones como “estratégicas” en julio, tres meses después del anuncio por parte de la Comisión.