Extrema derecha
Estados Unidos declara la guerra contra los pobres con la ley “grande y bella” de Trump

La aprobación definitiva por parte de la Cámara de Representantes de la llamada One Big Beautiful Bill —la “Ley “grande y bella”— lanzada por la Administración de Donald Trump es hasta ahora el paso legislativo más firme dado por el presidente estadounidense. Una ley que es “fascismo por escrito”, según ha comentado el exsecretario de Trabajo de los Estados Unidos Robert Reich; una “sentencia de muerte para miles de americanos”, a juicio del senador de Vermont Bernie Sanders y “uno de los proyectos de ley más catastróficos de la historia moderna”, en palabras de la representante demócrata Ilhan Omar.

Se trata de una legislación que contiene cientos de políticas tributarias y políticas de gasto para el conjunto del mandato que ha sido aprobada por un mínimo margen y gracias al voto definitivo del vicepresidente JD Vance en una sesión en el Senado que tuvo lugar el 1 de julio. La disciplina de voto no es férrea en Estados Unidos —de hecho, muchos sectores republicanos critican una ley que deja a sus Estados o ciudades al pie de los caballos— pero en la sesión del jueves solo dos congresistas republicanos votaron en contra de la ley.

El impacto de esta norma es múltiple, pero sus coordenadas principales son dos: supone un recorte de impuestos a las grandes fortunas y un castigo a la población más pobre del país. Es, en tercer lugar, un desmantelamiento de las tímidas políticas energéticas “limpias” desarrolladas durante el mandato Biden.

“Al aprobarla, los legisladores han codificado oficialmente la muerte de miles de personas. Es un asesinato político a la vista de todos”, concluye la organización Repairers of the Breach

El medio estadounidense Common Dreams ha recogido reacciones de diversas organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales a la ley. “Nunca olvidaremos que los niños pasarán hambre por lo que han hecho”, declaró la presidenta de la Unión Internacional de Empleados de Servicios, que representa a dos millones de trabajadoras. “Los republicanos han aprobado la legislación más peligrosa de nuestras vidas”, según el director de Our Revolution, un comité de acción ligado a Bernie Sanders. Es una “una ley monstruosa que podría constituir la mayor transferencia de riqueza hacia arriba en la historia de Estados Unidos”, estima la asociación Public Citizen. “Al aprobarla, los legisladores han codificado oficialmente la muerte de miles de personas. Es un asesinato político a la vista de todos”, concluye la organización Repairers of the Breach. Etcétera, etcétera.

No es simplemente retórica. Una investigación publicada a mediados del mes de junio en la Universidad de Pensilvania apunta que se pueden cifrar en 51.000 muertes adicionales cada año, especificamente por los recortes en Medicaid y el crecimiento de un 60% de la población sin seguro médico en el país.

El ICE se convierte en el cuerpo represor más financiado de EE UU

El ataque a la población más pobre se produce asimismo mediante otro de los capítulos más desarrollados de la ley, el de la financiación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que se convierte en el cuerpo de seguridad federal más financiado del país, por delante de la suma de los presupuestos de agencias como el FBI, la agencia para el control de DEA o el sistema penitenciario federal. 

La Casa Blanca aseguró que la nueva ley destinará “casi 150.000 millones de dólares para asegurar nuestra frontera y deportar a inmigrantes ilegales”. Está previsto que esto suponga un refuerzo adicional de 10.000 agentes para ICE, 3.000 agentes de patrulla fronteriza y 5.000 agentes de aduanas, además de 100.000 millones de dólares para construir una nueva serie de “centros de detención”.

ICE ha sido el banderín de enganche para la promoción de la ley. Desde la llegada al poder de Trump, la agencia ha deportado a más de 200.000 personas y otras 53.000 se encuentran privadas de libertad. Pero, además del impacto de sus razzias, ICE es también el reclamo publicitario de una ley que no favorece a la base militante del movimiento MAGA. Así lo ha querido refrendar Vance que ha manifestado que “todo lo demás”, incluyendo lo que llama “minucias” de recortes en Sanidad, “es irrelevante en comparación con el dinero del ICE y las disposiciones de control de la inmigración”.

Trump quiso reforzar los apoyos a la ley durante la reciente inauguración del campo de concentración de Florida “Alligator Alcatraz”. Este tiene una capacidad estimada para el encarcelamiento de 5.000 personas detenidas por haber migrado a Estados Unidos, y está situado en un enclave pantanoso poblado por los caimanes con los que Trump ha querido publicitar sus políticas.

“Este proyecto de ley nunca se limitó a recortar impuestos ni a desmantelar los servicios sociales”, ha señalado en su cuenta de Bluesky la escritora y directora de documentales Astra Taylor, “se trata de invertir nuestros recursos colectivos en violencia y usar el poder del Estado para sembrar el miedo y destruir la solidaridad. Debemos oponernos a esto con todas nuestras fuerzas”.

La minoría demócrata en el Congreso ha rebautizado la ley como “un proyecto de ley enorme y feo”, sin embargo, han cargado las tintas sobre los recortes a Medicaid y, salvo excepciones como las de Omar o Alexandria Ocasio Cortez, no han incidido en la multiplicación del presupuesto de ICE. 

Los millonarios se cobran los favores a Trump

El reverso de ese castigo de los cuerpos pobres es el privilegio concedido a las élite del país, en forma de reducciones de impuestos. “No solo los estadounidenses más ricos conservarán una tasa impositiva reducida que les otorgó la ley tributaria de 2017, sino que los magnates de los hedge funds conservarán su generosa deducción por ingresos empresariales, y más patrimonios multimillonarios seguirán eludiendo el pago del impuesto sobre sucesiones, entre otras reducciones fiscales que benefician a quienes menos lo necesitan. Lo peor de todo es que estas ayudas fiscales serán permanentes”, denunció Susan Harley, de Public Citizen, tras la votación del martes en el Senado.

“Esta es quizás la mayor transferencia de riqueza de las personas de bajos ingresos y trabajadoras al 1% más rico”, denunció Sanders, quien apuntó que no era “un regalo” a los millonarios ya que estos lo habían pagado antes, en referencia al apoyo de los millonarios a la candidatura de Trump en 2024.

Un billón menos de fondos federales para sanidad

Uno de los ámbitos en los que la “One Big Beautiful Bill” de Trump tendrá más impacto es en la sanidad. Los recortes federales del gasto en Medicaid, el programa federal estadounidense que proporciona seguro médico a población con ingresos limitados y del cual actualmente se benefician unos 72 millones de personas (entre adultos y menores), supone una amenaza a la salud de millones de estadounidenses. Afectará sobre todo, a las personas de origen migrante, a las personas mayores, a aquellos que tengan alguna discapacidad y a los y las habitantes en comunidades rurales.

Si durante las administraciones anteriores, Biden y Obama intentaron ampliar la cobertura sanitaria en el país y facilitar la atención médica a la ciudadanía, ahora los nuevos recortes, de aproximadamente un billón de dólares en materia de sanidad, podrían dejar a casi 12 millones de personas sin seguro médico a diez años vista, según las previsiones iniciales de la Congress Budget Office, una agencia federal no partidista.

La reducción de fondos en sanidad tendrá un impacto profundo en las comunidades rurales, muy dependientes de estos fondos federales y donde la atención médica ya era limitada

Los recortes a Medicaid también vienen acompañados de los recortes en el ámbito de los seguros regulados en el marco de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2010 bajo el mandato de Barack Obama y puesta en marcha en 2014. Informalmente se conoce a esta iniciativa como Obamacare; y en tan solo dos años, de 2014 a 2016 consiguió reducir a la mitad el porcentaje de población estadounidense sin seguro.

Además de por los recortes, los programas de Medicaid también se verán afectados por la reducción de impuestos a los proveedores. Hasta el momento, los diferentes estados cobraban un 6% de impuestos a los proveedores y ese monto se dedicaba a financiar una parte importante de los costos de Medicaid. Se prevé que en menos de diez años este impuesto quede reducido al 3,2%; es decir, a apenas de la mitad de lo que se paga actualmente. 

¿Quiénes serán los más afectados por estos recortes?

Hasta ahora, para poder acceder a la cobertura de Medicare, no había requisitos laborales; pero esto cambiará. Uno de los cambios significativos es que, a partir de 2026, que es cuando se empezará a aplicar, para poder acceder a los servicios de Medicaid, las personas en edad de trabajar (entre los 19 y los 64 años) tendrán que estar activas laboralmente; de lo contrario, se les cortará la cobertura médica. Si no trabajan, para mantener el seguro, se les exigirá que hagan un voluntariado o que estudien durante, al menos, 80, horas mensuales. Esto no aplicará a las personas con discapacidades o a las que tengan una situación excepcional que puedan demostrar. 

Esta medida tendrá un impacto importante en la población más mayor con condiciones de trabajo no fijas y víctimas de la discriminación laboral por factor de edad y en aquellas personas que tengan trabajos estacionales o de temporada. 

La reducción de fondos en sanidad tendrá un impacto profundo en las comunidades rurales, muy dependientes de estos fondos federales y donde la atención médica ya era limitada: menos dinero significará el cierre de hospitales y unidades de salud en zonas menos pobladas y por ende, la descontratación de personal médico. Esto también afectará a las residencias de ancianos, que se financian parcialmente con estos fondos. 

“Esta ley se convertirá en la que más puestos de trabajo destruirá en la historia del país”, predice el líder sindical Sean McGarvey

De hecho, esto ha despertado tal malestar dentro del propio partido republicano, que algunos senadores ya han mostrado su rechazo a la iniciativa. Para paliar el descontento, se ha determinado un aumento de la ayuda a los hospitales rurales; que pasará de los 15.000 millones de dólares actuales a 25.000. Paralelamente se ha establecido un fondo estable de 50.000 millones de dólares para estas infraestructuras. 

En las zonas rurales de Estados Unidos, y según el Centro para el control y prevención de enfermedades estadounidense, la población rural tiene una condiciones de salud peores que las de la población urbana. “Los residentes rurales enfrentan mayores riesgos de muerte debido a factores como el acceso limitado a atención médica especializada y servicios de emergencia, y la exposición a peligros ambientales específicos”, se puede leer en su página web.

Castigo a las personas migrantes a través de la salud

Además de las comunidades rurales, las personas de origen migrante serán las grandes perjudicadas por esta reforma. Muchas de ellas podrían perder sus subsidios financiados por el ACA, si no se pagan las primas, que está previsto que aumenten, y si no se ciñen a los nuevos procedimientos: hasta ahora, a las personas inscritas en esta cobertura, se les renovaba automáticamente y de manera anual la póliza; a partir de ahora, para la renovación tendrá que aportar datos actualizados de ingresos y estatus migratorio y/o de residencia, entre otras; y este procedimiento será semestral. No solo eso: la ciudadanía sólo dispondrá de un mes para llevar a cabo este trámite. Si no se ajusta al plazo establecido, no tendrá cobertura hasta que se presente la documentación requerida y se regularice la situación en el ACA.

Por último, las visitas médicas en Medicaid también está previsto que se encarezcan. Hasta el momento gratuitos o semigratuitos, a partir de ahora, los y las usuarias tendrán que abonar un copago si quieren usar el servicio; quedaría exenta la atención primaria, los servicios de atención a la salud mental y los tratamientos por adicciones; pero sí se aplicaría en los servicios de urgencias. Esto, según los expertos, podría desincentivar la asistencia a hospitales y centros de salud, lo que tendrá un impacto negativo no solo en la salud individual sino global.

Una ley “destructora de puestos de trabajo” al servicio de las petroleras y los negacionistas

La aprobación de la megaley fiscal de Trump supone un ataque directo al magro legado del expresidente Joe Biden en materia medioambiental. El mandatario demócrata, aupado a la presidencia en parte por sus promesas de luchar contra la crisis climática, aprobó en agosto de 2022 la Ley de Reducción de la Inflación. La norma estrella del expresidente era la legislación climática “más completa” que ha visto Estados Unidos, según el think tank World Resources Institute, y también el texto jurídico que más presupuesto ha adjudicado a la acción climática, sobre todo en forma de incentivos fiscales: de los 783.000 millones de dólares con las que estaba dotada la ley, 663.000 millones quedaban destinados a créditos tributarios o exenciones o deducciones fiscales.

Estas medidas relativas a los impuestos han sido uno de los elementos principales dinamitados por la Ley Grande y Hermosa y uno de los puntos de división de los republicanos en el Senado. Mientras que la versión de la ley aprobada en un primer momento por la Cámara de Representantes proponía el fin de los incentivos fiscales de la era Biden casi de inmediato, las enmiendas realizadas en la Cámara Alta —y las que finalmente son ley— han modificado la normativa para eliminarlos gradualmente.

Las empresas que inicien la construcción de sus instalaciones energéticas verdes o plantas de almacenamiento de electricidad este año podrán disfrutar las exenciones fiscales completas; solo del 60% de estos beneficios si empiezan los trabajos en 2026; y un mero 20% si las excavadoras no se mueven hasta 2027. En 2028, los créditos tributarios y otros incentivos fiscales desaparecerán.

También ha expresado su descontento el magnate Elon Musk: “China será el primer electroestado del mundo, el hegemón global de tecnología limpia”

Sean McGarvey, presidente de la federación de sindicatos de personas trabajadoras de la construcción NABTU, califica la ley de “insulto masivo” a las plantillas del sector de la construcción. “Esta ley se convertirá en la que más puestos de trabajo destruirá en la historia del país”, predice el líder sindical, que detalla que la pérdida sería de “1,75 millones de puestos de trabajo en la construcción y más de 3.000 millones de horas de trabajo, lo que se traduce en 148.000 millones de dólares en salarios y prestaciones anuales perdidos”.

Además de las medidas fiscales, la megaley incluye la obligación de vender concesiones de combustibles fósiles en tierra y mar, ataques a las energías renovables o el fin de la moratoria sobre nuevas licencias para extraer carbón. El exponente de la extrema derecha global ha hecho realidad su eslogan político ‘perfora, nena, perfora’. “Este proyecto de ley es lo que pasa cuando un partido político mayoritario sumido en un culto a la personalidad se alía con los directores ejecutivos de las empresas petroleras, los donantes de fondos de cobertura y los negacionistas del cambio climático”, denuncia John Noël, subdirector del Programa de Clima de Greenpeace Estados Unidos.

También hace un análisis devastador Gretchen Goldman, presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos: “El proyecto de ley dispararía los costes energéticos, pondría en peligro la fiabilidad energética y dejaría en el aire cientos de miles de millones de dólares en inversiones en energía limpia y transporte”. La ambientóloga agradece que no se aprobaran las enmiendas propuestas por el senador republicano Mike Lee que buscaban forzar la venta de terrenos públicos y establecer un impuesto especial a los proyectos eólicos y solares, pero se mantiene firme en que la ley no es presupuestaria, sino ideológica: “El Congreso la instrumentaliza para impulsar los combustibles fósiles aplastando estas nuevas industrias en auge”.

Varios analistas y medios estadounidenses, el New York Times entre ellos, hacen un análisis de esta ley en lo relativo a la carrera energética contra China. En este ámbito, también ha expresado su descontento el magnate Elon Musk: “China será el primer electroestado del mundo, el hegemón global de tecnología limpia”, se ha quejado en la red social X, de la que es propietario. El ex ‘primer amigo’, damnificado por la remisión de incentivos a la compra de coches eléctricos, entre otras medidas, ha acusado al Partido Republicano de “forzar a los Estados Unidos a abandonar la competición” contra China “sin dar la batalla” y profundizar en el papel del país norteamericano como “petroestado”.

A más pequeña escala, la ley trumpista desfasará los créditos tributarios para la compra de coches eléctricos el 30 de septiembre y los destinados a fomentar la instalación de dispositivos eléctricos eficientes en el hogar el 31 de diciembre.