Extremadura
Más de 50 organizaciones exigen el cierre de Almaraz frente al “chantaje” de las eléctricas
Coincidiendo con el 15º aniversario del desastre de Fukushima, el movimiento social por el cierre de las nucleares ha dado un golpe sobre la mesa. Más de 50 organizaciones han presentado este lunes el manifiesto ‘Alargar las nucleares, no gracias’, una ofensiva civil para exigir al Ejecutivo de coalición que no ceda ante las presiones del oligopolio eléctrico y cumpla estrictamente con el calendario de cierre pactado.
El foco de la batalla está en Almaraz (Cáceres). Según el plan vigente, sus dos reactores deberían apagarse en 2027 y 2028. Sin embargo, las empresas propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— ya han movido ficha solicitando una prórroga para el primer reactor hasta 2030, un movimiento que los colectivos firmantes califican de obstáculo para la soberanía energética.
Un sobrecoste de 3.800 millones en la factura
La plataforma apela a la seguridad técnica, así como a la cartera de las familias. Según los datos aportados en el manifiesto, mantener Almaraz operativa hasta 2030 supondría un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros en la factura de la luz entre 2026 y 2033.
Además del coste directo, el texto denuncia un “efecto tapón”: la continuidad de la nuclear pone en riesgo 26.129 millones de euros en inversiones de energías limpias. El año pasado, la prioridad de entrada de la nuclear en la red provocó que se desaprovecharan 29,5 millones de MWh de renovables, una energía más barata y limpia que se quedó sin usar para no apagar unos reactores cuya potencia no es modulable.
El fantasma del apagón de 2025
Frente al argumento de la “seguridad de suministro” que esgrime el lobby atómico, las organizaciones recuerdan la fragilidad del sistema demostrada en el apagón eléctrico de 2025. El manifiesto subraya que las nucleares no sirven para controlar la tensión ante inestabilidades de la red y fueron, de hecho, “la última tecnología en retomar la producción” tras aquel incidente. “La energía nuclear es un obstáculo para un futuro más estable, fiable y seguro”, reza el texto, vinculando también el riesgo de estas instalaciones en contextos bélicos, como se ha visto recientemente en Ucrania.
El documento, además, plantea una hoja de ruta para que la transición no la pague el sector público. El cierre inmediato (cumplir las fechas de 2027 y 2028 para Almaraz y fin total de la nuclear en 2035, no tener privilegios fiscales, (poner fin de las subvenciones encubiertas y las rebajas de impuestos al sector), llevar a cabo la Tasa Enresa (aumentar la tasa que pagan las eléctricas para asegurar que cubran el coste íntegramente de la gestión de sus residuos, evitando que la factura de los “cementerios nucleares” recaiga en el Estado, y la transparencia en los residuos (critican la ampliación “heredada de la dictadura” del cementerio de El Cabril (Córdoba) y exigen soluciones participativas).
La pelota, en el tejado del Ministerio
Desde Ecologistas en Acción y el resto de entidades recuerdan que la decisión es meramente política. Aunque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emita informes técnicos, estos no son vinculantes si son positivos. El Gobierno tiene la potestad legal de denegar la prórroga basándose en su política energética y climática.
“Si la energía nuclear solo es rentable con precios altos y necesita que el Gobierno la apoye, sencillamente tiene que cerrar”, concluyen.
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