Fondos buitre
Grietas y líneas de ruptura en las políticas públicas de vivienda del Gobierno Vasco

Las protestas contra la mercantilización de la vivienda y las políticas neoliberales vuelven a estar en el centro de la agenda de los movimientos sociales. El pasado lunes 29 de enero, los sindicatos de vivienda de Euskal Herria se reunieron para denunciar el blanqueamiento de las políticas públicas de vivienda ejercido por el Gobierno Vasco en el marco del ICHP (International Congress on Housing Policies). Ocurrió desde una plataforma que aglutina a organizaciones de Navarra, Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, y tuvo como objeto criticar el papel del Gobierno Vasco, junto con otros actores como fondos buitre y especuladores, en la problemática del derecho a la vivienda.

Los miembros de las distintas organizaciones que componen la red de sindicatos de vivienda de Hego Euskal Herria creen que mientras el Gobierno vasco organiza un evento para hablar de los pilares del “Estado de Bienestar” y la “vivienda digna”, esas mismas instituciones son responsables de la mercantilización de la vivienda y las ciudades. Además, continúan los desahucios y desalojos ilegales por todo el territorio vasco. 

Los sindicatos de vivienda denuncian que el Gobierno Vasco blanquee a los fondos buitre y hable de “vivienda digna” mientras mercantiliza la ciudad

Ello ha llevado a que, durante la mañana del lunes, cuatro miembros del movimiento por la vivienda entraran al congreso, interrumpiendo la ponencia que inauguraba la jornada desplegando una pancarta donde se denunciaba que mientras la vivienda siga siendo un negocio, jamás podrá ser un derecho. Los cuatro fueron identificados y tres de ellos se enfrentan a una sanción amparada en la más que discutida ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza.

El congreso contaba con la presencia de las principales figuras institucionales en la elaboración de políticas públicas en el ámbito de la vivienda, destacando Iñaki Arriola, actual consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco, quien en 2022 afirmó que la apatía era el principal problema de esa mayoría de jóvenes,  entre 16 y 29 años, que no puede emanciparse. También que «el que la busca, la encuentra», en relación a los pisos de alquiler por debajo de los 800€. Esta retórica es falsa y trata de blanquear la neoliberalización de la vida en Euskal Herria.

El blanqueamiento de las políticas públicas de vivienda

Los datos medios del precio del alquiler en las capitales de Euskal Herria muestran que en muchas ocasiones el alquiler supera con creces los 1.000 euros. A 30 de enero de 2024, según la plataforma Idealista, sólo 7 de las 460 viviendas disponibles en régimen de alquiler se sitúan por debajo de los 750 en todo el área metropolitana de Bilbao. Además, de acuerdo al informe sobre la situación de la vivienda en alquiler en España del gabinete económico confederal de CCOO, el 65% de los inquilinos de Euskadi y el 28% de Navarra se encuentran en alquileres abusivos en lo que respecta a sus ingresos.

El 65% de los inquilinos de Euskadi y el 28% de Navarra se encuentran en alquileres abusivos en lo que respecta a sus ingresos

En este contexto, las organizaciones que articulan a los distintos sindicatos tienen claro que nos encontramos en un contexto “de caída vertiginosa de los salarios reales, donde los precios de los alquileres han subido en los últimos años, más de un 20%; o que las familias vascas están obligadas a destinar casi un 50% de su salario en el pago de la vivienda”. Los datos están ahí para quien quiera verlos: la fractura social en el “oasis vasco” no para de ampliarse desde la crisis del 2008.

Ahora bien, estas grietas y líneas de ruptura deben situarse en una lectura más amplia del modelo vasco capitalista de consultoría y la total sinergia entre el nivel institucional y empresarial, así como la incapacidad que ha tenido este modelo en los últimos años para sostener los niveles de integración social previos al estallido del 2008. Los niveles de pobreza han crecido a un ritmo vertiginoso en los últimos años, por encima de la media estatal, pese a todo los niveles de estabilidad se sitúan en lo más alto de toda España. Asimismo, una lectura más atenta a los datos sobre acceso a la vivienda permite observar dos tendencias que se dibujan en el horizonte vasco.

Vade retro Iñaki Arriola

Hordago El Salto

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Editorial

Vade retro Iñaki Arriola

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Ante la guerra social contra las nuevas generaciones, el movimiento de vivienda tiene que decidir si, además de construir comunidades en lucha principalmente reactivas, asume la tarea de articular un programa que imponga el derecho a la vivienda (y a la vida digna) en la metrópoli vasconavarra.

Por un lado, la reciente reforma de la RGI ha establecido nuevas disposiciones restrictivas a la hora de obtener el derecho a acceder a este subsidio para los actuales perceptores. Esta medida, que ha sido instaurada con la excusa de establecer un mayor control sobre las irregularidades, en un clima securitario y de pánico moral auspiciado por los principales grupos comunicativos vascos, golpeará precisamente a los estratos con menores ingresos de la sociedad vasca, compuestos por aquellas personas que no han participado en el ciclo de boom inmobiliario, acumulando patrimonio familiar y la población migrante.

A su vez, debe de indicarse que la mayoría de paradas en la percepción de la RGI tienen que ver con irregularidades a nivel administrativo como puede ser no entregar un documento dentro de los plazos indicados. Aquellos subsidios que se dejan de cobrar debido a que los perceptores han alcanzado un nivel de estabilidad e integración social no llegan al 1%. Se puede observar así que la administración ejerce como elemento disciplinador que golpea a los estratos con menores ingresos a la vez que reproduce las desigualdades sociales entre integrados y la “población expulsada” de las fronteras de un estado de bienestar renqueante por décadas de externalizaciones. 

Las iniciativas como Gaztelagun o Emantzipa están destinadas a trasladar recursos públicos hacia jóvenes para que paguen a los caseros y estos gocen de un nivel que no alcanzarían con el salario

Por otro lado, la administración pública y el Gobierno Vasco funcionan como un ente reproductor de las clases medias vascas, a través de lo que algunos autores han denominado “capitalismo popular”, es decir, la participación de las unidades domésticas en los mercados financieros que, en el caso de Euskal Herria, cobra una materialidad concreta a través de la propiedad inmobiliaria. En este sentido deben de situarse las ayudas dirigidas a la población joven vasca, como Gaztelagun, concedida por Alokabide, o la reciente Emantzipa.

Ambas iniciativas, destinadas a trasladar recursos públicos hacia la población joven, cumple una funcionalidad doble: garantizar a los caseros el pago de las mensualidades por el alquiler –permitiendo así acceder a un nivel de consumo mediante las rentas que no se podría alcanzar a través del salario– y generar una base de ahorros suficiente que permita a estos jóvenes acceder al mercado de la vivienda en propiedad, ya que la cantidad del salario destinada hacía el alquiler se ha reducido debido a la intervención del Estado. 

Los sindicatos de vivienda se unen para construir un modelo alternativo a la “Euskal Hiria”

Pablo Oliveros Gregorio

Sindicatos

Vivienda Los sindicatos de vivienda se unen para construir un modelo alternativo a la “Euskal Hiria”

Pablo Oliveros Gregorio

Organizaciones de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Nafarroa pretenden componer una red que permita dotarse de herramientas para organizar las luchas

El Gobierno Vasco, lejos de actuar como un ente neutral, es un agente fundamental en la estratificación de la población vasca. Los sindicatos de vivienda están dispuestas a seguir trabajando y organizándose, componiendo alianzas y redes de solidaridad en sus barrios. Las empresas y ayuntamientos los seguirán encontrando en frente, en las calles: “parando los desahucios, denunciando los abusos de la clase propietaria y de las instituciones, luchando para que ni una vecina desposeída tenga que pirarse de su casa, luchando por garantizar el derecho real a la vivienda, por encima de sus beneficios”.