Francia
Francia veta las redes sociales a menores de 15 años: los límites de proteger mediante la prohibición

Cada vez son más los países que buscan proteger a niños, niñas y adolescentes de los riesgos del entorno digital restringiendo su acceso. Australia fue el primer país en dar el paso: desde diciembre de 2025, las personas menores de 16 años tienen prohibido acceder a determinadas redes sociales. Francia ha seguido ahora ese camino y se ha convertido en el primer país europeo en aprobar una medida de este tipo, fijando el límite en los 15 años. España plantea elevarlo hasta los 16. Mientras gobiernos e instituciones discuten a qué edad deberían entrar, cuánto tiempo deberían permanecer o de qué peligros hay que protegerlas, las propias adolescencias siguen ocupando un lugar mucho menor en una conversación que regula una parte central de sus vidas.

La cuestión adquiere otra dimensión cuando aquello que se pretende restringir ocupa ya un lugar central en las formas de relacionarse, participar, entretenerse o construir identidad de las adolescencias. Sin embargo, buena parte de las respuestas políticas siguen abordando el entorno digital como un espacio en el que simplemente se puede entrar o salir.

La prohibición francesa abre así una discusión que va mucho más allá de fijar una edad de acceso. ¿Qué concepción de las infancias y las adolescencias sostienen estas políticas? ¿Qué ocurre con su agencia cuando aparecen fundamentalmente como sujetos a los que proteger y no como sujetos políticos capaces de participar en las decisiones que afectan a sus vidas? ¿Y por qué una parte tan importante de la responsabilidad sigue depositándose sobre menores y familias mientras las grandes plataformas diseñan y monetizan los entornos que se pretende hacer seguros?

Pero ¿qué entendemos por “redes sociales”?

La ley francesa establece que “el acceso a un servicio de redes sociales en línea prestado por una plataforma en línea” queda prohibido a las personas menores de 15 años. La formulación parece concreta, pero abre inmediatamente una pregunta bastante menos sencilla: ¿qué es hoy un servicio de red social?

La legislación en Francia ya había tratado de responder a esta cuestión en 2023, cuando definió estos servicios como plataformas que permiten a las personas usuarias conectarse y comunicarse entre sí, compartir contenidos y descubrir otras personas y contenidos, a través de funciones como conversaciones en línea, publicaciones, vídeos o recomendaciones. La nueva ley excluye expresamente las enciclopedias en línea, los directorios educativos o científicos y determinadas plataformas de desarrollo y difusión de software libre o proyectos digitales educativos de código abierto.

La frontera, sin embargo, sigue siendo difícil de trazar. ¿Dónde termina una red social y dónde empieza una plataforma de vídeo, una aplicación de mensajería, una comunidad online o un videojuego con funciones sociales? Una persona adolescente puede pasar una tarde viendo vídeos en YouTube, hablando con sus amistades por Discord, participando en una comunidad de Roblox o siguiendo un directo en Twitch. Son servicios diferentes, pero todos incorporan, en mayor o menor medida, algunas de las funciones que tradicionalmente asociamos a las redes sociales.

La dificultad no es únicamente jurídica. También es conceptual. La categoría “redes sociales” intenta ordenar un ecosistema en el que conviven espacios de ocio, información, aprendizaje, creación de contenidos, relaciones personales y construcción de comunidad. Y esa delimitación tiene consecuencias prácticas: determina qué servicios quedan sometidos a una restricción de edad y cuáles permanecen fuera.

“Tenemos que trabajar con definiciones funcionales y basadas en los riesgos. Es decir, observar qué permite hacer un servicio, cómo organiza la interacción, qué tratamiento realiza de los datos y qué mecanismos utiliza para retener la atención”

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia reconocen esta dificultad. En respuesta a El Salto, señalan que las fronteras entre servicios digitales son “cada vez menos claras”: una misma plataforma puede combinar mensajería, vídeos, retransmisiones en directo, comercio, videojuegos o comunidades públicas. “Tenemos que trabajar con definiciones funcionales y basadas en los riesgos. Es decir, observar qué permite hacer un servicio, cómo organiza la interacción, qué tratamiento realiza de los datos y qué mecanismos utiliza para retener la atención”, explica el Ministerio.

Entre los elementos que consideran relevantes se encuentran los sistemas de recomendación, la difusión pública de contenidos, el contacto con personas desconocidas, la publicidad personalizada, los patrones de diseño adictivo y la posibilidad de crear o participar en comunidades. Este enfoque, explican, persigue “evitar dos problemas: que una empresa eluda la regulación simplemente cambiando la etiqueta con la que define su producto y que tratemos de la misma manera servicios con funciones y riesgos muy diferentes”. “No es lo mismo una enciclopedia colaborativa que una plataforma basada en la amplificación algorítmica, aunque ambas permiten algún tipo de participación”, concluyen desde el Ministerio.

La cuestión deja así de depender únicamente del nombre que demos a cada plataforma. Qué permite hacer, cómo organiza las relaciones entre sus usuarios, qué hace con sus datos y mediante qué mecanismos busca mantener su atención empiezan a resultar más útiles para comprender aquello que se pretende regular.

El entorno digital no es un lugar distinto de la vida

El debate político suele plantear las redes sociales como un espacio separado de la vida cotidiana, un lugar al que las personas jóvenes “entran” y del que podrían simplemente “salir”. Sin embargo, esa forma de entender el problema parte de una división cada vez más difícil de sostener. La frontera entre lo presencial y lo digital hace tiempo que dejó de ser nítida.

“Lo que pasa en el entorno digital, si quitamos la palabra 'digital', es lo que nos pasa en la vida”: Isa Duque, fundadora de PsicoWoman

La psicóloga Isa Duque, fundadora del proyecto PsicoWoman y autora de Acercarse a la Generación Z, considera que buena parte del debate público continúa atrapado en una mirada adultocéntrica y tecnófoba que sigue separando la vida “real” del entorno digital. Sin embargo, defiende que ambos forman parte de un mismo continuo: las relaciones, el trabajo, el ocio o la participación transitan constantemente entre ambos espacios, hasta el punto de que esa frontera resulta hoy cada vez más artificial. “Lo que pasa en el entorno digital, si quitamos la palabra 'digital', es lo que nos pasa en la vida”, aclara.

Para explicar ese continuo, Duque recurre al concepto onlife, que recoge de la colectiva feminista mexicana Luchadoras y que remite a los trabajos del filósofo Luciano Floridi. El término cuestiona la separación rígida entre lo online y lo offline para pensar ambas dimensiones como parte de una misma experiencia vital. Desde ahí, Duque propone desplazar también la mirada sobre las adolescencias: además de cuánto tiempo pasan conectadas o a qué plataformas acceden, importa preguntarse qué hacen en esos espacios y qué necesidades encuentran cubiertas en ellos.

Para Duque, esa pregunta apenas aparece en la conversación pública. Buena parte del análisis se centra en los riesgos del entorno digital, pero mucho menos en las funciones sociales que hoy desempeña. Espacios de pertenencia, validación, comunidad, ocio o acompañamiento que, en muchos casos, no encuentran una alternativa equivalente fuera de la pantalla. Una de las transformaciones que señala tiene que ver con la progresiva desaparición de espacios físicos pensados para adolescentes y jóvenes que no estén atravesados por el consumo: “No existen suficientes espacios comunitarios, colectivos y de ocio dirigidos a la gente joven y centrados en sus intereses”.

La observación desplaza el foco habitual del debate. En lugar de preguntarse únicamente por qué las personas jóvenes pasan tantas horas conectadas, obliga a mirar qué oportunidades existen fuera del entorno digital para encontrarse, relacionarse o simplemente estar. En muchas ciudades, los antiguos espacios juveniles han ido desapareciendo, mientras que buena parte de las opciones de socialización quedan vinculadas al consumo. En ese contexto, internet no solo ofrece entretenimiento: también ocupa un vacío comunitario.

“Muchas veces encuentran en el entorno digital espacios de escucha, validación y comunidad que no están encontrando fuera”, apunta Duque.

Ese papel resulta especialmente visible para quienes se sienten aisladas o encuentran dificultades para acceder a determinados referentes y comunidades en su entorno más próximo. Duque pone como ejemplo algunas adolescencias LGTBIQ+, especialmente en determinados contextos o municipios pequeños, que encuentran en comunidades digitales referentes, información, espacios de validación y redes de apoyo que no siempre están disponibles en su entorno inmediato. “Muchas veces encuentran en el entorno digital espacios de escucha, validación y comunidad que no están encontrando fuera”, apunta Duque. La cuestión, insiste, no pasa por idealizar las plataformas, sino por reconocer las funciones que estos espacios pueden desempeñar cuando esas posibilidades de encuentro y comunidad no existen fuera de ellos.

La pandemia reforzó todavía más esa lógica. Durante meses, gran parte de las relaciones sociales, educativas y afectivas se desplazaron hacia las pantallas, mientras el discurso público celebraba que niños, niñas y adolescentes permanecieran en casa conectados. Ese cambio aceleró dinámicas que todavía hoy siguen presentes y que, a juicio de Duque, no pueden ignorarse cuando se debate sobre nuevas restricciones.

Este enfoque no implica negar los riesgos del entorno digital. Significa, más bien, ampliar la pregunta. Si determinados espacios digitales cumplen hoy funciones de socialización, participación o apoyo que antes desempeñaban otros ámbitos, cualquier política orientada a limitar su acceso necesita preguntarse también qué alternativas se están ofreciendo fuera de ellos. Es precisamente ahí donde la investigación científica sitúa una parte importante del debate: no solo en cuánto tiempo pasan las adolescencias conectadas, sino en cómo aprenden a desenvolverse en ese entorno y qué recursos tienen para hacerlo de forma segura.

¿Qué dice la evidencia?

La propuesta francesa parte de una idea ampliamente instalada en el debate público: limitar el acceso de las personas menores de edad a las redes sociales contribuirá a reducir los problemas asociados al entorno digital. Sin embargo, la evidencia científica disponible no ofrece, por el momento, un respaldo claro a esa premisa.

“A fecha de hoy, que las prohibiciones masivas y sistemáticas realmente no son efectivas para solucionar una serie de supuestos problemas asociados al uso de las redes sociales por los adolescentes”, expone Juan  García de Crianza Digital

Juan García, educador digital y creador del proyecto Crianza Digital, considera que las prohibiciones generalizadas simplifican una realidad mucho más compleja. “La respuesta corta es que no. La evidencia dice, a fecha de hoy, que las prohibiciones masivas y sistemáticas realmente no son efectivas para solucionar una serie de supuestos problemas asociados al uso de las redes sociales por los adolescentes”, expone.

Los primeros datos procedentes de Australia, primer país en aplicar una restricción de este tipo, muestran además las dificultades para trasladarla a la práctica. Una evaluación encargada por el regulador australiano eSafety, realizada con más de 4.000 menores y familias, encontró que tres meses después de la entrada en vigor de la prohibición, más del 81% de las personas de entre 10 y 15 años seguían utilizando al menos una de las plataformas restringidas, frente a casi el 86% antes de su aplicación. El uso diario o más frecuente apenas descendió de alrededor del 60% al 58%. Aunque disminuyó el número de menores con cuentas propias, eSafety señaló las deficiencias en los sistemas de comprobación de edad de las plataformas como una de las razones de la persistencia del acceso. Los resultados son todavía preliminares y forman parte de una evaluación prevista durante dos años.

Esa posición no implica defender un acceso sin límites. García considera que la presencia de niños y niñas muy pequeños en determinadas plataformas resulta un error, pero recuerda que ese acceso ya está regulado por la legislación sobre protección de datos y por las propias condiciones de uso de las plataformas. A su juicio, el debate debería preguntarse también qué medidas han demostrado ser eficaces para proteger a la infancia y la adolescencia.

El Ministerio de Juventud e Infancia, que plantea elevar hasta los 16 años la edad de acceso a las redes sociales en España, introduce aquí un matiz. Considera que una limitación de edad “puede ser una medida necesaria de contención”, pero reconoce que “por sí sola, no resuelve el problema”. Su propuesta, explican, se enmarca en una política más amplia que incluye obligaciones para las empresas, sistemas de verificación de edad, diseños seguros por defecto, controles públicos, educación digital y recursos de acompañamiento.

“Esa separación entre riesgo y daño a mí me parece clave. Aquellos chavales que tienen más competencias digitales luego ellos mismos manifiestan sentir menos daño”, asegura García

En cuanto a las alternativas, García señala como una de las principales referencias el proyecto europeo EU Kids Online, dirigido por la investigadora Sonia Livingstone. Sus investigaciones distinguen entre la exposición al riesgo y el daño efectivo, dos conceptos que con frecuencia se utilizan como equivalentes. “Esa separación entre riesgo y daño a mí me parece clave. Aquellos chavales que tienen más competencias digitales, aunque lógicamente están más expuestos a riesgos porque hacen un uso más intensivo de la tecnología, luego ellos mismos manifiestan sentir menos daño”, asegura.

La idea de desplazar la atención desde la cantidad hacia las condiciones concretas de uso aparece también en las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP). La organización sostiene que no existe evidencia suficiente para establecer un límite universal de tiempo de pantalla que resulte beneficioso para todas las infancias y adolescencias y recomienda atender también a la calidad de las interacciones digitales. Asimismo, señala que las reglas familiares centradas en el equilibrio, los contenidos, el uso compartido y la comunicación se asocian con mejores resultados de bienestar que aquellas centradas exclusivamente en limitar el tiempo de pantalla.

La diferencia, explica García, reside en las competencias desarrolladas y en el acompañamiento recibido. Frente a la mediación restrictiva, basada en prohibir o limitar el acceso, la denominada mediación habilitante apuesta por conversar sobre internet, compartir actividades digitales, interesarse por los contenidos que consumen las personas menores y dotarlas de herramientas para desenvolverse con autonomía.

Desde esa perspectiva, el objetivo pasa por fortalecer la capacidad de afrontar los riesgos. García defiende respuestas adaptadas al contexto de cada menor y advierte del peligro de trasladar toda la responsabilidad a las familias y a las personas jóvenes. El acompañamiento digital requiere tiempo, presencia y disponibilidad adulta, recursos que no todas las familias tienen en las mismas condiciones. Las dificultades para conciliar, las jornadas laborales o la falta de redes de apoyo explican también por qué, en determinados momentos, las pantallas terminan funcionando como una herramienta para sostener la vida cotidiana. Convertir después ese uso en motivo de culpabilización familiar, señala García, deja fuera las condiciones materiales en las que se desarrolla la crianza y desplaza nuevamente la responsabilidad hacia quienes tienen menos capacidad para transformar el entorno digital.

¿Quién decide cómo se regula la vida digital de la juventud?

“Cuando se legisla para las personas jóvenes, se tiene que integrar a las personas jóvenes desde el inicio de la política pública hasta el final. No vale con integrarnos cuando ya está todo hecho y lo único que se quiere es nuestro último toque”. Con esta idea resume Pilar Blasco, vicepresidenta y responsable de incidencia política y feminismos del Consejo de la Juventud de España, una de las principales críticas que plantea ante las políticas dirigidas a regular la vida digital de las personas jóvenes: qué lugar ocupan estas en su diseño.

“Las personas menores de edad no son únicamente destinatarias de protección ni consumidoras de tecnología. Son titulares de derechos y tienen derecho a intervenir en las políticas...”: Ministerio de Infancia

El Ministerio de Juventud e Infancia comparte, al menos en el planteamiento, esa exigencia. “No entendemos la participación infantil y juvenil como una consulta al final del proceso, cuando las decisiones fundamentales ya están tomadas”, señala en respuesta a El Salto. Según explica, las organizaciones infantiles y juveniles participan en la actividad legislativa del Ministerio y, en el caso de la Ley de Entornos Digitales, se mantuvieron encuentros con colectivos formales e informales y el Consejo Estatal de Participación de la infancia y de la adolescencia (CEPIA) formó parte del grupo de 50 personas expertas. “Las personas menores de edad no son únicamente destinatarias de protección ni consumidoras de tecnología. Son titulares de derechos y tienen derecho a intervenir en las políticas que organizan una parte central de sus vidas”, sostiene el Ministerio.

Precisamente esa participación permite, según el organismo, incorporar experiencias que desde las instituciones pueden observarse solo parcialmente: cómo se construyen las relaciones en línea, qué valor tienen estos espacios para socializar o expresarse, qué violencias encuentran las personas jóvenes o qué soluciones consideran útiles.

Blasco introduce además una contradicción en la relación que las propias instituciones han construido con la juventud. Durante años, buena parte de las campañas públicas dirigidas a este colectivo se han desarrollado a través de redes sociales, plataformas digitales y creadores de contenido: “Es el mismo Estado quien también ha potenciado que la gente joven esté en las redes sociales. (...) El ecosistema político ha ido delegando todo a las redes sociales”.

“Si realmente lo que queremos es que la gente joven no esté todo el rato con el móvil, lo que hace falta es regular y hacer políticas para que la gente joven socialice y tenga espacios donde pueda ser ella misma”: Pilar Blasco, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España

La vicepresidenta del Consejo amplía además la discusión hacia las condiciones materiales en las que vive la juventud. La dificultad para emanciparse, la reducción de espacios públicos de encuentro o la desaparición de alternativas de ocio forman parte, desde esta perspectiva, del debate sobre el uso del entorno digital. “Si realmente lo que queremos es que la gente joven no esté todo el rato con el móvil, no socialice a través de ahí, pues quizás no hace falta tanto prohibir, sino que lo que hace falta es regular y hacer políticas para que la gente joven socialice y tenga espacios donde pueda ser ella misma”, aporta.

La reflexión desplaza así el foco desde la edad de acceso hacia las condiciones de participación, convivencia y autonomía que se ofrecen a las personas jóvenes, tanto dentro como fuera del entorno digital.

¿Quién responde por el diseño del entorno digital?

Mientras buena parte del debate público se concentra en qué deben hacer las personas menores y sus familias —a qué edad acceder, cuánto tiempo permanecer conectadas o cómo aprender a protegerse—, la arquitectura de las propias plataformas ha comenzado a situarse también en el centro del escrutinio regulatorio.

En febrero de 2026, la Comisión Europea concluyó de manera preliminar que TikTok incumplía la Ley de Servicios Digitales por su diseño potencialmente adictivo. Cinco meses después hizo lo mismo con Instagram y Facebook. En ambos casos señaló características concretas: el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y los sistemas de recomendación altamente personalizados. En el caso de Meta, la Comisión considera además que las medidas adoptadas hasta ahora no han abordado eficazmente los riesgos derivados de ese diseño.

“No debemos pedir a la infancia que sea más fuerte que el sistema. Tenemos que intervenir sobre el sistema”, considera el Ministerio de Juventud e Infancia español

El Ministerio de Juventud e Infancia sitúa precisamente ahí una parte central de la responsabilidad. Advierte de que una limitación de edad puede terminar trasladando a las personas menores y a sus familias la obligación de protegerse individualmente mientras permanecen intactos mecanismos como “el scroll infinito, la reproducción automática, la perfilación, la publicidad personalizada o los algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de permanencia”. Por ello considera que “No debemos pedir a la infancia que sea más fuerte que el sistema. Tenemos que intervenir sobre el sistema”.

La verificación de edad introduce además un segundo dilema: proteger a las personas menores sin convertir el acceso a internet en un sistema de identificación generalizada. El Ministerio defiende que sean las plataformas quienes tengan la obligación de cumplir la ley, pero rechaza que puedan decidir también cómo se acredita la edad: “La plataforma debe saber si se cumple el requisito de edad, no quién es esa persona, cuál es su fecha de nacimiento o qué páginas visita”. Su propuesta pasa por una infraestructura pública que permita verificar únicamente que se supera determinado umbral sin comunicar la identidad ni otros datos innecesarios. 

La discusión sobre quién debe proteger a las adolescencias conduce así también hacia quienes diseñan, monetizan y establecen las reglas de los espacios digitales que habitan.

Proteger sin expulsar

La preocupación por los riesgos del entorno digital tiene fundamentos reales. También los tiene la exigencia de responsabilidades a unas plataformas cuyo diseño está siendo cuestionado por las propias instituciones europeas. Pero convertir la protección en una política centrada fundamentalmente en restringir el acceso corre el riesgo de reproducir una mirada profundamente adultocéntrica: personas adultas que deciden qué espacios pueden habitar las adolescencias, cómo deben hacerlo y cuándo están preparadas para entrar en ellos.

“Si no tenemos lo físico y no tenemos lo digital, ¿a dónde van a ir las personas jóvenes?”

Las entrevistas que atraviesan este reportaje apuntan hacia una concepción más compleja de la protección. Implica regular a las empresas que diseñan estos entornos, intervenir sobre sus mecanismos de captación de atención, desarrollar competencias digitales, acompañar los riesgos antes de que se conviertan en daños e incorporar a las propias personas jóvenes desde el inicio de las políticas que afectan a sus vidas. La evidencia disponible, además, obliga a evitar equivalencias simples entre exposición y daño: décadas de investigación de EU Kids Online han mostrado que oportunidades, riesgos, competencias, vulnerabilidad y resiliencia se encuentran estrechamente relacionados.

Y queda todavía el espacio que existe fuera de las pantallas. Isa Duque señalaba la pérdida de lugares comunitarios no vinculados al consumo; Pilar Blasco situaba junto al debate digital las dificultades de emancipación y la reducción de espacios propios para la juventud. Restringir uno de los lugares donde hoy se relacionan las adolescencias exige preguntarse también qué posibilidades reales tienen de ocupar otros.

Porque quizá una de las frases más incómodas de todas las entrevistas sea también una de las más sencillas. Como plantea Blasco: “Si no tenemos lo físico y no tenemos lo digital, ¿a dónde van a ir las personas jóvenes?”