Análisis
Prohibir las redes sociales a los menores de 16 años no frenará a los ‘tecno-oligarcas’

Todo buen ilusionista sabe que el truco no está en la mano que se muestra, sino en la que el público no ve. El paquete de medidas anunciado por Pedro Sánchez desde el World Governments Summit de Dubái para “garantizar la soberanía digital” y “enfrentar a los tecno-oligarcas” funciona exactamente así: mientras una mano señala al enemigo, la otra le allana el terreno. Estamos ante un episodio de lo que podríamos denominar populismo digital: llevar al primer plano del debate público cuestiones vaciadas de contenido material, y que evitan afrontar los problemas estructurales de la economía política del capitalismo digital.

Es una forma de escenificar el combate con las fuerzas reaccionarias, pero sin alterar las relaciones de poder subyacentes. Una operación que, paradójicamente, corre el riesgo de reforzar los marcos de pensamiento del enemigo y posiblemente cavar su propia tumba. “El conformismo, que desde el comienzo hizo su hogar en la socialdemocracia, no sólo está adherido a su táctica política, sino también a sus representaciones económicas,” escribía Walter Benjamin en sus fragmentos sobre la historia.

¿La protección de la infancia?

Comencemos con la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años. La medida apela a una preocupación arraigada entre madres y padres que llevan años viendo cómo las vidas de sus hijos e hijas se desplazan hacia las pantallas. No se trata solo del ocio o el entretenimiento: las tecnologías digitales atraviesan todas las esferas de la vida cotidiana. Determinan las relaciones sociales en el aula, la sensación de pertenencia a comunidades y colectivos, el desarrollo creativo a través de la fotografía, el baile o la música, la construcción de identidades diversas, el consumo de información, la difusión de conocimientos, el juego... Todo transcurre en entornos corporativos diseñados para explotar aquello que nos hace seres humanos únicos y complejos para monetizarlo.

La preocupación es, por tanto, legítima. Y Sánchez lo sabe. Pero cuando el éxito de una política pública sobre las redes sociales se mide por la polémica que genera en estos mismos entornos, estamos ante un ejercicio de comunicación política que no debe confundirse con la acción transformadora. 

Cuando el éxito de una política pública sobre las redes sociales se mide por la polémica que genera en estos mismos espacios, estamos ante un ejercicio de comunicación política que no debe confundirse con la acción transformadora

El único precedente real que existe hasta la fecha confirma el carácter populista de estas medidas. A día de hoy, solo Australia ha implementado esta prohibición, que entró en vigor el 10 de diciembre de 2025. En los primeros días, las plataformas afectadas–Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick– eliminaron casi 5 millones de cuentas de menores. La verificación de edad se realizó fundamentalmente mediante “inferencia conductual”, siendo las propias plataformas las que seleccionaban a los usuarios basándose en los datos que habían acumulado sobre ellos. Irónicamente, lo que se presentó como una restricción del poder corporativo terminó delegando la ejecución de la norma en las mismas empresas cuyo modelo de negocio depende de maximizar el número de usuarios. 

Pero este no fue el único problema que acarreó la norma. Como era de esperar, la prohibición resultó masivamente impopular entre aquellos a quienes iba dirigida. Según una encuesta de la cadena televisiva ABC a 17.000 adolescentes australianos, la medida solo fue apoyada por un 9% de los jóvenes encuestados. Ya desde los primeros días, además, diversos medios reportaron casos de menores que habían conseguido burlar el reconocimiento facial haciendo muecas o pintándose barba y bigote. Las descargas de aplicaciones no afectadas por la norma como Discord, Lemon8 o Yope, también se dispararon, y el proveedor de VPN Windscribe registró un aumento del 400% en instalaciones en Australia en las primeras 24 horas. 

Por si no fuera suficiente, las investigadoras que han estudiado la medida destinada a proteger a los menores australianos advierten de que la prohibición les empujará a espacios online menos regulados o directamente les disuadirá de denunciar experiencias negativas por miedo al castigo. Ya lo puso en evidencia Adolescence, la miniserie británica que provocó un debate tan profundo sobre la radicalización misógina entre adolescentes que el gobierno de Reino Unido la llevó a los institutos de secundaria. La brecha entre adultos y menores ante los espacios digitales convierte los conflictos de la infancia y la adolescencia en problemas que se gestionan en soledad, lejos de las redes de cuidado, dejando a los menores a merced de infraestructuras que incentivan el odio.

Además, recurrir a la prohibición solo hace más profunda esa brecha generacional. En lugar de promover una identidad colectiva y fluida que fomente la transmisión radical de los valores, desplaza el problema hacia los mercados y mantiene intacto el modelo de negocio de las plataformas, sin generar transformaciones estructurales que politicen nuestra relación con la tecnología y abran espacios donde las personas jóvenes puedan expresarse libremente y de manera diversa.

Tampoco es una iniciativa que, por ejemplo, trate de desbloquear el potencial pedagógico de tecnologías como la Inteligencia Artificial para ampliar las capacidades educativas y ofrecer nuevas formas de aprendizaje o interactuar con los currículos, facilitando el trabajo colaborativo (entre alumnado, profesorado y centros) en lugar de reproducir la rigidez y el verticalismo que caracterizan a nuestro sistema educativo. Un despliegue verdaderamente socialista de la tecnología podría fomentar e incluso materializar valores y deseos alternativos al mercado.

La prohibición ahonda la brecha entre adultos y menores, convirtiendo los conflictos de la infancia y la adolescencia en problemas que se gestionan en soledad, lejos de las redes de cuidado y a merced de infraestructuras que incentivan el odio

Esta norma reproduce el solucionismo tecnológico del que habla Evgeny Morozov: en lugar de abordar los problemas existentes, crea nuevas trabas que solo las empresas pueden resolver. Semanas antes del anuncio de Dubái, en Davos, Sánchez propuso acabar con el anonimato en las redes vinculando cada cuenta a un “documento europeo de identidad digital”. Pero la infraestructura de verificación que exige esta medida no existe. El sistema de identidad digital europeo (EUDI) no estará disponible hasta finales de diciembre de 2026, según el calendario fijado por los propios actos de ejecución de la Comisión Europea, y ya hay Estados miembros, como Países Bajos, que han reconocido que no llegarán a tiempo. España, por su parte, anunció en julio de 2024 una “Cartera Digital Beta” –una aplicación de verificación de edad para acceder a contenido pornográfico, bautizada popularmente como “pajaporte”– cuyas especificaciones técnicas se publicaron entonces y cuyo desarrollo se estimó en dos meses. A día de hoy, el proyecto sigue sin haberse materializado. 

Mientras tanto, ¿quién asume esta tarea? Meta lleva meses presionando para que la verificación de edad se implemente a nivel de sistema operativo, trasladando la responsabilidad a Apple y Google. Su vicepresidenta y directora de seguridad global, Antigone Davis, lo expuso con claridad en Bruselas en febrero de 2025: la solución pasa por integrar la verificación en los dispositivos, no en las plataformas. Pero Apple y Google se niegan. En un white paper publicado en febrero de ese mismo año, Apple argumentó que “el lugar adecuado para abordar los peligros del contenido restringido por edad es el limitado conjunto de webs y apps que alojan ese contenido”.

En otras palabras, las plataformas quieren que verifiquen los sistemas operativos y los sistemas operativos quieren que verifiquen las plataformas. Lo que se nos presenta como soberanía digital es un juego de sillas entre gigantes tecnológicos donde todos rechazan la responsabilidad. Y cuando la música pare, serán Meta, Google, X y Apple quienes tengan las llaves de la identidad digital europea. No porque lo hayan planificado así los Estados, sino porque nadie más tiene la capacidad técnica para hacerlo.

El populismo digital de Pedro Sánchez

Otra de las medidas del paquete de Sánchez plantea hacer penalmente responsables a los directivos de las plataformas por las infracciones que se cometan en ellas. Suena contundente, pero, de nuevo, genera más problemas de los que pretende resolver. Para empezar, la medida requiere una reforma del Código Penal mediante Ley Orgánica, y el Gobierno tiene 34 proyectos de ley empantanados en un Congreso donde no consigue articular mayorías. El PP ya ha advertido de que votará en contra si el paquete mezcla la protección de menores con lo que considera “un sistema de monitoreo ideológico”. Sumar, por su parte, ha mostrado su malestar por la apropiación de una ley que llevaba meses tramitándose desde el Ministerio de Juventud e Infancia. Al respecto, la ministra Sira Rego ha alertado de que la prohibición de usar redes sociales corporativas debería extenderse a toda la población y Ione Belarra ha exigido la creación de una red social pública.

Asimismo, la legislación europea se centra en las plataformas como entidades jurídicas, no en sus altos cargos. Al día siguiente del anuncio de las medidas en Dubái, el portavoz de Soberanía Tecnológica de la Comisión Europea, Thomas Regnier, calificó de “inviable” imponer obligaciones adicionales a las plataformas y sus directivos fuera del marco del Reglamento de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés). E incluso si la reforma saliera adelante en el Congreso y sobreviviera a un eventual recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿cómo se ejecutaría?

Las grandes plataformas operan en Europa a través de filiales –Meta, por ejemplo, lo hace desde una sociedad irlandesa con sede en Dublín– y sus directivos son ciudadanos extranjeros que residen a miles de kilómetros: Zuckerberg, a quien la medida pretende sentar en el banquillo si su plataforma no retira contenidos ilegales, es un ciudadano estadounidense que vive en California. 

La medida ha proporcionado la coartada perfecta a los tecno-oligarcas para presentarse como víctimas de la regulación estatal, alimentando el relato de que los gobiernos no están a la altura y solo el sector privado puede liderar el futuro tecnológico

Cualquier acción penal española contra estos ejecutivos se adentraría en el laberinto de la cooperación judicial internacional con un país que no tiene ningún incentivo para colaborar. Seamos realistas: nadie va a llevar a un CEO de Silicon Valley ante un tribunal español. Lo sabe Sánchez, lo sabe Bruselas, y lo saben los propios tecno-oligarcas, que han aprovechado el anuncio para reforzar su relato. Horas después del discurso de Dubái, Musk se refirió al Presidente español como “Dirty Sánchez” (sucio Sánchez) y le calificó de “tirano y traidor al pueblo de España” desde su cuenta X.

Al día siguiente, Pavel Dúrov envió una alerta masiva a todos los usuarios de Telegram en España acusando al Gobierno de impulsar un “estado de vigilancia”. La medida que iba a disciplinar a los tecno-oligarcas les ha proporcionado la coartada perfecta para presentarse como víctimas de la regulación estatal, con Sánchez como cabeza visible, alimentando el relato que llevan años construyendo: que los gobiernos no están a la altura y solo el sector privado puede liderar el futuro tecnológico.

Respecto a la tipificación del delito de “manipulación de algoritmos y amplificación de contenido ilegal”, otra de las medidas planteadas, Sánchez no ha definido qué entiende por manipulación algorítmica, ni cómo se probaría ante un tribunal, ni qué distingue el funcionamiento cotidiano de cualquier plataforma de una manipulación deliberada. Francia lleva años intentando aplicar figuras penales similares contra las plataformas, lo que ha culminado estos días con el registro de la sede de X en París por parte de la Fiscalía. Esta investigación abarca desde la manipulación algorítmica hasta la negación del Holocausto, pasando por la difusión de imágenes de abuso sexual infantil y la violación de derechos de imagen a través de la creación de deepfakes sexuales. 

A raíz de este suceso, Musk ha sido citado para una audiencia libre en abril, una comparecencia voluntaria que ningún tribunal puede imponer a quien reside fuera del país. Mientras Europa juega a hacer populismo digital, el Departamento de Estado prohibió en diciembre de 2025 la entrada a Estados Unidos a Thierry Breton –arquitecto del DSA–, al que la subsecretaria de Diplomacia Pública Sarah Rogers calificó de “cerebro” de la censura contra plataformas estadounidenses. La prohibición se articuló a través de una sección de la ley de inmigración normalmente reservada para amenazas graves a la seguridad nacional, lo que llevó a diversas voces en Francia a denunciar que se estaba tratando a Breton como a un terrorista o un narcotraficante. La respuesta europea fue una condena formal de la Comisión y varios jefes de gobierno, incluido Macron. Hasta ahí llegó la soberanía digital europea.

Sobre la siguiente medida anunciada –la creación de una “Huella de Odio y Polarización”, es decir, un sistema de rastreo y cuantificación del discurso de odio en plataformas–, lo cierto es que tampoco existen detalles sobre cómo funcionará, qué métricas utilizará ni quién definirá qué constituye “odio”. Sánchez se limitó a reconocer que, hasta el momento, esto se había considerado “invisible e imposible de cuantificar”, sin explicar qué ha cambiado para que ahora sí lo sea.

Desde luego, la ausencia de definición normativa no parece un descuido técnico. Durante décadas, en las redes sociales se ha priorizado la libertad individual y la competencia sobre el bien común. Los servicios públicos se han convertido en meros productos y la ciudadanía ha sido reducida a la condición de consumidores. Esto ha provocado que espacios digitales que deberían servir al interés común se inunden de contenido violento y discursos de odio contra las mujeres, las personas migrantes y racializadas, el colectivo LGTBIQ+ y otras disidencias.

Las redes sociales han priorizado la libertad individual y la competencia sobre el bien común. Los servicios públicos se hnnvertido en productos y los ciudadanos en consumidores. Los espacios digitales que deberían servir al interés común se han inundado de contenido violento y discursos de odio

Es en este contexto donde debemos entender otra de las problemáticas: el propio DSA, regulación en la que se enmarca la propuesta española, ya ha demostrado ser instrumentalizable por gobiernos autoritarios dentro de la UE. Hungría es el caso más paradigmático. El NMHH –la Autoridad Nacional de Medios y Comunicaciones, encargada de aplicar el DSA– carece de independencia política. Los nueve miembros de su Consejo de Medios fueron elegidos por Fidesz. Además, la Ley Ejecutiva del DSA húngara obliga a las plataformas a retirar sin discrecionalidad cualquier contenido que las autoridades nacionales señalen como ilegal, aunque las normas comunitarias de la propia plataforma lo permitan. El resultado es un gobierno autoritario operando dentro de la arquitectura institucional europea con plena apariencia de cumplimiento democrático. 

La propuesta de Sánchez amplía exactamente ese tipo de infraestructura. Difícilmente derivará en un instrumento de transparencia democrática. Mucho más probable es que se convierta en una mesa de negociación opaca donde Estados y plataformas decidan qué discurso es tolerable y cuál no. En cualquier caso, politizar la tecnología quedándose en la superficie –sin tocar el modelo de negocio ni alterar las relaciones de propiedad– sienta las bases para que las fuerzas autoritarias hereden las herramientas de vigilancia del discurso ya construidas, legitimadas ante la opinión pública y plenamente operativas. ¿Qué ocurrirá cuando la ultraderecha llegue al poder y encuentre esa maquinaria lista para ser usada?

Una problemática similar concierne a la Coalición de los Digitalmente Dispuestos, un acuerdo entre España, Francia, Austria, Dinamarca, Grecia y Portugal para “coordinar una aplicación más rápida y estricta de las normas sobre redes sociales”. De momento, no hay documento fundacional, ni objetivos medibles, ni mecanismos vinculantes; solo una primera reunión prevista “en los próximos días”. Lo que se esconde tras esta cortina de humo es que el contexto regulatorio europeo apunta más al retroceso que al avance.

Más de 40 ONGs han tenido que movilizarse para exigir a la Comisión que no pause ni debilite la aplicación de sus propias normas ante la presión de Washington. La Agenda de Simplificación de la Comisión ha abierto la puerta a un debilitamiento del DSA desde dentro, y Apple ha exigido en una consulta pública que se elimine por completo la Ley de Mercados Digitales (DMA por sus siglas en inglés) mientras impugna judicialmente sus principales disposiciones.. El show mediático de Sánchez constata que el modelo regulatorio de la Unión Europea es cada vez más irrelevante a nivel geopolítico.

Que el anuncio se hiciera precisamente en Dubái tampoco es anecdótico. Los Emiratos Árabes Unidos son más conocidos por su vigilancia masiva y su represión de la disidencia que por su compromiso con los derechos humanos. Son también uno de los principales importadores de armas del mundo. Evidentemente, Sánchez no viajó más de 11.000 kilómetros para hablar de redes sociales. El verdadero propósito del viaje era la atracción de inversiones de los grandes actores financieros  emiratíes. En los márgenes de la cumbre, de hecho, Sánchez se reunió con directivos de Mubadala, Masdar y ADIA para presentarles el nuevo fondo soberano “España Crece”.

Mientras el Gobierno denunciaba la “injerencia” de Musk en la política europea, cortejaba a los mandamases de un régimen implicado en crímenes de guerra. Mientras proclamaba la soberanía digital, firmaba acuerdos de defensa con EDGE Group, un conglomerado militar emiratí con unos ingresos anuales de casi 5.000 millones de dólares que mantiene inversiones y acuerdos con empresas israelíes de defensa como Israel Aerospace Industries y ThirdEye Systems. 

No es muy coherente hablar de proteger a los menores de las redes sociales mientras se firman contratos con empresas que testan sus plataformas en Gaza, donde Israel ha asesinado ya a más de 20.000 niños y niñas

La alianza con EDGE es particularmente reveladora sobre este ejercicio de propaganda. Su relación con Indra, la tecnológica española cuyo mayor accionista es el Estado, viene de lejos. En diciembre de 2024 formalizaron PULSE, una joint venture de sistemas de radar con sede en Abu Dabi. En noviembre de 2025, durante el Dubai Airshow, sellaron un acuerdo para crear una nueva empresa conjunta en España dedicada al desarrollo de municiones merodeadoras –también conocidas como “drones suicidas” o “drones kamikaze”– y armas inteligentes.

Indra tuvo que modificar sus estatutos para incorporar la fabricación militar a su objeto social, creando las nuevas divisiones Indra Land Vehicles e Indra Weapons & Ammunition. La joint venture con EDGE nacerá con una cartera de pedidos estimada en 2.000 millones de euros y producirá los drones en una nueva fábrica en Villadangos del Páramo (León) con una inversión inicial de 20 millones de euros.

El riesgo no es menor: el embargo total de armas a Israel puede terminar siendo sorteado por estas dependencias tecnológicas que Pedro Sánchez trata de ocultar mediante declaraciones virales. Desde luego, no parece muy coherente hablar de proteger a los menores de las redes sociales mientras se firman contratos con empresas que testan sus plataformas en Gaza, donde el estado genocida de Israel ha asesinado ya a más de 20.000 niños y niñas.

El inútil poder blando de la Unión Europea

Las cinco medidas de Pedro Sánchez no deben leerse como un acto de soberanía digital, sino como el último episodio de una estrategia europea fracasada, ahora reciclada bajo la estética de batalla tecnopolítica para consumo doméstico. Contra el poder duro de Washington –la fuerza militar, la coerción económica, la extraterritorialidad jurídica o las sanciones personales que permitieron vetar la entrada en Estados Unidos al propio arquitecto del DSA–, Europa solo ha sabido movilizar poder blando: regulación, valores, retórica sobre democracia y derechos digitales. Las propuestas de Sánchez encajan en esa misma lógica reactiva, y no son ni originales ni excepcionales. 

En Francia, La Asamblea Nacional ya ha aprobado una prohibición de redes sociales para menores de 15 años, pendiente ahora del Senado y de una votación final en la cámara baja; Dinamarca cerró en noviembre un acuerdo político para vetar el acceso a menores de 15 que podría convertirse en ley a mediados de 2026; Portugal ha presentado un anteproyecto que exige consentimiento parental para menores de 16; Grecia desarrolla una app de verificación de edad (Kids Wallet); y el Parlamento Europeo aprobó en noviembre una resolución no vinculante que recomendaba armonizar la edad mínima en 16 años. 

Las medidas de Sánchez no deben leerse como un acto de soberanía digital, sino como el último episodio de una estrategia europea fracasada, reciclada bajo la estética de batalla tecnopolítica para consumo doméstico

Pero el poder blando sin base material es exactamente eso: blando. Y los datos al respecto son devastadores. Según un informe de la comisión de Industria (ITRE) del Parlamento Europeo de junio de 2025, la UE depende de países no europeos para más del 80 % de sus productos digitales, servicios, infraestructuras y propiedad intelectual. Amazon, Microsoft y Google controlan el 70 % del mercado europeo de infraestructura cloud, y las tres están sometidas a la CLOUD Act de 2018, que permite a las autoridades estadounidenses exigir acceso a datos almacenados en el extranjero, independientemente de dónde residan físicamente. En una audiencia del Senado francés en junio de 2025, el director de asuntos públicos y jurídicos de Microsoft Francia admitió bajo juramento que la compañía no puede garantizar que los datos de sus clientes europeos nunca sean transferidos a las autoridades estadounidenses.

El DMA, otra de las regulaciones europeas estrella que comenzó a aplicarse en 2023, designa como gatekeepers a Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft con la promesa de restringir el poder de estas empresas para explotar a competidores y usuarios. Pero las Big Tech han anticipado sus efectos y se han movido rápido para neutralizarlas. Por ejemplo: la ley obligaba a Apple a permitir que los desarrolladores distribuyeran sus aplicaciones fuera de la App Store e informaran a los usuarios de ofertas más baratas en otros canales, todo ello sin coste. La empresa de Tim Cook obedeció sobre el papel, pero cualquier desarrollador que quisiera acogerse a esas nuevas libertades debía aceptar unas nuevas condiciones comerciales que incluían una tasa de 50 céntimos por cada primera instalación anual que superase el millón de descargas. 

En la práctica, además, ejercer los derechos que concede el DMA puede costar millones de euros al año, lo que ha disuadido a casi cualquier desarrollador de intentarlo. El DMA también prohibió a Meta combinar los datos personales de sus distintos servicios –Facebook, Instagram y WhatsApp– para publicidad personalizada sin el consentimiento libre del usuario, y la obligaba a ofrecer una alternativa equivalente y menos invasiva a quien no consintiera. Sin embargo, Meta respondió con el modelo “Pagar o Consentir” –o aceptas que crucen todos tus datos o pagas–, a sabiendas de que la inmensa mayoría de usuarios elegirían la opción gratuita.

En abril de 2025, la Comisión impuso sus primeras multas por incumplimiento del DMA: 500 millones a Apple por sus restricciones al redireccionamiento de usuarios, 200 millones a Meta por su falso consentimiento. Ocho meses después, la Coalition for App Fairness –una organización sin ánimo de lucro que agrupa a desarrolladores y grupos de consumidores– denunció que Apple no había realizado ningún cambio significativo en una carta abierta dirigida a Ursula Von der Leyen, Teresa Ribera y Henna Virkkunen. Las multas, además, se quedaron muy por debajo del 10% del volumen de negocio global que permite la ley –un techo que la Comisión ni se acercó a aplicar por temor a represalias arancelarias de la administración Trump. 

La asimetría de fuerzas resulta grotesca. La unidad de la Comisión encargada de hacer cumplir el DMA apenas cuenta con una veintena de funcionarios –una quinta parte de los 80 previstos–, según reconoció en abril de 2025 el propio director general de Competencia, Olivier Guersent. Frente a ellos, los ejércitos de juristas y lobbistas de las tecnológicas, que según un informe de Corporate Europe Observatory y LobbyControl destinan ya 151 millones de euros al año a actividades de presión en Bruselas. Solo Meta, la mayor inversora individual del sector con 10 millones anuales, mantuvo 63 reuniones con eurodiputados en el primer semestre de 2025.

La batalla por la privacidad solo ha servido para imponer marcos eurocéntricos –protección para la ciudadanía europea, “salvaje Oeste” para el resto– mientras el agresivo modelo de vigilancia publicitaria estadounidense sigue intacto

Los ejemplos sobre la incapacidad de la regulación comunitaria para desafiar el poder digital son infinitos. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés) no ha establecido ningún estándar global efectivo. Solo ha servido para imponer marcos eurocéntricos en el debate público –protección para la ciudadanía europea, “salvaje Oeste” para el resto– y para perder una década en disputas procedimentales mientras el agresivo modelo de vigilancia publicitaria estadounidense sigue intacto.

Las medidas para favorecer la privacidad en las plataformas pierden de vista que estas plataformas no son más que vehículos del nuevo imperialismo de Donald Trump, quien ha agrupado en torno a su agenda a los principales CEO de Silicon Valley para asegurar su dominio en un momento de intensa competencia intercapitalista con China. Desde la exclusión de Huawei y ZTE de las redes 5G hasta la incapacidad para tomar medidas económicas de calado contra las Big Tech, Europa ha demostrado ser tan dócil como inoperante.

La Unión Europea lleva décadas abrazando la regulación de productos como sustituto de una política industrial que trate de construir una infraestructura tecnológica verdaderamente autónoma. El proyecto de nube soberana europea Gaia-X, lanzado en 2019 para crear alternativas a los hiperescaladores estadounidenses lo ilustra bien: Microsoft, Google y Amazon fueron invitados a participar y, una vez dentro, el proyecto perdió su propósito. Fue saboteado por las mismas fuerzas frente a las que pretendía ser una alternativa. Apenas meses después, Alemania anunció su “nube soberana” gestionada por T-Systems –miembro fundador del proyecto– en alianza con Google. Francia hizo lo mismo: Thales y Google Cloud firmaron un acuerdo estratégico para desarrollar una nube soberana francesa.

En lugar de esperar a que la alternativa europea funcionara, cada país corrió a negociar por separado con las mismas empresas de las que pretendían independizarse. Como ha señalado Francesca Bria, autora del informe EuroStack, el proyecto careció de visión unificada, compromiso político y escala suficiente.

Socializar las infraestructuras de los tecno-oligarcas

Los liberales del siglo XX lograron imponer el relato de que los fascismos habían utilizado los medios de masas para manipular a la población. Descentralizar los medios y eliminar su propiedad pública, decían, conduciría a una democracia basada en el consumo individual. Hoy la ultraderecha utiliza esas mismas herramientas para destruir las democracias liberales. Y la socialdemocracia –artífice de las radiotelevisiones públicas, las agencias de noticias estatales, los sistemas de correo universales– ha olvidado que fue precisamente el control colectivo de las infraestructuras lo que hizo posible el progreso y el bienestar.

Debemos salir de la ilusión de que internet es una aldea global y asumir que es un mercado de escala planetaria; una infraestructura diseñada para que Estados Unidos proyecte su poder económico y geopolítico. Mientras eso no se cuestione, seguiremos atrapados en una batalla cultural estéril en la que unos hacen propaganda vacía y otros lanzan términos al aire, como “tirano” o “tecno-comunista”, sin que nada cambie realmente. 

Debemos salir de la ilusión de que internet es una aldea global y asumir que es un mercado de escala planetaria; una infraestructura diseñada para que Estados Unidos proyecte su poder económico y geopolítico

Pedro Sánchez señala a los tecno-oligarcas con una mano mientras la otra firma acuerdos con sus empresas y subsidia sus centros de datos. Pero plantarles cara de verdad, hacer que el peso del Estado caiga sobre Silicon Valley de manera estratégica, exige actuar en dos frentes. Por un lado, bloquear su expansión, empezando por cancelar los miles contratos con Microsoft que acumula la administración pública, rescindir los compromisos con Palantir para desarollar el sistema de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas, revertir la dependencia satelital sobre SpaceX, gravar fiscalmente a las Big Tech o directamente expulsar del territorio a sus centros de datos, que en 2024 atrajeron inversiones anunciadas por más de 34.100 millones de euros. En esto, Sánchez se diferencia poco de Ayuso.

El segundo frente es construir infraestructuras digitales público-comunes, y colocarlas al servicio de los colectivos sociales que habitan fuera del Estado y del mercado. La única respuesta posible pasa por pensar cómo distintos países pueden desarrollar tecnologías socialistas de manera colectiva para alcanzar la autonomía tecnológica, acabar con el monopolio de la propiedad intelectual y expulsar a los mercados de cada ámbito de nuestras vidas. El populismo digital es el opio de la socialdemocracia del siglo XXI. Simula la confrontación política, pero no evita la derrota. Es un ejercicio de quijotismo que confunde molinos con gigantes: el problema nunca fue que los menores de 16 años accediesen a las redes, sino a quién pertenecen esas infraestructuras y a qué intereses sirven.