Frontera sur
La ONG Caminando Fronteras eleva a 141 la suma de muertos en el Tarajal

La organización no gubernamental Caminando Fronteras ha elevado la magnitud de la tragedia acontecida el pasado 30 de julio en el espigón de El Tarajal, en la frontera entre los reinos de España y de Marruecos, a 141 víctimas mortales. De esas muertes, 78 han sido reconocidas oficialmente por el Gobierno español, las otras 63 corresponden a cadáveres recuperados en aguas marroquíes, y se ha contabilizado tras un trabajo de investigación en las morgues de los hospitales del país norteafricano. Caminando Fronteras ha habilitado un número de teléfono para recibir mensajes de Whatsapp (+212 694 86 99 82) demandando información sobre las personas que se encuentran desaparecidas.

Aun provisional, la cifra de muertes convierte el 30 de julio de 2026 en el día más mortífero en la historia de la represión en la frontera sur. Se suman a las 1.317 víctimas que perdieron la vida en las rutas de acceso a España en los primeros cinco meses de este año. Los cuerpos recuperados por parte de los cuerpos de seguridad españoles se encuentran en el antiguo hospital militar de Ceuta, convertida en una morgue provisional.

De momento se han realizado 77 autopsias, aunque solo se ha podido identificar a dos personas, las dos con registro de huellas en el sistema español. Se estima asimismo que al menos 30 de los cadáveres son de personas que procedían de otros puntos de África situados en el centro y el sur del continente.

En el caso de Marruecos, se han notificado oficialmente once cadáveres recuperados, pero, al margen de los contabilizados por las investigaciones de Caminando Fronteras en morgues de centros hospitalarios de ciudades del noreste del país como Tánger y Tetuán, se reporta también que hay una serie de cuerpos que permanecen flotando en alta mar, tal y como denuncia El Faro de Ceuta en el día de hoy, 5 de agosto. “La marea terminará trayendo a algunos de ellos a las aguas de la ciudad autónoma”, dice el periódico ceutí, atribuyendo la sospecha a la Guardia Civil.

Las repercusiones del salto de la valla del pasado jueves siguen marcando la política española y europea. La Audiencia Nacional ha llevado a cabo una segunda diligencia para proseguir la investigación sobre los hechos. Atiende a la denuncia del partido Iustitia Europa, uno de los hostigadores judiciales del actual gobierno, que trata de forzar una investigación que afecte a las autoridades gubernamentales. El partido ya fue impulsor entre otras causas de la que investiga el juez Peinado a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, así como también estuvo personada en el juicio al hermano del presidente, David Sánchez. Personados también en la investigación a Zapatero, reclamaron una moción de censura a la oposición cuando fue imputado el expresidente.

En la mañana de este miércoles, la titular del juzgado de instrucción número tres de la Audiencia Nacional María Tardón, ha solicitado información sobre si se recibió “en cualquiera de las unidades de la Guardia Civil de la Ciudad Autónoma de Ceuta alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido alertar sobre su posible acaecimiento”. El lunes, Fernando Grande-Marlaska, negó que hubiera “ningún informe (...) aviso, ni comunicación” del Centro Nacional de Inteligencia sobre la masiva entrada a través del Tarajal.

El secretario general del PP, ha abonado la teoría sobre el conocimiento por parte del Gobierno de la entrada masiva de personas y ha acusado a Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska de dejación de funciones y denegación de auxilio a la ciudad de Ceuta. Miguel Tellado ha declarado que la ministra de Defensa, Robles “pudo desplegar al Ejército antes de la invasión y no lo hizo, 'la pájara' hizo dejación de funciones”. Se da la circunstancia de que Defensa ha sido el único Ministerio en señalar a Marruecos en la rueda de responsabilidades del caso.

La disputa se centra en la acogida de los menores que permanecen en Ceuta

Superada la fase del retorno de miles de personas ordenado por España y aceptado por Marruecos, la política nacional se orienta en estos momentos a las negociaciones sobre el destino de los menores que han cruzado a Ceuta y tienen derecho a permanecer en territorio español. Más de 850 menores migrantes permanecen en la ciudad autónoma, cuyos centros habilitados para la acogida cuentan con menos de un centenar de plazas. Según la Delegación de Gobierno de la ciudad, 528 de ellos ya están en emplazamientos de primera acogida, pero la negociación política se orienta ahora hacia su traslado a la península. El Gobierno anunció ayer, 4 de agosto, una partida extraordinaria de 25 millones para las administraciones ceutíes con el objetivo de gestionar la actual situación de desborde.

En declaraciones realizadas esta mañana, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno no quiere llegar a una batalla judicial con las Comunidades Autónomas del PP ante una posible negativa a la acogida de los chicos que permanecen en Ceuta. En años pasados, el mal llamado “reparto” de menores ha sido rechazado por gobiernos autonómicos formados por PP y Vox. No se espera que este verano la tensión se vaya a reducir. La ley, no obstante, obliga a esa acogida, y la popular Alma Ezcurra ha asegurado en una entrevista hoy que el PP cumplirá la ley. Contrasta con las palabras de Tellado del martes, en las que, ajeno a la norma, aseguraba que el Gobierno debía expulsar también a los menores de edad: “Que por donde han entrado, vuelvan a salir”.