Fronteras
De Alemania a Chile, las políticas anti inmigración marcan la agenda de los gobiernos

La guerra desatada en Medio Oriente con la agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán está generando una ola de desplazamientos por toda la región, según documenta ACNUR en una nota informativa del 30 de marzo. La agencia de la ONU señala que más de 66.000 iraníes habrían atravesado la frontera con Turquía, mientras unos 29.000 libaneses han cruzado a Siria. Por su parte 179.000 sirios habrían vuelto a su país procedentes de un Líbano bajo ataque continuo de Israel, en el mismo sentido, 44.500 afganos residentes en Irán y Pakistán han retornado a su país de origen. 

Mientras, el número de personas desplazadas en la región no para de crecer. En Irán, entre 600.000 y un millón de familias habrían abandonado temporalmente sus residencias, en Líbano las personas desplazadas superan el millón y en Afganistán son unas 115.000. La expulsión de las poblaciones de sus ciudades y pueblos como resultado de las guerras son una de las razones que empujan a las personas a solicitar asilo en el extranjero, la crisis económica mundial derivada de la aventura bélica de Estados Unidos e Israel, puede devenir también en un factor que obligue a las personas a buscar oportunidades lejos de sus países. 

Ya a principios de marzo, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), alertaba de que la guerra podía desencadenar una gran crisis de desplazamiento. Mientras, desde Human Right Watch se ponía el foco en las consecuencias para las miles de personas migrantes que sustentan la economía de los países del Golfo, que han sufrido ataques por parte de Irán como aliados de Estados Unidos e Israel. “El conflicto ha traído consigo nuevos riesgos para los trabajadores migrantes, al tiempo que ha puesto de manifiesto las deficiencias en materia de derechos laborales y de otro tipo, incluidas las derivadas del sistema de la kafala (patrocinio)”, denunciaban desde la organización. 

En un marco en el que los motivos para migrar se multiplican, crecen también los discursos y medidas contra las personas en  movimiento, una tendencia que se hace notar en numerosas coordenadas.

Alemania agita el fantasma de la reemigración

El pasado lunes 30 de marzo, el canciller alemán Friedrich Merz anunciaba, tras encontrarse con su homólogo sirio Ahmed al-Sharaa, el objetivo de que 800.000 refugiados sirios residentes en Alemania retornarán a su país en los próximos tres años. La cifra representa una gran parte del millón de personas procedentes de aquel país que desde hace más de una década buscó asilo en Alemania huyendo de la guerra civil que comenzó en 2011.

“De cara a los próximos tres años —tal y como ha expresado Sharaa—, se prevé que alrededor del 80 % de los sirios que residen actualmente en Alemania regresen a su país de origen”, anunciaba el mandatario en rueda de prensa junto al presidente sirio. El anuncio pone de manifiesto el acercamiento a la agenda del partido de ultraderecha AfD y su postura a favor de la “reemigración”, el político, además, ha abrazado la retórica de la criminalización de las personas en movimiento, apuntando que los primeros que deberán irse son quienes han cometido delitos o están en situación irregular.

Tras las declaraciones del lunes, a Merz, quien llegara al gobierno en mayo de 2024 enarbolando un discurso duro con la migración, le han llovido críticas incluso desde su propio partido, el CDU, cuyo portavoz de política externa Roderich Kiesewetter, ha señalado que los números dados por el mandatario, serían “problemáticos en diferentes formas”, y ha alertado de que este anuncio podría ser “capitalizado” por la extrema derecha. 

Mientras desde el Partido Socialista, su socio en el gobierno, la líder Anke Rehlinger, recordaba que “muchos sirios son ahora nuestros conciudadanos porque se han integrado aquí, trabajan en sectores en los que hay escasez de mano de obra, cuidan de personas mayores o conducen autobuses, y a menudo incluso han obtenido la nacionalidad alemana”. En la oposición, los verdes tachaban las declaraciones de Merz de “vergonzosas”, y recordaban que para muchos sirios “volver no es una opción”.

Y es que, como han alertado Naciones Unidas, Human Rights Watch o Amnistía Internacional, Siria sigue sin ser un país seguro más de un año después de la caída de Bashar al-Assad, como resultado de los conflictos que siguen abiertos en el país. No es la primera vez que la diáspora de este país acaba siendo el objetivo de políticas migratorias dirigidas a expulsarles, bajo el argumento de que el país ya estaría preparado para su retorno. Esta retórica ha sido recurrente en países como Dinamarca, Turquía, o Líbano. 

Las críticas a las declaraciones de Merz no solo apuntan a la protección los derechos humanos de las personas refugiadas o la preocupación por su seguridad en caso de retornar al país, sino que subrayan la importancia de la mano de obra siria para la economía germana. La Asociación de Hospitales del país ha recordado que más de 5.745 médicos sirios, junto a 2.000 profesionales de enfermería trabajan en el país, suponiendo el grupo más grande de trabajadores sanitarios de origen extranjero. 

Fuera del sector sanitario, la Agencia Federal de Empleo de Alemania, indica que 320.000 personas trabajan en el país. Muchas de ellas lo hacen en los sectores del cuidado a las personas mayores, o el transporte, y resultan esenciales para la salud económica del país.  Por otro lado, unos 244.000 sirios han obtenido la nacionalidad alemana entre 2016 y 2024, representando el grupo más numeroso de extranjeros naturalizados en los últimos años. 

Suecia obliga a sus funcionarios a delatar a migrantes irregulares 

El pasado 25 de marzo, un día antes de que el controvertido Reglamento de Retorno obtuviera luz verde por parte del Parlamento Europeo, el gobierno sueco proponía una nueva normativa, que obligaría a agencias y trabajadores públicos a denunciar ante las autoridades migratorias a las personas en situación irregular. La normativa sueca pretende implicar a instituciones como la Agencia de Empleo Sueca, el Servicio de Prisiones, la Agencia Sueca de Pensiones, la Agencia Tributaria del país, o la Agencia de la Seguridad Social.

Los críticos de la medida, que debería implementarse a partir de julio de este año, temen que esta suponga un avance de políticas de estas características que podrían implementarse a nivel de la Unión Europea en una agenda marcada por la negociación un reglamento de retorno centrado en la detención y la deportación, y un Pacto Europeo de Migraciones y Asilo que deberá de implementarse a partir del verano.

La directora de campañas de la Plataforma Internacional de Inmigrantes Indocumentaos (PICUM) Louise Bonneau, se preguntaba tras la aprobación de la normativa “Qué ocurre cuando una mujer acude a dar a luz? ¿Debería eso dar lugar a una denuncia ante la policía?”. Desde PICUM alertan de que “La propuesta sueca, que obliga a los organismos públicos a denunciar a las personas basándose en meras sospechas, corre el riesgo de convertir los servicios esenciales en un mecanismo de control de la inmigración”. Esta situación, denuncia Bonneau, “socava la confianza, coloca a los profesionales en situaciones éticas insostenibles y alejará a las personas de la asistencia sanitaria y los servicios básicos”.

Durante la misma semana, el gobierno sueco proponía otra ley polémica que obligaría a las personas migrantes a tener una “vida honesta” en el país o enfrentar la deportación. La amplitud del concepto “vida honesta” —que implicaría temas tan variados como no pagar multas, trabajar sin pagar impuestos u obtener ayudas sociales de manera ilícita— preocupa a las organizaciones suecas de derechos humanos, en un contexto de creciente endurecimiento de las políticas migratorias en un país que contó en el pasado con una tradición de acogida.

Canadá aprueba la cancelación masiva de visas

Al otro lado del Atlántico, Canadá, como Suecia, gozó en el pasado de un cierto reconocimiento como país receptivo a las personas migrantes y refugiadas. Una tradición que estaría sufriendo su último revés con una nueva normativa migratoria que refleja la tendencia de Estados Unidos. 

Bajo el nombre de Ley C-12, la nueva legislación, aprobada el pasado 26 de marzo, concede a las autoridades la posibilidad de cancelar masivamente visados y establecer límites temporales a las solicitudes de asilo. La reforma se ha presentado como un esfuerzo para poner los flujos migratorios bajo control.

Colectivos de migrantes, grupos antirracistas y organizaciones de derechos humanos han criticado fuertemente la reforma en cuanto consideran que pone demasiado poder en manos del gobierno y vulnera los derechos de personas refugiadas y migrantes. La nueva ley “dificulta que las solicitudes de protección de asilo se evalúen de forma justa, por lo que las personas corren el riesgo de ser deportadas y enfrentarse a la persecución y la tortura, denunciaba ante CBC News la abogada de Amnistía Internacional Canadá Julia Sande, quien apuntaba además que los poderes de cancelación masiva implican una violación de las obligaciones legales internacionales de Canadá.  

Desde la Asociación Canadiense de Abogados de Asilo, se ha calificado la ley, aprobada con los votos del Partido Liberal en el gobierno junto los conservadores y el partido de Quebec, como “el mayor recorte de los derechos de los refugiados en más de una década”. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Asociación de abogados de Asilo se han unido con organizaciones como el Consejo Canadiense de Refugiados, el Consejo Canadiense Musulmán de Asuntos Públicos, o sindicatos del sector público en una coalición amplia para hacer frente a esta medida. 

Chile detiene la regularización de personas migrantes

Del otro extremo del continente americano, el chileno José Antonio Kast ha iniciado su mandato tomando medidas contra la migración, siendo su discurso contra las personas extranjeras uno de los principales activos que le llevaron al poder. El 31 de marzo, el mandatario frenaba la regularización de personas en situación de irregularidad iniciada por su predecesor en la Casa de la Moneda, Gabriel Boric.

“Hay 338.000 personas que se sabe que están en situación de irregularidad. De ellas, 182.000 se empadronaron, fueron y dieron su dirección, dieron sus datos biométricos, cuestión que hoy incluso muchos nos preguntamos qué se va a hacer con eso si a esas personas no las van a regularizar”, comentaba alarmado Eduardo Cardoza, secretario general del Movimiento de Acción Migrante.  

Por otra parte, el presidente ultraderechista anunciaba poco antes de dar su primer discurso como presidente del país la construcción de una zanja de tres metros y muros de cinco metros en la frontera norte del país, dentro de su campaña “Plan Escudo Fronterizo”. Un proyecto que apuesta por la militarización de esta zona, la vigilancia con dispositivos de inteligencia artificial o el despliegue de drones. 

Durante la segunda mitad del mes de marzo, el gobierno chileno ha comenzado la construcción de la zanja, en la frontera que separa a Chile de Bolivia y Perú. “Comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo más de 180.000 personas a Chile", anunciaba el mandatario el pasado 17 de marzo desde la región fronteriza chilena de Arica y Panicota, donde ha comenzado la construcción de la zanja con la que el presidente ultraderechista persigue “cerrar” la frontera norte del país.

La iniciativa de Kast ha recibido críticas desde la oposición. “El control de la frontera norte ya venía mejorando y el ingreso ilegal estaba bajando. Por eso llama la atención que el gobierno concentre tanta energía en una puesta en escena como el ‘Escudo Fronterizo’, con militares cavando zanjas para las cámaras”, expresaba el senador Daniel Muñoz, del Partido Comunista chileno.