Fronteras
La criminalización de la solidaridad con las personas migrantes en Europa marca un nuevo récord en 2023

Al menos 117 personas enfrentaron procedimientos judiciales por ayudar a personas migrantes durante el pasado año. La cifra, que incluye solo los casos que se hicieron públicos entre enero y diciembre de 2023 ha sido recogida por PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), organización con sede en Bruselas que aglutina a múltiples entidades en toda Europa.

La estimación se basa en un rastreo a los medios de comunicación de los diversos países, la mayoría de las personas procesadas fueron acusadas de facilitación de la entrada, permanencia o tránsito, o tráfico de personas. El número 117 contabilizado en un solo año supera a las cifras registradas en 2022 (102), a 89 que fueron detectadas entre enero de 2021 y marzo de 2023, y a las 158 acusadas entre 2015 y 2019, en monitoreos previos de PICUM.

“Las propuestas en la UE para luchar contra el tráfico de personas han fallado a la hora de incluir una excepción vinculante que excluyera la acción humanitaria de una potencial criminalización”

El nombre de los cargos puede variar según cada legislación nacional, lo que se mantiene constante es la ausencia de datos estadísticos oficiales por lo que, desde el mismo PICUM se alerta de que el número, el más elevado registrado en los últimos años, se queda muy por debajo de las cifras reales. “Estos números son solo la punta del iceberg de lo que está pasando realmente en la Unión Europea”, ha alertado la directora del PICUM Michele Levoy, “las tendencias actuales podrían empeorar dado que las propuestas en la UE para luchar contra el tráfico de personas han fallado a la hora de incluir una excepción vinculante que excluyera la acción humanitaria de una potencial criminalización”, ha lamentado. 

A la falta de información pública accesible sobre estos casos se le añade el temor de muchas de las personas afectadas a la hora de hacer pública su situación, especialmente las personas migrantes. Es en efecto en el Sur de Europa, donde el monitoreo ha encontrado la mayoría de los casos: con 74 personas criminalizadas en Italia y 31 en Grecia. El resto de casos fueron localizados en Polonia (seis personas), en Malta (tres), dos casos en Letonia y uno en Chipre. Seis de cada diez personas fueron criminalizadas por actos de solidaridad con personas migrantes en el territorio, mientras el resto lo fue por ayudar en el mar. 

Las acciones de solidaridad criminalizadas son diversas: 46 personas fueron procesadas por el rescate o la ayuda a personas migrantes en peligro en el mar, 19 por dar refugio a personas migrantes, 18 por promover políticas de inclusión a nivel local, 17 por intentar detener una deportación y 8 por facilitar comida, agua o ropa a personas migrantes. 

Consternación por la dura sentencia contra el ex alcalde de Riace y su modelo de acogida solidaria

Susana Albarrán Méndez

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Italia

Criminalización de la solidaridad Consternación por la dura sentencia contra el ex alcalde de Riace y su modelo de acogida solidaria

Susana Albarrán Méndez

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Domenico ‘Mimmo’ Lucano ha sido sentenciado a 13 años de prisión por presuntos delitos en la gestión de la acogida de migrantes en su pueblo, una pena que ha sorprendido al antiguo alcalde.

La criminalización de la solidaridad se traduce en largos procesos judiciales para las personas acusadas, la media son tres años y medio, aunque algunos procesos pueden extenderse, es el caso del que enfrentó Mimmo Lucano, ex alcalde de Riace, quien tuvo que enfrentar cinco años de arresto domiciliario.

En Grecia, 24 activistas, entre ellos Sean Binder y Sarah Mardini, han sufrido durante cuatro años procedimientos judiciales por sus actividades de rescate de personas migrantes en el mar. Mientras han sido absueltos de parte de las acusaciones, todavía el proceso no ha sido cerrado.

Europa y la creciente criminalización de la solidaridad con las personas migrantes

Irene Graíño Calaza

Migración

Fronteras Europa y la creciente criminalización de la solidaridad con las personas migrantes

Irene Graíño Calaza

Día a día salen a la luz casos de criminalización de operaciones de rescate e intentos legislativos para frenarlas, a la par que los Estados de la Unión Europea ignoran su obligación internacional de rescatar a personas en el mar. Numerosos casos, como el de Italia y España, dan prueba de ello.

El monitoreo de PICUM apunta a las consecuencias de esta criminalización para las personas criminalizadas. SI bien la mayoría acaban siendo absueltas —40 de las 42 personas cuyos procesos finalizaron en 2023— los procedimientos tienen graves efectos económicos y psicológicos para las personas afectadas. 

Pero la criminalización de la solidaridad no es el único desafío a los derechos humanos planteado por las políticas migratorias de la Unión Europea, la misma migración irregular es sistemáticamente criminalizadas en los países miembros, siendo la estadística aún más difícil de aprehender. 

En su monitoreo, PICUM ha podido detectar 76 casos de personas migrantes criminalizadas por atravesar ilegalmente las fronteras en Italia, Grecia y España, al menos siete de ellos eran niños. 53 de estas personas fueron acusadas de facilitar la entrada irregular de personas migrantes como presuntos capitanes u organizadores, o por resistirse a una devolución en el mar.

La criminalización de los capitanes de cayucos

Taina Tervonen

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Frontera sur

Fronteras La criminalización de los capitanes de cayucos

Taina Tervonen

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Aunque la Unión Europea ha hecho de la lucha contra los “pasadores de fronteras” una de las prioridades de su política migratoria, sobre el terreno son a menudo los capitanes de las embarcaciones quienes son detenidos y condenados.

Estas acusaciones no tienen en cuenta que las personas criminalizadas tienen su propio proyecto migratorio, explican desde la organización. El informe pone un ejemplo extremo: el de un ciudadano egipcio sentenciado a 280 años de cárcel por tráfico de personas, y pertenencia a una organización criminal por pilotar una embarcación en la que viajaban 476 personas migrantes, incluido su propio hijo.

Para la directora de PICUM, la criminalización de la solidaridad y la criminalización de las personas migrantes no son dos fenómenos separados, si no que se trata de “un continuum de políticas migratorias restrictivas que hace inseguro el cruce de fronteras y crea un entorno hostil contra aquellos que se considera han entrado de forma irregular”. 

Más allá de los procesos judiciales, la persecución de la solidaridad comprende sanciones administrativas y otras acciones de acoso no judicial a las organizaciones de ayuda. El monitoreo de PICUM documenta 15 de estos casos, que afectan a 17 personas y 12 ONGs. Un tercio de estos casos involucraron sanciones administrativas hacia personas por sus acciones en apoyo a las personas migrantes. La confiscación de material, el acoso policial, amenazas y restricciones para acceder a algunos espacios, o difamación se incluyen entre las acciones contra activistas y colectivos.