Fronteras
El debate de la regularización: entre la reforma del reglamento de extranjería y una ILP que sigue esperando

Ayer martes 10 de septiembre se cerraba el plazo de consulta pública para la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, un documento en el que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones viene trabajando desde hace meses, y cuyo borrador hizo público el pasado 22 de julio. Según declaraba la titular de la cartera Elma Saiz una semana antes, el lunes 2 de septiembre, en una entrevista en la televisión pública, la reforma podría aprobarse a finales del próximo octubre. Para ello el ejecutivo ya ha preparado el decreto ley que pondrá al reglamento en la vía de la tramitación.

Desarrollado en paralelo al debate que ha copado las noticias este verano respecto a la llegada de niños, niñas y adolescentes a la frontera sur, y los tira y afloja que ha protagonizado el intento del gobierno de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería con el fin de forzar la distribución obligatoria de estos niños y niñas por todo el Estado, el texto propone algunas medidas para facilitar la regularización de las personas migrantes, entre ellas algunas promovidas por organizaciones de la sociedad civil.

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Precisamente seis de estas entidades —Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes— compartían durante la jornada de ayer un comunicado dando la bienvenida a las mejoras incluidas en la reforma, pero lamentando que el documento no haya profundizado en muchas de ellas. Presentaban asimismo una batería de propuestas que aspiran poder incorporar en la reforma durante las negociaciones previas  a su votación.

Según ha anunciado el gobierno y replicaban webs especializadas en la atención jurídica de personas migrantes, el texto incluye la simplificación de algunos trámites para las empresas que decidan contratar a personas migrantes, facilita la residencia por arraigo, y amplía los visados de seis meses a un año para evitar situaciones de irregularidad sobrevenida teniendo las personas más tiempo para regularizar su situación.

Las autorizaciones temporales de residencia además tendrán una vigencia de un año, siendo renovables por cuatro años, precisándose una sola renovación antes de pedir la residencia de larga duración y  facilitando la solicitud de reagrupación familiar que podrá pedirse realizarse ese primer año. Por otro lado, las autorizaciones por formación durarían lo que duren los estudios que se cursen, sin necesidad de renovaciones intermedias, y se abriría una vía rápida para conseguir una autorización de trabajo una vez finalizados estos. El borrador también incluiría la posibilidad de compatibilizar trabajo por cuenta propia y ajena. Además permitiría a la persona migrante cambiar de empleador en caso de explotación laboral, facilitando la regularización de las personas migrantes que se hallen en esta situación.

“Amplio margen de mejora”

La “reducción del periodo de residencia previa para obtener la regularización”, o la “simplificación de los procedimientos de arraigo”, son algunas de las demandas que las entidades sociales llevan tiempo persiguiendo y han conseguido que se incorporasen al texto, explicaban desde las seis organizaciones que ayer expresaban su bienvenida a algunos avances del texto, al tiempo que apuntaban a propuestas más ambiciosas.  

Para empezar con el tema del que más se ha debatido en los últimos meses, el de los niños, niñas y adolescentes, Natalia Slepoy, responsable de incidencia política de la Red Acoge, apunta a una carencia en el reglamento que les inquieta, y que esperan poder corregir en las negociaciones: el hecho de que no haya aún una revisión profunda y acorde al derecho internacional sobre la determinación de la edad de las personas menores, señalando especialmente a las controvertidas pruebas oseas.  “Todavía tenemos todo un proceso de negociación en el que se podrán incorporar cambios y esperamos que este sea uno de ellos”. 

Elena Muñoz, Coordinadora Estatal del servicio Jurídico de Cear, define la interlocución con el ministerio en torno al borrador como bastante fluida, habiendo tenido reuniones previas a la publicación del documento en las que ya empezaron a volcar sus propuestas: “aún así creemos que todavía se puede mejorar para intentar garantizar el acceso a derechos a las personas migrantes y refugiados”.

Una propuesta que ha quedado pendiente, y que seguirán defendiendo durante el periodo de enmiendas, es la compatibilidad de las solicitudes de protección internacional con el trámite de permisos de residencia por las vías de extranjería, pues, lamenta, el borrador como está actualmente obliga a las personas que quieran regularizar su situación a través de vías como el arraigo, a partir de una situación de irregularidad, “eso impide que una persona solicitante de protección internacional que no está en situación de irregularidad pero tampoco tienen una situación regular 100% pueda solicitar el arraigo incluso cumpliendo los requisitos”. 

Las organizaciones proponen la “flexibilización de la figura de la reagrupación familiar para procurar el derecho a la vida en familia de las personas migrantes”

Muñoz recuerda que no hay ningún argumento en las leyes que justifique esta incompatibilidad, y sin embargo esto tiene graves consecuencias en solicitantes de asilo, que mientras ven sus trámites extenderse en el tiempo sin que se resuelva su solicitud, no pueden optar a regularizarse por otras vías. Teniendo en cuenta que para resolver la solicitud de asilo los plazos pueden extenderse a dos y tres años, hay personas que acaban renunciando a la protección internacional para poder regularizarse por arraigo, explica la coordinadora jurídica de Cear, quien añade que es justo el trabajo diario con personas que se encuentran con estas situaciones lo que les empuja a demandar que se elimine esa incompatibilidad entre lo que define como dos procesos distintos: el del solicitante que pide protección, y el de la persona que pide que se le autorice a residir en España. 

Para las organizaciones también se puede ir más lejos en cuanto a “las vías de entrada seguras y regulares”. Proponen la “flexibilización de la figura de la reagrupación familiar para procurar el derecho a la vida en familia de las personas migrantes y la rebaja de los períodos de residencia exigidos para solicitar las autorizaciones de residencia y trabajo”.

Que los niños y niñas nacidos en España tengan autorización de residencia es una de las principales propuestas, defiende Slepoy. “El objetivo es impedir que cualquier niño o niña nacido aquí pueda encontrarse en situación administrativa irregular y por tanto en situaciones de desprotección y vulneración de derechos”. También proponen que tanto las exigencias económicas como los criterios habitacionales que se les piden a las familias para materializar la reagrupación sean revisados, pues algunos términos son muy difíciles de cumplir tanto por las condiciones de las viviendas y los contratos de trabajo que se piden, como por la situación de precariedad en la que muchas familias pueden encontrarse. “Queremos flexibilizar esto para que prime el interés superior de los menores”, defiende la integrante de la Red Acoge.

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Pero las condiciones que enfrentan las personas migrantes, más allá de las normativas, tienen que ver con los medios que se ponen a disposición para su concreción: en este sentido las entidades también apuntan a la gestión de los trámites, que siendo principalmente online, generan una gran brecha digital, que junto a la falta de traducción de la documentación, hace de estos procesos un ámbito prácticamente insondable para muchas personas. 

Frente a esto, en el comunicado proponen que se refuercen las vías presenciales para tramitar los expedientes de extranjería, al mismo tiempo que se generan “puntos de información, acompañamiento y orientación a las personas”. Para esto, recuerda Slepoy, es necesario “que haya recursos, que haya mucho más personal en este ámbito”, también es imprescindible  que se asigne un presupuesto adecuado, subraya. 

Desde Cear Muñoz abunda en este sentido, pues, además de la brecha digital, que implica la necesidad de dar a las personas otras opciones para tramitar su documentación, el sistema de citas colapsa recurrentemente: “hay oficinas provinciales que están más saturadas que otras, pero sobre todo en las provincias donde hay más población migrante, nos encontramos no ya con retrasos, sino que directamente no consigues citas disponibles”.  Muñoz considera que, aunque a veces lo pareciera, no es ningún imposible que la administración pública dé citas en tiempo y forma, ya lo hace con tantos otros trámites como la declaración de la renta, por ejemplo. “Creo que se tienen los elementos y la pericia técnica para poder hacerlo igualmente con la población migrante”, remacha.

Otra de las propuestas de las entidades sociales, es apuntalar la protección del “acceso a la justicia y la denuncia segura”, por parte de las víctimas de delito que estén en situación irregular

Otra de las propuestas de las entidades sociales, es apuntalar la protección del “acceso a la justicia y la denuncia segura”, por parte de las víctimas de delito que estén en situación irregular, “de manera que la condición de víctima prime sobre el estatuto de residencia, y puedan evitarse situaciones de gran desprotección, expulsión, infradenuncia e impunidad del denunciado/infractor”, desarrollan en su comunicado.

Y es que, como explica Slepoy, más allá de incluir escenarios concretos de protección de víctimas, como en los casos de violencia de género, trata o delitos de odio, la integrante de Red Acoge reivindica que las entidades llevan años reclamando que “a ninguna víctima de delitos se la pueda incoar expediente de expulsión y por lo tanto obstaculizar el acceso a la justicia y a una denuncia segura”. Una demanda que está en línea con las recomendaciones de la Fiscalía General del Estado. 

Las organizaciones cierran su comunicado manifestando su intención de seguir dialogando para una transformación del reglamento de extranjería que permita “desarrollar una política migratoria que no solo ponga el foco en las necesidades del mercado laboral español, sino que se aborden todos los obstáculos normativos y estructurales que impiden a la población migrante su plena participación en la sociedad española en igualdad de derechos”. Poner, en definitiva, la perspectiva de las personas migrantes en el centro. Tanto Muñoz como Slepoy consideran que la mejor forma de luchar contra el racismo y el alarmismo frente a la migración es garantizar que las personas migrantes tengan los derechos que les corresponden como a cualquier otro ciudadano “Cuando las personas tienen un compañero de trabajo, un compañero de centro de estudios de sus hijos o un compañero en el centro de salud que es migrante y conocen su realidad, es más fácil que no cale ese discurso de odio que estamos viendo”, apunta la integrante de Cear. Para ello, considera Slepoy: “tenemos la oportunidad de que la reforma vaya mucho más allá de lo que hay”.

La ILP a la espera

Personas y colectivos migrantes llevan desde 2020 persiguiendo una regularización extraordinaria del cerca de medio millón de personas en situación administrativa irregular que se calcula residen en el Estado español. El movimiento Regularización Ya, ha estado al frente de este pulso, liderando —junto a otras organizaciones articuladas en la Plataforma Esenciales— la ILP por la Regularización que después de un accidentado camino entre citas electorales, llegó en abril al Congreso. Y ahí sigue, sin que se esté avanzando en su trámite. 

Silvana Cabrera, integrante de Regularización Ya, explica cómo el pasado domingo organizaron una pequeña campaña de comunicación con el fin de recordar a los diputados, que ayer lunes se reunían en la mesa grande del congreso, que es hora de pasar a la siguiente fase: abrir el plazo para que los partidos puedan introducir enmiendas parciales a la propuesta, después de que solo Vox presentara una enmienda a la totalidad.

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PSOE y PP tienen mayoría en esta mesa grande, y desde Regularización Ya, que se ha reunido con Sumar, Podemos y otros partidos que apoyan la regularización estos días, manifiestan su preocupación por la nula interlocución que han podido tener con el PSOE: “Creemos que ahora mismo, abriendo el año parlamentario y con los temas de migración en el ojo del huracán, nos están dilatando aún más la ILP”, lamenta Cabrera. 

A las gentes de Regularización Ya, los anuncios de nuevas reformas en el reglamento de extranjería les dejan un poco escépticas: “no es más que poner parches, a día de hoy tampoco tenemos datos de cómo realmente han beneficiado las últimas reformas”. De hecho, explica Cabrera, están a la espera de que les informen del alcance de la reforma de Escrivá, aprobada en 2022. Su escepticismo viene también de la constatación del colapso del sistema de citas. 

“Creemos que si este año no se aprueba la ILP, va a ser otro año más de vidas truncadas”, alerta Cabrera, después de comentar con consternación los tintes que ha tomado el debate migratorio este verano en el estado, o las noticas que vienen de una Alemania cada vez más contundente en sus medidas contra las personas migrantes, mientras avanza la extrema derecha. 

Ante este panorama de ascenso de un sentido común que señala a las migraciones como problema, Cabrera piensa que “el PSOE no está a la altura, no creo que lo haya estado nunca”, y critica que en la mayoría de los partidos políticos el “único discurso que se escucha”, sea el de la criminalización. Sin embargo, opina, el PSOE tiene muy fácil desmarcarse del discurso racista: sobre la mesa tiene la ILP, un trabajo ya hecho, que le permitiría enfrentarse “a una extrema derecha que avanza a toda velocidad, y parece imparable”.

“Hace cuatro años que vamos detrás del PSOE, y hasta el día de hoy no hemos podido tener una reunión institucional. Es desesperante. Es agotador”

Abrir el periodo de enmiendas parciales, potestad de la mesa grande que se reúne cada martes, es necesario también para poder modificar una ILP redactada hace ya tres años, en 2021. “Hace cuatro años que vamos detrás del PSOE, y hasta el día de hoy no hemos podido tener una reunión institucional con esta gente. Entonces eso es realmente preocupante. Es desesperante. "Es agotador”, expresa la activista, quien recuerda que este pulso lo están dando desde sus vidas precarias y sin contar con recursos materiales que apuntalen tanto esfuerzo. 

Pero tanto las reformas del Reglamento de Extranjería como una hipotética regularización confluyen en la misma necesidad: unas instituciones que cuenten con suficientes recursos y personal para completar los trámites. De hecho, considera Cabrera, ya que se dieran detalles de cuánto se ha invertido en este rublo para financiar la reforma de Escrivá sería todo un avance. Aunque el problema de fondo persiste: “el hecho de hacer constantemente oídos sordos a un movimiento que ha llevado la regularización dos veces al Congreso. No querer sentarse a dialogar y ver cuáles son las vías”. 

Para Muñoz, si bien es fundamental que la ILP salga adelante, recuerda que está formulada para que quienes hayan llegado hasta el país hasta una fecha en concreto puedan regularizar su situación. “En el reglamento lo que se está planteado, y es donde nosotros también incidimos para que se profundice, es que haya estas vías de regularización, no como una foto fija hasta tal fecha —algo que es muy necesario, admite— sino que más allá de esta foto fija, se facilite la regularización de las personas que van llegando”. 

Slepoy considera que la rebaja en los tiempos necesarios para solicitar arraigo por circunstancias excepcionales, introducida en la reforma, podría limitar los periodos de irregularidad de las personas migrantes. Lo que quieren, es una rebaja mayor de esos tiempos, por ejemplo, el arraigo sociolaboral que ahora se sitúa en dos años, podría descender a 18 meses, como han propuesto desde las seis entidades.

La integrante de la Red Acoge aboga por empujar tanto por medidas más ambiciosas en la reforma del reglamento como por la ILP: se trataría de, por un lado, consolidar mecanismos permanentes que faciliten la regularización, y por otro, aprobar una necesaria regularización extraordinaria. Considera pues que ambas iniciativas serían complementarias.