Fronteras
Las entidades colaboradoras asumen la responsabilidad de que la regularización extraordinaria salga adelante

Miércoles 29 de abril, unas cincuenta personas hacen cola apoyadas en la fachada del Centro de Empoderamiento de las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, sede de Servicio Doméstico en Acción en Madrid (SEDOAC). No son trabajadoras que hayan venido a formarse, sino hombres y mujeres de distintas edades y orígenes que acuden a la organización para que facilite su proceso de regularización. Como el resto de las decenas de entidades colaboradoras, esta Asociación encabezada por personas migrantes está lidiando con el grueso del proceso de regularización. Ofrecen cercanía con las comunidades, y la voluntad activista de que esta oportunidad salga adelante para el mayor número de personas posibles. Y lo hacen sin ningún recurso o refuerzo por parte de la administración.

Un hombre sobre los cuarenta y otro más joven conversan apoyados en la pared, han llegado juntos  después de que una amiga en común les pusiera en contacto. No son del barrio pero han visto en las redes que ese centro funciona, que están atendiendo a la gente. Ambos son latinoamericanos: el mayor ha tenido suerte, hace poco más de cinco meses que llegó al país el tiempo necesario para entrar en un proceso que a su llegada no se podía imaginar. Dice estar tranquilo, confía en que en esta entidad pueda conseguir su certificado de vulnerabilidad. Tras tres intentos fallidos de empadronarse en los Servicios Sociales del ayuntamiento, ni siquiera ha intentado esa vía para obtener un documento que en principio también podría tramitar allí. 

“Hemos llegado sobre las nueve de la mañana y llevamos una hora esperando, es importante estar tranquilos, si empezamos a agobiarnos y a venir a dormir y a hacer caso de las redes sociales, acabamos nosotros mismos generando caos”, explica el hombre, aunque entiende también la preocupación y el estrés de gente que lleva muchos años en situación irregular y quiere resolver su situación. A unos metros de la fila, una mujer mira el móvil. Ella cuenta con permiso de residencia, lleva más de 20 años en el país, llegó con contrato desde Colombia. Está aquí para acompañar a su sobrina. También está tranquila y también viene de otro barrio. Tienen una abogada que ya estaba siguiendo el caso de la joven. Espera que todo salga bien.

Ya han transcurrido las dos primeras semanas desde que comenzara el proceso de regularización, un momento esperado por las más de 500.000 personas en situación irregular que residen en España. El hecho de que se aprobara avanzado abril, cuando los plazos que se había barajado en el anuncio del acuerdo entre Podemos y el Gobierno arrancaban a principios de ese mes, ha generado un cierto caos inicial. Ante la imposibilidad de llevar el fin del proceso más allá del 30 de junio, a pesar de los esfuerzos de Regularización Ya para conseguirlo, el plazo inicial de tres meses, que ya se consideraba muy acotado, se reducía a dos meses y medio. Mientras, personas migrantes, colectivos y administraciones, se encontraban con un requisito para algunos casos, el informe de vulnerabilidad, que había intentado descartarse en las negociaciones.

Con la versión del Real Decreto Ley final, y conscientes de la confusión y la ansiedad que se ha generado en torno, desde Regularización Ya se está haciendo una amplia campaña pedagógica en las redes sociales. Un buen ejemplo es una Guía paso a paso publicada en Instagram en la que desgranan causísticas, requisitos, posibles beneficiarios, etc, de una forma sintética y clara. Sin embargo, son conscientes de que siempre quedan dudas “Sabemos que el proceso no es nada sencillo y que hay muchas más preguntas. Recuerda que hay entidades en todo el territorio que asesoran y acompañan de manera gratuita”, explican en su post, invitando a consultar la lista actualizada de entidades colaboradoras, que sigue creciendo. “Juntas hacemos red”, concluye el movimiento.

Colectivos, entidades y activistas haciendo red

“Al principio ha sido todo muy difícil, porque hay muchas personas que no entienden cómo funciona la regularización, no tienen acceso a buena información y además se encuentran con abogados que se quieren aprovechar” explica Lamine Sarr, portavoz de Regularización Ya e integrante del Sindicato de Manteros de Barcelona, entidad que no solo ha sido durante estos años un pilar de la lucha por la regularización, sino que acaba de ser habilitada como entidad colaboradora, y por tanto, puede acompañar a las personas que quieran regularizar su situación.

Sarr considera que las colas que salpicaron las noticias los primeros días se debían a la confusión, con gente que incluso pensaba que había un cupo de 500.000 personas que se podrían regularizar, quedándose fuera quienes no llegaran a tiempo. “No es así, las personas que cumplen los requisitos suficientes para presentarse pueden beneficiarse de esta regularización. Pero muchísimas personas migrantes no lo entienden de esta manera por esto que están pagando abogados hasta 400€, o pagan por el certificado de vulnerabilidad a 50 € y no hace falta. Nosotros estamos también para avisar de estas cosas”. Cuenta que la campaña de Regularización Ya en las distintas redes sociales, busca que la gente se tranquilice, tenga paciencia y se tome el tiempo de buscar los papeles necesarios, “lástima que nosotros no podemos llegar a todo el mundo y muchas personas creen lo que escuchan en las falsas informaciones que les llegan desde las redes sociales”.

“Nosotros siempre hacemos el trabajo que deben hacer las administraciones, desde acompañar a las personas para empadronarse, o asesorar a quienes acaban de llegar”

Desde Regularización Ya se luchó mucho para que las entidades y los colectivos pudieran colaborar, previendo que podían darse estas situaciones: “Nosotros siempre hacemos el trabajo que deben hacer las administraciones, desde acompañar a las personas para empadronarse, o asesorar a quienes acaban de llegar”, explica Sarr, quien lamenta que las ONG más grandes, aquellas que reciben subvenciones de las administraciones, no estén empujando el proceso, mientras  entidades como la suya asumen el compromiso: “Somos conscientes de cuáles son las fechas, de que las personas están muchas veces desesperadas, y vamos a hacer lo necesario. Aunque no tengamos recursos, queremos que todas las personas puedan salir del agujero de la irregularidad”. Desde el sindicato se están organizando para que el mecanismo sea ágil y no tener que enfrentar un panorama de colas. Ya han empezado a registrar los casos, y esperan ponerse enseguida a tramitar las solicitudes.

La lista de entidades va creciendo, sin embargo, no todos los sitios están igual de cubiertos, y en algunos territorios aún se echan en falta más manos. SOS Racismo Galicia es una de las primeras entidades colaboradoras que aparecen en una lista organizada por orden alfabético, al tener sede en A Coruña. Una de sus abogadas, Esther Lora, intuye que es por estar encabezando la lista que no les paran de llegar consultas, muchas desde fuera de la comunidad autónoma, un volumen que dado que son pocas personas, no pueden afrontar. “Tenemos muchísimo trabajo, y tuvimos muchísima angustia al principio, los primeros días. Primero, porque lo del informe de vulnerabilidad es una cosa que metieron después de que el Consejo de Estado dijese que la presunción [el hecho de que la sola irregularidad fuera suficiente para acreditar vulnerabilidad] no les valía. Eso está triplicando el trabajo porque en algunos territorios hay muy pocas entidades en relación a la población que podría regularizarse”, explica Lora. 

La abogada expone que en su organización han decidido priorizar la tramitación completa, pues están detectando que mucha de la gente que llega por el informe de vulnerabilidad tenía en su horizonte pagar por los trámites. “Estamos alucinando con la cantidad de gente que está cobrando ya por estas tramitaciones. Yo le pregunto a la gente que me pide el informe quién le va a hacer la tramitación. Y me dicen que un abogado o una gestoría a los que van a pagar, entonces les decimos que nosotros lo hacemos gratis y así estamos evitando que paguen”.

La gente acude a por el informe de vulnerabilidad porque los criterios en los ayuntamientos son dispares, y no pueden afrontar esas cotas de incertidumbre. “El tema es que dependiendo de cada ayuntamiento se están organizando un poco como van pudiendo. Aquí en Vigo yo hablé con la concejala y nos dijeron que les iba a hacer informe a aquellas personas que fueran usuarias de los servicios de atención primaria del Ayuntamiento, que al resto no”. Además, las personas se ponen nerviosas y trámites como pedir por registro el informe y esperar 7 días se hacen eternos, sobre todo si no tienen la certeza de que llegará.

Lora cuenta que desde que se anunciara la regularización en enero en SOS Racismo Galicia ya habían empezado a hacer un trabajo previo con charlas y formaciones, preparándose para el momento en el que se abriera el proceso. La idea es poder llegar a todo el mundo y para ello han habilitado un correo para que quienes lo tienen más claro y cuentan con todo la documentación la envíen en pdf, y se pueda tramitar directamente, pudiendo entregar en dos días el justificante de la presentación. Pero también tienen citas presenciales para quienes tienen más dificultades. “Tenemos oficinas solo en Vigo y en A Coruña, pero atendemos a gente de toda Galicia, claro”.

“Tenemos que seguir el proceso hasta el final, porque somos representantes en el procedimiento y todas las notificaciones nos llegan a nosotros. No es presentar y ya está”

Como Sarr, Lora lamenta que la desinformación en redes sociales haya puesto a la gente nerviosa, con vídeos en Tik Tok e Instagram diciendo que se estaban denegando las solicitudes. “Sin embargo, justo hoy, [el jueves] empezaron a llegar ya las primeras admisiones a trámite, que yo no tenía ninguna fe en que cumplieran el plazo de los 15 días”. La activista explica que las personas que está atendiendo son casi todo latinoamericanas, principalmente personas colombianas, venezolanas y peruanas. Piensa que esto se debe en primer lugar a que son la mayoría de la población migrada al territorio pero también que personas de otras nacionalidades también presentes, como marroquíes y senegaleses, están teniendo más dificultades para acceder a documentación como los antecedentes penales.

Lora critica no ver en el listado de entidades colaboradoras en Galicia a las más grandes, aquellas que cuentan con más personal y recursos del estado. “Nosotras somos una entidad pequeñísima, igual que el resto de las gallegas”, mientras que otras organizaciones que también trabajan con personas migrantes, entidades más grandes, con recursos públicos, les están mandando las personas que vienen a consultarles, “no tiene ningún sentido”. Por su parte está mentalizada para pasar los próximos dos meses sentada delante de una pantalla presentando solicitudes: “Esto es mi prioridad absoluta hasta el 30 de junio, intentar que nadie se quede fuera es nuestra prioridad”.

Y como Sarr, es también crítica con los ayuntamientos, que están desplazando la responsabilidad de hacer informes de vulnerabilidad a organizaciones pequeñas que no cuentan con los recursos para ello, una forma de “privatizar” un servicio que corresponde a las administraciones públicas. Además, el trabajo de tramitar no termina con completar la solicitud, “tenemos que seguir el proceso hasta el final, porque nosotros somos representantes en el procedimiento y todas las notificaciones nos llegan a nosotros. No es presentar y ya está”.

Autoorganización dentro de las entidades

Desde la sede madrileña de una organización más grande Carla [no es el nombre real] explica que después de dos semanas de bastante caos, las trabajadoras se han autoorganizado y siente que ya han empezado a ser más eficaces. Ante el inesperado requisito del informe de vulnerabilidad, esta trabajadora, muy involucrada en el movimiento antirracista, cuenta que las directrices en la entidad no eran claras al inicio, considerando que el Ministerio también tuvo responsabilidad en esta confusión inicial: “Estamos arrastrando una cadena de información parcial, algunas veces contradictoria, que llegaba del Ministerio a las entidades colaboradoras y después de las entidades colaboradoras a las personas que terminamos atendiendo directamente, y de ahí a la gente que viene a pedir el informe”.

Si bien durante la primera semana se encontraron con filas en la puerta de sus oficinas por la mañana, ahora lo que hacen es dar citas presenciales a las personas que se habían apuntado esos primeros días de desconcierto, llamándolas por teléfono. Se están encontrando con que el 20% de personas ya lo habían solucionado con otra entidad, en la mayoría de los casos personas que están haciendo el trámite con abogados, o que han visto cómo presentar el trámite por su cuenta, en correos. Respecto a los demás, Carla considera que quienes están accediendo a las citas presenciales son también casos más complejos, como algunos que no necesitan informe de vulnerabilidad pero que encuentran dificultades para entregar otros documentos que justifiquen sus casos concretos.

“Lo realmente complicado para muchas personas va a ser conseguir a tiempo y con todas las legalizaciones y sellos los antecedentes penales. Más si es alguien que ha estado en varios países”

Para Carla, estas dos primeras semanas han servido para acabar de afinar el proceso, ante la enorme responsabilidad de garantizar que la documentación se esté tramitando correctamente, que sirva para lo que tiene que servir, que la gente acceda a la regularización sin tener que hacer frente a errores. “Yo creo que ahora por fin, estamos cuadrando y encajando mejor la forma en la que dar los informes”, apunta. En su entidad, como en otras, según presume, han empezado abordando los trámites de personas que ya participaban en sus proyectos o actividades. No es un proceso rápido, explica, porque dentro de las propias entidades que se dedican a múltiples cuestiones, quienes están habilitadas para hacer el trámite son pocas. “En un día tenemos 100 personas que están pidiendo citas y solamente hay dos personas subiendo trámites online. Entonces ahí se crea un embudo súper importante”.

Pasados los días, la trabajadora considera que el informe de vulnerabilidad es un trámite que aunque haya asustado a la gente, no va a suponer un obstáculo, de hecho considera que lo que procede es señalar la situación de irregularidad dentro de la lista de supuestos por los que la persona se declara vulnerable, una decisión que considera política. “Lo realmente complicado para muchas personas va a ser conseguir a tiempo y con todas las legalizaciones y sellos los antecedentes penales. Más si es alguien que ha estado en varios países”.

También dificulta el hecho de que en ciudades como Madrid, el acceso a documentación en los recursos municipales no está siendo nada fácil, lamenta. Pero se muestra crítica asimismo con entidades colaboradoras como la suya, que, sabiendo que juegan un papel central, “las primeras semanas lo que hemos hecho ha sido provocar mucha ansiedad a la gente porque estaban en filas infinitas y en las que claramente no podíamos decirles en qué momento les íbamos a poder dar realmente el informe de vulnerabilidad”. La trabajadora se muestra optimista en cuanto a a superar esa desorganización inicial ahora que más gente de la entidad en la que trabaja cuenta con información, son más manos trabajando y están organizando mejor los turnos.

Respecto a la gente que están atendiendo, de nuevo, la mayoría son de América Latina, aunque también llegan algunas personas de Bangladés o Pakistán, así como de China. Lo que le más le ha llamado la atención es que viene mucha gente de fuera de Madrid. No solo de fuera de la ciudad sino de otras localidades en Castilla la Mancha “en algún momento dijimos pero ¿por qué no vas a Toledo o a Ciudad Real, que te podrían derivar a algún recurso allí?, algunas personas nos decían que desde su pueblo era más fácil llegar a Madrid. Otras, que prefieren venir aquí”. Carla considera que parte de sus compañeras puedan sentir que están viviendo una sobrecarga laboral sin ninguna compensación, algo que se está recogiendo en distintas reivindicaciones sindicales, pero en su caso, como activista antirracista comprometida con la regularización, su percepción es distinta: “esto es algo que yo ya hago desde el activismo y que lo pueda hacer en horario laboral, me parece maravilloso”.

Un balance desde quienes acompañan

No solo las entidades colaboradoras acompañan, los movimientos antirracistas de los distintos territorios se han volcado en un proceso que consideran clave. En Madrid, la Asamblea Antirracista por la Regularización, publicaba el pasado 30 de abril un balance de los primeros días de regularización, en el que criticaba la complejidad del proceso, “que pone en amplia desventaja a quienes no disponen de tiempo, dinero y acceso digital”, también denunciaba que muchas personas no tienen claro cuál es el formulario que deben usar, sobre todo en situaciones que implican menores, algo que, temen, podría derivar en la presentación de “solicitudes incorrectas que derivarán en requerimientos de subsanación”.

En su comunicado también apuntaban a la diversidad de criterios en la administración. Denunciaban asisimismo  que el trámite sea costoso (38,28€ ), —especialmente para las familias, pues deben de pagarse las tasas por persona y unidad familiar— así como la dificultad de realizarlo cuando no se cuenta con NIE. También mostraban su preocupación por la saturación de los sistemas de citas previas, o las “diferencias de horarios y disponibilidad según cada organismo (Seguridad Social, Correos, Extranjería), sin información unificada accesible”. Además, apuntaban a que la diversidad de criterios con el informe de vulnerabilidad es enorme y dificulta el proceso, al carecerse de instrucciones claras en servicios sociales, con casos en los que se niega la tramitación o donde los centros pueden exigir el empadronamiento para dispensarlos. Situaciones que han despertado las críticas de CNT Comarcal Sur quien valora denunciar el Ayuntamiento de Madrid “por posibles prácticas de prevaricación, al considerar que las instrucciones trasladadas a los servicios sociales obstaculizan el acceso, particularmente en lo relativo a la emisión de los certificados de vulnerabilidad”.

Desde la Asamblea también denuncian la denegación de atención o falta de diligencia en algunas oficinas de correos, especialmente con personas que no hablen español o no vengan acompañadas. También denuncia la situación que sufren algunas comunidades ante la dificultad de acceder a antecedentes penales en sus país, es el caso de Guinea Ecuatorial, Venezuela y Nicaragua. Por otro lado, señalan “incertidumbre sobre cómo acreditar 5 meses de permanencia en España”, desconociendo cuánta documentación es suficiente y si salidas puntuales del país pueden incidir en cómo se contabiliza la estancia.

Por, último, entre varias cuestiones, apuntan a la falta de “coordinación institucional y criterios homogéneos”, así como a la disparidad de recursos según los territorios. En general, explican: por parte de la Comunidad de Madrid y algunos de los ayuntamientos, se combina una realidad de falta de refuerzo de personal y recursos, con casos de obstaculización voluntaria del proceso. Por ello, desde la articulación demandan transparencia en cuanto al número de solicitudes recibidas, en trámite, o que hayan de ser subsanadas, la clarificación y homogeneización de criterios, y la formación a todos los actores implicados. También demandan que se eliminen las barreras de idioma, que se asegure el acceso  al informe de vulnerabilidad y que se refuercen tanto los sistemas de cita previa como la atención presencial.

Un apoyo desde la universidad

El informe de vulnerabilidad también ha sido objeto de cuestionamiento desde una perspectiva jurídica. La Universidad de La Rioja y la Clínica Jurídica de Acción Social de la Universidad de Salamanca han presentado un informe que cuestiona este requisito. En este marco, La Red Española de Clínicas Jurídicas comenzaba una campaña, solicitando adhesiones para “instar al Ministerio de Inclusión a flexibilizar este requisito”. Lo que argumentan las dos clínicas que han impulsado el informe, es que el requisito de acreditar la vulnerabilidad, contradice el “principio de buena regulación recogido en el artículo 129 de la LPAC”, en ese sentido argumenta que puesto que “la norma construye la vulnerabilidad a partir de la propia situación de irregularidad administrativa, exigir un certificado adicional resulta una carga tautológica e injustificada que la Administración debería asumir de oficio”.

Así, el citado informe apunta lo que ya se ha registrado desde entidades colaboradoras o grupos de apoyo: la existencia de desigualdades territoriales según la disponibilidad de entidades colaboradoras en la zona o la accesibilidad de los servicios sociales, y la escasez de un plazo que termina el 30 de junio de 2026, algo que convierte a estos certificados en un “obstáculo procedimental potencialmente irreversible”. Ante ello la Red Española de Clínicas Jurídicas proponen al gobierno que respete el derecho a no aportar datos que la administración puede obtener de oficio, que los certificados se puedan obtener a partir de declaraciones responsables —algo que ya hacen algunos ayuntamientos—, y que el justificante de presentación de la solicitud ya sea suficiente para continuar con el proceso.