Fronteras
La masacre de Amendolara pone de relieve la explotación de los jornaleros en el campo italiano

Para el Gobierno y la prensa de derecha, lo ocurrido en Amendolara, un pueblo de Calabria de tan solo 2.500 habitantes, no es más que un episodio más de crónica de sucesos, que demostraría la urgencia de endurecer las medidas contra la inmigración clandestina, “generadora de ilegalidad y delincuencia”. Pero la masacre de trabajadores inmigrantes ocurrida el 1 de junio en Italia —en vísperas del 80º aniversario de la proclamación de la “República fundada en el trabajo”— ha vuelto a situar en el centro de la atención las condiciones de cientos de miles de jornaleros agrícolas, normalmente invisibles.

La investigación fue rápida, ya que la cámara de una gasolinera grabó toda la escena. A plena luz del día, dos “caporales” paquistaníes —reclutadores de jornaleros— rociaron con gasolina una furgoneta en la que viajaban cinco trabajadores, cuatro afganos y un paquistaní, empleados en la recolección de fresas en Scanzano Jonico (Basilicata). A continuación, le prendieron fuego, quemando vivos a los temporeros. Solo se salvó Taj Mohammad Alamyar, un afgano de 35 años que logró escapar del maletero de la furgoneta antes de que fuera demasiado tarde.

Según los estudios, en las zonas rurales italianas trabajan, mal pagados y explotados, 200.000 jornaleros extranjeros en situación irregular

Para sus compañeros, dos jovenes de 19 años y dos hombres de 28 y 29, no hubo nada que hacer. Gracias a las imágenes grabadas y a los testimonios, los dos asesinos fueron identificados y detenidos con gran rapidez. Son Ahmed Safeer, conocido como 'Bat', y Ali Raza; ambos de 32 años. Según la investigación, los dos capataces querían castigar a los jornaleros que pedían que se les pagara y se quejaban de que se veían obligados a vivir con otras cinco personas en una habitación, alquilada por quienes los explotaban.

Limitarse a la crónica no permite ver la escena completa, porqué en el terrible vídeo de Amendolara falta alguien. Están las víctimas, cinco jóvenes inmigrantes, y los verdugos que, como suele ocurrir, también son extranjeros y también han trabajado en el campo. Pero faltan los explotadores, que son italianos y todavía no tienen nombre. “Si realmente se quiere hacer justicia, hay que reconstruir toda la cadena de explotación“, subrayan los sindicatos y los activistas de las asociaciones que luchan por los derechos de los jornaleros que, a decenas de miles, se desplazan entre Calabria, Basilicata y Apulia, trabajando diez, doce horas al día a cambio de salarios de miseria, hacinados en alojamientos improvisados y sometidos a vejaciones indescriptibles. No es ningún secreto, denuncian los sindicatos, que en el territorio de Cosenza, pero también hasta Matera y Taranto, la agricultura se gestiona a través del ”caporalato", que es ilegal pero se tolera.

Según los estudios, en las zonas rurales italianas trabajan, mal pagados y explotados, 200.000 jornaleros extranjeros en situación irregular. Muchos de ellos solicitan la regularización, pero deben esperar más de un año para obtener el permiso de residencia y, mientras tanto, son reclutados como esclavos para los trabajos estacionales. Diez años después de su aprobación, la ley de 2016 contra el caporalato —que castiga con penas severas tanto a los empresarios como a los intermediarios— sigue sin aplicarse. Aunque la ley prevé la concesión del permiso de residencia a los trabajadores indocumentados que denuncien la explotación, el proceso para obtenerlo es largo y complicado, lo que obliga a la mayoría de los inmigrantes a someterse a los abusos de los caporales.

Formalmente, las víctimas de Amendolara habían sido contratadas de manera regular hace unos meses. Taj, antes de desaparecer sin dejar rastro, contó que le habían prometido 48 euros por cada día de trabajo de ocho horas. Pero los gastos de transporte hasta los campos —a cargo de los caporales— y los de comida y alojamiento se comen la mayor parte del sueldo, que así queda reducido a solo 350 euros al mes, mientras que las fresas recolectadas se venden entre 7 y 10 euros el kilo. En el último mes, sin embargo, los caporales paquistaníes ni siquiera han pagado a los jornaleros esta ridícula cantidad de dinero.

Las sumas destinadas a los jornaleros, correspondientes a lo previsto en el contrato de trabajo, se ingresaban en tarjetas de prepago a nombre de los trabajadores, pero gestionadas en realidad por los caporales, que se quedaban con la mayor parte o la totalidad del salario. La misma crónica nos dice que la explotación no se limita a los campos y los invernaderos, a lo lejos de nuestros ojos.

A principios de junio, se descubrió en Milán que en la construcción del nuevo Consulado de los Estados Unidos en Piazzale Accursio estaban trabajando, sin medidas de seguridad, cuatrocientos obreros traídos expresamente desde la India. La empresa turca encargada de las obras les pagaba dos euros la hora y les obligaba a trabajar incluso cuando estaban enfermos. Quien no podía trabajar más de tres días seguidos era enviado inmediatamente de vuelta a la India por los “intermediarios”.

Unos meses antes, sin embargo, la policía había descubierto que decenas de obreros chinos, que trabajaban hasta 12 horas al día y dormían y comían dentro de la misma fábrica, confeccionaban por unos pocos euros bolsos de lujo que luego se vendían a 1.500 euros en las tiendas del centro de Milán. Las grandes firmas de la moda salieron indemnes de la investigación, ya que el trabajo lo gestionaban algunas empresas externas dirigidas por otros chinos y los clientes no están obligados por ley a controlar las condiciones laborales aplicadas.

En esos mismos días, en la provincia de Mantua, los carabineros descubrieron un taller clandestino en el que quince trabajadores en negro preparaban paquetes trabajando toda la noche durante 12 horas seguidas a cambio de apenas nueve euros en total, 75 céntimos por hora.

Desde el mundo de la moda hasta los repartidores, desde los astilleros navales hasta los campos de fresas o tomates, pasando por las grandes obras de construcción, el modelo de explotación de la mano de obra extranjera es el mismo, ante la mirada de unas instituciones que hacen la vista gorda y que, ante casos como el de Amendolara claman al escándalo y prometen cada vez poner las cosas en su sitio.

Pero la situación no hace más que empeorar, mientras que los controles son cada vez más escasos, debido a que los distintos gobiernos siguen recortando los fondos destinados a los inspectores de trabajo y a los departamentos de la Policía que deberían ocuparse de ello. Los datos difundidos por el Observatorio Placido Rizzotto —una fundación creada por el sindicato CGIL y dedicada a un jornalero y sindicalista siciliano asesinado por la mafia en 1948— hablan por sí solos. En 2025, los casos de explotación detectados pasaron de 834 a 12.49, lo que supone un aumento de casi el 50%.

En el caso de Amendolara, los investigadores aseguran que la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, no tiene nada que ver con la masacre. Los mafiosos nunca habrían actuado a plena luz del día y, además, ante las cámaras. Pero los vínculos entre quienes explotan a los jornaleros extranjeros y el crimen organizado —que a menudo recurre a grupos criminales formados por los propios inmigrantes, utilizando la división en comunidades y las relaciones de clan— son ya generalizados.

La masacre de los jornaleros quemados vivos en Calabria desconcierta, como es comprensible, sobre todo por la brutalidad de la muerte a la que fueron sometidos cuatro jóvenes. Sin embargo, no nos encontramos ante el caso excepcional de una ejecución bárbara, sino ante un ejemplo extremo de una violencia que representa la punta de un iceberg mucho más vasto y que a diario no merece ni la atención de los medios ni la de la clase política. Por mucho que haya causado consternación e indignación, la masacre de Amendolara pronto quedará en el olvido, sustituida por otro suceso de actualidad, mientras que demasiadas personas se han limitado a descartar esta enésima tragedia como el resultado de una guerra entre bandas de extranjeros.