Frontex
Frontex: la agencia que marca el paso a la política migratoria europea

Un informe del Centre Delás en colaboración con Irídia radiografía la opaca Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas cuyo presupuesto ha escalado vertiginosamente a pesar de haber sido señalada por sus vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos.
Frontex
8 feb 2024 06:40

20 años tiene el Frontex y son 20 años de polémica. De las dos décadas de opacidad que caracterizan a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, el Centre Delàs d'Estudis per la Pau viene registrando el último lustro, con informes anuales en los que tiene como objetivo fiscalizar un actor fundamental para las políticas migratorias europeas que viene creciendo vertiginosamente en el marco de securitización de las fronteras. En esta ocasión, el Centre Delàs ha elaborado su informe de la mano de Irídia.

Con el nombre de ‘Quién vigila al vigilante’, el documento, que será presentado esta tarde en Las Palmas, realiza una fotografía de una agencia que no deja de crecer en “recursos, funciones y efectivos”. Los números son claros: desde 2019 hasta 2022, el presupuesto de Frontex ha aumentado en un 55’15%, es decir, un incremento de más de 2.000 millones de euros en cuatro años. Un periodo en el que se gastó la mitad de todo el presupuesto de 17 años, es decir, en los 13 años anteriores se consumieron el 45% de los fondos. Una imagen clara de la apuesta por esta agencia.

“El Frontex siempre ha representado el brazo armado de la política de militarización de las fronteras de la Unión Europea, dentro de esta guerra que ha declarado a los migrantes”, explica el activista Sani Ladan, quien recuerda que el propio Pedro Sánchez señaló a la frontera sur como frente en la cumbre de la OTAN de 2022. Ladan es uno de los tres autores que firman el informe junto a Ainhoa Ruiz Benedicto y  María Fraile Moreno.

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Si algo ha crecido en este marco es la política de retorno: una elección que también se traduce en un visible incremento del presupuesto, de los 80 mil euros que se gastaron en 2005 a tal fin, en 2020 se había pasado a más de 69 millones. En el informe se retoma el concepto de “‘orbanización’ del derecho de asilo en la UE” para referirse a la sistematización del retorno de las personas migrantes.

Siham Jennifer Korriche, integrante de Irídia, es una de las personas que presentarán el informe durante la jornada del 8 de febrero. “Frontex está para imponer un modelo de control de fronteras. Un modelo opaco y sobre todo un modelo impune”, destaca. Frente a esos 69 millones destinados a retornar a las personas migrantes, el Frontex dedicó solo un millón a la Oficina de Derechos Fundamentales (FRO) de la institución en el mismo año. La FRO, creada como respuesta a los numerosos casos de vulneraciones de los derechos humanos que arrastra la Agencia, es la encargada de fiscalizar el cumplimiento de estos derechos, si bien, como sucede a las organizaciones civiles, se topa con múltiples obstáculos en su labor. Sobre las herramientas con las que cuenta la FRO, apuntan en el informe: “cabe preguntarse si realmente son mecanismos efectivos para la rendición de cuentas de una Agencia cuyas funciones y mandato en materia de política exterior europea van en aumento, atribuyéndole cada vez una mayor autonomía operativa, inclusive en el uso de armas de fuego”.

Entre las principales vulneraciones de derechos humanos perpetradas por el Frontex cabe destacar las expulsiones colectivas, una práctica contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo Protocolo cuatro, en su cuarto capítulo prohíbe expulsar en ausencia de un examen individual de cada solicitud de asilo.

“Derechos humanos tan básicos como el libre movimiento y el asilo son sistemáticamente vulnerados en los espacios fronterizos de todo el mundo”

En este sentido, el documento recuerda que en el momento en el que nos encontramos, la securitización de la frontera anula completamente la perspectiva humanitaria: “derechos humanos tan básicos como el libre movimiento y el asilo son sistemáticamente vulnerados en los espacios fronterizos de todo el mundo”. Frente a ello, destaca el trabajo colectivo para vigilar a quien vigila, mencionando a otros colectivos importantes para la elaboración de informe como son  PorCausa, Caminando Fronteras, Transnational Institute, Novact, Ongi Etorri Errefuxiatuak, CEAR.

Desde la perspectiva española, recuerdan, se ha podido ver con claridad la evolución de Frontex. El estado tendría tres operaciones activas: Índalo, Hera y Minerva. En Índalo, liderada por la guardia civil y que cubre la zona del Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, se pasó de contar con nueve oficiales de Frontex a 257, en 2021. No solo sube en personal, el presupuesto se dobla entre 2017 y 2018, al incorporarse fuerzas navales y aéreas del ejército español, en lo que en el informe se define como “un paso más en la militarización de las migraciones”.

Minerva, liderada por la policía nacional, se desarrolla en los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta, mientras que Hera se viene ejecutando desde 2006 en el área de Canarias y la costa de África occidental. Así, los informes del Frontex demuestran que España va más allá de realizar operaciones conjuntas con la agencia en la frontera Sur, también se encarga de liderar operaciones de la Agencia en terceros países como Mauritania, en el marco de una política de externalización de la gestión fronteriza.

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Korriche afirma que no es casual que la presentación del informe sea en Canarias, un punto central de la frontera Sur, en el que, en el marco de Hera, se dificultan las travesías de las personas migrantes provocando cientos de muertes en el océano de aquellos que toman rutas cada vez más peligrosas. Una vez aquí, recuerda cómo Frontex presiona a las personas migrantes en los interrogatorios:  “¿Qué es lo que hace Frontex en esta entrevista? Bueno, pues fundamentalmente, aplicar el enfoque criminalizador de las migraciones y buscar por supuesto los patrones de las embarcaciones, que para ellos basta con que llevaras una brújula o un GPS o te encargaras de la gasolina o de cualquier cosa”.

Mientras las personas migrantes son acusadas de tráfico, las vulneraciones de derechos en la frontera sur siguen adelante con pocas resistencias: la masacre del Tarajal de la que recientemente se han cumplido diez años, el hacinamiento en Arguineguín, o los hechos del 24 de junio de 2022 en Melilla, junto a la voluntad de impedir que las personas migrantes se desplazaran a la península, refrendan una política basada en el blindaje de las fronteras.

Las operaciones de Frontex, se explica en el informe, se realizan en colaboración con las fuerzas de seguridad nacionales. Con una financiación que viene principalmente de la Comisión Europea, complementada en grado menor con presupuesto de los países Schengen, la agencia ha pasado de contar con una gran partida de recursos compartidos, a dotarse de recursos propios, algo que se contemplaba en la normativa (2019/1896).

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Y es que, volviendo al tema central de los retornos, el informe señala que a partir del 2016, la agencia pasaría de realizar “operaciones de cooperación en el retorno”, a adquirir un mayor protagonismo, en lo que pasaron a llamarse, “operaciones de apoyo al retorno”. Así, recoge la investigación: “En 2018 ya se crea el ‘European Center for Return Division’, en este momento Frontex coordina y cofinancia las operaciones de retorno de los miembros del espacio Schengen y también puede hacerlo por iniciativa propia”. Si bien la opacidad respecto a los retornos también es enorme, el  propio Frontex reconoce haber devuelto a 18.300 personas en 2021.

Para ejecutar los retornos, la agencia cuenta con sus propios agentes uniformados que trabajan junto a las autoridades nacionales, su misión: “garantizar una gestión europea integrada de las fronteras exteriores con miras a la gestión eficiente de las fronteras respetando los derechos fundamentales”. Para 2027, revelan, los efectivos trabajando para Frontex serían 10.000, 3.000 de ellos estarían afiliados directamente a la agencia.

Esta centralidad de Frontex implica que, a pesar de que sean los estados miembros a quienes les corresponde decidir sobre el retorno, Frontex tiene un rol fundamental a la hora de ejecutarlos. “Lo que realmente quiere la Unión Europea es una política de impedir la llegada, no una política de respetar los derechos de las personas que ya están aquí para darles una acogida”, afirma en este sentido Ladan, quien recuerda cómo se asocia la idea de ofrecer un trato digno con un presunto “efecto llamada”.

Una de las funciones de Frontex consiste en la recopilación de datos necesarios para proceder al retorno: datos biográficos y biométricos que formarán parte de una base de datos centralizada, que podrá contar con hasta 300 millones de archivos. Además, la agencia se encargará de que los estados adapten sus sistemas informáticos para posibilitar el intercambio de información. Desde las organizaciones se alerta de esta iniciativa, que pone en riesgo la protección de datos, señalan, además de apuntar hacia una normalización del perfilamiento racial.

El incremento de recursos y poder de Frontex no solo se cierne sobre las personas migrantes sino también sobre la soberanía de los estados. La normativa habilita a la Agencia para evaluar la gestión de las fronteras de los países miembros, estando estos últimos obligados a tomar medidas para resolver las fallas que Frontex señale en sus políticas de frontera. El margen de los gobiernos se reduce a la nada a la hora de decidir sus propias políticas migratorias. Si los gobiernos no pueden decidir, menos lo hará la sociedad civil que encuentra límites al no poder reclamar a sus políticos lo que se acaba decidiendo en otras esferas ajenas a la presión civil.

Tampoco la Corte Penal Internacional, ante la que se denunciaron presuntos ataques sistémicos contra las personas migrantes por parte de Grecia y Frontex en el Egeo, se ha pronunciado. Mientras, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalaba la actuación de Frontex en abril de 2022, ante dos denuncias similares a las presentadas ante la CPI.

En esta persecución de las personas migrantes, Frontex recurre a todos los medios militares y tecnológicos a su alcance, explica el informe. “Desde el uso de drones,pasando por helicópteros, satélites, torres de vigilancia, cámaras térmicas, sondas de CO2, detectores de ritmo cardíaco, geo-radares, hasta el uso de datos biométricos (...), todos esos medios están siendo utilizados para alejar a civiles desarmados que ejercen su derecho a la movilidad”.

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A quienes consiguen llegar a territorio europeo, el Frontex no les reserva un buen trato. En la mencionada operación Índalo, las entrevistas del Frontex a los supervivientes —que en muchos casos se realizan sin presencia de un abogado, con las personas retenidas y con riesgo de ser deportados— han tenido graves repercusiones legales para las personas migrantes, en el mencionado marco de criminalización, donde se imputados a muchas personas por delitos de tráfico de personas. 

 “¿La ciudadanía europea es consciente del grado de racismo y xenofobia que destilan las políticas migratorias de la UE, las cuáles se financian con recursos públicos?, se preguntan en el informe. Una pregunta urgente ante un “proceso securitario global que se está dando en todo el mundo”.

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