Galicia
El PP impulsa una plataforma para reclamar el fin de la concesión de la AP-9 que Aznar blindó hasta 2048

Esta mañana, en el Parador de Santiago, se presentó la Alianza del Noroeste AP-9 y AP-66, una plataforma impulsada por la consultora de comunicación MundiNova que reúne a las patronales de Galicia, Asturias y Castilla y León y a los representantes de los tres gobiernos autonómicos. El objetivo declarado es exigir al Gobierno español que cumpla con el dictamen de la Comisión Europea e impulse la anulación de las prórrogas de las concesiones de ambas autopistas. En este contexto, es necesario explicar las decisiones que dieron lugar a esas prórrogas y el procedimiento por el que fueron aprobadas.

La operación de Aznar

En el año 2000, el gobierno del PP presidido por José María Aznar concedió directamente a la empresa Audasa una ampliación de 25 años de la concesión de la AP-9, extendiéndola hasta 2048, sin convocar ningún concurso público. La legislación española vigente en aquel momento exigía expresamente que cualquier extensión de una concesión se adjudicase mediante un proceso competitivo abierto. El gobierno conocía esa restricción. En lugar de respetarla, la eliminó.

Según documentó el diario Público, tres años después de la prórroga, en mayo de 2003, el BOE publicó en sábado una nueva ley de concesiones que, en su disposición derogatoria, suprimió el artículo que obligaba al concurso abierto. Cuatro días más tarde se anunció la venta de la empresa pública propietaria de Audasa a un consorcio liderado por Sacyr, constructora cuyo titular acabaría imputado por la Audiencia Nacional en la trama Gürtel por financiación ilegal del PP.

La Comisión Europea, en el marco de su expediente de infracción relativo a la concesión de la AP-9, consideró que la prórroga otorgada en el año 2000 fue ilegal y constituía una modificación sustancial del contrato que debería haberse sometido a procedimientos de licitación acordes con el derecho de la Unión Europea. Mariano Rajoy heredó esa situación y no la corrigió. 

Durante ese período, la Xunta de Galicia solicitó en diversas ocasiones el traspaso de la titularidad de la autopista. El Gobierno central, a través del Ministerio de Fomento dirigido por Ana Pastor, rechazó esa posibilidad al considerar que no se daban las condiciones legales y competenciales para la transferencia de la AP-9.

Mientras tanto, Audasa siguió cobrando. La concesionaria registró beneficios históricos en 2025, y las bonificaciones y subvenciones públicas cubrieron casi el 40% de su facturación en el primer semestre del año. El coste de mantener unos peajes que la propia UE declaró ilegales recayó, en buena parte, sobre las arcas públicas.

El pasado mes de mayo, el BNG impulsó en el Congreso un acuerdo con PSOE y Sumar para desbloquear la ley de transferencia de la AP-9. El PP votó en contra en la ponencia parlamentaria. El BNG le acusó de llevar “una década boicoteando la transferencia” y de no querer el traspaso “ni ahora ni nunca”.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, valoró con ironía la creación de la nueva plataforma y dio “la bienvenida a una reclamación tan justa”, al tiempo que recordó que su formación lleva “mucho tiempo en esta lucha”. Señaló que las decisiones adoptadas en el pasado siguen teniendo efectos sobre el actual sistema de peajes, que considera condicionado por esas actuaciones. Finalmente, reiteró el compromiso del BNG de continuar con su labor política “hasta conseguir una AP-9 gallega y libre de peajes”.

La Alianza del Noroeste se presentó hoy como una plataforma “transversal, abierta y plural”. Lo que no explica es que las mismas siglas que firman la Declaración de Compostela fueron las que, desde el gobierno central, crearon la situación que hoy denuncian y las que bloquearon, durante años, cualquier intento de resolución.