La Xunta de Galicia encargó a una empresa vinculada al Partido Popular y a Audasa, concesionaria de la AP-9 (autopista del Atlántico), el informe sobre el rescate de la misma autopista. Lo hizo, además, a través de una contratación menor —es decir, que se puede licitar a dedo sin concurso público— de 17.917,79 euros, incluyendo el IVA. La empresa en cuestión es Eptisa Servicios de Ingeniería, desde 2016 participada mayoritariamente por el grupo chino JSTI pero que se hizo grande al calor de cientos de contratos con la administración pública y con una pieza clave en su presidencia en Galicia, el exconselleiro de Agricultura con Manuel Fraga, Tomás Pérez Vidal, que disfruta hoy de un puesto de alto funcionario en el Consello de Contas gracias a la mano del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La licitación, publicada en el poco accesible Portal de Transparencia del Gobierno gallego, corrobora cómo, además, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de María Martínez Allegue llevó al límite el presupuesto para poder encargarlo sorteando los concurso públicos. A través de la Axencia Galega de Infraestruturas pagó exactamente 14.808,09 euros sin IVA a Eptisa, es decir, tan solo 191,91 euros por debajo del límite legal para hacerlo por esta vía.

Al margen de los vínculos políticos entre el pasado de la empresa y cargos históricos y actuales del Partido Popular, quizá sea más relevante el vínculo económico y millonario entre esas dos multinacionales: Audasa, del Grupo Itínere, y Eptisa, del Grupo JSTI. No están ocultos, aunque tampoco son especialmente transparentes. Es necesario recurrir a documentos públicos y a la prensa económica para ver la larga relación en la que Eptisa ha ido proveyendo servicios de ingeniería a la concesionaria de la autopista del Atlántico a través de diferentes maneras, la mayoría inaccesibles para la ciudadanía al tratarse de negocios de empresas privadas, aunque una sea, realmente, una concesionaria.

Sin ir más lejos, en una de las últimas obras de gran calado que tuvo la AP-9, en su tramo a la entrada de Vigo, en Chapela, fue Eptisa, “por encargo directo de Audasa”, quien creó “el contenido y la documentación” del anejo con el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible argumentó las expropiaciones necesarias de casas y terrenos para las obras mencionadas.

Esta redacción ha preguntado a la Xunta si el histórico vínculo político de la empresa con el exconselleiro del Partido Popular, Tomás Pérez Vidal, y el económico, con la concesionaria de la AP-9, Audasa, podrían haber influido en un posible conflicto de intereses. Desde el gabinete de la conselleira María Martínez Allegue se han limitado a decir que la Xunta “encargó un estudio para estimar el coste del traspaso de la AP-9 a una empresa experta e independiente” y a cargar contra el ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), por sobreestimar y modificar varias veces las cifras de ese potencial traspaso. Además, El Salto le ha solicitado al Gobierno gallego la totalidad del informe, dada su dimensión de documento público pagado con dinero de las gallegas y los gallegos. La respuesta ha sido el envío de una presentación en Power Point de 15 diapositivas y el vínculo a una nota de prensa del día en que se presentó el documento. En cambio, se han negado a hacer público el informe que ha costado 17.917,79 euros.

¿Por qué es importante el informe del coste del rescate de la AP-9?

Lo que se disputa en esta guerra a tres bandas entre la Xunta, el Ministerio de Transportes y el partido líder de la oposición en Galicia, el BNG, es sencillo de entender, pero complejo de accionar. El sentir general de los y las usuarias de la autopista más concurrida y cara de Galicia —viajar entre Vigo y A Coruña son casi 40€ solo en peajes—, agrupados bajo la asociación En Colectivo, es que su precio es desorbitado además de estar enriqueciendo a un fondo de Países Bajos llamado APG. Por ello, además de la demanda activa en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desde 2019, se ha reclamado en varias ocasiones su rescate, eliminar de una vez sus peajes y transferir su titularidad al Gobierno gallego. Pero aquí llegan los choques y los intereses políticos.

Por un lado, el Ministerio de Transportes de Óscar Puente dice que esa concesión que dio el Gobierno de José María Aznar en 2004 hasta 2048 no es cosa suya y será, en todo caso, el TJUE quien decida, en esencia, si acabar con el peaje o convocar un nuevo concurso para adjudicar la gestión de la autopista del Atlántico. Puente dice que de rescate nada, que su Gobierno “no es responsable”. Para alimentar su argumentario, ha ido improvisando cifras: “Transferir la competencia de la AP-9 tiene un coste de entre 1.260 y 2.600 millones, y rescatarla costaría 4.000 millones. El Ministerio de Transportes no puede asumir 6.000 millones, pero si alguien pone el dinero y nos dice de dónde sale, nosotros encantados de rescatarla y de transferirla”. Nadie sabe todavía los documentos que acreditan estos números.

La Xunta por su parte, con el informe que ha dado pie a esta información, rebaja el malestar de la financiación aunque con una horquilla imprecisa. El estudio encargado cifra en 526 millones de euros el coste de la transferencia de la autopista AP-9 a Galicia y el rescate oscila, dicen, entre 1.612 millones y 2.355 millones. El último partido en encargar su propio trabajo ha sido el Bloque Nacionalista Galego a la Universidade da Coruña (UDC). Según el trabajo dirigido por los investigadores Carlos Aymerich, exdiputado del BNG en el Congreso y secretario general de la UDC, y José Antonio Blanco, los costes de la transferencia y rescate la AP-9 serían 904,7 millones de euros. La clave que diferencia a este estudio de lo conocido en el encargado por la Xunta es que argumenta que Audasa no tendría derecho a ser compensada por el dinero que dejaría de ganar hasta el final del período de explotación basándose en la presunta ilegalidad de la concesión del Gobierno de Aznar en 2024.