Galicia
La Xunta de Galicia autoriza una mina a cielo abierto de 1.000 hectáreas para extraer cuarzo

En el año 2017 Erimsa —Explotación de Rocas Industriales y Minerales, S.A.— tramitó las primeras solicitudes para permisos de investigación mineros en la comarca coruñesa de Ordes. El Sindicato Labrego Galego y los vecinos afectados presentaron más de 200 alegaciones solo para el proyecto Xanceda 7138, centrado en 781 hectáreas de Mesía, la mayoría en suelo de especial protección agraria.

El sindicato ya advirtió entonces que la empresa estaba fragmentando sus proyectos en la comarca para no generar alarma social. Sumando todos los permisos en fase de investigación, la superficie total llegaba a las 6.721 hectáreas, con más de 200 granjas y 500 puestos de trabajo directos afectados.

Casi una década después, la Xunta ha otorgado otra concesión de explotación a Erimsa en la comarca. Una mina a cielo abierto de 1.000 hectáreas y una proyección de 30 años de actividad para extraer cuarzo en los municipios de Frades, Mesía, Ordes y Oroso, todos en la provincia de A Coruña.

El pasado octubre la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sustentabilidade aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, concluyendo que la mina es “ambientalmente viable”. Este documento fue firmado por María José Echevarría Moreno, directora general de Calidade Ambiental e Sustentabilidade; y por Alejandro Carrera López, subdirector general de Avaliación Ambiental. Los mismos cargos que en marzo de 2025 firmaron la DIA favorable a la fábrica de celulosa de Altri en Palas de Rei.

Lo que no se ve bajo tierra

Ramón Barreiro, del gabinete jurídico del Sindicato Labrego Galego (SLG), explica el mecanismo de la extracción: la empresa retira la capa vegetal superior de las fincas, remueve las capas inferiores para cribar el cuarzo y después restituye el material. El problema, dice, es lo que no se ve. “Eso modifica la estructura que se ha ido formando en el suelo a lo largo de muchos años. Es una degradación constante del suelo como medio de producción”, alerta.

La propia DIA, en su apartado sobre aguas, recoge que la extracción del cuarzo supone “irremediablemente una alteración en la granulometría y en la permeabilidad del terreno”. El documento admite que este efecto puede provocar “una considerable disminución de la capacidad de infiltración” que podría alterar tanto los regímenes hídricos superficiales como la recarga de los acuíferos.

El SLG alerta además de que al remover el subsuelo y volver a asentarlo, el agua moviliza metales pesados, alterando la composición química del suelo y de las aguas subterráneas de la zona. El proyecto prevé excavar entre 2 y 4 metros de profundidad, pero Barreiro señala que en la práctica eso es variable. “En zonas con abundante material, la empresa llega a trabajar a 6 u 8 metros de profundidad”, explica.

Concentración parcelaria para uso minero

Ya en 2018 el sindicato denunció a la empresa Erimsa ante la Fiscalía por realizar trabajos extractivos en la zona sin las licencias preceptivas. La empresa hacía campañas de verano, aprovechando los permisos de investigación, en zonas donde no tenía autorización para extraer.

Ese mismo año, en el marco del permiso minero Xanceda 7138, la Dirección Xeral de Gandaría e Agricultura emitió un informe que, según documentó la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), “rechazaba el proyecto con rotundidad” y consideraba el plan de restauración “poco concreto”, con problemas serios de acidez del suelo y de necesidad de tierra vegetal.

Posteriormente, el mismo departamento publicó un segundo informe de una única página en el que, tras reunirse con la empresa, dio por buenas sus promesas. Adega calificó el episodio como “otro ejemplo más de la absoluta sumisión de la Xunta al lobby minero”.

Actualmente toda la concesión minera está sobre terrenos que han sido objeto de concentración parcelaria. La Xunta reorganizó esas tierras para uso agrario y ahora autoriza extraer cuarzo en ellas. Para Barreiro, la contradicción es flagrante.

La estrategia comercial de la empresa también ha generado tensión en las aldeas. La concentración parcelaria entrega a los propietarios fincas reorganizadas que, con frecuencia, necesitan trabajos de acondicionamiento antes de poder cultivarse: retirada de raíces, nivelación del terreno, limpieza de piedras.

Erimsa ha aprovechado esa circunstancia para acercarse a los nuevos titulares con una oferta aparentemente ventajosa: arrendarles la finca, extraer el cuarzo y devolvérsela ya nivelada y lista para usar, sin coste alguno para el propietario. “Era una propuesta muy atractiva para quien le resultaba costoso acondicionar la finca por sí mismo”, reconoce Barreiro.

Pero arrendar la finca a Erimsa tiene consecuencias administrativas inmediatas, ya que la DIA recoge expresamente que las parcelas arrendadas no podrán declararse en la PAC durante los años que duren los trabajos. El titular pierde las ayudas agrarias de ese período, y las superficies inscritas en régimen de producción ecológica pierden esa condición.

Treinta años de mina en una comarca ganadera

La comarca de Ordes es uno de los núcleos ganaderos más relevantes de Galicia. Barreiro describe explotaciones con cargas ganaderas “bastante elevadas” y granjas que dependen de acceder a un número suficiente de fincas de pastoreo, que cambian de año en año según los contratos de arrendamiento.

Cuando en 2017 el SLG denunciaba la fragmentación de los permisos de Erimsa, identificaba cuatro proyectos en marcha o en fase de investigación en la comarca: Xanceda 7138, Marís, Andrea 7137 y Lamosa. La concesión ahora otorgada es el resultado de años de tramitación de esos permisos.

Durante el período de información pública el proyecto ha recibido 177 alegaciones de personas físicas y jurídicas. La mina se proyecta íntegramente sobre suelo de uso agrario, por lo que la empresa no prevé expropiaciones; su modelo se basa en el arrendamiento temporal de las fincas a los propietarios, con la promesa de devolverlas a su uso anterior una vez finalizados los trabajos. Es precisamente ese modelo el que el SLG lleva años cuestionando. La restauración, dicen, es inviable cuando se extrae el mineral que da estructura al subsuelo.