Genocidio
Karim Khan: el tipo duro que ha puesto contra las cuerdas a Netanyahu y de los nervios a Biden

La decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de solicitar órdenes de detención contra los jerarcas israelíes responsables de la masacre de Gaza genera división entre los países europeos e indigna al gobierno de Estados Unidos.
Criminal Court
Karim Khan, fiscal del Tribunal Penal Internacional. Foto: Dutch Ministry of Foreign Affairs 2022.
21 may 2024 15:56

Tiene fama de duro, pero hasta este año también se le había colocado como un fiscal alineado con la visión de Estados Unidos de la política internacional. Su reacción contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova —comisionada rusa de derechos de la infancia— después de la invasión rusa de Ucrania y ante la sospecha de crímenes de guerra, le había granjeado los aplausos de “Occidente”. Antes de que comenzara el genocidio en Gaza, Karim Khan era, de hecho, visto como un amigo de Israel, puesto que había hecho poco —según las organizaciones no gubernamentales— en las investigaciones sobre la ocupación del territorio palestino.

Pero los anuncios de lo que estaba por llegar respecto a Israel ya habían puesto al jurista británico Khan en el disparadero y ayer, 21 de mayo, cuando se confirmó que por primera vez se juzgará a dos líderes occidentales y socios de Estados Unidos —Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant— las amenazas se han convertido en estupor.

Khan ha pasado a ser el enemigo público número uno para Israel, y el Gobierno de Estados Unidos encabeza el coro que quiere acabar con el Tribunal Penal Internacional, el organismo de La Haya en el que se recibieron las órdenes de persecución a los jerarcas israelíes responsables del genocidio que tiene lugar desde el pasado 7 de octubre, en el que han muerto más de 35.000 personas.

Israel no es uno de los 124 países que forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y no reconoce su jurisdicción, como tampoco lo hace Estados Unidos

En una entrevista con CNN posterior al anuncio de la tarde de ayer, Khan defendió que “nadie está por encima de la ley” en clara alusión a los líderes israelíes, a los que investiga por cargos de exterminio, el uso de la hambruna como método de guerra —denegando suministros de ayuda humanitaria— y el ataque deliberado a civiles en conflicto. “Nadie, por cuestión de nacimiento, de pasaporte, de religión, nacionalidad o por el color de su piel tiene un pase de salida de la cárcel, no tiene un salvoconducto para decir que la ley no se le aplica a él”, señaló el fiscal del TPI.

Lo cierto es que Khan puso ayer sobre la mesa uno de los secretos a voces que han rodeado históricamente la acción del Tribunal Penal Internacional, acusado de seguir criterios imperialistas en su seguimiento de casos. “Algunos líderes electos me lo han dicho de manera muy directa: esta corte ha sido creada para África y para matones como Putin... Nosotros no lo vemos así. Este Tribunal es el legado de Nuremberg [en referencia a los juicios a los jerarcas nazis tras la II Guerra Mundial]; este Tribunal es un triste proceso a la humanidad; este Tribunal debe ser el triunfo de la ley”.

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Críticas de Estados Unidos e Israel

“Escandalosa” ha sido la palabra más repetida en el puente aéreo entre Washington y Tel Aviv. Benjamin Netanyahu compareció anoche para explicar que el ataque contra su persona es un ataque contra todo Israel y que forma parte del “nuevo antisemitismo que se ha trasladado de los campus universitarios a La Haya”.

Pese a que, en las últimas semanas, ha querido mostrar distancia con Netanyahu, el presidente de EE UU, Joe Biden, se manifestó en contra de la solicitud y aseguró que “permanecería junto a Israel contra las amenazas a su seguridad”. En su comunicado oficial, el Departamento de Estado de Anthony Blinken ha insistido en la cuestión de la jurisdicción no reconocida al TPI.

Según un portavoz de esa oficina, las denuncias de parte de Palestina por crímenes de guerra deberían dirigirse a los tribunales israelíes. En Israel el argumento es el mismo: que su poder judicial independiente es “capaz de abordar cualquier presunto acto ilegal”. 

En la misma línea de adhesión incondicional al régimen sionista de Netanyahu, uno de los responsables de Asuntos Exteriores del Reino Unido criticó la “comparación indigna y ridícula” entre Hamás e Israel. Hasta ahora, el Gobierno de Rishi Sunak se ha negado a revisar su política de comercio de armas con Israel, lo que —si prosperan los cargos por crímenes de guerra— puede acarrear condenas contra sus cómplices.


Israel no es uno de los 124 países que forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y no reconoce su jurisdicción, como tampoco lo hace Estados Unidos. Pero, en caso de que se emitan las órdenes de detención ante un caso por crímenes de guerra, Netanyahu y Gallant afrontarían riesgos de arresto si viajan a uno de ese centenar largo de países. Además, el hecho de que pasen a estar investigados señala a quienes hagan negocios con Israel por su complicidad en la comisión de crímenes de guerra, algo que puede tener consecuencias inmediatas en lo que se refiere al comercio de armas.

Los países de la Unión Europea reaccionan con tibieza

De momento, el anuncio de la TPI ha conllevado pocas reacciones en España, donde el Gobierno de Pedro Sánchez se centra en el “frente Milei”. Un tuit del Ministerio de Exteriores poco antes de la medianoche del 21 de mayo introducía un llamamiento a que la acción del TPI pueda desarrollarse “libremente y sin interferencias”.


Sí se han manifestado con más detalle los principales Ejecutivos de la Unión Europea. El Ministerio francés de Exteriores ha mostrado su apoyo “a la Corte Penal Internacional, su independencia y su lucha contra la impunidad en todas las situaciones”.

Aun así, el comunicado ofrece un matiz: mientras que no cuestiona las órdenes de detención contra Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri e Ismail Haniyeh, los tres líderes de la resistencia palestina señalados por la Fiscalía, en el caso de Israel, el ministerio de Stéphane Séjourné apunta que corresponderá a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte pronunciarse sobre la emisión de estas órdenes.

“Los crímenes cometidos en Gaza deben ser procesados ​​al más alto nivel, independientemente de sus perpetradores”, ha declarado el Ministerio de Exteriores belga

En efecto, corresponde a las tres magistradas de esa Sala, Iulia Motoc, Reine Alapini-Gansou y la mexicana Socorro Flores Liera, seguir adelante con un proceso que puede marcar un antes y un después para el Tribunal Penal Internacional. 

En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán ha pasado rápidamente por el reconocimiento de la independencia del TPI para después presionar sutilmente a la sala de cuestiones preliminares: “El tribunal tendrá que responder a una serie de preguntas difíciles, incluida la cuestión de su jurisdicción y la complementariedad de las investigaciones entre los Estados constitucionales afectados, como Israel (...) Los líderes de Hamas son responsables de una masacre bárbara en la que hombres, mujeres y niños fueron brutalmente asesinados, violados y secuestrados en Israel el 7 de octubre. (...) El gobierno israelí tiene el derecho y el deber de proteger y defender a su pueblo de esto”.

En dirección opuesta se han manifestado las autoridades de Bélgica e Irlanda. “Los crímenes cometidos en Gaza deben ser procesados ​​al más alto nivel, independientemente de sus perpetradores”, ha declarado Hadja Lahbib, ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica. Su homólogo irlandés ha reafirmado su compromiso con el derecho internacional: “Irlanda condena las recientes amenazas contra el TPI y sus funcionarios: su papel para poner fin a la impunidad es esencial”.

Amenazas a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional

El ministro irlandés Micheál Martin se refería a la carta enviada a Khan por parte de doce senadores republicanos estadounidenses, encabezados por Tom Cotton, de Arkansas, en la que se advertía al fiscal: “Apunta a Israel y nosotros te atacaremos a ti”.


Los senadores esgrimen que, en 2002 —en plena guerra contra el terror—, el Congreso de los Estados Unidos aprobó a instancias de la Administración de George W. Bush la llamada Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense, conocida como “Ley de Invasión de La Haya” dado que, según denunció Human Rights Watch, la norma “autoriza el uso de la fuerza militar para liberar a cualquier estadounidense o ciudadano de un país aliado de Estados Unidos que se encuentre detenido ante el tribunal, que tiene su sede en La Haya”.

Tras la solicitud de las órdenes, el principal lobby prosionista en Estados Unidos, el American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), uno de los grandes donantes de la política bipartidista, ha aumentado sus acciones de presión. “Este caso es peligroso para Estados Unidos. Desde el establecimiento de la corte, los presidentes demócratas y republicanos han optado por no unirse al TPI porque temían juicios por motivos políticos que podrían afectar a nuestros ciudadanos y soldados. Este caso confirma esa decisión. Mientras el TPI presenta acusaciones politizadas e infundadas contra Israel, también puede avanzar con acusaciones igualmente politizadas contra Estados Unidos”, desarrollan en su comunicado tras las medidas tomadas por Khan.

El historial del Tribunal

Hasta la fecha, 31 casos han llegado al tribunal de La Haya, que ha contado con tres fiscales: Khan, su predecesora Fatou Bom Bensouda y Luis Moreno Ocampo. De esos casos han salido cuatro decenas de órdenes de detención, pero solo 21 se han llevado a efecto —ha habido, incluso, países dentro del Estatuto de Roma que no han llevado a efecto los arrestos ordenados desde La Haya—. Antes de trabajar como Fiscal, el propio Khan ejerció como abogado de Charles Taylor condenado por el TPI por el genocidio de Sierra Leona, donde se forjó su fama de letrado implacable dado a los golpes de efecto.

Pese a que, a raíz de las acusaciones a Netanyahu y Gallant, AIPAC ha acusado al TPI de haber gastado 5.000 millones de dólares “para obtener resultados limitados”, lo cierto es que la corte tiene un presupuesto anual de en torno a 170 millones de dólares. Khan ha sido asimismo conocido por haber distanciado a la Fiscalía del Tribunal de las ONG y asociaciones de la sociedad civil que históricamente han nutrido de contenido y pruebas al TPI.

En febrero de 2021, cuando fue nombrado, Khan era considerado el “favorito de Israel” por el periódico The Times of Israel, que recogía las críticas a Bensouda en su salida por haberse atrevido a investigar las acusaciones de crímenes de guerra contra estadounidenses. Una de las tareas principales de Khan era entonces investigar las circunstancias de la Operación Margen Protector israelí, lanzada contra Gaza en 2014, pero desde su nombramiento se le acusó, por parte del activismo propalestino, de indolencia. 

Las circunstancias han cambiado en las últimas horas. Pese a que Khan también ha solicitado órdenes contra los líderes de las milicias de Gaza —siguiendo la narrativa de la “guerra Hamás-Israel”—, al abrir el campo a la imputación de los jerarcas israelíes ha traspasado una línea delimitada por EE UU, que nunca han visto al jefe de un Estado amigo en un trance semejante. Las peticiones de sanciones contra el tribunal, el fiscal jefe y otros altos funcionarios judiciales son la primera muestra de que el régimen de Netanyahu está en el límite. 

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