Huelva
La fresa de Huelva: de un 2025 récord a otra campaña marcada por vulneraciones de derechos humanos

Hay dos imágenes que contrastan en el entorno fresero de Huelva y apenas las dividen 50 km. En Lepe, al mediodía, algunos trabajadores vuelven a la Residencia Ubuntu —un albergue municipal gestionado por la Fundación Samu desde 2024— y al albergue impulsado por la organización Asnuci en 2021 —tras la jornada. La otra decena de chabolas construidas con palets, plásticos y cartón pueblan el asentamiento de Las Madres (Mazagón), donde viven cientos de personas sin agua y electricidad.

El albergue de Lepe es el primero, municipal, que existe en la provincia y, aunque era un proyecto que se comenzó en 2009, no se puso en marcha hasta hace dos años.  Varios años antes, la asociación Asnuci impulsó un albergue colectivo propio. “Al albergue municipal le falta gestión social; como no lo tienen, somos nosotras quienes les atendemos, ya que son personas sin hablar el idioma o en situación administrativa irregular”, expone Ana Mateos Gómez, la presidenta de la organización.

Entre ambos espacios tienen capacidad para acoger a 192 trabajadores y trabajadoras, en una localidad donde trabajan más de dos mil temporeros. En la localidad se impuso una política de erradicación de las chabolas: “A consecuencia de la reestructuración del chabolismo, el año pasado tuvimos a 300 personas durmiendo en la calle”, expone Mateos.

“No hay necesidad de que una persona, estando en Alemania para poder consumir una fruta, tenga que explotar a una persona en el sur de España”, sentencia Seydou Diop Thiam de Asnuci

Alba Rudolph, secretaria de la organización, explica que, aunque el municipio ha anunciado en diversas ocasiones la “erradicación” del chabolismo, “hay chabolismo vertical, que es una casa normal llena de literas, y meten a dormir a 30 personas; cuando no hay alternativas habitacionales, las cosas se transforman, pero no se erradican”.

En el asentamiento de las Madres Moriba, un trabajador agrícola explica: “Hay muchos problemas aquí, pero los más grandes son la luz y el agua”. Pepa Suárez, de la Asociación Multicultural de Mazagón, denuncia que “han puesto tanques de agua por el camino donde pasan los rocieros y, sin embargo, aquí hay personas que están sacando adelante un negocio millonario y ni agua tienen”.

Además de las dificultades del día a día, los asentamientos sufren incendios de forma continuada. En 2025 se produjeron en la provincia al menos 15 en estos espacios. “Cuando una chabola se quema, no te dejan poner otra; muchas veces, cuando empieza la campaña, un montón de gente tiene que dormir en la calle”, profundiza Moriba.

Desde la mata hasta el plato, la fresa hace un camino donde es testigo de todo tipo de vulneraciones de quienes la recolectan. “No hay necesidad de que una persona, estando en Alemania para poder consumir una fruta, tenga que explotar a una persona en el sur de España”, sentencia Seydou Diop Thiam de Asnuci.

Sin derechos en una industria millonaria

Desde hace más de dos décadas, la provincia de Huelva se convierte de diciembre a junio en el epicentro de la agroindustria y también de la vulneración de derechos humanos.

Según los datos emitidos por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, la industria española del fruto rojo —cooptada en un 95% por la provincia de Huelva—, la campaña de 2025 se cerró con un récord de exportaciones valoradas en 2.100 millones de euros. Entre los días 17 y 18 de junio se celebrará en Huelva el Congreso Internacional de Frutos Rojos, impulsado por Freshuelva, y en el que no participará ningún colectivo en defensa de los Derechos Humanos ni organizaciones de trabajadoras.

Aún no hay datos finales de los beneficios económicos de la campaña que está a punto de terminarse; la tendencia millonaria parece que no va . En esta campaña, las hectáreas cultivadas con respecto a 2025 se han incrementado. Un año más, los beneficios económicos estarán sostenidos por decenas de miles de trabajadores migrantes. Una parte, más de 18.000 personas según la Subdelegación del Gobierno de Huelva, son trabajadoras contratadas en origen, mayormente mujeres procedentes de Marruecos a través de la Orden Gecco, y otras miles de personas migrantes en situación administrativa irregular que no cuentan con contrato y viven en los asentamientos anexos al tajo.

Ambos grupos de trabajadoras y trabajadores están expuestos a la continua vulneración no solo de derechos laborales, sino de derechos humanos; en el caso de quienes viven en los asentamientos, no tienen acceso a electricidad y agua, explotación laboral, agresiones sexuales, violencia verbal y física, entre otras cuestiones que los colectivos por los DDHH llevan dos décadas denunciando.

Contratación en origen y trabajadores sin reconocer

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico Cabrera, en diversas ocasiones ha valorado de forma positiva la orden GECCO y cree que su implantación en Huelva es “un ejemplo a seguir”. La orden recoge, entre otras cuestiones, la obligatoriedad del retorno de las trabajadoras cuando acaba la campaña.

Según la investigadora Marta Molina-Fernández en su trabajo sobre esta orden, “la orden comúnmente denominada orden GECCO expresa que se cumplirá con la normativa laboral del país de destino, España”. Sin embargo, “en el trabajo de campo continuamos viendo a muchas mujeres marroquíes que se desplazan andando por la carretera hasta las fincas, así como trabajando fines de semana y superando las ocho horas”.

A pesar de ello, desde el sector empresarial y las instituciones no se reconoce que los trabajadores en situación administrativa irregular forman parte del sector. Desde que en 2024 Rico es subdelegada, no ha hecho referencia a esta problemática; sin embargo, Molina-Fernández insiste: “Las fincas siguen contratando personal en situación administrativa irregular y les exponen a condiciones peores que cuando formaban parte del contingente de contratación: trabajo nocturno para evitar las inspecciones, jornadas de 60 horas semanales, salarios que no cumplen con el mínimo legal, entre otras situaciones”.

El mismo día que se cerraba Agromig 2026, las organizaciones empresariales Asaja y Feshuelva anunciaban un acuerdo con CCOO para insertar en el mercado laboral a las personas que se encuentran en proceso de regularización. Sin que haya trascendido el texto del mismo ni cuándo se pondrá en marcha.

Lo que está ocurriendo con las mujeres en el campo de Huelva es penal puro y duro, es una trata de seres humanos, son condiciones de esclavitud salvaje”, Estela San José, magistrada.

Una de las grandes críticas a este sistema de contratación es la perfilación de quienes son contratadas. “Se busca un perfil con unas determinadas características: ser mujer, estar casada o viuda, tener menores de 14 años a su cargo y tener menos de 45 años. Con este perfil, las empresas buscan garantías para que las mujeres retornen a su país de origen, basado en que las mismas van a sufrir la presión familiar que garantice dicho retorno”, explica la investigadora. La experta insiste en que estas garantías no son objetivas ni económicas, sino que se basan en criterios subjetivos centrados en la discriminación de género“. Una realidad que ”construye determinadas barreras en la integración de las mujeres marroquíes, aumentando los riesgos de ser captadas por redes de trata“.

Una cuestión penal

Estela San José, magistrada en el Juzgado de lo Penal n.º 3 de Huelva, es tajante al respecto de la situación en el sector de la fresa: ”Lo que está ocurriendo con las mujeres en el campo de Huelva es penal puro y duro, es una trata de seres humanos, son condiciones de esclavitud salvaje".

San José intervino en el Seminario Internacional de agricultura y aigraciones, Agromig, que tuvo lugar a finales de mayo de 2026; en este contexto insistió en que “la mujer trabajadora en el campo de Huelva es la víctima perfecta porque desconoce el idioma, pertenece a otra cultura, está en situación administrativa irregular y empobrecida”, así como en las “irregularidades” de la orden Gecco, “como estar vinculada a un solo empleador durante cuatro años y obligarte a volver a tu país”.

Un actor que podría tener la llave es Inspección de Trabajo; según distintos colectivos sociales, Carmen Vásquez, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, expone en este sentido que “la Inspección de Trabajo tiene un papel fundamental, pero es sabido que el inspector llama al empresario antes de pasar por su finca”. Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva en Lucha, reflexiona: “La Inspección puede intentar hacer su trabajo, pero carece de recursos suficientes para abordar las peculiaridades del sector agrícola y eso limita su capacidad de intervención”.

“Tengo claro que la explotación de los frutos rojos no sería sostenible sobre unas trabajadoras y trabajadores que tuvieran derechos laborales”, expone Soledad Lucero de la asociación Movilidad Humana.

El foco sobre el señalamiento de estas violencias se pone en gran parte de las ocasiones en quienes sufren estas violencias; como explica Beatriz Suárez de la Federación Sur Acoge, “las víctimas están desprotegidas y se les echa encima toda la responsabilidad de los procesos: tienen que denunciar, tienen que enfrentarse a todo, tienen que ser valientes…” Además, pone el foco sobre la falta de conocimiento de las instituciones: “Los procedimientos que se aplican están pensados para contextos laborales normalizados y no se adaptan a un contexto como el agrícola; falta mucha adaptación de la comunidad, de quienes deberían protegerlas, hacia las víctimas”.

Soledad Lucero, de la asociación Movilidad Humana, expone al respecto que la situación de vulnerabilidad junto al miedo “afecta a que se organicen y puedan denunciar”. También es clara sobre una cuestión que sostiene todas estas cuestiones: “Tengo claro que la explotación de los frutos rojos no sería sostenible sobre unas trabajadoras y trabajadores que tuvieran derechos laborales”.

La jueza Estela San José vuelve a ser clara: “El interés de algunas instituciones es que esto siga así porque les beneficia la explotación de estas mujeres; es un sistema que facilita la impunidad. Hay quienes prefieren ignorar la situación porque reconocerla obligaría a actuar y hacer cambios. La falta de voluntad política es evidente; hay interés en mantener el statu quo”.