Huelva
El fuego y la explotación dificultan la regularización de miles de trabajadores de la fresa en Huelva

A escasos metros de la oficina de Extranjería en Huelva, donde al menos 4.000 personas esperan acceder a la regularización extraordinaria, se encuentra la sede local de Vox y, solo un poco más lejos, una gran estatua de Cristóbal Colón preside una de las plazas centrales de la urbe. 

Rabaa espera en frente de la oficina donde se realiza este trámite, lleva más de dos años en Huelva trabajando en la fresa a pesar de ello explica: “He tenido que pagar cinco mil euros a mi jefe por un contrato”. Rachid que también está esperando en Extranjería le da la razón a Rabaa “yo por suerte tengo contrato pero mis compañeros también están pagando hasta seis mil euros por uno”, expone este trabajador que lleva más de 20 años en el Estado español, los dos últimos en Huelva. Ambos esgrimen razones parecidas en su deseo de regularizarse “quiero seguir trabajando”, explica Rachid, por su parte Rabaa comenta que lo hace para “poder mantener a mis hijos”.

Al menos 50 trabajadores migrantes han perdido la documentación para acceder a la regularización tras un incendio en un asentamiento onubense.

La venta de contratos y empadronamientos por parte de los empresarios es una práctica que lleva años realizándose en la provincia y que con el proceso de regularización cobra mayor importancia, ante la urgencia de miles de personas de poder acceder a este proceso. Este “negocio” se une al listado de vulneraciones de derechos humanos que decenas de miles de trabajadores migrantes sufren en los entornos agrícolas tanto de Huelva como de Almería. 

Papeles quemados

La mayor parte de estos trabajadores viven en asentamientos chabolistas sin acceso a luz ni electricidad y expuestos a situaciones extremas como los continuos incendios que asolan estos espacios, el último, el pasado domingo 19 de abril en Lucena del Puerto. 

El fuego ha arrasado 30 chabolas donde al menos 50 trabajadores tenían los documentos necesarios para su regularización. “Los pasaportes, los certificados de antecedentes penales, los certificados de vulnerabilidad, todo ha desaparecido y también la oportunidad que ofrece este proceso, ya que es imposible que puedan tenerlos de nuevo antes del 30 de junio, que finaliza el plazo para presentar solicitudes en esta regularización extraordinaria”, denuncian decenas de colectivos sociales entre los que se encuentran la APDHA, Ecologistas en Acción o Jornaleras de Huelva en Lucha. “El fuego ha quemado sus vidas”, exponen.

Desde Almería Acoge han denunciado que los Ayuntamientos provinciales se están negando a emitir certificados que son “su obligación”.

Entre las personas afectadas se encuentra una trabajadora de la fresa que ha perdido la documentación aprobada para el reagrupamiento con su hija de nueve años que se encuentra actualmente en Marruecos. Los colectivos sociales denuncian que tras el incendio no se ha presentado ninguna administración en el asentamiento. “Es una situación lamentable que hay que abordar con urgencia” , expone Juan Romero de Ecologistas en Acción. “No podemos normalizar que la rentabilidad de la fresa signifique miseria para los trabajadores”, denuncia Pepa Suárez de la Asociación Multicultural de Mazagón. “Son las administraciones y el sector empresarial quienes tienen que buscar una solución”, insiste.

Dificultades en Almería

En el otro extremo de la comunidad, Almería, las decenas de miles de trabajadores migrantes especialmente vinculados al sector agrícola también esperan regularizarse. En la capital, las distintas administraciones están teniendo dificultades para atender el amplio número de demandas que están recibiendo.

Almería Acoge cerró sus puertas el martes ante la incapacidad de poder atender a las miles de personas que esperaban a las puertas de su sede. Juan Miralles, el presidente de la ONG expone que en la provincia “no hay suficientes organizaciones haciendo certificados de vulnerabilidad” y denuncia que los Servicios Sociales y el Ayuntamiento no están colaborando de forma suficiente. 

Muchos consistorios provinciales, según Miralles, se están negando a emitir certificados que son “su obligación”. Este jueves su organización volverá a retomar la atención a las personas que quieran conseguir su certificado de vulnerabilidad.

La Fundación Almería Tierra Abierta ha recordado a la sociedad almeriense que la regularización va a conseguir que “muchas personas inmigrantes que ya viven y trabajan en España pueden mejorar su calidad de vida” lo que supone algo “muy positivo para toda la sociedad”.

Regularización, uso electoralista de la extrema derecha

En ambas provincias la extrema derecha se encuentra muy implantada y serán dos focos esenciales para ella en la precampaña y campaña electoral. En las elecciones andaluzas de 2022 un 12,76% de la provincia de Huelva votó a Vox, un 20,72% en el caso de Almería. En los comicios generales de 2023 los almerienses se decantaron por la extrema derecha un 21,28% y los onubenses un 14,64%. En localidades centrales del sector agrícola de ambas provincias, Lucena del Puerto (Huelva) y El Ejido (Almería), la formación ultraconservadora es la segunda fuerza, por delante del PSOE.

Vox no ha desaprovechado la primera semana del proceso de regularización extraordinaria para hacer campaña con su discurso de odio. En Huelva, el cabeza de lista de la formación ha vinculado en sus discursos la regularización con la presión sobre los servicios públicos, así como a la inseguridad. “Será la población más humilde la que pague los efectos de la regularización masiva de inmigrantes”, ha expuesto el líder ultraderechista.

Un mensaje similar ha tenido el candidato a la presidencia de la Junta de la formación ultra, Manuel Gavira, que desde uno de los bastiones de su organización, El Ejido ha expuesto que “los andaluces sufrirán las consecuencias de la regularización” con bulos como que “vienen más personas, hay menos casas, suben los precios” o que no hay “ni García ni Fernández entre los beneficiarios  de vivienda social”.

Las izquierdas andaluzas temen que este discurso dé alas a Vox de cara a las elecciones andaluzas, dando un giro a la pequeña caída que hasta ahora auguran las encuestas en cuanto a intención de voto. “Oponerse a la regularización masiva es oponerse a la democracia”, ha expuesto el candidato de Adelante Andalucía ante la actitud de la ultra derecha. Por su parte, el líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo ha expuesto que “regularizar es dar dignidad a quien forma parte de la sociedad andaluza”.

La respuesta del candidato del PP a revalidar el título de presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido ponerse de perfil, al contrario que otros líderes de su partido que han criticado la regularización. Moreno Bonilla pretende así no resquebrajar su perfil autodefinido como “moderado” y distanciarse de Vox y de proyectos como el acuerdo al que ha llegado con su partido en Extremadura y Aragón.