Geografía calcinada enfoques - 1

Incendios Forestales
La geografía calcinada del peor verano de incendios forestales

Hasta el 20 de agosto se ha producido el peor verano de la historia en superficie quemada desde que hay registros. La precariedad de los bomberos forestales y la mala coordinación agravan una situación crítica marcada por los efectos del cambio climático.
26 ago 2022 05:57

El registro del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales forma un pico en torno a la vigésimo novena semana del año. La curva muestra los datos brutos de las hectáreas quemadas en 2022. Junto al pico del 23 de julio hay otros dos dientes, correspondientes a las semanas del 18 de junio y del 20 de agosto. Esos tres repuntes son la representación gráfica de la peor noticia del verano. Los datos hasta el cierre de esta edición de El Salto señalan que desde enero han ardido 288.000 hectáreas, una cifra siete veces superior a la media de los 15  años anteriores.

Ha sido, como explicó ayer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera durante la convalidación del decreto de medidas urgentes en materia de incendios forestales promulgado el 1 de agosto, el verano con más grandes incendios —los que afectan a más de mil hectáreas— de la última década y las condiciones de crisis climática anticipadas por el IPCC permiten anticipar que la situación de desertización, olas de calor y sequía van a agravar el riesgo de incendios en todo el territorio, muy especialmente en las zonas de clima mediterráneo y subtropical.

Ribera, que ayer vio cómo era aprobado el decreto con una amplia mayoría (de 265 votos a favor), reconoció que la emergencia climática va a generar “cada vez más incendios con dificultad para ser extinguidos, más complejos” con condiciones, incluso, más difíciles para garantizar los medios y el descanso, para poder operar de forma temprana y con tranquilidad por parte de los bomberos y servicios de extinción, según la propia vicepresidenta tercera.

El texto, que fue aprobado y no será tramitado como proyecto de ley, establece la obligación de presentar planes anuales de prevención, vigilancia y extinción que deben ser aprobados por las Comunidades Autónomas antes del próximo 1 de enero bajo la supervisión del Ministerio de Transición Ecológica. Se busca asimismo el establecimiento de un mínimo de seguridad en los equipos de protección individual (EPI) y una mayor coordinación en el uso de medios aéreos; según Ribera en el presente año se han contabilizado más de 7.000 horas de vuelo de hidroaviones, cinco veces más que la media de los años anteriores.

Las palabras y los fuegos

Bejís (Castelló), Vall d’Ebo (Alacant), Ateca (Zaragoza), Carballeda de Valdeorras (Ourense), la reserva de Monfragüe (Cáceres), o los pueblos del este del Valle del Tiétar (Ávila), forman parte de la geografía de la España calcinada en 2022. Enclaves y pueblos dispares que tienen en común el olor a quemado, el extraño silencio de un paraje sin fauna y una sensación compartida de colapso.

La diversidad de las políticas autonómicas para luchar contra el fuego rompe esa aparente uniformidad. Los incendios se producen en cualquier parte, pero las catástrofes tienen lugar allí donde se expande la precariedad y el abandono, donde las consejerías apuestan por la privatización y la cicatería en salarios y condiciones, donde la especulación con el suelo o los recursos choca con los usos tradicionales del monte y la ganadería. 

Así lo recordaron ayer las voces más críticas con el Decreto aprobado el 1 de julio. PNV, ERC, EH Bildu y Junts recordaron que los sistemas de Catalunya y País Vasco funcionan y denunciaron la deriva recentralizadora que muestra el Real Decreto, especialmente en lo que corresponde a la posibilidad de un mando único cuando el fuego se extiende por dos comunidades diferentes y en lo relativo al papel de la Agencia Española de Meterología como fuente principal para la previsión, lo que deja en segundo plano a Euskalmet y Meteocat.

Políticas de emergencia

Durante la peor semana del peor verano se produjo una reunión en el Ministerio de Transición Ecológica. El 21 de julio, los representantes sindicales acudieron a la convocatoria del secretario de Estado de Medio Ambiente y de la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. El orden del día era la puesta en común de la hoja de ruta para llevar al Congreso el Anteproyecto de Ley del Estatuto Básico de los Bomberos Forestales. Se trata de una de las demandas históricas de estos trabajadores, que reclaman el fin de las condiciones de temporalidad, una edad razonable para la jubilación y el reconocimiento de las enfermedades profesionales que les aquejan. 

Rafael Mayoral, de Unidas Podemos, se refirió a esas condiciones durante la convalidación del decreto ayer en el Congreso: “¿Alguien que se tira de un helicóptero a un incendio se tiene que jubilar con 67 o con 60 años? A esa pregunta hay que responder”, exclamó el diputado por Madrid, que reclamó contingentes de emergencia anuales de prestación pública directa, dado que los “recortes, las privatizaciones y las externalizaciones ponen en peligro el medio ambiente y la vida de personas en este país”, denunció.

En los dos últimos años apenas se ha avanzado en la elaboración del Estatuto, tampoco en la Ley de Coordinación de los más de cien servicios de bomberos profesionales que hay en España. Hay un problema de descoordinación, pero también de falta de efectivos. En España hay 20.000 bomberos, lo que contrasta con los más de 200.000 policías y agentes del orden. Ser bombero forestal, especialmente en algunas comunidades autónomas como Castilla y León, implica vivir en precario.

Zamora
Castilla y León Tres mil personas piden la dimisión del consejero de Medio Ambiente por el incendio de Sierra de la Culebra
Miles de personas procedentes de los pueblos de las comarcas de Sierra de la Culebra, Tábara y Tierra de Alba se concentraron ayer en Zamora para exigir responsabilidades políticas por los errores en el operativo para la extinción del mayor incendio en la historia de España.

Muerte en el campo

Por sus dimensiones y por la reacción que ha generado en Castilla y León, los incendios de Sierra de la Culebra y Losacio se han convertido en un símbolo de todo lo que se tiene que corregir en materia de incendios. La crisis política, dirigida principalmente contra el consejero de Medio Ambiente castellano y leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tiene su extensión en los juzgados, donde se han abierto diligencias —tras una denuncia de Comisiones Obreras— por los posibles hechos constitutivos de delito en el operativo autonómico contra incendios. Con motivo del incendio de Sierra de la Culebra solo se activó a cuatro de las 15 cuadrillas de tierra, menos del 20%, que trabajan en la provincia Zamora pese a las advertencias de la peligrosidad de la posibilidad de incendio, que fue provocado en este caso por una tormenta eléctrica.

Paqui Gutiérrez, teniente de alcalde de Tábara (Zamora), rememora dos incendios, en la Sierra de la Culebra y en Losacio, que han acabado con 60.000 hectáreas de tierra. Gutiérrez habla de la precariedad y de las soluciones, de lo que falló y de las consecuencias que puede tener tanta tierra quemada. “Predecimos el tiempo. Tenemos programas hasta para saber dónde cayó un rayo. Si tú tienes una cuadrilla de forestales que vas aproximando hacia donde tú crees que va a caer el rayo en el inicio se sofoca y se acabó. Podemos hablar del abandono. Podemos hablar de muchas cosas, pero de una falta de efectivos y de una falta de previsión, también”.

Paqui Gutiérrez, teniente de alcalde de Tábara (Zamora)
Paqui Gutiérrez, teniente de alcalde de Tábara (Zamora), David F. Sabadell
Santiago León, cabrero
Santiago León, cabrero. David F. Sabadell


Junto a Paqui Gutiérrez está Santiago León, un cabrero que mastica las palabras y que sabe que él ya no verá otra vez bellotas en su pueblo; su hijo con suerte podrá verlas brotar otra vez. Es la última semana de julio. A pesar de que cuenta por decenas de miles de euros las pérdidas materiales, León celebra que él y los suyos salvaron la vida en el incendio de Losacio, “pero hubo un pastor que no la pudo salvar, que murió rodeado de sus ovejas y la lealtad de sus perros”. Este cabrero denuncia que solo dos brigadas de siete componentes acudieron para afrontar un frente de unos ocho kilómetros, todo un pueblo ardiendo. “También quiero poner de alguna manera en el candelero la muerte de un brigadista. Quería admirar su tesón, la entrega y el esfuerzo, literalmente jugándose la vida por 1.150 euros al mes, sin medios, afrontando el fuego casi a pecho descubierto”. Varias semanas después del incendio se confirmaba la muerte de Eugenio Ratón, la tercera víctima junto al brigadista Daniel Gullón y el pastor Victoriano Antón, del peor incendio en la historia de España. 

La dureza de esta temporada de incendios forestales ha acelerado las demandas de mayor coordinación y de dignificación de las condiciones laborales de los bomberos forestales. La temporada de incendios de 2022 puede haber sido un punto de inflexión, el último periodo sin un estatuto unitario para los bomberos forestales, la consecuencia de décadas de descoordinación. La peor noticia, sin embargo, es que puede ser solo un episodio más en una tendencia que se ve agravada por la crisis climática. Hay margen para evitar que el accidente se convierta en catástrofe, pero no hay mucho más tiempo que perder.

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