Opinión
Drones Euskadi-Basque Country: una apuesta por la economía de guerra

Con el respaldo de la ministra de Defensa del Gobierno Español, Sener ha presentado una maqueta de su nuevo dron SRC-100 Razor “plataforma aérea autónoma recuperable de generación” para misiones en apoyo de fuerzas áreas y conjuntas en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad “World Show” en Riad (Arabia Saudi). Un dron, que puede operar en entornos complejos con obstáculos para las comunicaciones o donde no hay señal de los sistemas globales de navegación de satélite, que ejecuta misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y “operaciones de precisión”.

“Se trata de un arma autónoma no tripulada, relativamente barata y reutilizable, diseñada para portar armamento en misiones militares de ataque y aniquilación de personas.”

Dejando de lado, estos eufemismos corporativo-militaristas, se trata de un arma autónoma no tripulada, relativamente barata comparado con otros drones, con paracaídas para ser reutilizable, que tiene un sistema de navegación independiente, y que -sobre todo- sirve para portar armamento en misiones militares de ataque y aniquilación de personas. En la feria militar de Arabia Saudí, han anunciado que estará lista para verano de este año 2026, y que ya están trabajando en una versión con más carga y alcance.

Gobiernos que apuestan por una economía para la guerra                                                         

En 2022, el anterior Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y la Política de la Seguridad comparaba Europa con un “jardín” y al resto del mundo con la “jungla” advirtiendo sobre la necesidad de un rearme europeo en un entorno global cada vez más inestable.  Dos años después, en marzo de 2024, en el contexto de la guerra de Ucrania y la amenaza rusa, y el genocidio del gobierno de Netanyahu en la confrontación entre Hamás y el ejército de Israel, los jefes de Estado y de gobierno de la UE lanzaban el conocido y cínico mensaje de “si queremos la paz, debemos prepararnos para la guerra” (Si vis pacem para bellum). Y en marzo del año pasado, ante las exigencias del nuevo presidente de los EE. UU y ante la nueva política “realista” de la era Trump, la UE aprobaba el Plan de Rearme Europeo (2025-2030) por un valor de 800.000 millones de €, cuando la historia nos demuestra que la disuasión y las carreras armamentísticas por la superioridad militar no hacen más que provocar más guerras que nos pueden llevar hacia el desastre total.

“Si queremos la paz, debemos prepararnos para la guerra” se ha convertido en el argumento central para justificar el Plan de Rearme Europeo de 800.000 millones de euros.

Las administraciones vascas aprovecharon las declaraciones del Alto Representante Borrel, para un nuevo impulso estratégico hacia la industria de defensa. En 2023, con una inversión inicial de 25 millones de euros, el Lehendakari Urkullu y la Diputada General Echanove colocaron la primera piedra en las instalaciones de Zamudio lo que, junto a su ampliación de la planta de Arganda del Rey en Madrid, está permitiendo que Sener duplique el espacio que dedica exclusivamente a sus proyectos espaciales y de defensa, y se consolide como una empresa tractor del ecosistema nacional de defensa.

El Gobierno Vasco no tardó en alinear sus planes industriales a la Estrategia de Defensa de la UE. En 2025, el nuevo Lehendakari Pradales asume el liderazgo del Grupo para la Defensa Industrial comprometiéndose a potenciar las capacidades y oportunidades de la industria vasca ante los cambios en el contexto global. Días después su consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Sr. Jauregui, afirmaba que Euskadi está dispuesta a poner sus capacidades industriales y tecnológicas al servicio del rearme de la UE. No hay duda de que Sener, es una de las empresas de defensa que va a beneficiarse de las captaciones que las autoridades vascas consigan de los fondos del Plan de Rearme, y de una parte de los 500 millones del Nuevo Plan de Ayudas a la Industria del Gobierno Vasco.

La burda eliminación de los obstáculos jurídicos para la colaboración público-privada en el sector armamentístico de Euskadi.

En diciembre de 2025, el Parlamento Vasco durante los trámites de la Ley de Presupuestos, suprimió la única barrera formal que impedía que las administraciones vascas colaborasen, ni directa, ni indirectamente con la producción, comercialización y/o financiación de armamento. Para comprender esta maniobra, hay que tener en cuenta los siguientes precedentes.  La Ley 14/2007, conocida como Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos fijó este límite ético y político que respondía a una demanda arraigada en la sociedad vasca que, tras su lucha activa por el final del Servicio Militar Obligatorio en la década de los 90, se mostraba favorable a seguir avanzando en la desmilitarización de nuestra sociedad. En 2019 el Gobierno Vasco encargó un informe al Instituto Globernance que señalaba el incumplimiento reiterado de la Ley de 2007 por parte de las administraciones. Sin embargo, lejos de plantear medidas para garantizar su aplicación efectiva, el documento apuntaba como salida más conveniente su retirada.

En el trámite de la nueva Ley 3/2024 de Cooperación y Solidaridad hubo un intento, por parte de los partidos que apoyaban al Gobierno, para suprimir el límite que imponía la Carta de Justicia y Solidaridad, pero no se alcanzaron los consensos suficientes para su derogación.

Sin embargo, en los días previos a esta  última navidad, PNV y PSE para “salvar” la movilización de 325 millones de euros en inversión industrial en Euskadi de los presupuestos generales del Estado para 2026, orientados a sectores de “doble uso” (militar y civil), mediante una enmienda, modificaron el artículo 10.4 de la Ley 3/2024 para permitir la colaboración económica de las administraciones vascas con la industria armamentística, siempre que estuviera encuadrada dentro de la Estrategia Europea de Seguridad. De esta manera, se eliminó todo obstáculo jurídico a las políticas de promoción económica vasca para las empresas del ecosistema de la producción militar europea.

Invertir en guerras va contra los derechos humanos y la paz. Las políticas vascas de derechos humanos, construcción de paz, desarrollo y cooperación internacional son incongruentes con esta nueva política industrial que destinará millones de euros a las empresas armamentísticas.  Como denunció la Coordinadora de ONGD de Euskadi, estos cambios legislativos y políticos, son un retroceso en las coherencias de políticas públicas para el desarrollo.

Falsos dilemas para justificar el gasto militar y el apoyo a la industria armamentística.

En Euskadi existe una fuerte tradición histórica de la producción de doble uso (civil y militar) con más de 200 empresas vinculadas al sector armamentístico que, en tiempos de guerra, activan su dimensión militar. Este afán de mantener la competitividad del Gobierno Vasco a través de la tecnologización y la reindustrialización armamentística contrasta con una sociedad vasca que se caracteriza por su pacifismo y antimilitarismo.

Nuestras autoridades vuelven a poner encima de la mesa los clásicos falsos dilemas de que “si nosotros no vendemos las armas, otros lo harán” o que hay que elegir entre “el Pan o la Paz”. Sin un acuerdo sobre la manera de gastar esos 800.000 millones, cada Estado de la UE, por separado, está decidiendo que inversiones hacer para prepararse para una hipotética guerra con Rusia, evidenciando la falta de rumbo de la política de defensa europea. Y este aumento del gasto militar en España y Europa, enmarcado en el Plan de Rearme, está teniendo implicaciones en la reordenación del gasto de las partidas presupuestarias, que acarreará recortes en las políticas de vivienda, sanidad y educación y, por tanto, ajustes laborales importantes en esos sectores. Se crean puestos de trabajo, a costa de destruir muchos más.

Por tanto, defender las oportunidades que supone el negocio de la guerra para la industria española y vasca, señalando que empresas como Sener, generan empleo y protegen la industria auxiliar existente, no deja de ser un razonamiento engañoso. Un estudio del Centro Delás apunta a que por cada millón de euros destinados a la industria militar se crean 6.9 puestos de trabajo. En contraste, esa misma inversión, en el sector de la industria eólica genera un impacto de 8.4 empleos, de 14.3 en educación, y hasta 19.2 en sanidad, lo que demuestra que las inversiones que se hacen fuera del ámbito militar crean muchos más empleos.

“Por cada millón invertido en industria militar se generan menos empleos que si esa misma cantidad se destinara a educación, sanidad o energías renovables.”

No es necesario que los gobiernos europeo, español y vasco destinen ayudas millonarias a empresas como Sener para desarrollar drones de uso militar que, bajo la promesa de empleo y seguridad frente a supuestas amenazas externas, refuerzan la lógica del rearme.

Sería mucho más razonable invertir esos mismos recursos en tecnologías orientadas a fines civiles: drones para rescatar personas en catástrofes naturales, optimizar la producción agrícola y pesquera, inspeccionar infraestructuras críticas, proteger el medio ambiente o mejorar la atención sanitaria. Esas son amenazas reales y cotidianas ante las que necesitamos respuestas eficaces.

Además de generar empleo de alto valor añadido, una apuesta decidida por aplicaciones civiles contribuiría a fortalecer la seguridad humana —la que protege vidas y derechos— y no la seguridad entendida únicamente en términos militares. En definitiva, permitiría avanzar hacia un modelo productivo más justo, más pacífico y sostenible.

Se apela como siempre al “realismo”, a las necesidades de competitividad y de “no quedarnos fuera”. Pero conviene recordar que las leyes expresan prioridades colectivas. Cambiarlas cuando interfieren con una determinada orientación económica no es neutral: es una elección política.

Entre la planta de Zamudio y la feria de defensa de Riad se dibuja una perversa y clara dirección. La pregunta es si la sociedad vasca ha decidido conscientemente recorrer ese camino o si, simplemente, se le está conduciendo hacia él en nombre de la inevitabilidad.

Porque, al final, la cuestión es sencilla y profundamente política: ¿queremos que nuestro dinero y las políticas públicas empujen a la expansión de la industria de la guerra o que actúen como límite ético frente a ella? Si vis pacem, para pacem.