Opinión
Si vis pacem, para pacem: No a las leyes vascas al servicio de la militarización europea

Hay gobiernos que dicen actuar guiados por principios. Sin embargo, cuando una ley estorba a determinados intereses económicos, se cambia. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Euskadi con la legislación que, hasta ahora, impedía la colaboración pública con la industria armamentística.

El artículo 3.3 de la Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos (Ley vasca 14/2007) y el artículo 10.4 de la Ley vasca 3/2024 de Cooperación y Solidaridad establecen una prohibición clara: el Gobierno Vasco no puede colaborar, ni directa ni indirectamente, en la producción, comercialización o financiación de armamento o tecnología militar. No se trata de un matiz técnico, sino de un límite ético explícito a la acción pública.

PNV y PSE prevén aprobar una autoenmienda para facilitar que la industria armamentística vasca acceda a inversiones por valor de 325 millones de euros del Fondo Europeo de Defensa.

Ese límite es el que ahora se pretende borrar. Para facilitar que la industria armamentística vasca acceda a inversiones por valor de 325 millones de euros del Fondo Europeo de Defensa, destinadas a proyectos de doble uso militar, PNV y PSE prevén aprobar en el debate presupuestario de 2026 una autoenmienda que modifica el artículo 10.4 de la Ley de Cooperación y Solidaridad. El objetivo es permitir que las políticas de promoción económica de las instituciones vascas colaboren con empresas armamentísticas integradas en la Estrategia Europea de Seguridad.

Con este “pequeño retoque” legislativo se diluyen las barreras que durante años prohibieron esa colaboración y que fueron fruto de décadas de movilización ciudadana y de la lucha pacifista y antimilitarista. La Carta de 2007 no fue un gesto simbólico: fue una decisión política consciente para evitar que el dinero público contribuyera a la industria de la guerra.

No es la primera vez que se intenta vaciar esa ley. En 2019, un controvertido informe del Instituto Globernance advertía a las administraciones vascas de su supuesto incumplimiento y sugería directamente su retirada, al considerarla confusa, incompatible con la “realidad económica” y un obstáculo para la política industrial. Desde entonces, la cuestión no ha sido cómo cumplir la ley, sino cómo reinterpretarla, debilitarla o sustituirla sin decirlo abiertamente.

Lejos de reforzarse la transparencia y el control sobre este sector, se han concedido ayudas y subvenciones para la internacionalización de empresas armamentísticas vascas.

Mientras tanto, lejos de reforzarse la transparencia y el control sobre este sector, se han concedido ayudas y subvenciones para la internacionalización de empresas armamentísticas vascas, se ha facilitado su acceso a mercados exteriores —incluso a países en conflicto— y no se ha impulsado ninguna estrategia seria de reconversión hacia una industria civil compatible con los derechos humanos y la sostenibilidad de la vida.

La nueva Ley de Cooperación y Solidaridad aprobada en 2024 parecía cerrar este proceso. Formalmente, la Carta de 2007 no se deroga; pero en la práctica, y más aún tras esta modificación, queda desactivada. La cooperación deja de ser un principio transversal que condiciona al conjunto de las políticas públicas y pasa a ocupar un lugar subordinado a la política industrial, tecnológica y de captación de inversiones.

Todo ello se produce, además, en un contexto en el que las instituciones vascas aceptan sin debate social ni parlamentario la estrategia de rearme y militarización de la Unión Europea. Una política que, en un momento de retroceso democrático y auge del capitalismo autoritario, nos empuja a una peligrosa escalada de conflictos y al recorte de derechos sociales en favor del gasto militar. Se asume incluso una premisa discutible: que el aumento del gasto en defensa garantizará la autonomía estratégica europea y reducirá la dependencia de Estados Unidos.

¿Para qué sirven las leyes si, cuando interfieren con intereses económicos concretos, se modifican para acomodarse al incumplimiento previo?

Conviene decirlo con claridad: no estamos ante un ajuste técnico menor, sino ante una decisión política de gran calado. Se ha optado por garantizar seguridad jurídica a determinadas inversiones antes que garantizar el cumplimiento de una ley nacida de una amplia demanda social. La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿para qué sirven las leyes si, cuando interfieren con intereses económicos concretos, se modifican para acomodarse al incumplimiento previo? ¿Qué valor tiene una Carta de Justicia y Solidaridad si se conserva como referencia retórica mientras se neutraliza en la práctica?

Euskadi se dotó en 2007 de un marco ético avanzado que vinculaba cooperación, política económica y responsabilidad global. Dieciocho años después, ese marco se diluye en nombre del “realismo” y de una supuesta competitividad en la carrera armamentística. No porque fuera imposible cumplir la ley, sino porque se ha decidido que no merece la pena hacerlo.

Ese es el verdadero debate que deberíamos afrontar: no cómo blindar inversiones de doble uso para no quedarnos fuera del negocio de matar, sino hasta qué punto estamos dispuestas a renunciar —sin decirlo abiertamente— a los límites éticos que colectivamente nos dimos. Como recordaba Vicent Martínez Guzmán, pacifista al que tanto debemos, “los verdaderos realistas somos los pacifistas”. Frente a la idea de la inevitabilidad de la guerra, defendamos la posibilidad realista de construir la paz.

Si vis pacem, para pacem