La semana política
Ir más lejos

El dictamen de Pablo Iglesias sobre la propuesta de Ley de Vivienda avanzada el pasado martes por el Gobierno de Coalición es una buena síntesis de las dificultades que tiene Unidas Podemos tanto entre su vector de influencia política, incluyendo a quienes lo influyen, como respecto a quienes quieren acabar, a ser posible por vía de urgencia, con la coalición. “A muchos nos gustaría que la Ley de Vivienda fuera más lejos y ojalá los movimientos y activistas sociales tengan la fuerza para exigir a los ayuntamientos y comunidades su aplicación, pero es la reacción de los adversarios, la que, como siempre en política, mide su significado”, escribió el expresidente, liberado ya de exigencias como la de mostrar euforias.

Iglesias acompañaba su tuit con dos titulares de dos periódicos. En el primero, del periódico El País, se destaca que el sector inmobiliario “carga” contra el acuerdo. El segundo, de La Vanguardia, anuncia que el PP lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional y no la aplicará en los Ayuntamientos. Dos adversarios, mercados y populares, que a menudo se confunden entre sí, a los que se sumará el propio Constitucional cuando sea su turno. 

No son los únicos titulares que generó el anuncio. En uno de ellos se lee que el Gobierno concederá, si se aprueba la ley, una moratoria de 18 meses para bajar alquileres a grandes fondos. Poco después lo reconocía Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, aunque aseguraba que su grupo tratará de rebajar ese plazo, durante el que los alquileres permanecerán congelados pero no será obligatorio rebajarlos. 

Un acuerdo de regulación de alquileres para otros tiempos

Rodrigo Martínez

Ley de Vivienda

Ley de Vivienda Un acuerdo de regulación de alquileres para otros tiempos

Rodrigo Martínez

El acuerdo para la Ley de Vivienda parece indicado para una época en donde los alquileres no vienen de años de burbuja y no hubo una pandemia que golpeó a los ingresos de los hogares. Las medidas necesarias para salir de la emergencia habitacional deben ser mucho más valientes.

Acuerdo para los presupuestos Los grandes propietarios tendrán que bajar los precios del alquiler y los pequeños no podrán subirlo

Las plataformas de vivienda y los sindicatos de inquilinos han levantado la voz contra el excesivo triunfalismo de quienes han presentado el acuerdo. Debido al afán por separar a los “grandes tenedores” —fondos de inversión, Socimi, bancos— del rentismo particular, lo que se sabe ahora de la ley es que irá varios pasos por detrás de la normativa aprobada en Catalunya en septiembre de 2020.

Los movimientos han criticado una propuesta que se queda muy lejos del acuerdo registrado en septiembre, que incluía aspectos que se han quedado fuera de este acuerdo como la dación en pago, la obligación de alquileres sociales, la cesión de uso obligatoria de viviendas vacías o la socialización del 100% del parque de la Sareb. También que mediante el cheque joven de alquiler y las nuevas deducciones fiscales se apuntala otro gran problema de las “manos muertas” en el mercado inmobiliario, el pequeño y sucio secreto de la reproducción de las clases medias en España.

Quizá sea demasiada tarea para dos partidos desmontar el sistema actual para rescatar a las rentas bajas, que son las que no están en el secreto de las herencias y la propiedad

El acceso en diferido de esas clases medias a los beneficios del rentismo se constituye como un problema ético y es la principal diferencia con los países del entorno, donde el fenómeno de la inversión inmobiliaria de los particulares no se ha producido con la misma intensidad. Un ajuste de la vivienda acercándolo a su valor de uso, rompiendo la burbuja actual, es un nuevo acuerdo social, algo que en términos electorales siempre da miedo invocar. Porque la expectativa de beneficio de un bien inmueble es transversal a las ideologías.

Las medidas que reclaman la PAH o el Sindicato de Inquilinos de Madrid son aquellas destinadas a quienes no están en el secreto de las herencias y la propiedad, aquellas que gastan más de la mitad de sus salarios en tener un techo; las que multiplican las estadísticas de desahucios, embargos o se ven forzadas a okupar. Lo que defienden quienes apoyan la Ley es que es el primer paso que se ha dado en décadas para cambiar el modelo. Y la reacción atribulada del PSOE y su entorno confirma que les cuesta encajar cualquier cambio. 

La discrepancia con los mensajes de Ione Belarra o Pablo Iglesias es si el cuerpo legal presentado esta semana servirá para poner las primeras bases para desmontar el endemoniado problema del acceso a la vivienda o si es un efecto placebo y, por tanto, contraproducente. Si se trata de un aprobado o de un insuficiente.

El elemento que adultera ese debate es el segundo factor tras la correlación de fuerzas, que es el argumento principal del tuit de Iglesias: la posición de poder de los adversarios.

El segundo factor

La mente del centrista conservador liberal en España vive en un mundo muy complejo. Acorralados por medidas comunistas y sintiéndose al mismo tiempo como águilas que sobrevuelan el éxito. Entre el infierno y el nirvana. Entre la burla al débil Gobierno de coalición y el estupor al ver que es capaz de destruirlo todo, desde la Transición hasta el lenguaje o la hombría del mismísimo James Bond.

El PP y su entorno (o sea, los restos de Ciudadanos) juegan hace tiempo la baza de la agonía: dicen que ellos nos salvarán del caos, lo que conlleva que a sus ojos todo tiene que presentarse como caótico: la sociedad debe vivir colgada de un acantilado a la espera del rescate principesco. 

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no pudo disimular la alegría que le produjo el anuncio de acuerdo sobre vivienda. Villacís, experta del mercado inmobiliario por vía sanguínea, aplica el viejo refrán “la oportunidad llama al ladrón” y propone que se redoble la presión inmobiliaria en Madrid —donde los alquileres han subido el triple que los salarios en la última década— por la vía de un redoble de la inversión extranjera. En un giro muy propio de la época, el entusiasmo de la vicealcaldesa le hace apreciar la rabia de Carles Puigdemont y Gabriel Rufián por algo sobre lo que no se han pronunciado. 

Los adversarios de los que habla Iglesias se centran en la más banal de las discusiones políticas. Caos o salvación. Okupas o laboriosos inversores. Seguridad jurídica o guerra civil. Por más imbéciles que sean, esas dicotomías aumentan la dimensión del dilema en el que viven los movimientos y activistas sociales: qué tipo de movilización o de presión puede servir para el objetivo de transformar el estado actual de cosas en el acceso a la vivienda. Frente al Gobierno o contra los heraldos del caos. La respuesta no es sencilla ni para el más ferviente admirador de Podemos. 

Como en la experiencia previa de los “ayuntamientos del cambio”, la crítica a las nuevas normas por insuficiente se produce en medio del exceso de ruido por quienes las presentan como demasiado radicales. Quizá porque se resolvió mal, en este momento no hay nadie que pueda generar ruido o movilización para que esa demanda de mayor ambición supere la histeria por la inseguridad jurídica (el caos) en el que se aterrizará cuando la ley comience a aplicarse. Una inseguridad de la que no se habla cuando un alcalde o una presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia que no transpondrá una ley de rango superior. 

De fondo, hay una batalla cultural sobre la que se se superpone esa otra guerra cultural en la que todo es caos. La primera, la soterrada, es la importante. Y trata sobre desmantelar esa cultura del pelotazo inmobiliario por la que el rentismo sale tan a cuenta. Algo para lo que no basta un pacto de mínimos sino que se cuestione la subordinación del interés general al interés particular, incluso si este es el de las clases medias y no solo el de los bancos y los fondos buitre. 

La segunda guerra cultural es la que vivimos todos los días. En esa, los adversarios a los que se refería Iglesias estarán en contra de cualquier medida, por insuficiente que parezca y por poco que les toque.