Laboral
Ratificar el Convenio 189, redefinir los cuidados

El consenso sobre la ratificación del Convenio 189 es mayoritario, pero su aplicación encierra grandes cuestiones de calado, como si se aprovechará este momento histórico para redefinir los cuidados y en qué sentido. Doce representantes del sindicato Sintrahocu viajaron al Parlamento Europeo para trasladar su preocupación a las formaciones políticas.
Sindicato de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados
Las doce representantes del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados en su viaje al Parlamento Europeo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se describe como una persona a la que le gusta escuchar y que pretende sumar. Debería añadir que también es una persona que sabe guardar secretos. Cómo realizará España la aplicación del Convenio 189 de la OIT es un misterio que desconocen las trabajadoras del sector. Preocupadas, doce representantes del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados (Sintrahocu) viajaron a Bruselas el 18 de mayo invitadas por el grupo Anticapitalistas para reunirse con diversos políticos, asesores y funcionarios del Parlamento Europeo.

La reunión más tensa fue la última, con la eurodiputada de Unidas Podemos Idoia Villanueva. Con claridad, las trabajadoras le trasladaron su molestia y le recordaron que el Ministerio de Trabajo no las ha recibido, a pesar de sus intentos. Villanueva se comprometió a comunicar el malestar a su formación, la cual dirige tres ministerios involucrados en el futuro del sector: Trabajo, Derechos Sociales e Igualdad. Faltan Hacienda y Seguridad Social. “Entiendo la frustración, pero se están haciendo cosas”, trató de calmarlas, y reconoció que este es “un buen momento para presionar”, tanto en Europa, donde en septiembre se presentará la Estrategia de Cuidados, como en España, donde la próxima semana, el 9 de junio, se votará en el Congreso de los Diputados la ratificación del Convenio 189, empujados por la histórica sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que en febrero dictaminó que España discrimina por razón de sexo a las trabajadoras del hogar al negarles la prestación de desempleo. Sintrahocu confirmó ayer que continúan sin ser recibidas por el Ministerio de Trabajo.

“El desarrollo normativo prevé poner fin a esta discriminación [el trabajo de interna] y reconocer y garantizar la adecuada transposición del Convenio 189”, indican fuentes del Ministerio de Trabajo
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La sentencia firme de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el recorrido final de una trabajadora del hogar gallega y su empleadora que en 2019 denunciaron que la trabajadora no tendría derecho a paro cuando finalizara el contrato.


A Marina Díaz nada le hacía presagiar que exactamente 15 años después de aterrizar en España, el 18 de mayo de 2007, estaría reunida con Idoia Villanueva, con Pierre Florián Marion —representando a la vicepresidenta de la Comisión de Trabajo del Parlamento Europeo—, y con Marta Prádanos —Policy Officer del European Social Dialogue—, invitada por Miguel Urbán. Díaz lleva cuidando y limpiando década y media. Seis años como interna, nueve como externa. “Si nosotras hiciéramos una lista de las tareas que hacemos, no acabaríamos”, resume. Si la hicieran de sus derechos, enseguida la finiquitarían. Teme que la aplicación del Convenio 189 no contemple las necesidades de un colectivo ninguneado por demasiados gobiernos que implícitamente han considerado que esas son cosas de mujeres y, por tanto, su obligación. No merecen ni voluntad política ni, mucho menos, un pellizco de los Presupuestos Generales del Estado. “Nuestro país invierte en estos cuidados [atención a la dependencia y cuidados de larga duración] solo el 0,75% del PIB, que es la mitad de la media de la OCDE”, reconoce la Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, que presentó Moncloa en 2021 como forma de canalizar los fondos europeos Next Generation. 

España invierte en atención a la dependencia y cuidados de larga duración el 0,75% del PIB, la mitad de la media de la OCDE

España es un estado con políticas familiaristas, denuncian investigadoras como Lore Lujanbio. Eso quiere decir que las familias —las mujeres, principalmente— asumen esas labores en una sociedad envejecida y longeva, unos horarios laborales desfasados y un elevado 'impuesto a la maternidad', un concepto académico que se traduce en el mercado laboral en brecha salarial. Y cuando las mujeres de la familia no pueden, externalizan los cuidados a otras mujeres, generalmente más vulnerables, a través de relaciones laborales que no siempre cumplen con lo estipulado.

Italia también es un estado familiarista, pero ratificó el Convenio 189 en 2013. Francia no lo ha ratificado aún, pero ha dotado a las trabajadoras de derechos mediante distintas legislaciones y dispone de una especie de Oficina de los Cuidados, una para personas mayores, otra para menores, a la que acuden las familias para contratar a trabajadoras y las trabajadoras para ser contratadas. Pueden postularse también empresas. Utilizan lo que denominan el 'cheque empleo de servicio universal', lo usan anualmente unos dos millones de franceses y funciona desde 1994. Las labores que pueden realizar las trabajadoras están definidas y acotadas. El Estado interviene, regula, desburocratiza y facilita dicha relación laboral.

Sintrahocu reivindica derechos laborales, pero también redefinir el sistema de cuidados
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Mientras las trabajadoras denuncian precariedad, falta de control de la administración y un excesivo beneficio de los intermediarios, la calidad de la asistencia a los mayores se degrada. Del apoyo psicosocial que hacían antes y ayudaba a frenar el avance del deterioro cognitivo, ahora se han quedado en un mero servicio de limpieza.

En Bélgica, país sede del Parlamento Europeo, entró en vigor en 2004 un cheque por horas por el que el usuario paga diez euros, mientras que el coste real para el Estado es superior, ya que asume cotizaciones y demás impuestos, pero con esta inversión facilita la creación de empleo, que este sea legal y ayuda a la conciliación. Como en Francia, estos tickets pueden usarse tanto para el cuidado de niños y para ciertas labores de limpieza de la casa. El ticket tiene un precio universal, por lo que quien más dinero tiene, más compra, advirtió el europarlamentario Miguel Urbán. Con sus sombras, a la que hay que añadir la 'colaboración público-privada', Bélgica regula así las relaciones entre familias y trabajadoras que antes podían estar declaradas o no y ajustarse a derecho o ser fuente de injusticias, como el trabajo de interna, la semiesclavitud del siglo XXI extendida en España y que los gobiernos consienten. Inspección de Trabajo no la puede acotar: la ley española considera que los inspectores no pueden entrar en los domicilios particulares. Las trabajadoras del hogar no tienen siquiera derecho a la Ley de Riesgos Laborales. Para ellas, solo hay “recomendaciones” para las familias que las emplean.

Ante la pregunta de si el futuro real decreto de España prohibirá el trabajo interno o lo regulará, fuentes del Ministerio de Trabajo indicaron que “el desarrollo normativo prevé poner fin a la discriminación y reconocer y garantizar la adecuada transposición del Convenio 189. Estas empleadas de hogar contarán con garantías para proteger sus derechos que, en todo caso, deberán ser equivalentes a las del resto de personas trabajadoras”.

“Que se meta mano, que se organice, que se piense en los presupuestos, porque las leyes con presupuestos vacíos no valen de nada. Es el momento de organizar de otra manera los cuidados para apoyar a las familias que no tienen, en vez de construir un sistema para que los ricos se aprovechen”, Rafaela Pimentel

Qué quieren

Sintrahocu reivindica derechos laborales, pero también redefinir el sistema de cuidados. Visibilizar culturalmente el trabajo, dotarle de protección jurídica como cualquier otro empleo, universalizar el derecho a ser cuidada y publificar dicho derecho, sin caer en las trampas neoliberales de la cooperación público-privada.

En la reunión con Unidas Podemos, las trabajadoras explicaron que, efectivamente, ya participan en la Mesa Asesora por los Cuidados articulada por el Ministerio de Igualdad, pero que debieron solicitar cambios para poder sentarse. “Las reuniones estaban calendarizadas a las diez de la mañana, es imposible que nosotras podamos acudir a esa hora”, recordaron. Ahora los encuentros son a las 16h. Han participado en tres. El objetivo de dicha mesa es elaborar “un documento de bases que constituya la aportación de la sociedad divil a la Estrategia Estatal de Cuidos”, informan a El Salto fuentes del Instituto de la Mujer. España opta a liderar la próxima presidencia del Consejo de 2023 en la Unión Europea, que, a su vez, deberá presentar una estrategia propia. El Instituto pretende recoger las aportaciones del “colectivo feminista, expertas en economía feminista [como Amaia Pérez Orozco], sindicatos y trabajadoras del hogar y cuidado”. Pero este documento son indicaciones y consejos, no constituyen leyes. 

Cuidados
Isabel Otxoa: “No todo el cuidado es reivindicable”

Isabel Otxoa, profesora de Derecho del Trabajo en la UPV/EHU y activista de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE), apuesta por prohibir que los cuidados sean un negocio, por repensar qué es cuidar y por replantear las redes de solidaridad.

La ley que dará forma a la ratificación y aplicación del Convenio 189 se realizará previsiblemente vía real decreto, como la reforma laboral y la Ley Rider, sin debate parlamentario ni aportaciones de los partidos políticos. La ratificación necesita doce meses para ser aplicada, alertan las trabajadoras de Sintrahocu. Y, sobre todo, necesita “presupuesto”, insisten. Si no, estaremos ante una repetición de la Ley de Dependencia de 2006 de José Luis Rodríguez Zapatero. La única ley que hasta ahora regula los cuidados formales pero que prácticamente nació sin fondos. No llega a atender todas las necesidades, su lista de espera ronda el año y medio y hay quien muere antes de ser valorado y recibir la ayuda domiciliaria o el dinero que le corresponde —46.300 personas en 2021—. Mientras, la familia —esposas, hijas, hermanas, mayoritariamente— apechuga.

Yolanda Díaz esperaba que Estrasburgo fallara contra España, reconoció el jueves en su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso, donde realizó un repaso de las labores realizadas por su ministerio y los indiscutibles datos que arroja el Sepe tras cinco meses de reforma laboral. 

Yolanda Díaz tuvo que escuchar un reproche compartido por formaciones políticas dispares: no saben nada sobre la aplicación del Convenio 189

Pero Díaz también tuvo que escuchar un reproche compartido por formaciones dispares: no sabían nada de la aplicación del Convenio 189. Apretada ante la evidencia, la ministra propuso que podrían celebrar “un monográfico”. Aseguró que la norma que tienen prevista será más amplia y exhaustiva que lo que exige la OIT, pero tampoco dio detalles de ningún tipo. 

No se sabe si la aplicación del Convenio 189 será un momento histórico para superar la Ley de Dependencia y redefinir los cuidados, además de equiparar los derechos laborales de las trabajadoras, para que dejen de estar insertadas en el Régimen Especial de Trabajadoras del Hogar, que puedan recibir la prestación de desempleo, desparezca la figura del desestimiento y el trabajo de interna.

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Fuentes del Ministerio de Trabajo indicaron a El Salto que “en la actualidad se están cerrando las cuestiones técnicas en colaboración con los ministerios competentes y no podemos dar detalles hasta que el texto sea definitivo”, ante la pregunta de cómo afrontará el real decreto las cotizaciones de las trabajadoras del hogar cuando pasen a formar parte del régimen laboral. Sintrahocu también ha mantenido una ronda de reuniones con las formaciones representadas en el Congreso. Nadie duda que el próximo jueves se votaría la ratificación del Convenio 189 por mayoría absoluta. El consenso es vox populi. Pero el meollo vendrá luego: cómo se aplicará y si por fin se redefinirán los cuidados y en qué sentido.

“Que se meta mano, que se organice, que se piense en los presupuestos, porque las leyes con presupuestos vacíos no valen de nada. Es el momento de hacer cambios, desmontar y organizar de otra manera los cuidados para apoyar a las familias que no tienen, en vez de construir un sistema para que los ricos se aprovechen”, concluyó Rafaela Pimentel en el aeropuerto de Bruselas, donde El Salto y el podcast Carne Cruda tuvieron la suerte de acompañarla. 

Miguel Urbán agradeció el esfuerzo a las doce trabajadoras que viajaron a Bélgica desde Vigo, Barcelona y Madrid: “Gracias. Somos conscientes de que para venir aquí habéis tenido que pedir un día y perder dinero por ello”. Entre reunión y reunión, destacó el “enorme desconocimiento” que existe del sector en la Comisión de Trabajo europea y alentó a las trabajadoras a seguir luchando por sus derechos.

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