Ley de Extranjería
Nuevo reglamento de Extranjería: un sistema colapsado y la “pérdida del derecho al asilo”

El pasado 20 de mayo entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024). Desde entonces, en España ha habido más de 542.000 solicitudes de residencia inicial, de las que solo se ha resuelto un 35%, y 155.000 expedientes de residencia temporal por circunstancias excepcionales, con apenas un 12% de resoluciones. Son cifras del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social publicadas por FSC-CCOO para denunciar el colapso administrativo de las oficinas de extranjería en todo el país a pesar de que la nueva norma pretendía, en teoría, aligerar estos procesos.

El Gobierno aprobó este nuevo reglamento para responder a un contexto migratorio diferente al de hace una década. España, que está entre los países europeos que reciben más inmigrantes, necesitaba un sistema más flexible y ágil (inicialmente se previó la regularización de 300.000 personas al año). La norma incluye novedades en ese sentido: entre otras, la figura del arraigo se diversifica en cinco modalidades distintas para responder mejor a los perfiles de los solicitantes, y se flexibiliza el acceso a la residencia para estudiantes, trabajadores de temporada o personas en búsqueda activa de empleo. Pero las asociaciones de defensa de los derechos migrantes no han tardado en detectar aspectos que pueden tener consecuencias dramáticas.

“Para los inmigrantes económicos, se ha agilizado el tiempo de residencia en España para solicitar arraigo: de tres años pasa a dos”, valora positivamente Pepa Torres, de la Red Interlavapiés. Sin embargo, señala su lado más negativo: el reglamento no permite que el tiempo que una persona ha estado como solicitante de asilo pendiente de resolución compute para pedir arraigo si su petición es finalmente denegada. Antes, “era muy difícil que el estado español te concediera el asilo, pero mientras tenías la solicitud estabas protegido legalmente, tenías tu tarjeta sanitaria y podías trabajar”, dice. Con la nueva norma, mucha gente que esté trabajando y desarrollando sus proyectos de vida puede quedar en situación administrativa irregular al ver denegada su solicitud.

Si a una persona que trabaja en España mientras espera la resolución del asilo se lo deniegan finalmente, no solo puede perder su trabajo sino que, además, no le computan esos tres años trabajados

“Es como volver a entrar a España sin papeles. De alguna manera, es una pérdida del derecho al asilo”, sostiene Torres. Y pone varios ejemplos basados en casos reales: si a una persona que trabaja en España mientras espera la resolución del asilo se lo deniegan finalmente, no solo puede perder su trabajo sino que, además, no le computan esos tres años trabajados. Si a una trabajadora en una residencia le deniegan el asilo, y la residencia quiere volver a contratarla, tendrá que esperar dos años para hacerlo.

Este aspecto tan polémico de la norma se sostiene en la idea de que hay muchos asilos ficticios. “Puede que hubiera algún fraude, pero esto realmente lo que hace es impedir que los solicitantes de asilo verdaderos estén en una situación de muchísima más vulnerabilidad”, denuncia Torres. Una situación muy arbitraria que, considera, desincentivará de pedir asilo a muchas personas.

Oficinas saturadas y aumento del tiempo de espera

Por otro lado, aunque en teoría el nuevo reglamento iba a simplificar procedimientos y agilizar procesos, hay denuncias de que en la práctica ha logrado lo contrario: incrementar aún más la presión sobre unas plantillas ya desbordadas. Desde junio, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) advertía de que en menos de un mes la normativa había generado un incremento sin precedentes en la carga de trabajo de las oficinas de toda España, lo que llevó a los trabajadores a una huelga el 16 de junio. Hoy, las oficinas siguen sin la plantilla necesaria, como denuncia César Pérez, responsable de Extranjería de CCOO en Política Territorial.

Madrid es un ejemplo: en su oficina de extranjería hay una plantilla de 310 trabajadores, pero tiene 132 vacantes; en Ibiza, tienen un puesto cubierto de nueve

“El nuevo reglamento ha sido un poco caótico”, dice Pérez. Explica que el Gobierno había marcado hasta mayo para actualizar el sistema al prever un incremento de las solicitudes en torno a 800.000 respecto al año 2024; sin embargo, sus promesas de aumentar plantilla de las oficinas de extranjería en 735 profesionales siguen en el aire. Un retraso al que deben sumarse los meses para su necesaria formación. “Las oficinas ahora mismo no tienen refuerzo”, insiste Pérez. Madrid es un ejemplo: en su oficina de extranjería hay una plantilla de 310 trabajadores, pero tiene 132 vacantes; en Ibiza, tienen un puesto cubierto de nueve.

Son plantillas diseñadas en 2007, explica Pérez, cuando a España llegaban muchas menos personas. Ahora, “cada trimestre, entran 150.000 nuevos inmigrantes. No hay capacidad en las oficinas”. Por otro lado, CCOO sostiene que se debe ofrecer a los trabajadores una dotación económica adecuada: hay una diferencia salarial de 9.000 euros entre las oficinas del SEPE y las de extranjería para el mismo puesto y categoría, lo que hace difícil retener a los profesionales. A eso se suman las ciudades sin plantilla suficiente debido a la carestía de la vivienda, como Baleares o Madrid.

CCOO sostiene que se debe ofrecer a los trabajadores una dotación económica adecuada: hay una diferencia salarial de 9.000 euros entre las oficinas del SEPE y las de extranjería para el mismo puesto

El resultado: un sistema sobrepasado que hace que los tiempos de espera se multipliquen, con hasta 74 días de espera en Madrid. Una espera que resulta agónica para quien la sufre: quienes presentan una solicitud de residencia inicial o por arraigo no pueden trabajar mientras aguardan a la resolución. “Trabajamos con personas”, enfatiza Pérez. “Personas que no van a poder entrar en el circuito de forma legal, trabajar y contribuir a pagar impuestos. Las empresas se quejan porque no tienen gente que pueda trabajar de forma legal. Estamos en una situación en la que el propio Estado está dejando de ingresar muchísimo porque no tiene capacidad de dotar a las oficinas ni de plantilla ni de una dotación económica adecuada”.

“Cuando las personas presentan la solicitud del permiso de residencia, presentan un precontrato”, confirma Torres. “Las personas que quieren contratar a estas personas asumen que pueden esperar unos meses hasta que ese permiso de residencia se ejecute y puedan dar de alta en seguridad social. Un tiempo prudencial, que podría ser cuatro o cinco meses, a veces se alarga hasta un año. Es muy difícil encontrar a un empleador dispuesto a esperar a un año”.

Vidas en suspenso y fronteras invisibles

Para los solicitantes, estas demoras se traducen en incertidumbre y planes migratorios truncados. Chaima, una madre marroquí que llegó a España hace cinco años, lo sabe bien. “Sufrí mucho estando sola con mis hijos porque quería trabajar y, al mismo tiempo, cuidarlos”, cuenta. Sin ayuda por parte de ninguna asociación, la falta del idioma y la situación administrativa irregular la llevaron a sufrir abusos y propuestas laborales indecentes. Finalmente, optó por una solución desesperada: ayudada por un conocido, accedió a una red de compraventa de contratos de trabajo. “Pedí prestado dinero, lo compré [el contrato de trabajo] y lo pagué a través de un abogado”, relata. En su caso, pagó 5.000 euros. Ahora, trata de buscar empleo con el que mantenerse a ella y a sus hijos y saldar la deuda.

Su historia no es excepcional. La saturación del sistema ha alimentado este tipo de mercados opacos, así como de compraventa de citas, debido a la dificultad de acceso. Otras personas se ven forzadas a recurrir a la economía sumergida. A estos problemas, Torres añade las dificultades de acceso al padrón, a pesar de ser una obligación de los municipios y fundamental para acceder a los papeles. Para Torres, “son todo fronteras invisibles que se pone a los migrantes para que no puedan ejercer sus derechos. Aumenta la desesperación de la gente (que lleva siete, ocho años en España), mientras se sigue aplazando la posibilidad de tener sus papeles”.

Asociaciones como Red Interlavapiés, CEAR o Red Acoge insisten en que este nuevo reglamento aprobado por el Gobierno no puede ser un “parche” que aplace la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Regularización Ya, estancada en el Congreso de los Diputados a pesar de contar con el respaldo popular, a la que consideran una vía para garantizar los derechos de miles de personas que viven y trabajan en nuestro país.