Madrid
Inquilinas despliegan decenas de piquetes para ampliar la lucha antirrentista e impulsar huelgas de alquileres

Los llaveros de la revolución inquilina han vuelto a resonar en toda la ciudad de Madrid. Pese a las inclemencias meteorológicas, desde las 12 horas comenzaron a marchar este domingo hasta una decena de piquetes informativos destinados a promover, desde los barrios, huelgas de alquiler. “Toca elegir bando. Toca plantar cara”, apuntalaban con firmeza días antes del pistoletazo de salida. Tal y como aseveran las activistas, que llevan meses trazando el arranque de estos grupos territoriales, la razón de ser de los piquetes es “convertir el aislamiento, la ansiedad y la rabia en estrategia colectiva, hasta que todas las inquilinas de Madrid tomemos cartas en el asunto y pasar a la acción”. Se trata, pues, de concienciar en las calles sobre la necesidad de una lucha colectiva antirentista, subrayan.

Estos puntos agitativos se han distribuido por decenas de ubicaciones madrileñas como, Lucero, Alto de Extremadura, Leganés, Vallecas, Chamberí o Villaverde. En este último distrito, un grupo de nueve miembros del Sindicato ha conformado una brigada que ha recorrido buena parte de las calles del centro, interpelando a las vecinas del barrio e instándolas a participar en las distintas acciones venideras de la organización. Rian Gómez, participante y coordinadora de este piquete sureño, admite a El Salto los múltiples retos que iniciales que albergaba lanzar los piquetes en plena semana de festividades escolares: “El hecho de desarrollar el piquete en semana blanca, en un día en el que además no paraba de llover, nos hizo pensar inicialmente que influiría de forma negativa en ese sentimiento de cohesión social que queremos sembrar desde el Sindicato”, señala.

“Muchos caseros cogen un piso y lo trocean en habitaciones  donde no se cumplen en la mayoría de los casos las condiciones mínimas de habitabilidad”,  alega Rian, coordinadora del piquete en Villaverde

En este distrito, uno de los conflictos que más se repite es el de los abusos inmobiliarios en los alquileres por habitación. El elevado coste de los alquileres hace que cada vez más familias tengan que arrendar cuartos a menudo minúsculos, en condiciones insalubres y compartidos con otros miembros de su familia. “Muchos caseros cogen un piso y lo trocean en habitaciones donde no se cumplen en la mayoría de los casos las condiciones mínimas de habitabilidad. Tienen que vivir en apenas dos o tres metros cuadrados, sin saber quién vive en el resto de habitaciones y muchas tienen puesto hasta un candado en la puerta de tu habitación”, alega Gómez.

Estos subarriendos afectan, incide la activista, de una forma particular a las mujeres migrantes: “Ellas son las encargadas muchas veces de los cuidados y muchas veces se quedan aisladas en esos alquileres de habitaciones e incluso nos han llegado casos de víctimas de violencia que están viviendo en una habitación con su propio agresor y no pueden salir de ahí”, relata. A pesar de las predicciones, confiesa, “en Villaverde toda la gente con la que nos paramos ha estado bastante receptiva, nos ha contado sus problemáticas y creemos que de aquí puede salir una organización bastante potente”.

Desde el piquete de Madrid Río, en el distrito de Latina (donde también se han conformado otros grupos como el de Puerta del Ángel, Alto de Extremadura o Batán), el inquilino en lucha y portavoz de la organización Fernando de los Santos cuenta a este medio que él y sus cuatro compañeros decidieron también llevar a cabo brigadas en propiedades verticales a pesar de que inicialmente contaban con otros planes: “Pensábamos hacer una mesa informativa en la esquina del Puente de Segovia, con el Paso de la Ermita del Santo, pero con la lluvia y el viento vimos que no se acercaba gente y no teníamos dónde estar a cubierto”, explica el sindicalista. Tras acceder al primero de estos bloques hallaron un edificio de 25 pisos donde casi todos los inquilinos estaban recibiendo burofaxes con avisos de desahucio inminente o subidas de precio desorbitadas.

En el distrito de Latina, la brigada del Sindicato se halló con un edificio de 25 pisos donde casi todos los inquilinos estaban recibiendo burofaxes con avisos de desahucio inminente o subidas de precio desorbitadas

“También vimos que el inmueble estaba en un estado deplorable, con unas escaleras que parecía que se iban a caer, además de unas humedades enormes”, añade. Tras comprobar que la mayoría de estas arrendatarias estaban presas del miedo y la ansiedad ante su posible expulsión, cuenta de los Santos, “hicimos la labor de explicarles que cuando estamos organizadas tenemos más fuerza, que cuando nos juntamos un bloque entero y hacemos reivindicaciones comunes tenemos mucho más poder negociador. Con el acompañamiento del sindicato, vamos a poder presionar colectivamente para que se firmen nuevos contratos, y para que se arreglen los pisos que están en condiciones insalubres”.

Después de la fría jornada del domingo, se espera que los piquetes tengan una continuidad en el tiempo, proyectándose a lo largo de los próximos meses. “La idea es informar de la situación, que la gente no se sienta sola, sino que vea que esta es una cuestión que está afectando a todo el mundo y que solo colectivamente vamos a poder hacer frente a los abusos de los caseros”, incide Gómez. En esta línea, desde el Sindicato pretenden, “seguir extendiendo la desobediencia inquilina bloque a bloque, barrio a barrio, brigada a brigada” con el objeto último de “multiplicar los focos de conflicto y explorar nuevas formas de resistencia”. Entre todos los grupos de vecinas organizadas que ya existen y los que se van a crear prevén recorrer unos 10.000 bloques de propiedad vertical, es decir, edificios en manos de un solo propietario o fondo buitre

Huelga de alquileres: “Es muy triste que teniendo dos trabajos mi familia me tenga que ayudar económicamente”

Alejandra Mateo Fano

Alquiler

Huelga de alquileres Huelga de alquileres: “Es muy triste que teniendo dos trabajos mi familia me tenga que ayudar económicamente”

Alejandra Mateo Fano

Cuatro mujeres que se plantan ante las subidas de su casero, Nestar-Azora, antes Lazora, relatan sus historias de abusos inmobiliarios e ilegalidades por parte de este fondo buitre, desde que se mudaron a su actual edificio.

Las huelgas de alquileres alentadas desde los piquetes no son una utopía de las inquilinas en lucha: son de facto una realidad presente desde hace meses en decenas de bloques movilizados contra los abusos inmobiliarios. Es el caso de más de 900 familias que residen en bloques del fondo buitre Néstar-Azora: el pasado septiembre, en torno a 100 de ellas iniciaron una huelga de alquileres contra este gran tenedor, antes denominado Lazora. Mes a mes, dejaron de abonar los gastos pertenecientes al IBI, comunidad y el seguro de impago exigido por la propiedad, todas ellas cláusulas abusivas. Desde que organizaron su rabia en forma de impago, la empresa propietaria ha perdido más de 40.000 euros. En este sentido, estas historias triunfales de resistencia, a las que se han sumado recientemente la Casa Orsola o las huelguistas contra La Caixa en Catalunya, dibujan horizontes de cambio y posibilidad dentro y fuera del sindicato.

El camino hacia la huelga general de alquileres

Estas huelgas parciales aspiran a ser un sonoro preludio de una próxima huelga general de alquileres “que ponga en jaque al sistema rentista, en la cual la gran mayoría social dejemos de pagar completamente las rentas”. Un horizonte estratégico, destacan las sindicalistas, encaminado a forzar una bajada significativa de los precios de los alquileres a través de la “desobediencia coordinada y la solidaridad entre vecinas”. Carlos Castillo, abogado en la Cooperativa de Abogados Madrid (CAES) y portavoz del Sindicato de Inquilinas, responde a este medio minutos antes de sumarse al piquete informativo de Oporto, en el barrio de Opañel. Castillo infiere que “nosotras no queremos hacer huelga para dejar de pagar el alquiler sino, a día de hoy, ya no podemos pagarlo con nuestros salarios porque los precios están completamente disparados”.

Para amplificar su mensaje contra la especulación han convocado, junto a una decenas de organizaciones provivienda, la primera manifestación inquilina estatal bajo el lema “Acabemos con el negocio de la vivienda”. Está fechada para el próximo 5 de abril a las 12 horas y en Madrid recorrerá el centro de la capital desde Atocha hasta finalizar en Plaza de España. “Este día vamos a demostrar que la gente que movemos este país no nos resignamos a seguir siendo esclavos del rentismo. Estamos dispuestas a desobedecer hasta cambiar las reglas de juego”, aseguran.

El movimiento de vivienda convoca una gran movilización estatal el 5 de abril

Martín Cúneo

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda El movimiento de vivienda convoca una gran movilización estatal el 5 de abril

Martín Cúneo

Decenas de colectivos de arrendatarios y asambleas de todo el Estado convocan para el 5 de abril marchas en decenas de ciudades para exigir que bajen los alquileres y “acabar con el negocio de la vivienda”.

Será la también la primera gran marcha antirentista después de que, el pasado 13 de octubre, Madrid y Barcelona se tiñeron de naranja para denunciar la inaccesibilidad de los alquileres. Esa fecha, además, marcó un antes y un después en la composición interna del Sindicato de Inquilinas: fue tal la fuerza motriz de la protesta (cerca de 100.000 personas asistieron ese día) que durante el último año la organización ha visto crecer sus filas en un 40 por ciento. El hartazgo generalizado frente a los abusos inmobiliarios está motivando que cada vez más inquilinas apuesten por la vía de la organización colectiva. Aunque el Sindicato lleva en activo desde 2017 en ciudades como Madrid, Málaga, Zaragoza o Vigo, en los últimos meses Cádiz, Asturias o Guadalajara se han sumado a la lucha.

Un modelo de vivienda insostenible y empobrecedor

Las inquilinas en lucha llevan años denunciando públicamente los fundamentos del modelo actual de vivienda en España. Este se ha revelado excluyente e insostenible para miles de familias de clase trabajadora, víctimas de la desregulación de los alquileres. Esta organización ya criticó en su momento la superficialidad de las 12 medidas para combatir la crisis residencial aprobadas por el gobierno estatal dado que éstas “siguen dejando intocables a los grandes fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda, a quienes incluso se privilegia con exenciones fiscales”, aseguraban. “Las medidas de Pedro Sánchez no sirven para regular el precio de los alquileres ni para que estos bajen, únicamente dan incentivos económicos al rentismo, no escuchan en ningún momento las reivindicaciones de las inquilinas y por tanto no van a solucionar la emergencia habitacional que tenemos hoy”, apunta el letrado del CAES.

“Las medidas de Pedro Sánchez no sirven para regular el precio de los alquileres ni para que estos bajen, únicamente dan incentivos económicos al rentismo”

A día de hoy, esta ausencia de medidas intervencionistas que pongan coto a la especulación inmobiliaria se hace notar especialmente en las grandes ciudades. En España, según datos de Provivienda, casi el 10% de la población destina más del 40% de sus ingresos para cubrir los costes de la vivienda. En urbes como Madrid o Barcelona (pero también territorios como Málaga e Illes Balears), la población llega a destinar de media entre el 50 y el 60% de su salario al pago de la renta mensual. Desde que muchos fondos de inversión, pero también pequeños caseros, dieron cuenta de la rentabilidad que poseía la vivienda como activo financiero, los precios han tocado techo hasta hacer inaccesible cualquier inmueble.

La creciente reconversión de pisos residenciales en viviendas de alquiler vacacional está detrás de las subidas desproporcionadas de los alquileres en todo en Estado español. El turismo ha constituido, para muchos rentistas, una oportunidad de oro para obtener grandes beneficios sin a penas despeinarse, transformando aquellas viviendas donde antes habitaban familias trabajadoras en pisos temporales. Fruto de este negocio miles de familias han sido expulsadas de sus barrios abriendo el paso a extranjeros de alto poder adquisitivo.

Un proceso de expulsión residencial masiva que en los últimos años se ha recrudecido en barrios y distritos como Lavapiés, Tetuán o Carabanchel. En España, las viviendas destinadas al uso turístico superan el 10 % en casi 50 lugares. Las comunidades autónomas con mayor concentración de pisos turísticos son Canarias, Balears y Catalunya. Muchas de estas ciudades, gentrificadas y encarecidas hasta la asfixia de las vecinas, se han transformado ya en parques temáticos de extranjeros donde la vida está tan solo al alcance de unos pocos bolsillos.

El incremento acuciante de los desahucios en los últimos meses, incluidos los llamados “invisibles”, que se producen cuando los caseros se niegan a renovar el contrato a sus inquilinos y éstos se ven obligados a abandonar sus pisos, atestigua la inoperatividad del modelo de vivienda actual. Por su parte, los jóvenes siguen sin poder emanciparse de sus padres, de hecho, cada vez lo hacen a edades más tardías. En España el 66% de las personas entre 18 y 34 años continúa residiendo en el hogar familiar, frente al 50% de 2010. Muchos denuncian que, sin opciones de independencia, resulta del todo imposible construir un proyecto de vida a futuro. La infantilización eterna a la que siguen abocadas las generaciones de jóvenes inquilinos hunde sus raíces en esa falta de autonomía personal. 

Por ello, las demandas de la organización de inquilinas son contundentes y ahondan en la raíz estructural del problema habitacional: Recuperar viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada para que vuelvan a ser habitables por las vecinas, desarticular e ilegalizar los grupos de desokupación que atemorizan a cientos de inquilinas con total impunidad, reducir del precio de los alquileres en un 50% y aumentar el parque público de vivienda, creando además crear contratos de alquiler indefinidos que garanticen estabilidad residencial. Medidas que, de tomarse en consideración por parte de las instituciones estatales y autonómicas, resituarían la mirada sobre la vivienda como un derecho social.