Madrid
Inquilinas señalan las grietas del Plan Estatal de Vivienda: “Es un chollo para rentistas y fondos buitre”

El Gobierno de España ha presentado este último mes de septiembre las bases del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, con el que pretende “incrementar significativamente la inversión en vivienda protegida, rehabilitación y ayudas a jóvenes”, según ha asegurado el Ejecutivo a través de un comunicado. Dotado con cerca de 7.000 millones de euros, el plan está llamado a marcar las políticas públicas de vivienda de cara a los próximos cinco años en un momento donde los precios de los alquileres han alcanzado máximos históricos en todo el país.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, lo ha definido recientemente como “un nuevo instrumento para marcar una política contundente y eficaz de vivienda desde lo público”, ya que entre las patas centrales de la propuesta se encuentra el incremento del parque de vivienda asequible con carácter protegido y permanente. Las organizaciones por el derecho a la vivienda e inquilinas, no obstante, demandan más ambición y apuntan al gran ausente del plan: un corpus de medidas que permita trastocar o al menos limitar el poder de los fondos y grandes caseros que hoy hacen de la especulación inmobiliaria su forma de vida.

“Todo lo que no sea invertir entre el 1% y el 3% del PIB en políticas de vivienda, nos condena irremediablemente a no resolver el problema estructural de la vivienda en España”: Quique Villalobos (FRAVM)

El presupuesto destinado al plan se ha triplicado respecto al anterior, cuando la dotación fue de 2.836,60 millones de euros para cuatro años: El 60% será aportado por el Estado y el 40% por las comunidades autónomas, responsables de la competencia en vivienda. Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) apuntan a que la cifra presupuestaria sigue siendo insuficiente para las ingentes necesidades de la población española. Equivale a 1.400 millones de euros por año, es decir, el 0,08% del PIB de España en 2025. “Todo lo que no sea invertir entre el 1% y el 3% del PIB en políticas de vivienda, nos condena irremediablemente a no resolver el problema estructural de la vivienda en España”, infiere Quique Villalobos, responsable de Urbanismo y Vivienda de esta organización, que ha presentado esta semana una batería de alegaciones al plan.

Además, el reparto de esta inversión, que deja el 40% (un porcentaje que supera al 25% autonómico del plan anterior) en manos de las comunidades autónomas para la aplicación de las medidas, plantea una dificultad: qué ocurre con todas aquellas comunidades que habitualmente son reticentes a aplicar en sus territorios la ley de vivienda y otras normativas estatales, como ocurre en Illes Balears, Andalucía o Madrid, todas ellas gobernadas por el Partido Popular.

“Lo que hace es hipotecar el 40% del plan a la voluntariedad de las comunidades autónomas. Echamos de menos en este apartado el reconocimiento de mecanismos para concertar acuerdos con administraciones locales u otras entidades, en caso de que los gobiernos regionales se declaren en rebeldía contra el plan y la ley de vivienda, a fin de que la ciudadanía no se vea privada de los beneficios de ambos”, desliza Villalobos con preocupación.

Las organizaciones inquilinas han visto con buenos ojos la medida estrella del plan, el blindaje a perpetuidad del parque de vivienda estatal protegida. A partir del momento de implantación del plan, todas las viviendas, tanto públicas como privadas, que se construyan, rehabiliten o compren con los fondos de este plan se respetarán de forma permanente. Así, el Estado asegura que estos inmuebles no podrán caer en fondos privados ni destinarse a usos especulativos como el alquiler turístico o las viviendas de lujo, como viene siendo habitual.

Eso sí, la protección de las administraciones públicas no afecta a todas aquellas que, estando ya construidas en el parque público, podrían descalificarse. Tampoco hay referencias a los principales actores del conflicto de la vivienda como grandes rentistas o fondos de inversión, más allá de impedirse que puedan comprar los inmuebles adquiridos por el Estado o las comunidades mediante el plan. En efecto, no se hace mención, por ejemplo, la figura de los compradores extranjeros que adquieren vivienda para fines no residenciales.

“Prácticamente ninguna de las medidas toca el negocio de la vivienda, las propuestas no van acompañadas de medidas para incidir en mercado privado...”: Sindicato de Inquilinas

En el Sindicato de Inquilinas de Madrid destacan su insatisfacción en este sentido: “Prácticamente ninguna de las medidas toca el negocio de la vivienda, las propuestas no van acompañadas de medidas para incidir en mercado privado, a quienes están especulando y a quienes están generando toda esa burbuja”, sostiene Fernando de los Santos, portavoz de esta organización. Aunque valoran positivamente que las protecciones del Estado vayan a darse de forma permanente, echan en falta, comenta de los Santos a El Salto, “medidas que seguimos pidiendo desde hace tiempo, como serían los alquileres indefinidos, tapar el agujero de los alquileres temporales y de los alquileres de habitaciones, que deberían incluirse en la misma regulación que disfruta el alquiler residencial, y, por otro lado, quitar rebajas fiscales o ayudas a quienes especulan”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) comparte este diagnóstico y denuncia que, debido a que el plan deja al margen las sanciones contra los grandes actores rentistas, la incidencia del mismo solo podrá notarse en el largo plazo: “Es un chollo para rentistas y fondos buitre. No se ataca uno de los problemas que ahora mismo está endureciendo la situación de crisis habitacional, como es el acaparamiento, nosotros pensamos que hay que desincentivar la rentabilidad estableciendo un número máximo de viviendas en manos de un único propietario y marcando un periodo de desamortización para las segundas o terceras residencias en un tiempo determinado y prohibiendo la compra de vivienda por extranjeros no residentes”, destaca Paco Morote, portavoz estatal de la PAH.

En el plan del gobierno “no se ataca uno de los problemas que ahora mismo está endureciendo la situación de crisis habitacional, como es el acaparamiento”: Plataforma de Afectados por la Hipoteca

El Gobierno ha prometido asimismo ayudas fiscales para jóvenes con el objeto de reducir la edad de emancipación, uno de los problemas que hoy aquejan a miles de personas debido al precio irrisorio de las rentas. Esta medida cuenta, a juicio de las organizaciones mencionadas, con dos fisuras relevantes: Por un lado, perpetúa la percepción social de la emergencia habitacional como un conflicto intergeneracional y no como una problemática estructural y de clase. Por otro, como alerta la FRAVM, conlleva el riesgo de que las ayudas acaben transfiriéndose de forma indirecta a los caseros y acaben en sus bolsillos. “Favorecen más a los rentistas que a los inquilinos y constituyen una simple transferencia de dinero público a los bolsillos de los primeros de forma gratuita”, alegan desde la PAH.

Mientras tanto, el plan deja fuera a uno de los colectivos de población que más se ven afectados por la emergencia habitacional, las personas migrantes en situación irregular, apunta el Sindicato de Inquilinas. Paradójicamente, las medidas van a excluir explícitamente a quienes más se ven afectadas por los alquileres abusivos y la precariedad en la vivienda, ya que el 77% de las personas migrantes actualmente viven de alquiler y lo hacen en muchos casos en condiciones de infravivienda, sufriendo a menudo abusos vinculados al racismo inmobiliario. Tampoco se menciona, denuncia la PAH, a las personas sin techo y otros colectivos con extrema vulnerabilidad.

Por último, el Gobierno continúa poniendo el foco en la construcción de inmuebles en un país donde más de 3 millones de viviendas permanecen vacías según el INE (97.000 en Madrid ciudad, la más urbanizada de Europa). En concreto, según el Ejecutivo nacional, el 40% de los recursos del futuro plan se destinarán a incrementar la oferta de vivienda protegida, aunque los sindicatos de vivienda tratan desde hace años de romper con el falso mito de la escasez de oferta.

La raíz del problema habitacional no reside, inciden desde el Sindicato de Inquilinas, en la falta de inmuebles sino que éstos están destinados a usos no residenciales y lucrativos, como el alquiler turístico y de temporada. “Induce a justificar la necesidad de construir más mientras se mira para otro lado ante la retención especulativa de la vivienda vacía. El fenómeno de la vivienda vacía debería entenderse como una de las columnas en las que se sostiene el tema de hacia dónde o cómo debemos movilizar la vivienda para que no todo sea construcción", critica Villalobos.