Madrid
La PAH denuncia vulneración de derechos en el centro de emergencia del Ayuntamiento ‘Las Caracolas’

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo al considerar que se están vulnerando los derechos fundamentales en el Centro de Emergencia Temporal ‘Las Caracolas’. Este recurso es la solución que ofrece el Ayuntamiento y los Servicios Sociales a personas en situación de emergencia social. Según la plataforma, se han producido más de 200 desalojos de personas vulnerables en los últimos meses, muchas de ellas expulsadas en el plazo de un mes desde su llegada, y sin que sus condiciones de emergencia hayan sido resueltas.

En la demanda, presentada el pasado 17 de marzo, la PAH pide que se investigue el funcionamiento de la asociación ASISPA (Asociación de Servicio Integral y de Apoyo), adjudicataria de la gestión del centro desde marzo de 2024. Cree que existe un grave incumplimiento de sus competencias y prácticas abusivas en el desarrollo de la actividad contratada.

Un centro casi invisible

Es fácil pasar por delante del edificio blanco de vallado gris y no reparar en su existencia. El centro Las Caracolas está ubicado en un polígono empresarial de Villa de Vallecas, rodeado de autovías, gasolineras y grandes superficies comerciales. Construido en su día para alojar a refugiados ucranianos, hoy presta techo temporal a solicitantes de asilo y personas desahuciadas. Según la página web del Ayuntamiento, cuenta con 300 plazas de alojamiento, distribuidas en 32 construcciones prefabricadas, y cada módulo dispone de tres habitaciones con capacidad para hasta 10 personas.

“Me echan y no tengo ninguna alternativa, se me ha acabado la estancia aquí. Lo que no entiendo, hay muchísimas habitaciones vacías, no sé por qué me están echando con el frío”, se quejaba Amara, expulsado del centro en noviembre pasado

En noviembre de 2025, la familia de Amara Dosso (él, su mujer y sus seis hijos de entre 18 y tres años) llevaban residiendo en el centro desde hacía un mes, tras sufrir un desalojo de su anterior vivienda. El día 6 de ese mes le dieron fecha a él para abandonarlo. Al negarse, su maleta fue arrojada a la calle. “Me echan y no tengo ninguna alternativa, se me ha acabado la estancia aquí. Lo que no entiendo, hay muchísimas habitaciones vacías, no sé por qué me están echando con el frío”, se quejaba en ese momento el hombre de 48 años y procedente de Costa de Marfil, que lleva dos décadas en España. Aseguró haber intentado explicar su situación de vulnerabilidad varias veces a la directora del centro. “No ofrecen alternativa, me dicen que a la calle con los niños, a ellos les da igual. Echaron a una mujer con un niño de tres semanas, lo vi”, recordaba.

Ese día, la presencia de miembros de la PAH durante varias horas en la puerta del centro contribuyó a que se buscara una alternativa para Amara, que fue enviado al Samur Social. Sin embargo, la solución fue temporal. El pasado 3 de marzo de 2026, fue expulsado de este recurso. Actualmente vive en una habitación alquilada que ha conseguido por sus propios medios, mientras su mujer y sus hijos continúan en ‘Las Caracolas’. Denuncia, además, una falta de coordinación (o incluso complicidad) entre los servicios sociales y los recursos de acogida. Desde El Salto se ha intentado hablar con la directora del centro, pero esta ha preferido no hacer declaraciones.

Falta de alternativas habitacionales

Desde hace un año, la PAH Vallekas ha logrado organizarse con los residentes de este centro, a raíz de que algunos de ellos asistieran a sus asambleas de vivienda a contar situaciones de desalojo inminentes. Así, los miembros de la plataforma se aproximaron al albergue organizado sesiones informativas y creando un grupo de WhatsApp con el que pueden tener comunicación directa con sus residentes. También hacen concentraciones en la puerta, como la que impidió que Adama quedara en la calle, y hablan con organizaciones cercanas, como los espacios de igualdad, para evitar que las personas queden sin sitio a dónde ir.

Parte de su labor ha sido recopilar testimonios de residentes que permiten visibilizar lo que ocurre en el centro, algunos incluidos en la denuncia. Entre ellos está el de M. y A., una pareja de solicitantes de asilo que fueron desalojados en septiembre de 2025 tras un mes y medio en el centro: “Tienen un hijo menor y ella está embarazada, no tienen alternativa habitacional. En la última revisión médica le detectaron deficiencia alimentaria y pérdida de peso. El día de la expulsión les ofrecieron un transporte para trasladarlos, no tenían donde ir”. A otra familia “les montaron en un vehículo, les dejaron en la Junta Municipal de Villa de Vallecas y se fueron. Los dejaron tirados, en la calle. Es su modus operandi”, recuerda uno de los miembros de la PAH.

“En cualquier desahucio, tú tienes derecho a un abogado y puedes ir al juzgado”, dicen desde la plataforma. “En estos sitios no puedes. A mucha gente le han echado a la calle, les han puesto las maletas en la calle, familias con niños”. Denuncian que se trata del último recurso que ofrecen a mucha gente, como las personas que sufren desahucios, y lamentan que, según han comprobado, la mayoría de los residentes terminan en recursos temporales, como la campaña de frío, o en habitaciones hacinadas alquiladas por sus propios medios, siempre en condiciones precarias.

“Peor que la cárcel”

La PAH también critica el régimen interno del centro, que califica de “cuasicarcelario”. Según indican, a los residentes se les obliga a firmar normas sin recibir copia, lo que les hace “soportar el actuar arbitrario del personal del centro, cuando sin justificación alguna les niegan la posibilidad de recibir visitas, o les registran las entradas y las salidas, siempre con la amenaza constante de que si llegan fuera del horario establecido pueden negarles la entrada”. También denuncian el registro y retirada de sus objetos personales, y un control muy estricto del horario de acceso. La PAH refiere el caso de una pareja con hijos que ingresó después de sufrir un desahucio de SAREB. Él llegó más tarde de la hora fijada porque estaba buscando trabajo, de modo que lo echaron del centro, quedándose dentro la mujer e hijos.

En la demanda incluyen otros testimonios: el de E., a quien el centro no permite empadronarse a ella ni a su bebé; el de G.., que está atemorizada porque en el centro le sugieren que pueden quitarle a sus hijos si no puede atenderlos, o el de J., solicitante de asilo que entró en julio de 2025 y hasta primeros de septiembre no había sido atendida por una asistente social; ayudada por otras usuarias logró solicitar el asilo (obligatorio para permanecer en el centro) e informarse por sus medios de la escolarización de su hijo.

Sobre la gastroenteritis sufrida por una familia, el Hospital Infanta Leonor redactó: “Viven todos en el refugio Caracol [sic], hacen comidas allí, hay más gente con los mismos síntomas”. “Metimos comida porque estábamos malos y nos tiraron todo”, cuenta Amara

Otra queja recurrente es la mala calidad de la alimentación, gestionada por Catering Catasa Madrid S.L., no adaptada a las necesidades y a lo que se suma que los residentes no pueden introducir su propia comida. En 2025, mientras residían en el centro, Amara y sus dos hijos de 11 y tres años fueron hospitalizados por gastroenteritis aguda. Los informes médicos del Hospital Infanta Leonor redactan: “Viven todos en el refugio Caracol [sic], hacen comidas allí, hay más gente con los mismos síntomas”. “Metimos comida porque estábamos malos y nos tiraron todo”, cuenta Amara.

También denuncia las revisiones constantes dentro de las habitaciones. “Cuando tienes dinero no te dejan que gastes nada, tienes que demostrar todo. A un chico lo han echado por eso, porque querían saber todo lo que gana, todo”. Hoy, sus hijos siguen viviendo allí. “Los niños me dicen, papá, tenemos que salir, no quiero comer de ahí. Algún día duermen sin comer. Es peor que la cárcel”.

PAH Vallekas pide “la finalización de todos los desahucios de Las Caracolas y que se respeten la libertad de movimiento, la intimidad y la integridad física, mental y de salud” de los residentes

La PAH señala otras irregularidades añadidas, como procesos de admisión poco transparentes, expulsiones arbitrarias, firma de documentos bajo presión y falta de información clara sobre las normas internas. Todo ello genera, según indican, una sensación generalizada de desamparo entre los residentes, que además temen represalias si denuncian públicamente su situación. Por todo ello, la plataforma pide “la finalización de todos los desahucios de Las Caracolas y que se respeten la libertad de movimiento, la intimidad y la integridad física, mental y de salud de todas las personas que allí residen”.