Activistas se encierran en el Instituto Municipal de la Vivienda en Málaga ante el cúmulo de desahucios

La organización Un Techo por Derecho exigen con esta acción que ninguna persona vuelva a ser desalojada de sus casas sin alternativas en la ciudad andaluza donde más desahucios se realizan.
Encierro un techo por derecho Málaga
Activistas de Un Techo por Derecho encerradas en el Instituto Municipal de la Vivienda en Málaga. Francis González
31 jul 2026 13:00 | Actualizado: 31 jul 2026 14:07

Mariló, Tita Marí, Elvira, Esther, Reme son algunos de los nombres de las mujeres que han sido desahuciadas en los últimos meses en Málaga, la ciudad andaluza donde más lanzamientos se producen. Ante esta situación las activistas de Un techo por Derecho se han encerrado en el Instituto Municipal de la Vivienda “no de forma simbólica, sino por necesidad”, explican.

Las activistas han exigido que “se escuche la realidad de tantas familias en Málaga que están siendo desahuciadas de sus casas sin alternativa”, una realidad diseñada para “favorecer el negocio de caseros rentistas, fondos de inversión y especuladores”.

La acción se ha dado apenas unos días después del desahucio, el pasado lunes, de Mariló y Javier dos personas dependientes que llevaban más de diez años en su casa de la Calle Unión. Tras el desalojo las instituciones le han ofrecido alojarlos durante una semana en un hostal “No es una alternativa habitacional, una semana solo retrasa el problema siete días más”, exponen desde el colectivo.

Muy pocas personas escapan de estar atravesados por la crisis del hogar en una ciudad donde el alquiler se queda el 75% del salario de las vecinas y vecinos según el informe  La crisis de los alquileres en Europa en 2026. La provincia es la segunda más cara, tras Baleares, para arrendar una vivienda.

“La crisis de la vivienda en Málaga no es un accidente ni una consecuencia inevitable del mercado: es el resultado de un modelo económico que convierte un derecho fundamental en un negocio extraordinariamente lucrativo para unos pocos. Mientras fondos de inversión, grandes propietarios y plataformas de alquiler turístico multiplican sus beneficios, miles de personas trabajadoras son expulsadas de sus barrios por el aumento desorbitado de los alquileres y el precio de la vivienda”, profundizan desde Un techo por Derecho

Según fotocasa  el precio anual del alquiler en la provincia es de 15.341 euros al año mientras que el salario medio es de 26.966 euros. El segundo salario medio bruto más bajo de toda Andalucía, solo superado (a la baja) por la provincia de Huelva con 26.927 euros brutos anuales de salario medio. Sin embargo en esta última provincia el precio anual del alquiler es mucho menor: 10.512 euros. Además, según un informe de CCOO cuatro de cada diez trabajadores de Málaga cobran menos del salario mínimo.

Encierro Un techo por derecho
Activistas frente al Instituto Municipal de la Vivienda en Málaga Francis González

La organización ha puesto la responsabilidad sobre distintas instituciones, empezando por el Ayuntamiento de Málaga presidido por Francisco de la Torre desde hace más de 25 años y por los responsables de vivienda en la ciudad Francisco Palomares y José María López, responsable del IMV, edificio donde se encuentran encerradas. Todos ellos, como apunta la organización, “han impulsado durante años un modelo de ciudad orientado a la rentabilidad inmobiliaria y al negocio turístico por encima del derecho a una vivienda digna. Lejos de frenar la especulación, sus políticas han favorecido un escenario enormemente rentable para quienes convierten nuestras casas en activos financieros”.

Las activistas también señalan a la Junta de Andalucía que “ha renunciado a desarrollar una política pública de vivienda capaz de garantizar este derecho, dejando el acceso a un hogar en manos del mercado y de quienes obtienen beneficios de la especulación”.

Desde el IMV han exigido además una solución habitacional digna para Mariló, Javier, Tita Mari, Elvira y Esther. Así como que “ninguna persona vuelva a ser desahuciada en Málaga sin alternativa”. Además han exigido la creación de una mesa permanente entre las instituciones y el colectivo en defensa de la vivienda para “buscar soluciones” a una crisis habitacional que cada semana se cobra víctimas nuevas en la ciudad.

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