Medio ambiente
El Ayuntamiento de Zaldibar contrata al abogado de cabecera del PNV para defenderse contra Verter Recycling

Javier Aldamiz Etxebarria, consultor que ha fichado el consistorio, fue socio del exarquitecto municipal que dictó las normas para la instalación del vertedero. Ambos protagonizaron un polémico proyecto urbanístico tumbado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo.
Vertedero Zaldibar 2
El vertedero de Zaldibar, bajo el que quedaron sepultados dos de sus trabajadores. Argia Dani Blanco

La liquidación de Verter Recycling, gestora del vertedero de Zaldibar, está trayendo cola. Según la documentación a la que ha tenido acceso Hordago-El Salto, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha estimado parcialmente un recurso de la empresa para impugnar “los créditos reconocidos al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento”. Esto es, la empresa no quiere hacer frente al pago del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. El juzgado ha estimado, en parte, su alegación al entender que la reclamación del pago, impugnada por la empresa en la vía de lo contencioso-administrativo, no se debe ejecutar hasta que la vía contenciosa sea resuelta.

Para afrontar el juicio con Verter Recycling, el Ayuntamiento de Zaldibar, comandado por José Luis Maiztegui Onaindia, ha decidido contratar los servicios jurídicos de la asesoría que dirige Javier Aldamiz Etxebarria, excandidato del PNV al Congreso por Bizkaia y actual asesor en materia urbanística del consistorio de Zaldibar. 

Las conexiones de Aldamiz

El bufete de Aldamiz viene desempeñando este trabajo en diversos municipios desde que el Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria, lo fichara como asesor para el Ayuntamiento de Mundaka cuando el mismo Rementria ostentaba la alcaldía. Enfrentarse al cuestionable modus operandi de Aldamiz le costó el cargo al ya exalcalde de Mundaka, Mikel Bilbao.

Desde que Rementeria depositó su confianza en Aldamiz, el bufete que dirige se ha desempeñado en diversos municipios. El exalcalde de Mundaka fue desalojado de su cargo por cuestionar a Aldamiz

Javier Aldamiz Etxebarria fue socio de Iskander Atutxa, exarquitecto municipal de Zaldibar que protagonizó la polémica obra de su chalé en Mundaka. Junto con el entonces alcalde de Zaldibar, Igor Barrenetxea, Atutxa sentó las bases para modificar las normas subsidiarias del municipio y así permitir la instalación del vertedero.

Aldamiz y Atutxa codirigieron Euskaser, una empresa que promovió un proyecto urbanístico en terrenos de la familia de un alcalde del PNV de Lezama, y que finalmente fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y por el Tribunal Supremo. Ambos han trabajado asesorando al Consistorio del municipio famoso por acoger las instalaciones donde entrena el Athletic Club.

Aldamiz y Atutxa codirigieron una empresa que promovió un proyecto urbanístico en terrenos de la familia de un alcalde del PNV de Lezama

Asimismo, Iskander Atutxa y su hermano, el exburukide Asier Atutxa, fueron consejeros de Ingeplan, una empresa de ingeniería que fichó a Barrenetxea, exalcalde del PNV en Zaldibar. Ingeplan fue liquidada en noviembre del año pasado.

La posición de Verter Recycling 

Por otro lado, Verter Recycling ha pretendido, textualmente,  “excluir del listado de acreedores” la “improcedente inclusión” de “los créditos reconocidos al Gobierno Vasco”. El juzgado correspondiente no ha atendido esta alegación en relación al pago todavía pendiente de 28,7 millones de euros de los costes que asumió el Gobierno Vasco para reparar los daños medioambientales derivados del derrumbe en el que perdieron la vida dos trabajadores. Verter Recycling ha impugnado por lavía contenciosa el pago al Gobierno Vasco, y por ello, el Juzgado de lo Mercantil reconoce que estos “créditos” deben considerarse como “condicionales” al estar “sometidos” al dictamen final de la “vía contenciosa”.

La última rendición de cuentas de Verter Recycling a la que tuvo acceso Hordago-El Salto señalaba que la empresa tenía previsto hacer frente en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior del País Vasco al expediente sancionador (ES-IPPC-2020-002) del Gobierno Vasco, para lo que había aprovisionado 100.000 euros, y estaba esperando un posible “pronunciamiento” en torno a otro expediente sancionador (ES-IPPC-2020-003) de este organismo. Además, para hacer frente al expediente sancionador (ES-2020/00017) de la Diputación Foral de Bizkaia, derivado de la afectación a la autopista por el derrumbe, aprovisionó otros 200.000 euros.

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A finales de septiembre del año pasado, el Director de Trabajo y Seguridad Social firmó una resolución por la que se ordenaba la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la sanción de 300.000 euros impuesta a Verter Recycling “por infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.”

Esta sanción se suma a la condena penal decretada para los responsables del vertedero en 2021, cuyos gestores están condenados por un “delito contra la seguridad en el trabajo”, a un año de prisión y ocho meses de multa a razón de 10 euros de cuota diaria.

El juzgado de Durango que instruye la causa por delito medioambiental ha decidido llamar a declarar el próximo 28 de febrero, en calidad de investigados, a tres funcionarios de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

No obstante, como ya desveló Hordago-El Salto, el acuerdo extrajudicial alcanzado a principios de septiembre del 2021 entre los responsables de Verter Recycling y las familias de los dos fallecidos asciende a cerca de tres millones de euros y, de este modo, los condenados evitaron ingresar en prisión.

Según fuentes consultadas por esta revista, el juzgado de Durango que instruye la causa por delito medioambiental ha decidido llamar a declarar el próximo 28 de febrero, en calidad de investigados, a tres funcionarios de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

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