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El caso Salvatierra: sobre la gestión de residuos y las “gestiones residuales”

En 2012, un Pablo Iglesias aún poco conocido por la opinión pública afirmaba que hacer política era cabalgar sobre contradicciones. A partir de ahí supo crecer políticamente (a pesar de esas contradicciones) y generar polémicas alcanzando altas cotas de popularidad mediática y una revolución en la narrativa política y electoralista desconocida hasta entonces en nuestro país. Sigue siendo un líder y generador de opinión entre los suyos y objetivo principal de la diana mediática de sus enemigos. Diez años después de aquel controvertido discurso, Guillermo Fernández Vara, más talludito y más ducho en retórica y discursiva parlamentaria que el mesías de la formación morada, ha demostrado que no ha aprendido la lección de la “nueva política”. El PSOE extremeño lleva una legislatura repleta de contradicciones, pero las gestiona con menos elegancia que las camisas de Alcampo que viste Iglesias. La fábrica errante de baterías, la mina de litio y los vaivenes de opinión del cacereño alcalde “budista” y, más recientemente, el macrovertedero de Salvatierra de los Barros, son sólo algunos ejemplos. Y cito estos casos por ser de reciente eclosión, como los brotes verdes de ZP, pero no podemos olvidar problemas anquilosados, como la vergüenza de las comunicaciones ferroviarias que tantos quebraderos de cabeza dan a un César Ramos que tan pronto se muestra compungido como agresivo con los usuarios que se remiten a él en su twitter para narrarle sus desventuras en los trenes extremeños.

La movilización popular tumba el proyecto de macrovertedero en Salvatierra de los Barros (Badajoz)

Redacción El Salto Extremadura

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Victoria La movilización popular tumba el proyecto de macrovertedero en Salvatierra de los Barros (Badajoz)

Redacción El Salto Extremadura

A pesar del éxito de las manifestaciones, el proyecto se mantiene con vida pues está sujeto a que la empresa recurra, e incluso podría presentarse otro expediente.

Pero vayamos al asunto de los residuos y reflexionemos sobre los antecedentes para comprender los peligros a los que nos enfrentamos. En 1998, la localidad de Nerva, en Huelva, vivió un punto de inflexión en su devenir que marcaría el desarrollo —o subdesarrollo, según se mire— en años venideros: la instalación de un vertedero de residuos industriales que “generaría riqueza y puestos de trabajo”. Aún no estábamos tan concienciados con la conservación del entorno o la gestión de residuos, ni familiarizados con conceptos como economía circular o desarrollo sostenible. El Fondo Social Europeo financiaba infraestructuras públicas con las que ni habíamos soñado, al mismo tiempo que Bruselas exigía, a cambio, el cumplimiento de una serie de medidas conservacionistas. Algunas, tan evidentes como complejas, pues hasta ahora la gestión de aguas residuales y residuos sólidos urbanos —por poner un ejemplo tan sencillo como cercano— no había sido una preocupación real en nuestro país, pero era ya un problema de sobra conocido por nuestros vecinos al norte de los Pirineos.

Hay infraestructuras que dejan más hambre que beneficios y, para dejárnoslo claro, en primavera de 1998 llegó a los medios la noticia del desastre de Aznalcóllar, causado por la rotura de una balsa minera propiedad de la empresa sueca Boliden

Para entrar en el selecto club europeo se exigía cumplir la etiqueta y las galas protocolarias; y estas medidas ambientalistas eran parte del contrato. Había alegría presupuestaria y esa situación era idónea para soñar con un mundo mejor; la novísima Red Natura 2000 establecía una serie de directivas para conservar los ecosistemas europeos y nada parecía indicar que estábamos construyendo un ritmo de vida trepidante en el que índice de basura per cápita crecería de manera alarmante y su gestión se convertiría en un problema (bueno, algunos ya lo sabían, y obtenían buen lucro de ello). ¿Sería Nerva la elegida para la nueva utopía? Eran los tiempos de Borbolla y de la larga resaca de la Expo: buen tiempo para el populismo. Pero no nos dimos cuenta de que hay infraestructuras que dejan más hambre que beneficios y, para dejárnoslo claro, en primavera de 1998 llegó a los medios la noticia del desastre de Aznalcóllar, causado por la rotura de una balsa minera propiedad de la empresa sueca Boliden.

Lean sobre Boliden, una corporación a la que, en los años 60, le cerraron en su Suecia natal una rentable mina de oro. Rentable económicamente, pero un desastre con el entorno. Sin embargo, fuera de sus fronteras, ni ética ni responsabilidad. Y, como poderoso caballero es don dinero, la causa siguió un tortuoso camino judicial aún sin resolver con una montaña de dinero pública dilapidada y los bolsillos de los empresarios nórdicos aún intactos. La mina entraba en una pausa forzosa, para tratar de paliar los daños causados y evitar males mayores. El vertedero de Nerva siguió adelante. Veinticuatro años después, continúan las polémicas: en primavera de 2022 la Guardia Civil interceptaba en el puerto de Sevilla un barco con 7.500 toneladas de residuos peligrosos, provenientes de Montenegro (de momento, país extracomunitario) y el Ministerio de Transición Ecológica paralizó el traslado pendiente de 40.000 toneladas más.

No deja de ser extraño lo que está ocurriendo en Salvatierra de los Barros, visto lo acontecido en los últimos meses con otros proyectos de “desarrollo”. Y no lo es porque hasta ahora los servicios propagandísticos de la Junta de Extremadura han venido explotando de manera regular una serie de iniciativas que no dejaban de caer como castillos de naipes

También veinticuatro años después de aquel fatídico 98 en la vecina provincia de Huelva, salta en prensa regional extremeña la noticia de que una empresa murciana está tramitando la Declaración de Impacto Ambiental para abrir un macrovertedero en el término municipal de Salvatierra de los Barros (1.600 habitantes). Las dimensiones, 90 hectáreas frente a las las 30 de su homólogo de Nerva, la distancia de los centros industriales que producirían esos residuos, la falta de infraestructuras (la localidad está comunicada por una red de carreteras comarcales y provinciales incapaces de asumir el volumen de camiones que traerían esos residuos) y los desmanes y mentiras de este tipo de negocios, levantan las sospechas. También colabora en ese sentido el silencio de la Junta de Extremadura; la presencia del alcalde socialista en las primeras manifestaciones, como si fuera un vecino afectado más y su ausencia cuando se comienzan a dilucidar las complicidades de ciertas administraciones; la inexistencia de noticias claras y el boicot del grupo Vocento (diario Hoy), que dedica un cuarto de página a un ciclista que se ha caído de la bicicleta pero ignora una concentración de un millar de personas pidiendo la no apertura de un negocio que supondría el fin de la resiliencia ecológica de la zona.

Desentrañando los entresijos del macrovertedero industrial de Salvatierra de los Barros

Javier Cuenda

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Desentrañando los entresijos del macrovertedero industrial de Salvatierra de los Barros

Javier Cuenda

Detrás del proyecto del macrovertedero de Salvatierra existe una compleja red de intereses.

No deja de ser extraño lo que está ocurriendo en Salvatierra de los Barros, visto lo acontecido en los últimos meses con otros proyectos de “desarrollo”. Y no lo es porque hasta ahora los servicios propagandísticos de la Junta de Extremadura han venido explotando de manera regular una serie de iniciativas que no dejaban de caer como castillos de naipes: la fábrica de baterías, que generó enfrentamiento dialéctico entre territorios, o la mina de litio que no iba a ser, según el alcalde de Cáceres, y que ahora tal vez sea, según el presidente de Extremadura y que podría ser con garantías según, ¡sorpresa!, el mismo alcalde de Cáceres en su renovada actitud frente a la tan amada como denostada infraestructura. Sin embargo, en la localidad de la Sierra Suroeste todo el proceso se ha ido desarrollando de manera velada, sibilina si se quiere, y no ha sido hasta la aparición en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) que la opinión pública ha sabido de su existencia. Sí lo sabrían las instancias políticas regionales y adláteres, el ahora ex-alcalde y los vecinos que vendieron los terrenos a un precio anormalmente abultado y, a posteriori, se llevaron las manos a la cabeza por lo hecho.

La reacción popular no ha tardado en aparecer y es bonito ver cómo la ciudadanía defiende sus tierras, su entorno, su forma de vida tradicional y respetuosa con el entorno y sus derechos: manifestaciones, presencia mediática, activismo... Sin embargo, no se puede bajar la guardia. El camino por recorrer es duro y arduo. Y no faltará quien venda su dignidad por treinta monedas de plata.