Opinión
Desentrañando los entresijos del macrovertedero industrial de Salvatierra de los Barros

Hace unos días, la Junta de Extremadura publicó finalmente en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución sobre la finalización anticipada del periodo de información pública y el consiguiente archivo del expediente administrativo del proyecto del macrovertedero industrial de Salvatierra de los Barros (Badajoz). Previamente el alcalde de Salvatierra de los Barros había anunciado que dejaba temporalmente su cargo por motivos de salud, y unos días después dimitía su sucesora, la alcaldesa en funciones, junto con otros tres concejales de su partido, el PSOE, tras haber mantenido una reunión con la Plataforma ciudadana “Salva tu tierra – No al macrovertedero”, en la que los representantes de la Plataforma habían presentado multitud de indicios que hacían poner en duda el buen hacer y la transparencia de las administraciones públicas y del PSOE en la tramitación del proyecto.

A día de hoy, el alcalde ha anunciado su dimisión definitiva y los cuatro concejales han revocado la suya a fin de volver a formar parte de la corporación municipal como ediles no adscritos. Apoyarán a otro candidato a la alcaldía, tratando de garantizar de esta manera cierta estabilidad institucional y evitando que el Ayuntamiento quede en manos de una gestora.

En este contexto, resulta interesante ahondar un poco más en los intereses económicos y en las relaciones existentes entre políticos y empresarios interesados por este proyecto, más allá del alcalde de Salvatierra, que parece más títere que urdidor de esta trama.

La empresa promotora del macrovertedero, “3RS MA Extremadura” forma parte del grupo Hozono Global, antiguamente llamado Grupo Generala, presidido por Manuel Martínez Ortuño. Este grupo empresarial se dedica principalmente a la construcción, servicios integrales y “proyectos medioambientales”. Todo parece indicar que el reciente cambio de nombre corresponde a un lavado de cara de un grupo sobre el que recaen sospechas de corrupción y adjudicaciones ilícitas de contratos públicos. En este caso, al igual que con el Director Ejecutivo de Extremadura New Energies (la empresa que pretende abrir la mina de litio en Cáceres), Ramón Jiménez Serrano, imputado actualmente por el caso de la desaladora de Escombreras, nos toca ir a investigar a Murcia.

Todo parece indicar que el reciente cambio de nombre corresponde a un lavado de cara de un grupo sobre el que recaen sospechas de corrupción y adjudicaciones ilícitas de contratos públicos

En la Comunidad Autónoma de Murcia, gobernada desde hace casi 30 años por el mismo partido, el PP, se ha desarrollado una red clientelar, según denuncian oposición y empresarios, en la que se han intercambiado durante años influencia y votos por trabajos en empresas afines y privilegiadas. Al grupo Generala se le ha adjudicado a lo largo de los últimos años multitud de contratos públicos, casi siempre envueltos en polémicas. De hecho, a Manuel Martínez Ortuño se le ha relacionado con el terremoto político que comenzó con la moción de censura murciana y que tuvo implicaciones en el resto de España en 2021. En una de las sospechosas adjudicaciones de contratos municipales al Grupo Generala en Murcia, habrían desaparecido el 30% de los fondos destinados al servicio, lo cual llevó al PSOE murciano a denunciarlo ante la Fiscalía y a Ciudadanos a entregar voluntariamente información a la UDEF. Esto acabó jugando un papel fundamental en la moción de censura murciana finalmente abortada por el PP gracias a tres diputadas tránsfugas de Ciudadanos.

El grupo empresarial que está detrás del macrovertedero de Salvatierra no es ajeno, por lo tanto, al trato directo con las élites políticas y al tráfico de influencias. Ahora toca averiguar que les ha traído a Extremadura y concretamente a la provincia de Badajoz. Es difícil no pensar directamente en la mayor industria de la comarca, la Siderúrgica Balboa, con sede en Jerez de los Caballeros. Las conexiones y lazos del grupo Gallardo Balboa —un grupo empresarial promovido y financiado con dinero público extremeño— con el PSOE de Extremadura no son ninguna novedad (el heredero de la fortuna de Alfonso Gallardo no sería otro que su sobrino, el exdiputado del PSOE, Francisco Fuentes Gallardo). Los polvos de acería de la Siderúrgica Balboa suponen casi la mitad de los residuos peligrosos de la región y la empresa tiene un claro interés en que el proyecto del vertedero salga adelante. Así lo reflejaba una portada de el periódico Hoy, erigido en portavoz oficioso de los puntos de vista e intereses del grupo: “Los residuos industriales extremeños viajan a Castilla y León, País Vasco y Andalucía” y “Las empresas de la región deben hacer frente a los elevados gastos de los envíos y del tratamiento”.

Las conexiones y lazos del grupo Gallardo Balboa con el PSOE de Extremadura no son ninguna novedad (el heredero de la fortuna de Alfonso Gallardo no sería otro que su sobrino, el exdiputado del PSOE, Francisco Fuentes Gallardo)

Además, Manuel Romero Calzado, miembro del consejo de administración de 3RS MA Extremadura, ha tenido en el pasado cargos importantes en Siderúrgicas Balboa. En el fondo, Manuel Romero Calzado representa la confluencia de los intereses de Hozono Global y Siderúrgicas Balboa en el proyecto del macrovertedero. Por si fuera poco, se cierra el círculo con su hermano, David Romero Calzado, secretario de economía e industria en la comisión ejecutiva provincial del PSOE de Badajoz, que ha sido apoderado solidario en la empresa pública Extraval, donde tenía a su cargo a Francisco José Saavedra, el alcalde socialista de Salvatierra de los Barros.

En definitiva, vemos como detrás del proyecto del macrovertedero de Salvatierra existe una compleja red de intereses, en la que los grandes poderes económicos habrían buscado aliados en las élites políticas regionales para que les faciliten la tramitación del proyecto, que generaría beneficios económicos significativos tanto a Siderúrgicas Balboa como al grupo Hozono Global. La gran paradoja es que mientras el PSOE murciano ha criticado ferozmente a lo largo de los últimos años los recurrentes “trapicheos del PP con La Generala de por medio”, el PSOE extremeño parece haberles abierto las puertas de par en par.