Memoria histórica
La “ineficacia” de la nueva Ley de Memoria Democrática en su segundo aniversario

El 20 de octubre de 2022 se aprobaba la nueva Ley de Memoria Democrática. Acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo era una de las esperanzas de las asociaciones memorialistas. A principios de febrero del 2023, víctimas del franquismo, integradas en la coordinadora CEAQUA, presentaban cinco querellas por crímenes realizados durante la dictadura, una de ellas la de la familia del sindicalista y líder de Unión do Povo Galego (UPG), Moncho Reboiras, que fue asesinado tras recibir tres disparos de la policía franquista. El caso de Reboiras recibió el primer archivo como respuesta con la nueva ley en activo. Tras de él, una decena de nuevas querellas han sido archivadas por los juzgados en un incesante goteo que ha puesto en tela de juicio la nueva norma.

“En el tema de la justicia, la nueva ley es totalmente ineficaz y deficitaria”, expresa Rosa García, portavoz de La Comuna, presos del franquismo, tras concentrarse este lunes junto al resto de asociaciones frente a la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática en Madrid.

El Tribunal Constitucional, en un auto de junio, considera que el articulado de la vigente Ley de Memoria Democrática es insuficiente y no habilita para investigar los crímenes franquistas

De hecho, tal y como informa CEAQUA, el Tribunal Constitucional, en un auto de junio, considera que el articulado de la vigente Ley de Memoria Democrática es insuficiente y no habilita para investigar los crímenes franquistas. Argumenta por un lado que los delitos están prescritos y amnistiados y, por otro, que al tiempo de haberse cometido los crímenes objeto de denuncia no existía en el Código Penal español el tipo penal del crimen contra la humanidad, añadiendo que tampoco cabe acudir al derecho internacional pues resulta incompatible con el principio de legalidad penal. 

“Esto ya lo dijimos cuando se estaba tramitando. Hay que modificar las leyes que permiten la impunidad del franquismo, como es la ley de amnistía, y acabar con el principio de legalidad al que aluden los jueces que no reconoce los delitos de lesa humanidad anteriores al 2004”, expresa García.

Una ley que está sin reglamento

Por otro lado, denuncian las organizaciones, estamos ante una ley “que no se ha puesto en funcionamiento” pues no se han publicado los reglamentos necesarios para que comience a andar. “Sin un reglamento que desarrolle la ley, sin una dotación presupuestaria necesaria y suficiente y sin un plan de actuación plurianual, no habrá memoria democrática”, expresan en un comunicado conjunto el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Democrática y de Víctimas del Franquismo y la Transición, la Plataforma Calles Dignas Justa Freire y la Plataforma en Defensa del Memorial.

Entre las cosas que quedan por desarrollar estarían desde la declaración de ilegalidad e ilegitimidad de órganos judiciales y administrativos y nulidad de sus resoluciones, la creación del banco Estatal de ADN, ya que la inmensa mayoría de las víctimas del robo de bebés han quedado excluidas de este banco, al ser necesario que la denuncia “haya sido admitida” o la elaboración del Inventario Estatal de lugares de memoria y medidas de protección.

A este respecto, Rosa García explica que desde La Comuna, y en representación del resto de asociaciones, propusieron tres lugares para la memoria: la cárcel de Carabanchel, la antigua sede de la Dirección General de Seguridad (hoy la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid) y el Casal del Pueblo de Mallorca “y no lo han tramitado”, se queja, mientras indica que hay otros 17 lugares propuestos. Tampoco se han añadido contenidos sobre memoria histórica en los libros de texto de Secundaria y Bachillerato, se queja García, novedad que también incluye la nueva ley.

Mientras en el horizonte un verdadero retroceso acecha: la derogación de las leyes autonómicas en Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura y País Valencià

Así las cosas, tras dos años de la nueva ley “no hay nada que celebrar”, denuncia la portavoz de La Comuna, mientras en el horizonte un verdadero retroceso acecha: la derogación de las leyes autonómicas en Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura y País Valencià. “Pedimos que se haga una política de memoria y es lo que no se está haciendo”, se queja García.