Memoria histórica
Las nuevas leyes de memoria histórica recuperan la “concordia” franquista

A las puertas de la conmemoración del 85 aniversario del fin de la Guerra Civil, los gobiernos autonómicos del País Valencià y Castilla y León, ambos coaliciones de Partido Popular y Vox, han decidido impulsar nuevas normas autonómicas que van a afectar seriamente a la investigación y al reconocimiento de las víctimas del franquismo.

La estrategia discursiva empleada en ambas autonomías es la misma: diluir la reparación hacia las víctimas de la represión franquista equiparando su condición con la de “todas las víctimas de la violencia política desde 1931 hasta la actualidad”. De hecho, en el segundo párrafo de la propuesta valenciana, se dice textualmente que “España ha vivido etapas muy convulsas, como la Segunda República, la Guerra Civil, una dictadura (nota del autor: sin apellido y en minúscula) y el azote del terrorismo etarra e islámico”. Ambas propuestas cambian el concepto de “memoria democrática” por el de la “concordia”.

La estrategia discursiva empleada en ambas autonomías es la misma: diluir la reparación hacia las víctimas de la represión franquista equiparando su condición con la de “todas las víctimas de la violencia política desde 1931 hasta la actualidad”

Para Ángel González, presidente de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valenciano (CAMDE-PV), la nueva ley no es ninguna sorpresa. “Esperábamos que se retrasase igual hasta después de las elecciones europeas, que guardasen la ropa antes de pegar este giro claramente neofascista, pero sabíamos que este momento iba a llegar porque es el punto segundo del acuerdo de gobierno”.

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El cambio de gobierno en el País Valenciá deja en el aire la continuidad de proyectos públicos de memoria como el banco de ADN, las exhumaciones y proyectos de musealización y divulgación.

En concreto, ese apartado del pacto que llevó a Carlos Mazón a la presidencia de la Generalitat decía literalmente así: “Reivindicaremos la historia de España y de la Comunitat Valenciana y garantizaremos la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos. Por ello, se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos”. Un redactado que anticipaba la supresión de la ley de Memoria Democrática impulsada por el Botànic. De hecho, el nuevo Consell encabezado por Mazón suprimió la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, asumiendo desde presidencia todos los ámbitos de gestión sobre las políticas memorialistas.

Rosa Pérez, que fue precisamente la persona que encabezaba esta conselleria en la última etapa del Botànic, señala que el proyecto de ley “es un despropósito, para empezar, porque la Segunda República fue un periodo democrático en el que incluso gobernó la derecha, algo que conocen y que juegan al desconcierto ignorándolo”. Para la líder de Esquerra Unida del País Valencià “lo único que intentan es desdibujar, por una parte a las víctimas del franquismo y por otra parte, presentar la Segunda República como una época donde se vulneraban los derechos”.

Rosa Pérez: “intentan disfrazar la historia, negarla, porque ellos en estos periodos donde hay claramente unas víctimas y victimarios, están situados al lado de los victimarios y quieren desdibujarlo”

Para Pérez, tampoco ha sido una sorpresa esta iniciativa legislativa, ya que “como han hecho siempre, lo que intentan es disfrazar la historia, negarla. Un negacionismo de lo que pasó, porque ellos en estos periodos donde hay claramente unas víctimas y victimarios, están situados al lado de los victimarios y por eso quieren desdibujar la historia”. Pérez destaca que “al Partido Popular le viene muy bien la coartada que supone Vox, pero en realidad estas son las políticas que ellos siempre han defendido”.

La exconsellera sí que señala como sospechoso el “timing” para impulsar este cambio legislativo, porque “presentar cuatro leyes como la derogación de la Ley de Memoria Democrática, intentar recortar el valenciano en las escuelas, la supresión de la Ley de Transparencia y una ley que les permitirá manipular y controlar los medios de comunicación públicos justo el día que se inicia el juicio contra el expresidente Zaplana, que no olvidemos nunca que es el padrino político de Mazón, no es casual".

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24 años después de ejercer su primer puesto de gestión autonómica, llega al Palau de la mano de un torero franquista y una integrista católica.

El negacionismo al que hace referencia la exconsellera se materializa en el texto de la propuesta de ley, donde figura que “nunca ha habido un relato consensuado ni entre los historiadores, que aún sostienen encarnizados debates teóricos y metodológicos(...), ni entre la ciudadanía, con su particular acervo de recuerdos”. Pérez afirma que “está ampliamente documentado por historiadores y organismos internacionales que la dictadura fue un periodo donde se cometieron delitos de lesa humanidad, desde asesinatos, tortura, expolio, hasta el robo de recién nacidos, en definitiva, un exterminio absoluto de todo aquel que no comulgaba con el régimen.”

La propuesta de ley valenciana pretende ser una total impugnación de las políticas memorialistas. En concreto, el texto dice que “frente a las injerencias, coacciones y restricciones de derechos de la legislación memorialista, es preciso recordar que el principal deber del estado en lo relativo al pasado ha de partir del amparo de las libertades y de preservar la reconciliación heredada”.

Ángel González (CAMDE-PV): “es inaceptable que se iguale el franquismo con la democracia como se hace en la exposición de motivos de la ley”

Para Matias Alonso, presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana, “esta nueva ley supone la vuelta al pensamiento único y la discordia”. En declaraciones recogidas por Europa Press, Alonso, advierte que supone “colar de rondón el pensamiento único, ya que no se trata solo de un cambio de nombre, sino que ataca frontalmente a la actuación memorialista que se venía realizando tanto desde las instituciones hasta las entidades que están trabajando a ras de suelo”. Una visión que comparte Ángel González (CAMDE-PV), que señala “la imposición de la perspectiva ultraderechista de la historia, es inaceptable que se iguale el franquismo con la democracia como se hace en la exposición de motivos de la ley”.

González teme que se paralicen presupuestos para proyectos como identificaciones y exhumaciones de víctimas del franquismo, amparándose en esta nueva ley. La ex consellera Pérez señala que “evidentemente no se puede revertir la identificación de las restos funerarios de las víctimas y el trabajo ya realizado, no les pueden volver a meter en las fosas, pero pueden ir retrasando partidas ya adjudicadas para nuevas exhumaciones”. Una situación que, según Pérez, ya se está dando “en Alicante, retrasando las partidas con la intención de que decaigan, que no se ejecuten”.

También peligra la financiación del banco de identificación genética, un proyecto que ni siquiera es nombrado en la nueva ley.  Pérez señala que esa iniciativa “no sirve solamente para las exhumaciones, también es importante para la localización de de bebés robados”. Su supresión, critica Pérez “producirá una gran inseguridad jurídica y una desprotección absoluta de las familias  de las víctimas”.

La nueva ley legaliza homenajes fascistas

La propuesta de ley que han presentado los grupos parlamentarios en Les Corts de PP y Vox reduce las más de 60 páginas y 65 artículos de la actual ley autonómica de memoria histórica a tan sólo siete páginas y cinco artículos. El nuevo texto tampoco nombra el reconocimiento ni el derecho a conocer la verdad de las víctimas del franquismo o la Guerra Civil, así como tampoco aparece ninguna referencia a los procedimientos de exhumación o la problemática de los bebés robados.

Además, suprime la prohibición de actos y homenajes en los que se glorifica a personas y elementos fascistas o franquistas que instauraba la ley anterior. De esta forma, decaerían multas como las impuestas por expedientes sancionadores impulsados por la antigua conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calitat Democratica, tras la exhibición de símbolos franquistas en la marcha ultraderechista del 12 de octubre de 2020 en el barrio valenciano de Benimaclet. Una manifestación donde abiertamente se produjo la exaltación y apología de la dictadura franquista, además de exhibir símbolos nazis, fascistas y banderas franquistas.

La nueva ley también haría desaparecer la enseñanza de la memoria democrática en las escuelas, así como tampoco hace referencia a la retirada de vestigios franquistas que aún quedan por todo el territorio del País Valencià. Además, desaparece tanto el día del recuerdo de las víctimas (28 de marzo), el memorial que demandaban las asociaciones y la comisión de la verdad que el gobierno del Botànic planeaba impulsar. Otros proyectos, como el Instituto de Memoria Democrática, que está en plena construcción en Alicante con fondos europeos, podría resignificarse en caso de seguir adelante.

Posibles recursos judiciales

La nueva líder del PSPV, Diana Morant, aseguró en una entrevista con Apunt que el gobierno de Pedro Sánchez tiene la intención de recurrir esta ley en caso de aprobarse, entre otras cuestiones, por invadir competencias estatales. La ministra de Ciencia, innovación y universidades afirma que “esta ley irá al constitucional porque defiende el franquismo”.

Además de este posible recurso, las asociaciones memorialistas también tantean llevar a los tribunales la ley cuando esta se apruebe. Desde la CAMDE-PV, González señala que esta propuesta “no solo entra en conflicto con la ley estatal, es que entra en conflicto con el derecho internacional, con todas las recomendaciones de Naciones Unidas y de los relatores especiales para la verdad, la justicia y la reparación”. Aún así, González señala su desconfianza ante los tribunales, “somos conscientes que las cúpulas judiciales no han sido depuradas en ningún momento de todo el discurso franquista, por lo que tampoco somos optimistas al respecto”.