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Migración
El Ayuntamiento de Mérida niega el padrón a migrantes a la par que financia el Congreso de migraciones
Centenares de personas migrantes africanas que llevan meses alojadas provisionalmente en el Centro Temporal de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de Mérida están viendo como se les niega el empadronamiento por parte del Ayuntamiento de Mérida, en manos del PSOE con mayoría absoluta. Así lo ha denunciado este lunes ante los medios la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes de Extremadura, quienes narran como el pasado viernes 11 de octubre decidieron llevar a cabo una acción de empadronamiento colectivo de 18 de ellos, ante los problemas que están sufriendo para poder obtener el padrón en la capital extremeña.
Análisis
Análisis Las fronteras selectivas: discriminación en los movimientos y migraciones globales
Desde esta plataforma señalan la paradoja de que Ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, como son Cáceres y Badajoz, sí que empadronan a personas migrantes llegadas desde el continente africano o desde Ucrania, mientras que el emeritense gobernado por el PSOE no lo hace. Además, Julián Bermejo, uno de los miembros de esta plataforma, en declaraciones a El Salto Extremadura, ha señalado que “la respuesta que ha ofrecido este lunes el Alcalde no es seria. Él nos ha respondido a esta queja diciendo que no tienen problemas para empadronar siempre que presenten la documentación, poniendo de ejemplo los recibos de suministros como requisito para ello”. Por ello, le exige “un mayor compromiso y que no se justifique argumentando que esto es una cuestión de competencias nacionales”.
Desde la plataforma [...] recuerdan que “todo ciudadano nacional o extranjero, tiene la obligación de empadronarse en la ciudad en la que reside. Y es una obligación porque incluso la ley penaliza a quien no lo haga con una multa de hasta 150 euros”
Ante esta situación, desde la plataforma adelantan que “las personas afectadas han presentado en el registro del Ayuntamiento las 18 reclamaciones pertinentes, fundamentadas jurídicamente y entregando al efecto los documentos que acreditan su identidad y el domicilio en el municipio”.
Además, recuerdan que “todo ciudadano nacional o extranjero, tiene la obligación de empadronarse en la ciudad en la que reside. Y es una obligación porque incluso la ley penaliza a quien no lo haga con una multa de hasta 150 euros”. Por ello, denuncian que el Ayuntamiento con su actuación “está muy cerca de la prevaricación, sobre todo, teniendo en cuenta que el Informe al respecto del propio Ayuntamiento fechado el 6 de Agosto de 2024, concluye que “no existe problemas para el empadronamiento de estas personas”.
El colectivo se refiere al informe jurídico emitido este verano por el Ayuntamiento de Mérida, firmado por el Jefe de Negociado, a petición del Concejal Delegado de Administración General, relativo al empadronamiento de estas personas, donde se afirmaba que “a la vista de todo cuanto dispone la legislación no existe problema en el empadronamiento de estas personas, siempre y cuando cuenten con documentación acreditativa de su identidad especificada anteriormente”.
Por todo ello, este lunes le han pedido directamente al Alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que “admita la inscripción en el padrón de estas personas”.
El PSOE, en contra de facilitarles el empadronamiento
Esta política migratoria del PSOE en Mérida ya se ha visto reflejada en las sesiones municipales del Pleno del Ayuntamiento de Mérida. Hace tan solo unas semanas, en el Pleno celebrado el pasado 26 de septiembre, el Grupo Municipal Socialista votó en contra, junto al Partido Popular y Vox, de una propuesta de Unidas por Mérida que hablaba de “facilitar el empadronamiento en Mérida de las personas migrantes que habitan el CAT para personas migrantes de Mérida”.
Desde Unidas argumentaban la necesidad de esta medida defendiendo que “en otros municipios sí lo hacen. Dejarles empadronarse les abre puertas a cubrir multitud de necesidades básicas, trámites administrativos o de protección internacional, etc. Negarles esa opción de empadronamiento es agrandar más el limbo social y administrativo en el que se encuentran”.
El portavoz socialista incluso criticó esta propuesta afirmando que esto supondría “censar en el padrón de manera artificial. Es hacernos trampas al solitario. No es respetuso y responsable por nuestra parte”
El portavoz del PSOE, Julio César Fuster, a pesar de votar en contra de esta propuesta defendía que “Mérida es una ciudad de acogida porque en Mérida conviven personas de 65 países que no son comunitarios”, y justicando el voto en contra de su partido afirmando que “no existe problema en el empadronamiento. O esas personas vienen identificados o no los pueden empadronar. No es una cuestión política de este gobierno, es una cuestión de derecho administrativo y es lo que tenemos que hacer cumplir este gobierno”, poniendo por tanto, por encima de todo “el derecho administrativo”.
Además, el portavoz socialista incluso criticó esta propuesta afirmando que esto supondría “censar en el padrón de manera artificial. Es hacernos trampas al solitario. No es respetuso y responsable por nuestra parte”.
Fuster reconocía, sin embargo, que cuando ha habido por parte del Ayuntamiento voluntad política han “llegado a un acuerdo institucional entre el Ayuntamiento y el Servicio Extremeño de Salud para empadronarlos con el objetivo de darle un tratamiento a largo plazo y garantizar la salud de estas personas migrantes”.
Además, desde el PSOE se argumentaba que “se está garantizando todo el tema humanitario con estas personas” y que “este equipo de Gobierno ha peleado porque este centro esté aquí en Mérida, en esa apuesta por una ciudad de acogida histórica”.
Empadronamiento no, Congreso de Migraciones, sí
Solo un día antes de negarles el padrón a estos migrantes en Mérida se había celebrado el Congreso de Periodismo de Migraciones, en el que participaron decenas de periodistas. Un Congreso de dos días que ha sido financiado este año por parte del Ayuntamiento con 15.000 euros, según recuerda el concejal de la oposición, Óscar Fernández Moruno, de Unidas por Mérida.
A la par que niega el padrón a migrantes, el Alcalde de la ciudad [...] sacaba pecho de su política en materia de migración y defensa de los derechos humanos con frases como “llegamos al gobierno con el ADN de los valores y los principios. El ADN de una ciudad de acogida”
A la par que niega el padrón a migrantes, el Alcalde de la ciudad, en el acto de inauguración del mismo, sacaba pecho de su política en materia de migración y defensa de los derechos humanos con frases como “llegamos al gobierno con el ADN de los valores y los principios. El ADN de una ciudad de acogida, y esa es la impronta que hemos llevado en nuestro gobierno todos estos años”, llegando incluso a afirmar que “nos está costando mucho explicarle a la ciudadanía extremeña que nuestra ciudad quiere ser una ciudad de acogida”, o emitiendo declaraciones victimistas como “yo ya he recibido insultos por querer defender los derechos humanos de las personas migrantes”.
Estas declaraciones no se quedaron ahí, sino que Rodríguez Osuna también llegó a declarar que “criminalizan a las personas migrantes con el objetivo de no aceptar a esas personas por un motivo de racismo, clasismo o aporofobia”.
Estas declaraciones de buenas intenciones no se quedaron solo en el Alcalde, sino que Ángel Calle, Concejal de Cooperación de su equipo de Gobierno, cerró el Congreso con un discurso donde aprovechaba la llegada de la derecha y la extrema derecha a las instituciones extremeñas para justificar su supuesta posición en defensa de las personas migrantes: “Queremos conformar a esta ciudad como un espacio de resistencia y nos ha costado. No ha sido fácil”, prometiendo que en 2025 también volverán a financiar este Congreso.