Migración
CNT denuncia al Ayuntamiento de Madrid por obstruir el acceso a certificados de vulnerabilidad

Hace casi un mes, el pasado 14 de abril, con la aprobación del Real Decreto 316/2026 para la Regulación extraordinaria,  Mario (no es su nombre real), técnico de Atención e Información Social de uno de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, comprobó que el proceso le atañía. Unos días antes, el Consejo de Estado había emitido su Resolución respecto al Real Decreto, en la que señalaba la necesidad de que el supuesto de vulnerabilidad para acceder a la regularización fuera acreditado mediante un informe,  a pesar del pulso del movimiento Regularización Ya para que la sola situación de irregularidad fuera suficiente base para mostrar la condición de vulnerabilidad de las personas. 

Tras la aprobación del Real Decreto Ley, que apuntaba a los Servicios Sociales y las Entidades Colaboradoras como cauces para obtener estos certificados, y mientras trabajadores como Mario esperaban indicaciones ante la llegada a los centros de cientos de personas a las que no sabían qué decir, el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida afirmaba el mismo 16 de abril, en Junta de Gobierno: “Nadie se ha reunido con nosotros para explicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Pretenden que salga de nosotros, pero no nos vamos a responsabilizar de este proceso”. Un proceso al que calificaba de “chapuza”.

“La verdad es que sentí vergüenza por trabajar en este ayuntamiento en el que se escuchó la negativa del alcalde para colaborar con otras administraciones y  con la gente que esperaba la regulación”, explica Mario. Tras esa primera declaración de intenciones, a partir del 21 de abril, surgieron varias instrucciones sobre cómo abordar el proceso desde los centros de Servicios Sociales.  Después de idas y venidas, las personas empezaron a buscarse la vida por otras vías: “así es como perdemos credibilidad ante la ciudadanía, hoy por ejemplo tenía doce citas para el informe de vulnerabilidad, solo han aparecido cinco”, lamenta Mario.

La experiencia de este trabajador del Servicio de Información y Atención de uno de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, es la de cientos de compañeros. Por esta razón, CNT presentaba en la mañana del 12 de mayo una denuncia en la Fiscalía Provincial de Madrid en referencia al rol municipal en el proceso de regularización.  La Federación Comarcal Sur Villaverde Alto - CNT, a través de su Secretario General, Pablo Redondo Jiménez, acusa al Ayuntamiento de Madrid y en particular el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad de cometer delitos de prevaricación contenidos en el artículo 404 del Código Penal y de discriminación por denegación de prestación de un servicio público, según se recoge en el artículo 511. 

Mientras que el artículo 404 sobre prevaricación, versa sobre el dictado de resoluciones arbitrarias, a pesar de ser conscientes de que estas constituyen una injusticia, e implica la posibilidad de inhabilitación de sus responsables, el 511 prevé, además de la inhabilitación y multas, penas de prisión de hasta dos años, “al particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho” en base a criterios a su religión, ideología, etc. En este caso, “los motivos de discriminación, específicamente tipificados como penalmente prohibidos en el art. 511 CP en la redacción vigente durante la comisión de los hechos, fueron la raza y la nacionalidad de quienes necesitan la prestación de servicios sociales para el proceso extraordinario de regularización”, especifica la denuncia.

El texto, redactado por CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales), alude al amplio marco de derechos humanos que tipifica la discriminación, tal y como se contempla en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, o en el sistema internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Es en la mencionada intervención de Martínez Almeida, donde se identifica el punto de partida de los delitos señalados, declaraciones que, recuerda la denuncia, estuvieron asimismo acompañadas de “una serie de calificaciones sobre el proceso que son objetivamente falsas y que contribuyen a la desinformación y los discursos de odio”. A partir de ahí, la organización denunciante identifica una serie de acciones que reflejan el objetivo de “no colaborar, obstaculizar, dificultar y, en definitiva, demostrar la falta de colaboración de los Servicios Sociales en el proceso de regularización”, hechos que redundan en la discriminación de las personas en situación administrativa irregular y dilatan un proceso esencial para acceder a la regularización, poniendo en riesgo la consecución de este objetivo.  

“Desde el día 15 de abril todo el mundo sabe que ya se pueden hacer los certificados de vulnerabilidad con el anexo que publica el Ministerio en la web,  que está emplazando a las entidades colaboradoras y a los servicios sociales de cada municipio a completarlos. Es ahí cuando nos ponemos a trabajar”, explica Gonzalo, Delegado Sindical de CNT en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, en conversación con el Salto. Lo primero que se hace en los centros, siguiendo las instrucciones de las distintas directoras, es recoger los datos y hacer grupos informativos, evoca el sindicalista: aquellos días son muchas las personas que se acercan a los centros: “En Vallecas hicieron un listado de excel de mil personas los primeros tres días”, ofrece como ejemplo.

La denuncia presentada reconstruye cronológicamente cómo, durante los primeros cinco días hábiles, al carecer de instrucciones desde las altas instancias, los trabajadores se organizaron desde la autogestión para dar respuesta a la demanda. El primer protocolo procedente del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad no llega hasta el 21 de abril , instrucciones que invalidarían todo el trabajo hecho desde los centros de servicios sociales, y que apuntan a que el certificado de vulnerabilidad ha de ser solicitado por instancia general, es decir, por registro. Una decisión que, se argumenta desde la denuncia, perjudicó a quienes ya estaban citados, además de introducir un obstáculo al acceso a las trabajadoras sociales, que son quienes firman los certificados, obligando a las personas a pasar por registro: una barrera burocrática que se amplifica por las dificultades específicas —competencias digitales, diferencias de idioma— que pueden afectar a las personas migrantes.

“Prácticamente antes de acabar la segunda semana desde la aprobación de la regularización ya había muchos distritos donde las citas con el trabajador social superaban el 30 de junio”

Esta primera instrucción pone a todas las personas trabajadoras en los servicios sociales, incluso a algunos pertenecientes a servicios externalizados, a llamar a todo el mundo para comunicarle que ha de presentar su solicitud por registro. A quienes tenían cita, pero aún no habían presentado la instancia por esta vía, se les cancelaba la cita, mientras que “prácticamente, antes de acabara aquella semana, ya había muchos distritos donde las citas con el trabajador social superaban el 30 de junio, porque el protocolo inicial decía que los casos nuevos tenían que ser citados telefónicamente cuando llegase la instancia general”, explica Gonzalo.

Ya en el texto de ese primer protocolo, explica la denuncia, se admitía que entre el 14 y el 17 de abril, se habían dado un total de 14.631 citas, las cuales fueron anuladas. El itinerario que se plantea en el día 21 de abril, con una revisión el 24 de abril, incluye ya para el sindicato “factores de discriminación”.  Para la presentación por registro se requiere cita previa en 25 de las 38 Oficinas de Línea Madrid. En la denuncia se especifica que si bien “aparentemente hay 13 oficinas que atienden sin cita previa (...) como puede comprobarse en la propia web del Ayuntamiento de Madrid muchas se encuentran duplicadas”, en definitiva son solo ocho las oficinas en las que se atiende sin turno. Además, la entrega de la instancia en Registro no culmina el proceso, que, en el caso de las personas que no tengan historial en servicios sociales, queda pendiente de una cita telefónica con el Servicio de Información y Acogida, quienes realizarán un primer filtro, para después citar a la persona con el o la trabajadora social, un requisito que, como explicaba el Delegado Sindical choca con la realidad de unos servicios saturados, sobre todo teniendo en cuenta que el plazo termina el 30 de junio. 

En el caso de que sí se tenga un historial en el Centro de Servicios Sociales, explica la denuncia, si bien no se ven eximidos de tener que pedir el informe de vulnerabilidad por registro, el trabajador social recibe directamente la instancia y a partir de ahí puede contactar tanto para citar como para dar el certificado por mail. Una nueva instrucción, el 29 de abril, amplia la posibilidad de valorar la situación de vulnerabilidad al resto de la plantilla de los centros, aunque los informes solo pueden ser firmados por el trabajador o la trabajadora social.

“Lo que dice esta nueva instrucción es que ya cualquier personal del Centro de Servicios Sociales llame cuando pueda, recopile cuatro preguntas básicas y luego se lo das a firmar a un trabajador social”,  traduce Gonzalo: “Ahí se han dado cuenta de que si estás dando citas para el día 10 de julio, es evidente que no estás pudiendo facilitar el informe gracias a todo este periplo que le has hecho atravesar a la persona”. Según afirma el sindicalista, los dos filtros interpuestos: el del registro y el de la cita, han obstaculizado el acceso al informe: “el filtro de la cita se está difuminando, se ha tumbado, pero ya has creado el rumor de que en Servicios Sociales no te van a dar el certificado”. Lamenta que esto empuja a la gente a prescindir de un servicio público, privatizándose el proceso, por lo que acaban acudiendo bien a entidades colaboradoras, o directamente a abogados y abogadas.

Así, se afirma en la denuncia: “En cierto modo el protocolo del 29 es una confirmación de que las anteriores órdenes e instrucciones únicamente dilataron y obstruyeron el acceso a los informes de vulnerabilidad a las personas en situación administrativa irregular. No obstante, mantener el protocolo de acudir previamente a registro, sigue produciendo una discriminación en el acceso a dichas personas”. La presentación de la instancia se define en la denuncia como “una barrera injustificable y que en ningún caso se produce en otros procedimientos que se tramitan en Servicios Sociales donde son válidos otros medios de acceso mucho más ágiles”. 

Desde CNT, explica Gonzalo, consideran que lo que se quería evitar era tener colas en las puertas de los centros de servicios sociales, que pasaron en muchos casos de atender a 20 personas por día, antes del inicio del proceso de regularización, a 200 personas, tras el 14 de abril, generando una estampa a la que muchos centros no estaban acostumbrados. Mientras, la opción de presentar la instancia en registro telemáticamente ha excluido a mucha gente, pues el pasaporte no permite tener certificado digital, por lo que se necesita a un tercero para que haga ese trámite,  un tercero que puede ayudar por solidaridad, o que puede ponerle un precio a esa ayuda. “Nos están pidiendo informes de vulnerabilidad con el correo electrónico del despacho de abogados”, advierte Gonzalo, que apunta a que solo se dan los informes a las personas interesadas para no contribuir a que se mercadee con sus derechos.

La denuncia apunta también a que la administración era conocedora del desborde de los servicios sociales

En definitiva, tras las instrucciones: “Ya no había colas en los centros de servicios sociales porque estaban todas las colas en los registros”. Gonzalo lamenta que se haya enviado a gente a la otra punta de Madrid, o que hayan tenido que estar en la fila desde bien temprano, además denuncia que en algunos registros dan un número de turnos muy limitado —habla de 60 por día— para realizar presencialmente este trámite. Un escollo más en el camino hacia la regularización que le parece innecesario, como se afirma en la denuncia:  “Lo normal es que en servicios sociales todo se pueda pedir manifestándolo presencialmente en los centros”. Frente a estos impedimentos, lamenta que se esté recomendando a la gente ir a las entidades colaboradoras para realizar un trámite que debería hacerse en los servicios sociales municipales.

Y es que, según se señala en la denuncia, el Ayuntamiento ha preferido no prepararse para el proceso de regularización, que fue anunciado ya en enero de 2026. En febrero, recuerdan, “el Pleno del Ayuntamiento de Madrid rechazó incrementar temporalmente los recursos en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía y los Centros de Servicios Sociales Municipales para asistir a los migrantes en el proceso de regularización”, aún cuando hay precedentes donde sí se han considerado dichos refuerzos, en particular ante medidas como “la provisión de las denominadas ‘tarjetas familia’”. 

La denuncia apunta también a que la administración era conocedora del desborde de los servicios sociales. En un informe de la Dirección General de Servicios Sociales de marzo de 2026, señalan, se hablaba de una media municipal de espera para las citas de 36 días, con máximos de hasta 69 días. La “sobrecarga de expedientes”, también estaba bajo conocimiento del Ayuntamiento, se argumenta en la denuncia.  La falta de previsión aún en conocimiento de la situación, “contribuye de forma directa a la consumación de los delitos contemplados en los artículos 511 y 404 del Código Penal”.  

La acusación señala a José Luis Martínez Almeida como primer responsable, e incluye a las piezas principales del organigrama de Servicios Sociales, como el delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández Sánchez, la Coordinadora general del Área, Raquel Muros Delgado, la directora general de Servicios Sociales y  Atención a la Discapacidad, María Consolación Alfaro Moreno y, por último a la Jefa de Departamento de Coordinación y Programación de la Atención Social Primaria, María Pilar Benito Pecharromán.

El sindicato solicita el testimonio de las propias “personas migrantes afectadas que puedan ser identificadas, especialmente aquellas a las que se les anuló una cita ya concedida”

El sindicato exige a la administración toda la información respecto a las personas y órganos implicados en la elaboración de los protocolos, también que explique la ausencia de firma en estos documentos, y aporte “las comunicaciones internas (correos electrónicos, circulares, órdenes de servicio) emitidas por los investigados y sus departamentos entre el 1 de abril y el 12 de mayo de 2026, en relación con el proceso de regularización”. También se solicitan las Actas de las Juntas de Gobierno correspondientes a abril, y en particular la posterior a la publicación del decreto “para verificar si se trató o acordó algo respecto a la ‘no colaboración’ mencionada por el Alcalde”. 

Demandan asimismo datos estadísticos suficientes y desglosados respecto a las solicitudes en registro, el número de informes emitidos, o las citas anuladas tras las primeras instrucciones. También requieren al Ministerio que desglose “el número de informes de vulnerabilidad presentados telemáticamente en la Comunidad de Madrid, distinguiendo si fueron emitidos por Servicios Sociales municipales o por entidades colaboradoras. Esto permitirá cuantificar la diferencia de eficacia entre la vía pública y la privada”.

Por último, la denuncia pide que testifiquen las personas investigadas y, en calidad de testigos, que comparezcan “trabajadores/as sociales y coordinadores/as de los Centros de Servicios Sociales de los distritos más afectados”, así como personas responsables de las entidades colaboradoras acreditadas, para que puedan “testificar sobre la viabilidad de su propio sistema y si recibieron un aumento de solicitudes de personas que no podían acceder a los servicios públicos”. También solicitan testimonio de las propias “personas migrantes afectadas que puedan ser identificadas, especialmente aquellas a las que se les anuló una cita ya concedida”. Los portavoces de PSOE y Más Madrid que solicitaron información, también son mencionados “para que ratifiquen el contexto de conocimiento previo por parte del consistorio”. 

Gonzalo se permite un paralelismo para ilustrar lo que ha sucedido: “si mañana dicen a las familias numerosas que Servicios Sociales les regalará un patinete, podría entender que les pongas el requisito de la instancia general porque igual se te llenan los centros y tienes que ordenarlo. Pero si el alcalde ha dicho el día anterior en rueda de prensa que odia a las familias numerosas, yo puedo pensar que esta presentación en el registro sirve para obstaculizar que las familias numerosas consigan su patinete”. Pasar las colas de los servicios sociales a los registros, sin reforzar tampoco el registro, mostraría esta voluntad de obstrucción, pues, como recuerda la denuncia, existen herramientas para reforzar los servicios públicos en coyunturas especiales. 

El Sector Social de Madrid se organiza por la regularización

Además de la denuncia presentada en la mañana del 12 de mayo por CNT, la Plataforma del Sector Social de Madrid, ha convocado una concentración para reivindicar la regularización extraordinaria bajo el lema, “¡Papeles para todas!” para ello, llaman a trabajadoras, sindicatos, colectivos y entidades sociales a concentrarse el próximo jueves 21 de mayo a las 19:00 —aún pendientes de determinar el lugar— con el fin de “defender los derechos de las personas migrantes y enfrentar el avance del racismo institucional y de la extrema derecha”.

La Plataforma, surgida en marzo de 2025 de las concentraciones estatales que tuvieron lugar para denunciar las condiciones laborales del sector tras el asesinato de la educadora María Teresa en un piso de acogida con menores tutelados en Badajoz, sigue activa desde entonces, comenta un portavoz a El Salto. “Estamos tratando de dignificar la atención que vemos completamente degradada debido a las prácticas de externalización y privatización de los servicios, así como del recorte en prácticamente casi todos los recursos a nivel material, a nivel económico, a nivel humano”.  Lo que quieren reivindicar el 21 de mayo, sin embargo, son los derechos de las personas migrantes frente a los distintas trabas que están encontrando en el proceso de regularización, algunas derivadas del propio Decreto Ley, como la exigencia de los informes de vulnerabilidad, o la exclusión de las personas apátridas. 

La Plataforma denuncia así, en nota de prensa: “las trabas, el colapso administrativo y la violencia institucional que están marcando el proceso extraordinario de regularización” poniendo en evidencia el caos producido por la falta de personal, las largas colas, la venta de citas “y unos servicios sociales completamente colapsados”. En este marco, denuncian la “exigencia del Certificado de Vulnerabilidad como un requisito contradictorio con una finalidad excluyente, entendiendo que la propia situación administrativa irregular implica una posición de vulnerabilidad marcada por la falta de acceso a derechos básicos”.  Además, desde la Plataforma denuncian: “los discursos racistas que criminalizan a las personas migrantes mientras ocultan las verdaderas causas de esa saturación: la externalización, la privatización, la infrafinanciación y el deterioro de los servicios públicos”.

El portavoz de la Plataforma, que prefiere hablar desde el anonimato, y que trabaja con personas migrantes en una asociación de ámbito privado, apunta a que la situación con respecto al Ayuntamiento y la comunidad de Madrid no ha “tomado a nadie por sorpresa”.  Pese al apoyo a la regularización de sectores más “a la derecha” del ámbito social como pueden ser las entidades ligadas a la Iglesia “el Ayuntamiento en ningún momento ha facilitado al sector social ninguna de las condiciones tanto para el trabajo normal como para esta regularización”, algo que, como denuncia también CNT, redunda en que la gente se dirija a las entidades colaboradoras, como es el caso de la propia organización del portavoz: “De repente, en un mismo día una asociación de 30 trabajadores recibe 1500 llamadas”.

El portavoz considera que así se han generado criterios distintos y confusos, y automatizaciones en los procesos que más adelante podrían suponer problemas. También denuncia que el proceso de privatización de la gestión ha redundado en prácticas dudosas, como entidades pidiendo una “membresía o donación”, para extender el certificado. Así, los obstáculos dentro de los servicios sociales se traducen en que prácticas similares a la venta de turnos para extranjería o asilo, se vean replicadas ahora en este proceso. 

En este sentido, la Plataforma exige que se elimine el requisito del informe de vulnerabilidad, que se prorrogue el plazo más allá del 30 de junio, y que se incorporen recursos suficientes en la administración para garantizar que haga efectiva la regularización. Por último, apunta a medidas de calado más amplio como la derogación de la Ley de Extranjería y el cierre definitivo de los CIEs.