Migración
Europa pacta con la muerte

Si no conseguimos articular una oposición radical que lo impida, el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo de la UE no será más que el artificio que disfrazará el alcance incontenible de la crueldad contra personas migrantes y refugiadas.
Lesbos, Grecia 2023. Campo de Moria 2 o ó Mavrovouni - 8
"El cementerio de los derechos humanos", escribió en una pared del antiguo centro para solicitantes de asilo de Moria, que se incendió en septiembre de 2020. Moria. Lesbos. Grecia. 2023 Giacomo Sini

Milita en el movimiento Regularización Ya.

27 nov 2023 06:00

El 13 de julio de 2008, en París, durante la Cumbre Euromediterránea, se constituyó la quimérica Unión por el Mediterráneo (UpM), organización internacional teóricamente dedicada a la colaboración y desarrollo de relaciones internacionales formada por 43 países. Se trata de los 28 estados miembros de la Unión Europea, acompañados de Albania, Argelia, Bosnia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, Mónaco, Montenegro, la Autoridad Palestina, Siria, Túnez y Turquía. Según su acta fundacional, buscan “fomentar el equilibrio entre las dos orillas con el impulso de las políticas euromediterráneas, un esfuerzo colectivo para reforzar la cooperación y el diálogo entre la Unión Europea y los países de la cuenca mediterránea; paso decisivo hacia la consolidación asociativa nacida en la ciudad condal en 1995, conocido como Proceso de Barcelona”.

Toda la palabrería tecnócrata de buenas intenciones que define este tipo de organizaciones, así como la de tantas oenegés que revolotean a su alrededor en busca de dotaciones económicas y reconocimiento social, ha terminado operando como una cortina que disfraza las políticas de segregación y muerte características de la gestión migratoria europea. Para el 27 y 28 de noviembre, en la sede barcelonesa del Palau de Pedralbes, estaba previsto un Foro Regional de UpM, acto que, de celebrarse, supondría el encuentro anual de los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros, que coincide bajo Presidencia española del Consejo de la UE.

el diálogo euroárabe no existe. Lo que existe es el genocidio que el Estado colonial de Israel perpetra contra el pueblo palestino. Lo que existe es la ocupación de territorios y los asesinatos de más 20.000 civiles en Gaza y Cisjordania.

Pero no se trata de la ciudad sino del Gobierno, de las personas que lo configuran y son, política y humanamente, responsables de amparar la aprobación del nuevo Pacto de Migración y Asilo. Así como son responsables de no reconocer la voz ciudadana que reclama, con 700.000 firmas, una regularización extraordinaria del más de medio millón de personas, mayoritariamente mujeres y niñes, que malviven en España en situación administrativa irregular. Y son, por supuesto, cómplices del exterminio contra el pueblo palestino. En su comunicado del 17 de octubre pasado, emitido desde la Moncloa, Pedro Sánchez instaba a los asistentes de la cumbre a mediar en la situación Palestina: “Tanto los europeos como los árabes nos sentaremos en torno a la mesa. Es, a nuestro juicio, una buena oportunidad para aprovecharla, y, en consecuencia, he propuesto que utilicemos esta plataforma al conjunto de estados miembros para relanzar el diálogo euroárabe”.

Pero el diálogo euroárabe no existe. Lo que existe es el genocidio que el Estado colonial de Israel perpetra contra el pueblo palestino. Lo que existe es la ocupación de territorios y los asesinatos de más 20.000 civiles en Gaza y Cisjordania. Lo que existe es la masacre de más de 8.000 niñas y niños con el auspicio de figuras como Ursula von der Leyen, que sigue siendo, a pesar de su apoyo público a Israel, Presidenta de la Comisión Europea. Por su parte, Pedro Sánchez, se reunía este jueves con Benjamin Netanyahu e Isaac Herzog, estrechó sus manos, se retrató junto a ellos, reconoció el ‘derecho a la autodefensa’ de Israel, y les trasladó ‘la condena de España al terrorismo de Hamás’. Ello no le impidió, horas más tarde, hacer lo propio con Mahmud Abás, retratarse, darse la mano, hablar de los ‘dos estados’ y de ‘coexistencia pacífica’. Por ende, en lo relativo a Palestina, la propuesta española de aprovechar la UpM como punto de encuentro carece de la más mínima legitimidad.

Sin embargo, el cinismo de esta clase de eventos no debe distraernos de su utilidad para refrendar acuerdos previamente proyectados en la sordidez de los despachos ministeriales. La cumbre de la UpM, se celebre o no, puede ser la última escenificación del recrudecimiento en las políticas migratorias de una Unión Europea que ha tomado partido por el negocio de las fronteras como continuidad de su proyecto colonial. Pero, también, puede ser una oportunidad para que reclamemos, desde los movimientos de base y la sociedad civil, una rendición de cuentas que conlleve un cambio radical en estas políticas.

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En el año 2012, ACNUR calculaba menos de 43 millones de desplazadas forzosas en el mundo. Las estimaciones de junio pasado superan los 110 millones de personas obligadas a huir de sus territorios, el 60% de las cuáles permanece dentro de las fronteras internas de sus países de origen. Recordar este dato es relevante para contradecir el mensaje de avalancha que se pretender imponer desde el discurso hegemónico, sea mediático o político, que confluye hacia intereses económicos comunes. Detrás de cada conflicto armado hay proveedores de armas de los países del norte global. Detrás del cambio climático, las sequías y la desertificación, detrás de las batallas geoestratégicas y la apropiación de recursos, operan los mismos poderes.

En líneas generales, el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo reduce los estándares de protección para los solicitantes. Según el análisis publicado por ECRE, European Council on Refugees and Exiles, el 85% de las personas refugiadas en todo el mundo se encuentra fuera del continente, no obstante, el objetivo subyacente del PEMA es transferir responsabilidades a países extraeuropeos, principalmente en los Balcanes y el Norte de África, mediante el concepto de “tercer país seguro”. Pero esta categoría es discrecional, y, a pesar de que existen formas de control y revisión por parte de la Comisión, cada Estado utilizará sus propios criterios. Por tanto, aunque se contemple en la directiva 2013/32/UE, es un concepto amplio y ambiguo. Al margen de ser contrario al rápido acceso a protección que obtuvo la población ucraniana desplazada, hecho que ahonda en el racismo de caracteriza la política migratoria internacional.

La macabra decisión de tercerizar la frontera implica una dotación presupuestaria para quienes acepten el encargo, y la constatación del chantaje para su entrada en la UE, tal como vimos recientemente entre Italia y Albania

La macabra decisión de tercerizar la frontera implica una dotación presupuestaria para quienes acepten el encargo, y la constatación del chantaje para su entrada en la UE, tal como vimos recientemente entre Italia y Albania. Sobre lo que ocurrirá dentro de los centros y campos de refugiados de esos terceros países, Europa seguirá lavándose las manos, porque lo que importa aquí no son las garantías que el derecho internacional debe otorgar a las personas, sino los vericuetos legales para saltárselas. En suma, esos terceros países tendrán la obligación contractual de ser seguros para las conveniencias de la UE, y no para las personas urgidas de protección.

Según el citado informe de ECRE, se reduce el acceso a asistencia jurídica, incluidos los recursos de apelación, así como las exenciones para personas vulnerables, sea cual sea su edad. Se amplía a dos años el período de responsabilidad del país de llegada para quienes entren por la frontera exterior, pero se reducirá a 15 meses tras un rechazo en el procedimiento fronterizo, y se reducirá a 12 meses para los rescatados en el mar. En comparación con el sistema de Dublín, no presenta avance alguno. Las mejoras de las normas sobre responsabilidad propuestas por la Comisión han sido rechazadas, incluida una definición de familia más amplia para permitir la unificación familiar con hermanos.

El nuevo mecanismo de solidaridad entre Estados no compensa ninguno de los recortes generales, menos aún el rechazo para la creación de una vía adaptada para situaciones de búsqueda y salvamento. Además, el número total de peticiones aceptadas se calculará mediante una fórmula que contemplará también las entradas de lo que llaman migración irregular, es decir, personas que no son solicitantes oficiales de asilo, distinción que se ha probado de escasa validez. Al hilo de esta cuestión, si el respeto a los Derechos Humanos fuera la base conceptual de la normativa, habría sido una magnífica ocasión para promulgar regularizaciones extraordinarias, dado el impacto positivo que ofrecen en contraste con las consecuencias negativas de mantener población migrada bajo la vulneración de derechos que supone la irregularidad administrativa. El Gobierno español, país que detenta la presidencia del Consejo de la UE, podría haber dado ejemplo aprobando la ILP Regularización Ya, que espera su tramitación en los cajones de algún despacho del Congreso.

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En la práctica, recrudecer los procedimientos fronterizos equivale a más personas en los centros de detención, sujetas a todo tipo de violencias —hambruna, enfermedades, ataques selectivos, infraviviendas— y a procedimientos de asilo ineficaces. Los campos de refugiados seguirán siendo un terreno abonado para los brotes de racismo y las tendencias reaccionarias en la que se escudan los partidos y votantes socialdemócratas. Ya que el asilo será prácticamente inviable y el espacio material de los campos limitado, las devoluciones en frontera, práctica carente de cualquier garantía legal y de probada inhumanidad, será la estrategia que seguirán muchos de esos terceros países. En suma, un claro retroceso en derechos de entrada para las personas en búsqueda de asilo y refugio, que aumentará la duración y complejidad de los trámites y, con ello, el riesgo de detención, al tiempo que allana el terreno a las mafias.

Pero, ¿en qué se convertirá una frontera? ¿Qué significa un aumento de su poder y de los procedimientos que en ella se emplean? En mayo 2022, fecha cercana al debate de la nueva ley de Inteligencia Artificial de la UE, Statewatch presentaba un informe que desgranaba las vinculaciones entre la IA y el control migratorio. En él, se confirmaba un gasto de 341 millones de euros por parte de la UE solo para la aplicación de Inteligencia Artificial en los pasos fronterizos; fondos que proceden del plan Horizon Europe, dotado con 93 millones de euros y que, a su vez, destina 1.400 millones a eso que llaman seguridad civil, concepto que abarca la gestión de fronteras.

La violencia contra las personas refugiadas y migrantes solo responde a la necesidad de articular el negocio de las fronteras, que abarca desde las corporaciones hasta los estados, pasando por las oenegés

El entramado económico y financiero orquestado por países, organismos internacionales y empresas, es un asunto de altísima gravedad. La violencia contra las personas refugiadas y migrantes solo responde a la necesidad de articular este negocio que abarca desde las corporaciones hasta los estados, pasando por las oenegés. La UE lleva 15 años desarrollando tecnología para ello. A pesar de ciertas voces contrarias a la aprobación de la ley, hablamos de vulneraciones tales como la automatización de los pasos fronterizos, la implantación de corredores biométricos, sistemas de reconocimiento de acentos y emociones, extracción de datos de teléfonos móviles y redes sociales para valorar solicitudes de asilo.

A nivel propositivo, una revisión aceptable del marco legislativo tendría que ser, como mínimo, capaz de corregir los errores del ineficaz reglamento de Dublín. Esto es, que los solicitantes estén obligados a pedir asilo en el primer país de llegada, decisión que atenta contra sus derechos, desatiende las vinculaciones familiares de los refugiados y sobrecarga los países limítrofes, de manera que la gestión se eterniza a costa de las vidas de quienes son forzados a huir de sus países. Debería garantizar, sin ambages, el derecho humano inalienable a la migración por vías seguras, máxime en situaciones extremas, en lugar de sustituir los procesos de asilo por procedimientos de control fronterizo más arbitrarios y esquilmados de recursos. Debería, así mismo, tras los últimos escándalos de corrupción en Frontex y los reclamos de quienes luchan por los derechos de las personas migrantes, promulgar una gestión económica transparente. Y, por último, aunque no menos importante, debería sistematizar los imprescindibles procesos de regularización en territorios de destino. Pero, si no conseguimos articular una oposición radical que lo impida, el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo de la UE no será más que el artificio que disfrazará el alcance incontenible de la crueldad contra personas migrantes y refugiadas. Un arma para seguir usurpando los derechos sobre el capital histórico y económico que se juega en ello. Como decía Mahmud Darwish, en La tierra se nos estrecha “¿Adónde iremos después de la última frontera? (…) Aquí moriremos. Aquí, en el último pasadizo. Aquí o ahí germinarán olivos… de nuestra sangre”.

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