Migración
Las organizaciones de derechos humanos denuncian que el derecho de asilo está en peligro en Europa

En una alerta unánime, 17 organizaciones de derechos humanos en toda Europa, junto supervivientes de vulneraciones de derechos, han señalado el 7 de diciembre como la fecha en la que el sistema de protección internacional y la legalidad, serán asaltados por un “ataque potencialmente irreversible”. La fecha, coincide con el fin del debate sobre el Pacto europeo de Migración y Asilo, que daría, según denuncian las organizaciones, “luz verde” a prácticas como la perfilación racial y las devoluciones en frontera. 

Tras las deliberaciones del Consejo de Justicia e Interior, celebradas los pasados 4 y 5  de diciembre, el 7 de diciembre se abordarán cuestiones clave del Pacto, explican las organizaciones, entre las que se encuentran Amnesty International, Border Violence Monitoring Network (BVMN), EuroMed Rights, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), Save the Children, o el Servicio Jesuíta Migrante Europeo (SJM).

Las organizaciones expresan su preocupación ante la intención de la Presidencia española del Consejo de la UE de concluir todas las negociaciones políticas sobre el pacto en la jornada del 7, y alertan que que se tratan todas ellas de decisiones “complejas”, que no deberían cerrarse apresuradamente. “La Unión Europea debería abandonar este plan que no solo falla en proveer soluciones operativas para las carencias del sistema actual, sino que perjudicará a las personas migrantes y refugiadas”, señala Alberto Ares, director regional del SJM. En este sentido, las entidades señalan cuáles son los principales puntos de alarma respecto a la legislación europea destinada a regular las migraciones.

En primer lugar, advierten, el Pacto afianza los rechazos en frontera, una práctica que vulnera los derechos de las personas en movimiento, como ha podido verse en los últimos años, en los que las fuerzas de frontera de los estados miembros han causado cientos de muertes. “El Pacto de Migración, en su forma actual, abre la puerta a abusos contra los derechos humanos, proporcionado apoyo implícito y explícito de la UE para la privación de libertad arbitraria, severas violaciones a los derechos humanos, que se han convertido en un lugar común en las fronteras de la Unión Europea”, afirma en este sentido la directora de PICUM Michele LeVoy.

El Pacto apunta a una ampliación del uso de la detención en toda Europa, abocando al encierro a hombres, mujeres y niños que acaban atrapadas en un limbo legal

Así el Pacto también apunta a una ampliación del uso de la detención en toda Europa, abocando al encierro a hombres, mujeres y niños que acaban atrapadas en un limbo legal, y viviendo en terribles condiciones. “Una de cada cuatro personas que llegan a Europa es un niño o niña, cuando llegan deberían ser protegidas y ayudadas en lugar de tener que enfrentarse al caos y el abuso”, denuncia en este sentido el director en Europa de Save the Children, Willy Bergogné.

Las organizaciones alertan también ante los procesos masivos de vigilancia centrados en las personas racializadas, a través del perfilamiento racial que afectará tanto a las personas migrantes independientemente de su situación administrativa, como a la ciudadanía no blanca, “ampliando la red de las personas que pueden acabar detenidas”, según advierte la experta de BVMN, Hope Barker.

Por otro lado, las organizaciones denuncian que el Pacto profundiza en el modelo de externalización de las fronteras a terceros países, estados que no tendrán que rendir cuentas, y recuerdan las consecuencias que esta política ha mostrado en cuanto abusos de los derechos humanos y muertes de personas durante su viaje. Además, el Pacto tiene por eje central las deportaciones, rebajando las garantías, pese a los riesgos que conlleva trasladar a las personas migrantes a terceros países.

Las organizaciones temen que, junto a las deportaciones, el uso de “terceros países seguros” aplicado a estados que no respetan los derechos humanos, redunda en una dejación de responsabilidad de los Estados miembros, en su obligación de dar acogida y protección a quienes llegan a su territorio. 

Las organizaciones expresan su preocupación por la obligatoriedad de realizar los procedimientos de asilo en frontera, un requisito que implica la detención de facto de las personas

Finalmente, expresan su preocupación por la obligatoriedad de realizar los procedimientos de asilo en frontera, un requisito que implica la detención de facto de las personas. Inquieta, en este contexto, la dificultad para acceder a asistencia legal, y, en definitiva, el choque contra la Ley internacional de asilo que esta práctica —que puede verse agudizada incluso en las llamadas “situaciones de crisis”— supone. 

El Pacto, asimismo, fracasaría en cuestiones que consideran fundamentales, como abordar la distribución de solicitantes de asilo en los distintos países de la Unión Europea. “Si realmente este Nuevo Pacto se hace realidad, será contra todo tipo de derecho humano o derecho de asilo. Están jugando con las vidas de personas en situación de vulnerabilidad y de peligro”, apunta Parvin A, quien ha presentado una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras ser golpeada, detenida y rechazada hasta seis veces en la frontera griega.