Migración
De la guerra en el Sahel a dormir en soportales frente a una comisaría: el precio del asilo en Gasteiz

Ousman tiene 29 años y huyó de Mauritania. Llegó a Europa atravesando el Estrecho en una patera, esa travesía que cada año se cobra cientos de vidas. Durante estos años ha pasado por centros de acogida en Motril, Andalucía y Barcelona. Ahora duerme en un colchón en la calle, frente a la comisaría de la Policía Nacional en el barrio de Salburua de Gasteiz.

Lleva un mes en esta situación y está dispuesto a seguir hasta que pueda formalizar su solicitud de asilo. “Cada mañana nos despertamos y esperamos a ver si la Policía dice nuestro nombre y nos conceden la entrevista”, relata mientras se envuelve en una de las mantas que el vecindario del barrio ha traído para paliar el frío invernal vitoriano.

La escena se repite desde finales de mayo de 2024, cuando decenas de solicitantes de asilo —la mayoría procedentes de Mali— empezaron a pernoctar frente a la comisaría. Lo que comenzó como un goteo se ha convertido en una situación estructural: más de 400 personas han pasado por este improvisado campamento durante estos meses, según confirman fuentes del Sindicato Socialista de Vivienda.

Una guerra olvidada, una crisis humanitaria en expansión

Para entender por qué estas personas duermen en las calles de Vitoria hay que viajar miles de kilómetros al sur, hasta el Sahel. Mali vive desde 2012 una crisis humanitaria que se agrava año tras año. El conflicto entre grupos yihadistas, separatistas tuareg y las fuerzas gubernamentales —agravado tras sucesivos golpes de Estado y la retirada de las tropas francesas— ha dejado más de 400.000 personas desplazadas internamente y 205.000 refugiados en países vecinos, según datos de la OIM de diciembre de 2024.

“La gente nos ha ayudado mucho, nos han bajado mantas, comida, colchones... De momento, no hemos sufrido ningún ataque racista, algún comentario sí, pero nada grave”, cuenta Ousman. Sin embargo, la amenaza de la violencia no es menor

La situación se deterioró drásticamente en 2025. En septiembre, grupos armados lanzaron un bloqueo de combustible contra la capital Bamako, extendiendo el conflicto hacia el sur del país, tradicionalmente considerado el “granero” maliense. Para finales de octubre, más de 2.300 escuelas permanecían cerradas, afectando a 696.000 niños. La crisis se agrava por los recortes dramáticos en la ayuda humanitaria: el plan de respuesta para 2025 está financiado solo en un 18%, la tasa más baja de África. Los fondos disponibles se han reducido a la mitad respecto a 2024, pasando de 285 a 141 millones de dólares.

“La gente nos ha ayudado mucho, nos han bajado mantas, comida, colchones... De momento, no hemos sufrido ningún ataque racista, algún comentario sí, pero nada grave”, cuenta Ousman. Sin embargo, la amenaza de la violencia racista no es menor. En otras partes del Estado español se han detectado ataques contra personas migrantes y solicitantes de asilo, en un contexto de auge reaccionario que se extiende por toda Europa. Como advierte un militante del Sindicato Socialista de Vivienda: “Nuestra labor debe de ser solidaria pero también un muro de contención contra cualquier ataque racista”.

El laberinto de Dublín: expulsados de Francia, atrapados en España

La presencia de estas personas en Vitoria-Gasteiz no es casual, sino la consecuencia directa del Reglamento de Dublín III, la normativa europea que determina qué Estado miembro es responsable de examinar una solicitud de asilo. El principio básico es que el país de primera entrada en la UE debe tramitar la petición, limitando severamente la movilidad de los solicitantes dentro del espacio europeo.

Como explica Lucho Royero, concejal de Servicios Sociales de Vitoria-Gasteiz: “Son personas expulsadas desde Francia. Ninguna venía directamente desde Mali”. Muchos entraron a Europa por las Islas Canarias, desde donde fueron trasladados en avión a la península. Algunos intentaron llegar a Francia —donde residen comunidades malienses establecidas—, pero fueron devueltos en aplicación del Convenio de Dublín. Otros pasaron por Alemania u Holanda antes de ser retornados a España. Mohamed Sibi, uno de los pocos que habla castellano, confirma a Gazteiz Hoy: “Yo quiero quedarme en España, no quiero ir a otro país”, aunque reconoce que no es el caso de todos: “La mayoría buscaban terminar en Francia”.

“Yo quiero quedarme en España, no quiero ir a otro país”, aunque reconoce que no es el caso de todos: “La mayoría buscaban terminar en Francia”.

Este sistema ha sido duramente criticado por ACNUR y organizaciones de derechos humanos por sobrecargar los países fronterizos de la UE y no respetar las preferencias ni los vínculos familiares de los solicitantes. Como señala ACNUR: “Es totalmente inapropiado que la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo se derive del simple hecho de que el solicitante ha estado presente en el territorio de un Estado miembro”. La llegada a un país concreto es, en muchas ocasiones, fruto del azar y no implica vínculo significativo alguno.

Pero hay otro factor que explica la concentración en Vitoria: la eficiencia relativa de su comisaría. La Policía Nacional de Salburua tramita entre 8 y 10 entrevistas diarias, lo que la convierte en una de las más rápidas del Estado. Esta reputación, difundida entre las redes migratorias, ha convertido a la ciudad en un punto de referencia. Además, Vitoria cuenta con 30 asociaciones africanistas, dos de ellas específicamente malienses, que coordinan con el Ayuntamiento para ofrecer apoyo.

España se ha convertido en el segundo país de la UE con más solicitudes de protección internacional, solo por detrás de Alemania, con 167.366 peticiones en 2024 según datos provisionales de la Oficina de Asilo y Refugio. De ellas, 10.673 corresponden a Mali, una cifra que se ha multiplicado por 8,5 desde 2023. El sistema de asilo europeo está diseñado de forma que los países fronterizos asumen una carga desproporcionada, mientras los países del interior gozan de mayor margen de maniobra. El nuevo Reglamento sobre Gestión del Asilo y la Migración mantiene en esencia el principio del país de primera entrada, aunque introduce mecanismos de solidaridad opcional que hasta ahora han demostrado ser insuficientes.

El colapso institucional y la respuesta ciudadana

Las instituciones no han tenido la capacidad —ni, según critican los movimientos sociales, la voluntad política— de ofrecer alternativas habitacionales a estas personas durante estos meses. Los recursos del Gobierno Vasco están saturados: han acogido a más de 400 malienses en 2024, y decenas permanecen en centros con la documentación en regla, esperando su traslado a otras comunidades autónomas donde existen plazas disponibles.

La consejera de Bienestar del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, no ha ocultado su frustración ante la falta de respuesta del Gobierno central. En declaraciones a Radio Popular, denunció el “tapón inadmisible” en Vitoria: “Tenemos solicitantes de asilo en las calles aguardando a que se les cite en comisaría, y más de 80 personas en recursos del Gobierno Vasco con la documentación en regla a la espera de su traslado a otras autonomías”. El conflicto institucional se ha intensificado durante el invierno. Durante las navidades, con heladas que alcanzaron temperaturas extremas, el Gobierno Vasco tuvo que improvisar dispositivos de emergencia.

Los colchones se acumulan en los soportales de Salburua mientras el frío sigue apretando y las instituciones miran hacia otro lado. Mohamed confirma la precariedad: “Pasamos mucho frío, no tenemos nada”

Mientras tanto, son personas voluntarias de la ciudad, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y el Sindicato Socialista de Vivienda quienes se han ocupado de llevar mantas, comida y abrigos. Los colchones se acumulan en los soportales de Salburua mientras el frío gasteiztarra sigue apretando y las instituciones miran hacia otro lado. Mohamed confirma la precariedad: “Pasamos mucho frío, no tenemos nada y las personas nos dan cama y cosas”. Por “cama” se refiere a los colchones en los que duermen.

En diciembre de 2024, más de un centenar de personas se concentraron en la Plaza Nueva bajo el lema “Decenas de solicitantes de asilo en la calle, konponbidea orain” (solución ahora). Diversos colectivos —asociación vecinal de Judimendi, Zazpigarren Alaba, Auzoan Bizi, Gasteiz Antirrazista— exigieron una “alternativa habitacional” y agilizar la tramitación. Como señalaron en su convocatoria: “No se trata solo de humanidad, de empatizar con quien se encuentra en la calle, sino de entender que estas personas están aquí a causa de un sistema que produce, por definición, desigualdad”.

Entre la solidaridad y la indiferencia institucional

La historia de Ousman y sus compañeros expone las múltiples capas de violencia que estructuran el régimen migratorio. Primero, la violencia de la guerra y la persecución que les obligó a huir de Mali. Luego, la violencia de la travesía —a través del desierto del Sahara y las aguas del Atlántico—, donde más de 500 personas murieron en 2024 según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM. Después, la violencia administrativa del sistema de Dublín, que les expulsa de países donde tienen vínculos hacia territorios desconocidos. Y finalmente, la violencia de la indiferencia institucional, que les obliga a dormir en la calle durante meses.

Los vecinos de Salburua, junto con organizaciones como CEAR y el Sindicato Socialista de Vivienda, están haciendo lo que las instituciones no hacen: garantizar la dignidad básica de quienes ejercen su derecho al asilo

En este contexto, la solidaridad vecinal emerge como un acto político de primer orden. Los vecinos de Salburua, junto con organizaciones como CEAR y el Sindicato Socialista de Vivienda, están haciendo lo que las instituciones no hacen: garantizar la dignidad básica de quienes ejercen su derecho al asilo. Pero esta solidaridad no debería ser necesaria. El derecho internacional y el derecho europeo establecen claramente que toda persona tiene derecho a buscar protección y a vivir en condiciones dignas mientras su solicitud es tramitada.

Mientras los colchones se acumulan y el frío invernal continúa azotando, las personas migrantes siguen llegando a los soportales de Salburua con la esperanza de tramitar su solicitud de asilo y encontrar nuevas oportunidades. Su resistencia silenciosa, su organización colectiva y su dignidad inquebrantable son un recordatorio incómodo: el sistema no solo está fallando, está diseñado para fallar.