Migración
El precio de la regularización administrativa para inmigrantes

1.800 euros por empadronamiento y 6.000 por un contrato de trabajo. Las trabas burocráticas en la Ley de Extranjería obliga a las personas migrantes a desembolsar miles de euros para conseguir los documentos que acrediten su estancia en España.

Desde la puerta del ayuntamiento de Níjar hasta el asentamiento de Atochares, dentro del mismo término municipal, hay 13km. Nora E. es una de las tantas vecinas que habitan en una chabola. Migró desde Marruecos hace tres años y, por fin, ha llegado ese ansiado momento que tanto esperaba: poder regularizar su situación administrativa. Después de este tiempo, la Ley de Extranjería permite que las personas migrantes soliciten el permiso de residencia, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos burocráticos, que a veces se complican.

El proceso de regularización administrativa para las extranjeras comienza mucho antes de presentar todo el papeleo con la recogida y el apilamiento de toda la documentación necesaria. A veces puede convertirse en una carrera de fondo y de obstáculos. Sobre todo de obstáculos. Para muchas, la primera barrera puede ser el poder migrar. El libre movimiento de las personas como derecho fundamental no se cumple para todas, a pesar de que así lo recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13. 

“Sin el empadronamiento no podemos hacer el informe de arraigo y sin informe de arraigo no podemos solicitar el permiso de residencia”, razona su preocupación Nora

Ojo a la siguiente barrera: el empadronamiento. “Sin el empadronamiento no podemos hacer el informe de arraigo y sin informe de arraigo no podemos solicitar el permiso de residencia”, razona su preocupación Nora. Y es que este documento “es el más fiable para demostrar la permanencia en el país. Existen otras formas, pero esta es la más fiable. Cuando a una persona se le impide empadronarse, se le está entorpeciendo su proceso de regularización”, explica la abogada Pastora Filigrana.

Un derecho y una obligación

Las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal se rige por una normativa estatal muy clara. Empadronarse no es solo un derecho, sino también una obligación, por lo que cualquier habitante de una localidad puede y debe aparecer en este censo. Incluso, si viven en infraviviendas: “El Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón”. 

Nora 02
Las trabas en los ayuntamientos para hacer el empadronamiento provoca retrasos en los procesos de regularización Lucía Muñoz Lucena

Nora E. ha intentado una y otra vez empadronarse en su casa, en su chabola, y una y otra vez el Ayuntamiento de Níjar se lo ha denegado. Ha entregado la documentación pertinente, ha adjuntado un plano con la geolocalización de donde vive, incluso ha ido con la ley en la mano. A veces, en la Oficina de Padrón Municipal ni si quiera le recogían la solicitud, otras se ha quedado esperando una resolución que tiene un plazo máximo de tres meses para dar respuesta que no ha podido reclamar porque tampoco le entregan un resguardo. “Hay muchas trabas. No tenemos información, ni nadie que nos explique en nuestro idioma. Tampoco sabemos leer y escribir en español. Se nos exige más documentación de la necesaria. Y la mayoría de las veces ni siquiera cogen los papeles, nos dicen que no y listo”, apunta esta vecina de Níjar.

“No solo está hecha mal administrativamente [la resolución denegatoria], sino que además se hace mal con una pretensión de dificultar el acceso a personas por el hecho de ser migrantes” (Pastora Filigrana, abogada)

Según Filigrana, estas resoluciones denegatorias “con poco fundamento” se podrían recurrir. “Podemos recurrir al Superior Jerárquico y después irnos a los tribunales, a los jueces, mediante una sentencia que argumente que esa sentencia es nula y discriminatoria. No solo está hecha mal administrativamente, sino que además se hace mal con una pretensión de dificultar el acceso a personas por el hecho de ser migrantes”, añade. 

El empadronamiento no es solo un eslabón en el proceso de regularización, sino que también es el acceso a recursos y derechos básicos. “Si el Ayuntamiento no nos ayuda a empadronarnos es un problema. Necesitamos el empadronamiento para tener la tarjeta sanitaria, para acceder a ayudas, al alquiler de una vivienda como todo el mundo, o para que las niñas y niños que viven en el asentamiento puedan ir a la escuela”, explica Nora E.

Vecinas sin empadronamiento

Hay más. Este documento es el reconocimiento de que formas parte de una comunidad, a ser acogida como una vecina más, dejando a un lado el síndrome de la intrusa en un territorio. El empadronamiento es un modo de dejar de ser invisible para una sociedad que se alimenta con el trabajo de las personas migradas que habitan en los asentamientos, un territorio que se enriquece con su esfuerzo y una administración pública que debería velar por el bienestar de todas las vecinas. Lo contrario, está suponiendo ya un problema de salud mental. “Hay gente que piensa que nos gusta vivir aquí, pero la verdad es que no. Vivir debajo del plástico, trabajar debajo del plástico. La vida es muy difícil aquí”, cuenta E.

Las alternativas ante esta negativa no son muchas. Las exigencias de la ley de Extranjería a las personas que buscan regularizar su situación o mantener vigente su permiso de residencia ha generado un mercado que se aprovecha de las llamadas desesperadas ante la vulneración de derechos. También hay fraudes y abusos. Los precios dependen de las circunstancias. “No nos queda otro remedio si queremos hacer el permiso de residencia. He comprado mi empadronamiento con 300€”. 

Esta cantidad es solo el principio de una cuenta que llega a sumar hasta 7.800 euros. “A los dos años, tenemos que volver a renovar el empadronamiento y tenemos que volver a pagar, también por el contrato de alquiler de una casa. Yo he pagado 1.500€. Para hacer los papeles, hay que presentar un contrato de trabajo. Depende del jefe puedes pagar o menos. Yo he pagado 6.000€, pero los hay mucho más caros”, recuenta Nora. 

Para poder pagar todo esto la mayoría de las personas se endeudan. Las familias en el país de origen también les envían dinero a modo de inversión, ya que las expectativas casi siempre superan la realidad, y piensan que al regularizar su situación la vida les cambiará por completo. Otras, no tienen más remedio que dormir entre plásticos y maderas durante años para ahorrar y desembolsar el dinero con la esperanza de un cambio. “Yo vine aquí esperando mejorar mi vida y la de mi familia. ¿Cómo voy a enviar dinero a mi familia si no tengo trabajo siempre o si tengo que pagar todo ese dinero para hacer los papeles? Mi familia no sabe que vivo en una chabola. No quiero que sepan que estoy pasando mal y que vivo aquí, porque esto no ocurre ni en Marruecos. Nadie imagina que esto ocurre”, explica esta vecina.

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El asentamiento de Atochares acoge a mil personas en temporada baja, pero llega a duplicar la población en el pico más alto Lucía Muñoz Lucena

“Si los ayuntamientos cumplieran con nuestro derecho a empadronarnos, no tendríamos esta situación. No tendríamos que pagar a otra gente y tampoco tendríamos que vivir en estas condiciones para intentar ahorrar para comprar el empadronamiento. Necesitamos que el ayuntamiento cumpla con los derechos de todas o que alguien haga algo, porque no podemos más”. La petición de Nora E. es contundente. 

Mirando hacia otro lado

El caso de Nora E. no es un caso aislado ni pasa solo en la provincia de Almería. Ocurre a casi todas nuestras vecinas que viven en asentamientos, son extranjeras y trabajan en el sector agrícola. El silencio de las instituciones ha normalizado esta vulneración de derechos que queda desapercibida para el resto de la ciudadanía y representantes políticos. “Nosotros somos conocedores de esta situación. Podemos decir y hacer todos los informes que queramos, pero desde la administración autonómica no podemos obligar a una administración local a empadronar”, asegura Mar Ahumada, directora de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía.

A la espera y desesperación de la llegada de la documentación hay que sumarle los incendios, fortuitos o no, en los asentamientos. Sobre las cenizas, sin lugar al duelo y a llorar sus pérdidas, las personas empiezan a construir cuanto antes. La noche llegará pronto y la falta de respuesta por parte de la administración local deja a centenares de trabajadores sin cobijo y un trozo de pan que llevarse a la boca. Por esto, cuanto antes coloquen los primeros trozos de madera, antes podrán volver a sentirse refugiados por los plásticos. “Yo duermo con un ojo abierto y otro cerrado. Tenemos miedo al fuego. Tengo miedo a estar dormida y no poder salir del fuego, a que me pille el fuego”, cuentan las jornaleras en Níjar. El último en Atochares, en noviembre de 2021, dejó a Nora E. sin chabola, pero también sin sus recuerdos, sin un techo, y sin un lugar de encuentro de tantas mujeres que acuden a esta lideresa como centro y persona de referencia.

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