Migración
La reforma del reglamento de extranjería es recibida con críticas por su “utilitarismo” y reservas ante su aplicación

“El Gobierno aprueba una reforma del Reglamento de Extranjería para mejorar el modelo migratorio y favorecer la incorporación al mercado laboral de las personas migrantes”, así titulaba el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, el pasado 26 de julio, la nota de prensa en la que se adelantaba el contenido de la normativa desarrollada a iniciativa del Ministro Jose Luis Escrivá.  Semanas después de que se filtrara el borrador de la reforma a través del diario El País, el Decreto Real fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado después de que el martes se aprobara en el Consejo de Ministros, contando con el aval del Consejo de Estado. El texto ha sido tramitado de urgencia acortando los plazos para su discusión pública.

“El objetivo que se pretende con esta reforma es hacer frente de forma ágil a los crecientes desajustes del mercado de trabajo español asociados a la escasez de mano de obra desde el ámbito migratorio”, se especifica en el documento publicado en el BOE, en un texto que a partir de esta premisa desarrolla una serie de herramientas orientadas a incorporar a las personas migrantes al mercado laboral en los sectores que sean definidos como prioritarios.

Presentada como una forma de agilizar y facilitar la regularización de las personas migrantes en torno al eje laboral, la reforma surge en un contexto en el que desde la patronal de determinados sectores se difunde un discurso de escasez de mano de obra y en paralelo a la campaña de la ILP #RegularizaciónYa que ya lleva recogidas más de 300.000 firmas. Esta iniciativa, inserta en la demanda de regularización protagonizada por los propios colectivos migrantes —que llevan desde el 2020 presionando por una solución política que termine con las condiciones de vulnerabilidad en la que viven al menos medio millón de personas en situación administrativa irregular en el Estado español— cuenta con el respaldo de una amplia base social, y aspira a recoger las 500.000 firmas necesarias antes de septiembre para ser debatida en el Congreso.

Por su parte, el documento presentado por el Ministerio, que no supone una modificación en la Ley de Extranjería si no en su reglamento, no contempla medidas especiales para subvertir la situación de irregularidad administrativa de estas 500.000 personas, sino que pretende agilizar la inserción laboral de las personas migrantes en función de las necesidades del mercado laboral, haciendo particular énfasis en la contratación de origen y la migración circular.

Principales cambios

La eliminación de la renovación intermedia de permisos de residencia y trabajo, pasando de tener que renovarse cada dos años, a una duración de cuatro años, es una de las principales novedades que trae la reforma del reglamento, una medida que supone un alivio burocrático para quienes, en un marco laboral inestable, y con un sistema de citas a menuda colapsado, sufrían el estrés de tener que renovar su permiso de residencia a los dos años de haberlo conseguido, exponiéndose al riesgo de no cumplir en ese momento con los requisitos necesarios y caer de nuevo en la irregularidad.

Como ya se adelantara en el borrador filtrado, otros de los principales cambios introducidos son los relativos a la formación: estos afectas al estudiantado extranjero presente en el país que podrá trabajar mientras se forme  hasta las 30 horas semanales, y teniendo acceso directo al mercado de trabajo cuando termina su formación, sin tener que esperar dos años para obtener un permiso de trabajo. Por otro lado, quienes lleven dos años en situación irregular, podrán regularizar su situación con un año de formación, en los ámbitos considerados necesarios para el mercado laboral.

También en lo referente al arraigo, la reforma amplía los tipos de vínculos parentales susceptibles de arraigo familiar. El texto también modifica los requisitos para el arraigo social, y en concreto los relativos al tipo de contrato necesario para optar a esta vía que hasta ahora exigía una duración mínima de un año. Desaparece esta temporalidad, y se requiere que el contrato presentado a efectos de arraigo implique un mínimo de 30 horas semanales y un pago igual o mayor al SMI.

El Real Decreto incide reiteradamente en la necesidad de adecuarse a las necesidades del mercado laboral, en este sentido, una de las principales propuestas es la renovación trimestral del catálogo de puestos de difícil cobertura, para poder agilizar la contratación en origen, una de las principales apuestas del Ministerio en materia de migración, que en la ley se compromete a simplificar los trámites para las empresas que requieran mano de obra y decidan traerla desde el extranjero, facilitando la migración circular. Así mismo se anuncia la creación de una Unidad de tramitación de expedientes de extranjería, con el objetivo explícito de “descargar a las oficinas de extranjería”.

Reacciones

“No entendemos por qué después de dilatar dos años un proceso de regularización, ahora se trabaja con enorme celeridad, dejando de lado la mirada y sentir de nuestras comunidades”, ha denunciado en la mañana del 28 de julio, en un comunicado, el movimiento #RegularizaciónYa, señalando una vez más “la instrumentalización de las vidas y los cuerpos de las personas migrantes” como base de una propuesta alejada de cualquier enfoque de derechos.

Desde Movimiento Estatal #RegularizacionYa, no es una sorpresa que el gobierno haya sacado 
adelante el borrador para la reforma del LOEX cuando hay en marcha un proceso de 
movilización liderada por el sujeto político migrante autoorganizado a través de la #ILPRegularizacion pic.twitter.com/dEib7gDooX

— ✳️ RegularizacionYa Cuenta Oficial (@RegularizacionY) July 28, 2022

 Prueba de ello, apuntan, es que se haya dejado fuera a los y las menores de edad, que suponen, recuerda, la tercera parte de la población en situación de irregularidad administrativa. #RegularizaciónYa alerta ante la falta de un presupuesto o estimaciones económicas asociadas a toda una batería de medidas que requerirán recursos de la administración, y recuerda que los defícits en medios y personal ya provocan demoras y todo tipo de disfuncionalidades en el sistema de citas. En la misma línea cuestionan al Ministerio sobre el alcance estimado de la medida, se preguntan por el tipo de formación que habilitará la regularización, o los actores responsables de ejecutar estas políticas.

En el mismo sentido, Jornaleras en lucha de Huelva, colectivo que viene temporada tras temporada denunciando el incumplimiento de las garantías hacia las trabajadoras y trabajadores contratados en origen para la campaña de Huelva, ironizaba en tuiter: “La verdadera intención de buscar el bienestar socioeconómico de las personas que vienen desde otros países a ofrecer su fuerza de trabajo sería la #Regularización inmediata sin condiciones. Pero claro, qué vamos a esperar de quien pretende que nos jubilemos a los 80 años”.

La tramitación de urgencia desde el ministerio ha despertado críticas por parte de quienes consideran que una reforma de ese calado debía haber posibilitado un mayor debate con la sociedad civil. “Cuántas propuestas del “Foro para la Integración Social de los Inmigrantes” fueron incluidas en la reforma Reglamento de Extranjería?, protestaba en tuiter la diputada María Dantas, quien recordaba que ella misma había entregado las peticiones por parte de la “la sociedad civil organizada y por las personas migrantes/refugiadas”.

Y es que, como también señalaban entidades como el Servicio Jesuita a Migrantes, en su valoración del decreto real, al haber aprobado por urgencia la medida, se han reducido al mínimo los tiempos para la participación de las organizaciones y colectivos que contaron solo con 7 días hábiles a principios de junio para aportar sus comentarios, el tiempo que duró el plazo de audiencia e información pública. 

“El carácter utilitarista de las propuestas deja al margen la realidad de la migración forzosa. Además, no acaba con la precariedad existente en estos sectores, obvia elementos de inclusión social no encaminados al empleo”, valora el Servicio Jesuita a Migrantes

“El carácter utilitarista de las propuestas deja al margen la realidad de la migración forzosa. Además, no acaba con la precariedad existente en estos sectores, obvia elementos de inclusión social no encaminados al empleo y no contempla la desprotección que se genera durante los plazos de tramitación administrativa”, afirmaban ayer desde el SJM entre las principales valoraciones de la reforma.

También ayer 27 de julio cinco de las principales organizaciones que trabajan con personas migrantes hacían público un documento común en el que aportaban su balance de la reforma: por un lado la calificaban como necesaria pero excesivamente tímida. “La aprobación del Reglamento de Extranjería por parte del Gobierno supone un avance, pero tiene un alcance limitado al dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad”, apuntaban de manera conjunta, Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Convive Fundación CEPAIM y Red Acoge, recordando cómo esta alianza viene reclamando también desde 2020, que la legislación de extranjería fuera revisada para evitar que medio millón de personas sobrevivan en condiciones de vulnerabilidad.

Las organizaciones valoran positivamente que se facilite el acceso al trabajo de las y los estudiantes extranjeros, las mejoras en la situación de quienes ya cuentan con permiso de residencia y trabajo, o la flexibilización de los requisitos económicos para quienes desean reagrupar a sus familiares. También celebran que se facilite la regularización a quienes, tras dos años de estancia irregular realicen una formación, o quienes, tras los tres años necesarios para al arraigo social, logren un trabajo, cuyo contrato ahora no deberá ser de al menos un año.  

“La aprobación del Reglamento de Extranjería por parte del Gobierno supone un avance, pero tiene un alcance limitado al dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad”, apuntaban de manera conjunta, Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Convive Fundación CEPAIM y Red Acoge

Entre los límites de la reforma, las organizaciones señalan el no haber avanzado en algo que consideran fundamental: la regularización de menores no nacidos en España cuando sus padres tengan permiso de residencia, así como una más garantista regularización de la reagrupación. Así mismo, lamentan que no se haya profundizado más en la situación de las personas solicitantes de asilo, reglamentando “el derecho de acceso a prestaciones sociales básicas y la adopción de medidas para que las personas más vulnerables no queden excluidas de la administración electrónica”.

Las organizaciones solicitaban en el documento desplazar el foco del mercado laboral, y centrarse en las cuestiones que alejan a la población migrante del goce pleno de sus derechos en igualdad, y apuestan por continuar revisando el reglamento de extranjería en un marco de diálogo, en lo que atañe a la flexibilización de la reagrupación familiar, los visados para buscar empleo, el acceso a la protección social, o una mejor coordinación entre la normativa de extranjería y aquella relativa al asilo.

Denuncian también que mientras plantea la contratación en origen de trabajadores para cubrir las necesidades del empresariado, la reforma no soluciona uno de los problemas fundamentales: la necesidad de pasar tres años en el país antes de recurrir al arraigo social, requisito que genera un limbo jurídico, que asienta las condiciones para abusos laborales, y vulnerabilidad social.

En ese sentido, las críticas no provienen exclusivamente desde las personas migrantes o los colectivos y entidades que defienden sus derechos. Las principales centrales sindicales, CC OO y UGT emitían ayer un comunicado conjunto expresando su rechazo a la reforma, a la que califican de “procedimiento” que, liderado por Escrivá, “estaría dirigido a satisfacer de manera casi inmediata las supuestas necesidades de sectores laborales que dicen requerir incorporación urgente de migrantes”, y afeando al Ministerio de Trabajo su silencio sobre la reforma, cuando, afirman, “hacen bandera de que en este país la falta de cobertura de determinados puestos de trabajo está determinada por las condiciones de empleo”.