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Exigen que no se prorrogue el permiso ambiental para reabrir la mina de Aguablanca (Badajoz)

Recientemente fue presentada una solicitud para renovar la preceptiva, pero ya caducada, Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre la mina de Aguablanca en Monesterio (Badajoz). Siendo que en estos casos resulta obligatoria la apertura de un plazo de consulta pública para recibir alegaciones por parte de la Administración,  Ecologistas en Acción de Extremadura denuncia que no consta en el BOE ningún anuncio al respecto.

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Nueva denuncia de las actividades de la minera SACYR, que mantiene los trabajos sobre toda la comarca del suroeste de Badajoz, cuyos recursos hídricos y naturales están en riesgo.

De hecho, señalan que en la web del Ministerio para la Transición Ecológica consta que el plazo para realizar observaciones a la solicitud de renovación de la DIA de la mina Aguablanca finalizaba el día 13 de agosto de este año, sin concretar, sin embargo, el día de comienzo del mismo. Observan desde la organización ecologista que no existe en el Boletín Oficial del Estado ninguna comunicación de dicho procedimiento, como marca la ley, con el objetivo de que cualquier persona pueda examinar el expediente. Esta obvia irregularidad, apuntan, significaría la nulidad de pleno derecho de lo publicado en la mencionada fuente ministerial, entre otras cosas por eliminar el derecho al recurso de amparo.

Sin motivos para renovar un permiso legalmente caducado

La Declaración de Impacto Ambiental para la explotación de la mina de Aguablanca, efectivamente, tiene fecha de 2017, de manera que transcurridos cuatro años, y de acuerdo con la Ley de Evaluación Ambiental, estaría ya invalidada. Dicha norma detalla que “La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el BOE, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto”. La aplicación de la legislación parece clara en este punto, afirman desde Ecologistas en Acción de Extremadura, habida cuenta de la constatable inactividad productiva de la instalación durante ese plazo.

La Declaración de Impacto Ambiental para la explotación de la mina de Aguablanca tiene fecha de 2017 y, transcurridos cuatro años, de acuerdo con la Ley de Evaluación Ambiental, estaría ya invalidada

Añade la organización ecologista que, en el breve documento de seis páginas sometido a consulta pública en el que se solicita la renovación de la DIA, no se alega, además, ningún fundamento justificativo de la inactividad del promotor durante estos años. Apenas en el último párrafo se indica que “es del interés del promotor mantener la DIA” por haberse realizado un cambio en los accionistas en su cuerpo de accionistas. El colectivo ambientalista señala que esto “no solo no justifica una prórroga, pues es un asunto de los solicitantes” sino que además resulta preocupante, sostienen, ya que la titularidad de los derechos mineros sobre Aguablanca pasaría ahora de la empresa Valoriza Minería, S.L. (parte del Grupo Sacyr), “a la que al menos se le presuponía capacidad técnica y económica para ejecutar el Plan de Restauración establecido” a otras empresas “que no sólo carecen de capacidad técnica y económica alguna, sino que presentan un historial turbio por su vinculación directa con proyectos sobre los que pesan procedimientos penales por estafa”.

Entramado empresarial y antecedentes de robo y estafa

Como es conocido, la empresa concesionaria de la explotación, Río Narcea Recursos, S.A., había estado controlada por la empresa canadiense Lundin Mining hasta 2016, año en el que Valoriza Minería, S.L. (del Grupo Sacyr) adquiere el 100% de las participaciones de la empresa titular. Ya resultó cuestionable en su momento, según Ecologistas en Acción, que dados los recursos disponibles en la zona y a la vista de los condicionantes de la DIA y el Plan de Restauración pudiera resultar rentable su explotación económica. De hecho, Valoriza Minería, aun cuando tenía los medios para la ejecución del proyecto aprobado, optó por una desinversión total en Aguablanca. Ahora, subrayan, ha entregado la concesionaria a “un entramado con nula credibilidad”.

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Siguiendo con la transferencia de titularidades sobre el proyecto, en marzo de este año fue firmado el contrato de compraventa de Rio Narcea Recursos S.A. entre Valoriza Minería S.L. y Claudenia Participaciones Empresariales S.L. (representada por Iñigo Resusta Covarrubias) y Geológica Monesteriense S.L. (representada por Alejandro Francisco Ayala). A ninguna de las dos empresas se le conoce experiencia alguna en minería y la última, además, fue creada este mismo año con un capital social de sólo 3.000 euros. Por su parte, denuncian las mismas fuentes, “Iñigo Resusta es un conocido bróker de bolsa implicado en varios delitos de estafa y ambos representantes están vinculados al holding Graphenano”. En este sentido, cabe recordar que Resusta fue fundador de Grabat Energy (filial de Graphenano), empresa con la que había previsto una facturación de hasta 4.000 millones de euros mediante la producción de baterías de grafeno de las que, finalmente, no se terminó por producir ni un solo ejemplar. Para finalizar, el año pasado la mercantil Auriga Global Investors se hizo con el control de Grabat Energy, de la que precisamente Resusta también es el presidente. Esta otra empresa también está investigada por delitos de estafa.

Con esta maniobra empresarial de compraventa de Río Narcea S.L. el administrador único de la Sociedad Limitada, titular de los derechos mineros hasta entonces, “pasa ahora a ser simplemente uno más de los ‘administradores solidarios’, lo cual blinda aún más a los promotores”. El objetivo que se perseguiría, según afirman “es evitar quedar expuesto personalmente a las futuras reclamaciones e indemnizaciones de sus accionistas”

Ecologistas en Acción denuncia que con esta maniobra empresarial de compraventa de Río Narcea S.L. el administrador único de la Sociedad Limitada, titular de los derechos mineros hasta entonces, “pasa ahora a ser simplemente uno más de los ‘administradores solidarios’, lo cual blinda aún más a los promotores”. El objetivo que se perseguiría, según afirman “es evitar quedar expuesto personalmente a las futuras reclamaciones e indemnizaciones de sus accionistas”, ya que esta figura legal puede firmar deudas pero estas serán finalmente responsabilidad de la Sociedad Limitada, “por lo que no se podrán abrir acciones penales contra ellos”. Apuntan, además, que “hay que recordar las graves deudas y daños económicos ocasionados por estos promotores en su anterior aventura empresarial de Graphenano en varias provincias españolas (Granada, Murcia, Zamora, etc.). Como recuerda Ecologistas en Acción, estas personas han estado (y algunos aún se encontrarían) en libertad bajo fianza de 2,9 millones de euros cada uno por delitos de robo, delito continuado de administración desleal y por un delito continuado de estafa”. La organización concluye a este respecto que “a personas de semejante historial es a las que se les puede conceder la renovación de la DIA para que dispongan de Aguablanca”.

Cambios sustanciales en el entorno de Aguablanca

Durante los diez últimos años se viene observando una evidente transformación, debida al cambio climático, del régimen de aguas provocado por la falta de lluvias en la zona donde se ubica la mina. Ecologistas en Acción apunta que este recurso natural es clave para el mantenimiento del ecosistema y la actividad humana del lugar, apreciando que dada la alta demanda que requeriría la explotación de Aguablanca, así como el continuo cambio en su disponibilidad, las condiciones del agua de la zona que se estudiaron en su momento no se corresponden con las actuales y “deben ser analizadas y evaluadas en un nuevo Estudio de Impacto Ambiental”.

Por otra parte, el impacto negativo sobre la fauna del río Rivera del Cala, que ya se venía observando durante el período de actividad de la mina de Aguablanca, se ha agravado, especialmente en los últimos tres años. De hecho, denuncian que el cauce ha ido perdiendo los peces hasta quedarse actualmente sin ninguno, extendiéndose esta situación crítica a la mayoría de las ranas, nutrias, cigüeñas negras y gran cantidad de galápagos. Como destacan, además, el efecto de la actividad minera se haría sentir varios kilómetros aguas abajo, hasta el municipio de Almadén de la Plata “y no hay que olvidar que de estas aguas se abastece la ciudad de Sevilla”. Explican que a todo esto se suma la falta de mantenimiento de las instalaciones de la mina, “ya que nunca se ha acometido ninguna de las medidas contenidas en su Plan de Restauración, por lo que se están produciendo permanentemente filtraciones procedentes de la rotura de la balsa de residuos, acumulaciones de bancos de arena, escorrentías de las escombreras y un sinfín de irregularidades más”.

“Hay que recordar las graves deudas y daños económicos ocasionados por estos promotores en su anterior aventura empresarial de Graphenano en varias provincias españolas [...], estas personas han estado (y algunos aún se encontrarían) en libertad bajo fianza de 2,9 millones de euros cada uno por delitos de robo, delito continuado de administración desleal y por un delito continuado de estafa”

Ecologistas en Acción afirma que, ante este escenario, no es de recibo que se pretenda conceder una prórroga de la DIA de la mina sin someterla a una nueva y completa Evaluación de Impacto Ambiental, resultando “inadmisible especialmente que se prevea reabrirla sin haber restaurado los daños medioambientales debidos la inexistente prevención de riesgos por parte de la empresa y la dejadez absoluta de las administraciones”.

El cambio de la normativa obliga a una nueva Evaluación de Impacto Ambiental

En cualquier caso, desde el año 2017, cuando se formuló la DIA de la mina Aguablanca, se han producido cambios en la normativa ambiental de la región que, como recuerda el movimiento ecologista, debieran aplicarse en el caso presente. En primer lugar, la Junta ha aprobado el Plan para la Recuperación de la Cigüeña negra en Extremadura, cuya presencia se habría visto muy reducida por efecto de la actividad minera. Desde 2017 también se ha aprobado regular las líneas eléctricas que no se ajustan a lo establecido por la ley y se ha acordado fijar medidas para la protección de las aves. La conclusión de Ecologistas en Acción es clara: “esta nueva normativa debe ser de obligado cumplimiento en los tendidos eléctricos en la mina de Aguablanca y no fueron evaluados adecuadamente en la Evaluación de Impacto Ambiental”. Por otro lado, explican que tampoco se tuvo en cuenta la última regulación de Especies Amenazadas en Extremadura.

Ecologistas en Acción de Extremadura sostiene que, a la vista de la gestión realizada en la mina de Aguablanca por la empresa, la solicitud de una prórroga de la DIA “persigue únicamente eludir la obligación de aplicar el Plan de restauración ambiental a la mina y su entorno (plan que en buena parte ya debiera haberse realizado) y continuar especulando con unos recursos mineros de difícil extracción y rentabilidad”.

Ecologistas en Acción de Extremadura sostiene que [...] la solicitud de una prórroga de la DIA “persigue únicamente eludir la obligación de aplicar el Plan de restauración ambiental a la mina y su entorno (plan que en buena parte ya debiera haberse realizado) y continuar especulando con unos recursos mineros de difícil extracción y rentabilidad”

Por tanto, dada la “absoluta falta de mantenimiento” de las instalaciones asociadas a la explotación, “las cuales están provocando la degradación de una amplia zona natural”, la organización ecologista apunta que debe ser una prioridad la restauración ambiental, así como repoblar la zona. Afirman que “esto no puede postergarse mediante la treta de obtener una nueva Declaración de Impacto Ambiental para una futura actividad extractiva que, por otra parte, muy probablemente nunca se llegue a realizar”. Por todo ello, solicitan que se deniegue la prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental y que se apremie a la empresa propietaria de la mina de Aguablanca para que de inicio a la ejecución de los trabajos de restauración ambiental.

El Ayuntamiento de Monesterio, mientras tanto, permanece expectante en su apoyo explícito a un proyecto de reapertura que, según declaran los representantes de las cuestionadas empresas promotoras, crearía 350 empleos en la zona pero que, a la luz de todas las irregularidades del proceso y de la naturaleza de los promotores de la iniciativa, siembra más dudas que certezas.