Minería
La comarca de Olivenza sigue amenazada por los grandes proyectos mineros

De acuerdo con todas las informaciones recabadas en la zona de Olivenza —y según denuncia la Plataforma Alconchel Sin Mina— Rio Narcea Nickel S.A. sigue adelante con sus planes, trabajando en todas las direcciones posibles para hacer posible la explotación minera a cielo abierto en la comarca, centrada, aparentemente, en la obtención de minerales de la llamada sección C (entre ellos, cobre y hierro). Esta compañía, antes llamada Rio Narcea Gold Mines, Ltd, resulta ser la empresa pantalla de SACYR, cuya división, Valoriza Minería, ha adquirido los derechos de prospección en el área. El objeto de utilizar diferentes empresas, en una sucesión de agentes interpuestos, es una práctica frecuente en el negocio minero, y su objeto es diluir posibles sanciones y responsabilidades ambientales.

Transcurridas unas semanas desde la resolución del pasado 1 de febrero, por la cual la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad daba por finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria del “Proyecto Minero Industrial Alconchel”, declarando resuelto su procedimiento y ordenando su archivo, parece evidente que no existe ninguna intención de renunciar al megaproyecto extractivista por parte de sus promotores.

El objeto de utilizar diferentes empresas, en una sucesión de agentes interpuestos, es una práctica frecuente en el negocio minero, y su objeto es diluir posibles sanciones y responsabilidades ambientales

Los evidentes incumplimientos de la empresa deberían haber significado, señalan desde Alconchel Sin Mina, una declaración de impacto ambiental negativa que hubiera puesto fin a las minas proyectadas, pero la Junta de Extremadura ha mantenido, y mantiene, una política de inhibición al respecto de todas las irregularidades que, según las asociaciones ciudadanas de la zona, estaría más cerca de una “abierta connivencia con las compañías mineras”.

El agua de la comarca, en peligro. SACYR, denunciada

Es en este contexto descrito previamente, y ante la magnitud de las anomalías, irregularidades e infracciones detectadas, que la Plataforma Ciudadana Alconchel sin Mina ha presentado ante el SEPRONA, el pasado 23 de marzo, una nueva denuncia por sondeos presuntamente ilegales de la empresa.

Con ésta, ya son dos las demandas de la Plataforma dirigidas contra la empresa (que aún no dispone, cabe recordar, de los permisos de explotación). En la primera, el Ministerio, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), dio la razón a la Plataforma (con fecha 7/01/2021) “abriendo el oportuno expediente sancionador a Río Narcea Níckel S.A. por apertura de sondeos sin la correspondiente autorización administrativa en término municipal de Alconchel, Táliga y Olivenza”.

Cierre en falso del proyecto de mina en Alconchel

Manuel Nogueras

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Extractivismo Cierre en falso del proyecto de mina en Alconchel

Manuel Nogueras

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A pesar del archivo del procedimiento, la resolución de la Junta de Extremadura mantiene vivo el proyecto de las minas de Alconchel, Táliga y Olivenza.

En la reciente denuncia, de marzo de 2021, y según la documentación de campo aportada por la Plataforma, se confirmarían las pretensiones de la minera sobre el acuífero Zafra-Olivenza, de consumo humano y animal, interceptándolo con una red de pozos de hasta 250 metros de profundidad, a su paso por el término municipal de Táliga, y “haciéndolos pasar por sondeos de investigación en los planes de labores que aparecen en los permisos de investigación presentados en la Junta de Extremadura”. 

Ahora, ante la magnitud de las anomalías, irregularidades e infracciones detectadas, la Plataforma ha dado curso a una nueva denuncia que recoge, en profundidad, el volumen de agresión al territorio

Como afirman técnicos que han colaborado en la denuncia, han sido descubiertos numerosos pozos “entubados, emboquillados y buscando zonas clave del acuífero donde encontrar grandes caudales, de más de 25.000 litros a la hora por pozo. Algunos de los encontrados son incluso más elaborados y con arquetas protectoras”.

Refugiándose bajo la aparente legalidad de “sondeos de investigación minera”, ya en su día Rio Narcea Nickel, en el tiempo de explotación de la precedente mina de Agua Blanca (Monesterio), procedió de la misma forma, habiéndose denunciado por parte de Ecologistas en Acción, en 2006, idénticos hechos. Entonces, la empresa los calificó como “sondeos piezométricos o pruebas para conocer el caudal”, demostrándose con posterioridad las extracciones de agua y el funcionamiento de dichas perforaciones como verdaderos “pozos de sondeo”.

En cualquier caso, el proyecto presentado por SACYR en 2016 carecía, entre otras cosas, de concreción en cuanto a los puntos necesarios para el suministro de agua. Es cierto que se identificó una primera zona para la construcción de grandes pozos y extracciones de agua dentro de los términos de Olivenza y Táliga, sobre el acuífero Zafra-Olivenza, en el extremo Noreste dentro de las 3.000 hectáreas de la cuadrícula minera, pero sin precisar, sorprendentemente, los puntos exactos de extracción.

Del mismo modo, nunca quedaron claras las necesidades reales de caudal, “camufladas” por los ingenieros en el proyecto a través de diversas fórmulas. La Plataforma, en colaboración con especialistas en la materia, ha podido cuantificarlas en, al menos, 7 millones de litros al día (únicamente para la operación metalúrgica), cantidad diez veces superior a la declarada por la empresa a la Consejería de la Junta y a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Nunca quedaron claras las necesidades reales de caudal, “camufladas” por los ingenieros en el proyecto a través de diversas fórmulas. La Plataforma, en colaboración con especialistas en la materia, ha podido cuantificarlas en, al menos, 7 millones de litros al día

En este orden de cosas cobra sentido que, en 2018, la empresa solicitara un nuevo permiso de investigación denominado ‘Don Julián’ , adyacente a las primeras cortas mineras diseñadas. Una petición, de acuerdo a distintas fuentes, “tardía y extraña”, dado que en su superficie no se detectaron anomalías magnéticas por los anteriores vuelos de la multinacional canadiense Lundin Mining y, por tanto, parecía resultar de escaso (si no nulo) interés minero.

Sin embargo, la zona que ocupa resulta estar situada sobre el antes mencionado acuífero de Zafra-Olivenza, pudiéndose deducir de esa circunstancia, y atendiendo a las conclusiones de Olivenza Sin Minas, que el verdadero interés de este permiso no es otro que el de “obtener y asegurarse el suministro de agua necesaria para las primeras fases del megaproyecto”.

De hecho, el alcalde de uno de los municipios más afectados en la zona, Táliga, tras conocer la información presentada al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), ya ha manifestado su interés en recibir copia de la denuncia cursada. La Plataforma ha señalado, en este sentido, que “espera y desea que el resto de ediles nos la soliciten y así mismo se interesen, pues el ritmo de extracciones al que pretenden someter los recursos hídricos de la zona, una vez concedido el permiso final de explotación a la minera, puede llegar a desertificar la Comarca de Olivenza”.

El megaproyecto Ossa Morena

Todos los indicios confirmarían, entonces, que la multinacional continúa adelante con su megaproyecto en la zona geológica de Ossa Morena, donde ya constan sondeos incluso en el entorno del casco urbano de Jerez de los Caballeros. El archivo del expediente medioambiental del permiso Gato Montés en febrero, un “falso cierre” del conflicto, no sería más que una “maniobra” de la Junta, en palabras de la Plataforma Olivenza Sin Minas, para “rebajar la tensión social en la Comarca de Olivenza”, mientras la compañía desarrolla sus planes y consolida infraestructuras a todos los niveles.

En detalle, esta primera “zona de sacrificio” (Alconchel, Táliga y Olivenza) es la punta de lanza de SACYR en el suroeste de Badajoz. El global implicado afecta a 30 términos municipales de ese espacio geográfico y cubre un total de 1240 km², completando una línea de intervención que recorre desde Olivenza hasta Jerez de los Caballeros. De los 21 permisos que contempla, seis están ubicados en la comarca de Olivenza: ‘Gato Montés’, ‘Loiterón’, ‘San Carlos’, ‘Don Julián’, ‘Carazo’ y ‘Encina’. Aunque se pretenden presentar como iniciativas independientes, SACYR (dueña de todos ellos), las plantea abiertamente en el mercado internacional minero e inversor como la unidad que constituyen, de facto, quedando fuera de toda discusión el hecho de que sus partes cobran sentido industrial entendidas como un todo interrelacionado e interdependiente, incluso desde el punto de vista técnico. En el stand de SACYR de la PDAC de Toronto, de marzo de 2020 —el mayor evento internacional en el que las empresas mineras se presentan ante sus inversores— expresamente se publicitaba el macroproyecto integrando en su totalidad todas las concesiones citadas.

Aunque se pretenden presentar como iniciativas independientes, SACYR (dueña de todos ellos), las plantea abiertamente en el mercado internacional minero e inversor como la unidad que constituyen

Fraccionado administrativamente, como denuncian diversas asociaciones ecologistas, se evitaría, de hecho (en función de su tamaño calculadamente limitado), la fase de evaluación del impacto ambiental por parte de la Administración General del Estado, pasando entonces a ser competencia de la Junta de Extremadura, bastante más tolerante desde el punto de vista de las evaluaciones ambientales. Dicho modo de obrar no difiere en lo sustancial de la práctica que se puede observar en los proyectos fotovoltaicos extremeños, en los que, según Ecologistas en Acción “las empresas promotoras están fraccionando los grandes proyectos para eludir la tramitación de sus autorizaciones por la Administración General del Estado y hacerlo a través de la Junta de Extremadura, más permisiva y sobre la que tienen mayor capacidad de influencia”.

Los planes mineros contemplan cortas mineras a cielo abierto de grandes proporciones, con profundidades superiores a los 100 metros y, próximas a las localidades afectadas, grandes balsas tóxicas con metales pesados, escombreras con ácidos de minas y, durante el periodo de explotación (que puede alargarse décadas o desaparecer de inmediato si baja el precio de mercado de alguno de los minerales obtenidos), detonaciones de 6 y 7 toneladas diarias de explosivos, así como extracciones de aguas del subsuelo a un ritmo cercano a los 7 millones de litros diarios. Los seis cuadrantes correspondientes a los permisos han sido publicados de forma oficial en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado, y constan en el portal SIGEO de la Junta de Extremadura, donde se puede contrastar su vigencia, que en lo sustancial discurre entre la fase en la que se dispone de un permiso de investigación a aquella en la que se accede al de explotación. En ese periodo es en el que se pasaría, afirman desde distintas asociaciones, “a expropiaciones forzosas, grandes cortas mineras, sustracciones de inmensas cantidades de aguas, balsas de lodos tóxicos con metales pesados, escombreras de ácidos, desmonte de arbolado, contaminación atmosférica y del suelo, así como contaminación de acuíferos”. En la comarca de Olivenza, sus  seis cuadrantes están dentro de la Red Natura 2000, fórmula de conservación de espacios de alto valor ecológico que, de hecho, hubiera debido resultar un escollo definitivo desde el punto de vista de la normativa medioambiental.

Que, sin embargo,  prosigan los estudios y se avancen trabajos incesantemente, en el sentido de hacer realidad la gran mina a cielo abierto en la que se quiere convertir el área, resulta de difícil explicación, y el papel de la administración autonómica en el mismo arroja serias dudas sobre su posición de “imparcialidad y sometimiento a la normativa” en los conflictos generados en las localidades afectadas.

Denunciada ante Portugal la mina a cielo abierto proyectada en Olivenza

El Salto Extremadura

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Medio ambiente

Denunciada ante Portugal la mina a cielo abierto proyectada en Olivenza

El Salto Extremadura

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La Plataforma Ciudadana Alconchel Sin Mina denuncia ante el gobierno portugués el megaproyecto extractivo proyectado en la comarca de Olivenza. Manifiesta las graves afecciones medioambientales del mismo, que afectarían también al país vecino. 

Y es que todos los derechos de explotación siguen intactos, como podemos ver, fundamentalmente, en el permiso de investigación, ‘Loiterón’ (con afección en 9.000 hectáreas de los términos de Olivenza, Alconchel, Táliga, Valverde y Badajoz) y, a su vez, en que el expediente de concesión de explotación minero ‘Gato Montés’, que de acuerdo a múltiples observadores, asociaciones ciudadanas y grupos ambientalistas “no tenía que haberse iniciado nunca por tratarse de zonas protegidas de alto valor, donde no es posible la minería a cielo abierto”, sigue adelante y es el más avanzado de todos. Mantiene ‘Gato Montés’ esa condición, incluso tras haber sido “archivado” (no en firme aún y sólo el expediente medio ambiental) sin emitir una Declaración de Impacto Ambiental. La mencionada resolución de febrero solo habría puesto fin (parcial) a la evaluación ambiental, pero dejando abierta la vía por la que la empresa puede solicitar su reapertura con el único requisito de la subsanación de las cuestiones virtualmente procedimentales que llevaron a su archivo. 

El estado de las cosas

El panorama, a tenor de lo descrito por las asociaciones de la zona, y atendiendo a las denuncias formuladas por la Plataforma, se resume en algo tan simple como que el megaproyecto sigue en marcha en todos sus extremos. Nos encontraríamos en un momento de “política dilatoria por parte de la Junta de Extremadura y de búsqueda de paz social en la comarca, mientras todo avanza, en una clara política, una vez más, de hechos consumados”, como señalan técnicos y portavoces de Olivenza Sin Minas.

Todos los indicios apuntan en la confirmación de este supuesto: una paralización de “baja intensidad”, solo en una parte del proyecto y con frágil recorrido en el tiempo, munícipes que se ven aliviados momentáneamente de la presión de su opinión pública y labores de infraestructura y acondicionamiento minero que van progresando, lentamente, en absoluta ausencia de respuestas por parte de la administración regional.

De la Junta de Extremadura, por ahora, llegan apelaciones al respeto de las decisiones judiciales y de la legalidad, mientras no adopta resolución alguna al respecto que no consista en un atronador, y transparente, silencio

En el terreno de los hechos, la situación raya la evidencia, y así se detalla en los hechos puestos en conocimiento del SEPRONA: maquinaria pesada operando en la zona; labores de movimientos de tierras para apertura, ensanchamiento y relleno de caminos; sondeos encubiertos (de los que existe abundante documentación gráfica en la denuncia presentada contra SACYR); trabajos en zonas diferentes a las reconocidas o que, incluso, quedan fuera de los seis cuadrantes licenciados para tareas de “investigación”; solicitud de licencias de obras menores por debajo de su precio para defraudar en el pago de impuestos; desconocimiento de los ayuntamientos sobre las labores situadas en su territorio municipal; agresiones a acuíferos fundamentales para la red de abastecimiento de la comarca (de hecho, uno de ellos, incluso en zona de protección según el Plan General Municipal de Táliga); intervención sobre recursos hídricos sin permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que podrían llegar a afectar a Portugal (cuyo gobierno aún está esperando la documentación requerida por su parte ante el riesgo de afección de vertidos químicos a aguas internacionales del Guadiana); desbroces, deforestación, talas, quemas...

Nada parece indicar un final próximo de la aventura extractivista en el suroeste de Badajoz, que trabaja en diferentes tiempos y que se desenvuelve en el ritmo de lo mediático, de lo político, de lo empresarial y del impuesto por los mercados financieros y de valores, con intereses económicos de magnitudes difíciles de precisar en razón de su ingente volumen. Permanece alerta la oposición a la minería a cielo abierto, siguen su curso las denuncias formuladas, la compañía persiste en sus intervenciones y de la Junta de Extremadura, por ahora, llegan apelaciones al respeto de las decisiones judiciales y de la legalidad, mientras no adopta posicionamiento alguno al respecto que no consista en un atronador, y transparente, silencio.