Minería
Investigada por delito contra el medioambiente la multinacional a la que la Xunta permitió reabrir una mina

El Juzgado de Instrucción número 2 de Noia ha solicitado que se considere a Tungsten San Finx, SL, la empresa concesionaria de la mina San Finx en Lousame (A Coruña), como investigada por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Esta acción legal surge debido a las preocupaciones sobre los niveles elevados de concentración de metales pesados que la mina está vertiendo en el entorno natural. Unos vertidos que la Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, autorizó en febrero de 2023.

La contaminación ha sido respaldada por informes contundentes presentados tanto por el Seprona de la Guardia Civil como por la acusación ambiental popular representada por las cofradías de Noia y Portosín, así como por organizaciones ecologistas. Ecologistas y cofradías han destacado que, según los análisis más recientes realizados en octubre pasado, los niveles de cadmio aguas abajo del punto de vertido superaban en más de 100 veces los límites máximos permitidos por la legislación.

El representante de la empresa, Miguel Cabal Lorenzo, deberá comparecer ante el Juzgado el próximo 1 de febrero a las 10 de la mañana. Este hecho fue aprovechado por grupos ecologistas y marinos para exigir soluciones, protestando contra la negativa de la minera y de la Xunta a tomar las medidas necesarias para prevenir los vertidos, medidas que los colectivos han estado proponiendo.

Joám Evans, portavoz de la comisión regional plataforma y Ecologistas en Acción, anunció una protesta frente al juzgado el 1 de febrero para exigir el sellado de galerías y basureros, así como la retirada de los residuos mineros acumulados en el río, con el objetivo de poner fin a los derrames de metales pesados.

Las cofradías y las organizaciones ecologistas también exigen medidas para evitar que la empresa escape, señalando casos anteriores como el de Sacyr en 2021 y Pivotal Metals el verano pasado. Además de instar a Aguas de Galicia a imponer el cobro del canon por control de vertidos, que asciende a 30 millones de euros, han solicitado al Juzgado de Noia que se adopten medidas cautelares que obliguen a la empresa a emprender acciones urgentes para la restauración y sellado de las minas.

Desde la Plataforma Regional contra los vertidos de la mina San Fins, se advierte sobre la necesidad de proteger eficazmente la ría contra la contaminación por metales pesados, sumándose a otros problemas recurrentes como las deficiencias en el saneamiento, la mala gestión de la central hidroeléctrica del Tambre o la reciente llegada masiva de plásticos. Por lo tanto, instan a la comunidad a asistir a los Juzgados de Noia el 1 de febrero para conocer y defender el futuro de la ría frente a las constantes agresiones medioambientales.