Extractivismo
La ONU da un toque de atención a España por la mina de San Finx y las denuncias contra Ecologistas en Acción

La vida da muchas vueltas y tanto los responsables de la Mina de San Finx (Lousame, A Coruña) como los de la Cámara Oficial Minera de Galicia probablemente no imaginaron la que se les vendría encima cuando decidieron responder a las acciones pacíficas de grupos vecinales y ecologistas contra los vertidos de esta explotación de wolframio llevándoles ante los tribunales. En un giro de 180º que devuelve el ataque multiplicado exponencialmente, es nada menos que la Organización de Naciones Unidas la que pone en el punto de mira tanto a la empresa explotadora Tungsten San Finx SL, propiedad de la multinacional australiana Pivotal Metals, como al Estado español.

El oficio realizado por la irlandesa Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, junto con la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales, Damilola S. Olawuyi, y el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y el Medio Ambiente, David R. Boyd, expresa su “preocupación ante la causa abierta contra Ecologistas en Acción, que tememos que esté basada en una denuncia abusiva, iniciada en represalia por su activismo pacífico contra los daños medioambientales resultantes de la mina San Finx”.

El escrito firmado por las tres autoridades de las Naciones Unidas se enmarca en la investigación abierta por el organismo contra Tungsten San Finx SL, una vez Ecologistas en Acción decidió, en septiembre de 2023, llevar a la multinacional ante la ONU por “uso sistemático de denuncias abusivas e infundadas”, denuncias “con afán intimidatorio contra las organizaciones ecologistas y sociales que venimos denunciando la situación ilegal de la explotación y los daños ambientales que causan sus vertidos”, señalaban entonces desde Ecoloxistas en Acción.

Acusaciones infundadas

La minera ya llevó ante los tribunales a los ecologistas por una acción simbólica en la balsa de decantación de la mina. Fue el 6 de julio, cuando varios activistas colocaron un tapón de corcho en una de las tuberías que expulsan los desechos de la explotación contaminados con altas concentraciones de cadmio, cobre y zinc a la balsa de decantación, flujo de agua que acaba en la ría de Muros-Noia. El juzgado de Noia archivó la denuncia, pero esta dio lugar al procedimiento por el cual la empresa podría acatar una multa de 300.000 euros por sus vertidos ilegales.

La Cámara Minera de Galicia, asimismo, decidió en septiembre llevar a los tribunales al grupo de activistas ecologistas por otra acción que consistió, según explica a El Salto Cristobal López, portavoz de Ecologistas en Acción, “en dejarles una botella de agua nada más”. “Entramos en las dependencias de ellos, les pedimos permiso, les dijimos que íbamos a dejar la botella con agua de la mina y nos fuimos”, concreta.

El objetivo era ridiculizar el mensaje lanzado por la Cámara Minera semanas antes, por el cual aseguraban que el agua de los vertidos de la mina “es inocua para la salud humana y el ecosistema”. La afirmación de esta patronal quedó totalmente en entredicho cuando, apenas unos días después de hacerla, se publicaron los resultados de los últimos análisis de dichos vertidos que llevó a cabo Aguas de Galicia realizados en el regato en el que vierte la explotación. Estos evidenciaron, según este organismo público, “que los niveles de cadmio superan más de cien veces los límites máximos que establece la legislación para esta substancia tóxica y cancerígena”, planteando a la Xunta una propuesta de sanción contra la empresa por un valor de 180.000 euros.

Sin embargo, la respuesta de la patronal fue una denuncia contra los activistas calificando la acción de la botella como un “asalto violento con intimidación”. “Se ve que le sentó mal que fuésemos allí a romperles su impunidad para contar mentiras a la población —ironiza López— porque lo que estaban haciendo era validar la acción minera cuando la propia Xunta dijo que abriría una sanción por este vertido muy contaminante y cuando esa mina está a 5 kilómetros de la ría de Muros-Noia, contaminando todo lo que se pesca en ella”.

La empresa no responde a la ONU

El oficio de la relatora de la ONU expresa que su preocupación se ve amplificada “anteriores acusaciones infundadas que se habrían interpuesto por la empresa contra Ecologistas en Acción y otras organizaciones en presunta represalia por su trabajo pacífico en defensa del medioambiente”. Se refiere a las otras dos denuncias puestas por la minera contra este colectivo ecologista, ambas archivadas.

Desde Ecologistas en Acción remarcan que Tungsten San Finx SL se negó a responder a las cuestiones formuladas por la ONU, que reclamaba información sobre las medidas adoptadas por la empresa para cumplir con la legislación medioambiental, sobre los impactos causados por las operaciones mineras y sobre las medidas de la empresa para garantizar la eliminación de los residuos mineros.

El toque de la ONU a empresa y patronal se amplifica al citar la relatora al Estado español, pues la Fiscalía se integró en la denuncia contra Ecologistas. “Entiendo que en cuanto se dé la primer diligencia, en cuanto hayan las primeras declaraciones, el fiscal va a retirar los cargos”, expone López al respecto.