Navantia
Los trabajadores de Navantia reclaman estabilidad más allá del contrato de Arabia Saudí

Esta mañana, los trabajadores del astillero de Navantia en Puerto Real han ido a la huelga para exigir una mayor carga de trabajo. A diferencia de lo que ocurre en otros astilleros de la compañía en la bahía de Cádiz, en Puerto Real ven peligrar sus puestos de trabajo en el futuro más cercano. Pero, a largo plazo, la situación de empresa de construcción naval en la Bahía de Cádiz es dudosa. Los trabajadores de los astilleros de San Fernando, donde se fabrican las cinco corbetas para Arabia Saudí, también reclaman planes de trabajo estables a largo plazo.

A partir de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución no vinculante que exige a los Estados miembros “imponer un embargo a la venta de armas a Arabia Saudí” tras la polémica generada por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Turquía, el debate ha girado en torno a las posturas de la cámara europea y del Gobierno español.

Desde que salió a la luz el caso, la canciller alemana, Angela Merkel, ha liderado la postura favorable al embargo en la Unión Europea. Fue la primera en decidir que su país dejaría de vender armas a Arabia Saudí. Enfrente está el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha defendido en varias ocasiones la idea de seguir adelante con la venta de las cinco corbetas comprometidas.

“La responsabilidad es de los gobiernos para promover una solución que no haga que siempre sufran y paguen los mismos”

El debate en torno a estas dos posturas ha entrado de lleno en la agenda política y mediática de Andalucía por la relevancia que cualquier decisión al respecto tendría en San Fernando y la bahía de Cádiz, donde opera Navantia, la empresa encargada de construir los buques a los que se refiere este contrato con Arabia Saudí.

La legalidad del contrato en entredicho

Organizaciones en defensa de los Derechos Humanos se han pronunciado al respecto y han insistido en que la venta de armas a Arabia Saudí viola los tratados internacionales firmados por el Estado español porque “el tratado sobre comercio de armas que adoptó la ONU en 2013 dice claramente que se prohíbe la venta de armas cuando puedan utilizarse para cometer genocidios, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los convenios de Ginebra, ataques dirigidos como bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales y a nadie se le escapa que eso es lo que está ocurriendo hoy en Yemen”, explica Rafael Lara de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía, reclama mayor responsabilidad de los gobiernos: “En un conflicto de estas características no pueden sufrir siempre los mismos. Estamos hablando de muertes, de personas que están muriendo en una zona en conflicto y estamos hablando de personas, en este caso las familias que están afectadas por el tema de las corbetas, que pueden perder su trabajo y pueden caer en situaciones de pobreza, con lo cual la responsabilidad es de los gobiernos para promover una solución que no haga que siempre sufran y paguen los mismos”.

“Las consecuencias serían que no habría plan industrial ni plan estratégico para Navantia, con lo cual Navantia se hundiría”

Cuenca también duda de la legalidad de la venta de armas a Arabia Saudí, por su participación en el conflicto bélico que tiene lugar en Yemen, donde ya hay más de 5 millones de personas en situación de hambruna y, por eso, pide “al Gobierno de España que cumpla con la legislación sobre venta de armas”. Y hace hincapié en la necesidad de defender a las partes más débiles víctimas de este conflicto: “Detrás de todas las cuestiones que subyacen en una venta de armas siempre sufren los mismos: los niños y los civiles. Por eso se deben tomar todas las medidas necesarias, sin que ninguna perjudique a otros colectivos”.

dependencia de Navantia

La decisión no es menor. 6.000 puestos de trabajos directos e indirectos en la bahía de Cádiz, donde hay municipios con una tasa de paro superior al 35%, dependen de Navantia, que se encuentra en una situación delicada. Como detalla Jesús Peralta, presidente del comité de empresa de la compañía, si se rescinde el contrato con Arabia Saudí, “las consecuencias irían mucho más allá. Ni para San Fernando ni para la bahía. Las consecuencias serían que no habría plan industrial ni plan estratégico para Navantia, con lo cual Navantia se hundiría porque el soporte de Navantia ahora mismo es el contrato con Arabia. Ese es el único dinero que va a soportar ese plan estratégico y ese futuro de Navantia”.

“La balanza no es derechos humanos o carga de trabajo. La balanza es empleo en Cádiz o empleo en Francia, en Italia o Alemania”

Peralta pone en duda que, si el Gobierno rescindiera el contrato con Arabia Saudí, las cinco corbetas no llegaran a fabricarse en otro astillero europeo. Asegura que otros países están esperando: “Si somos capaces a nivel mundial de llegar a un acuerdo para no construir armas a este tipo de países, no a Arabia Saudí, sino a este tipo de países que no respetan los derechos humanos, a partir de ahí lo acataremos y buscaremos otra solución. Lo que está claro es que, quedándonos en Europa, Francia e Inglaterra han dado un paso atrás y no se han pronunciado esperando a que Esapaña diga “no” porque saben que tienen todas las posibilidades de coger el contrato”.

De hecho, Peralta, que achaca el liderazgo de Angela Merkel en esta cuestión al hecho de que “para Alemania la venta a Arabia Saudí es insignificante”, plantea el debate en otros términos: “La balanza no es derechos humanos o carga de trabajo. La balanza es empleo en Cádiz o empleo en Francia, en Italia o Alemania”. Por eso, defiende “no solamente mantener este contrato sino buscar otros contratos más en países emergentes que están invirtiendo en defensa”.

“Dentro de 2 años y medio en los talleres no volverá haber planchas, estarían los 5 barcos flotando y en pruebas”

Peralta no considera viable alternativas como sustituir el contrato de Arabia Saudí por un contrato con el gobierno por el mismo valor o como la diversificación. Pero sí recuerda al gobierno “que pongan encima de la mesa la segunda serie de Buques de Acción Marítima (BAM) que nos la debe desde el año 2004 y que a día de hoy no se ha puesto encima de la mesa. Porque dentro de 2 años y medio en los talleres no volverá haber planchas, estarían los 5 barcos flotando y en pruebas. Lo que pedimos es que pongan ese programa de BAM encima de la mesa y que tengamos una vigencia de plan con carga de trabajo al igual que la van a tener Ferrol y Cartagena”.

Este conflicto ha estallado en plena precampaña de las elecciones andaluzas. Mientras que la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz defiende la postura con la que Sánchez ha recabado el apoyo de Ciudadanos y Partido Popular en el Congreso de los Diputados, la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez considera un “chantaje” poner a los trabajadores de los astilleros en esta tesitura.