Navarra
Denuncian la criminalización de menores y falta de recursos en Marcilla

El Gobierno de Navarra ha ordenado el traslado urgente de 23 menores migrantes no acompañados del Centro de Observación y Acogida (COA) de Marcilla a otros recursos de la Comunidad Foral, tras varios días de tensión en el municipio. La medida, anunciada este viernes, responde a los altercados registrados entre vecinos y menores del centro, y se acompaña de un refuerzo del dispositivo de seguridad con presencia permanente de la Policía Foral, drones y una nueva Oficina de Atención Ciudadana.

El anuncio se produce después de que el Ayuntamiento de Marcilla, con el respaldo unánime de los tres grupos municipales (PSN, UPN y Contigo Marcilla), reclamara el cierre inmediato del COA, alegando que la localidad, de apenas 3.000 habitantes, “no puede asumir la presencia de cerca de un centenar de menores” y calificando la situación de “insostenible”.

El equipo educativo del COA de Marcilla muestra una “profunda preocupación ante la escalada de tensión social”

En este contexto, el equipo educativo del COA de Marcilla ha hecho público un comunicado en el que expresa su “profunda preocupación ante la escalada de tensión social, el deterioro de la convivencia y la imagen distorsionada” que, aseguran, se está proyectando tanto sobre los menores acogidos como sobre su labor profesional.

Subrayan que los menores no constituyen un grupo homogéneo y que muchos de ellos “muestran un comportamiento respetuoso, estudian, participan en actividades comunitarias y desean integrarse”. Reconocen que ha habido incidentes puntuales, pero denuncian una respuesta “desproporcionada”, con amenazas, comentarios hostiles, agresiones verbales e incluso físicas hacia chicos no implicados en ningún conflicto.

También alertan del clima de hostilidad creciente hacia el personal educativo, que afirma estar siendo objeto de “descalificaciones, señalamientos públicos y falta de respaldo institucional”. Denuncian que trabajan sin los recursos adecuados, con ratios mínimas, desgaste emocional y sin sustituciones tras la salida voluntaria de numerosos profesionales. Además, apuntan a la inexistencia de recursos especializados para atender a menores con problemas de salud mental, cuya atención —dicen— recae de forma inviable sobre el equipo sin formación ni apoyo.

El comunicado describe además situaciones que consideran inadmisibles. Entre ellas, el cierre con llave de las puertas del centro sin previo aviso, generando un “clima de encierro”; la obligación a algunos menores de hacer funciones de portería durante horas; y un episodio en el que parte del personal tuvo que saltar la tapia del recinto tras verse bloqueado, sin respuesta de la dirección, mientras se registraban amenazas desde el exterior.

Las trabajadoras también señalan a las restricciones impuestas por la alcaldía, como la prohibición del acceso de los menores a servicios públicos como la piscina municipal o el campo de fútbol, incluso cuando habían pagado la entrada y sin incidentes previos. Consideran que estas decisiones, tomadas sin respaldo judicial ni base legal, “vulneran derechos fundamentales reconocidos por la legislación española y tratados internacionales”.

A pesar de ello, el equipo educativo agradece la colaboración de las Fuerzas de Seguridad, y subraya que han intentado dialogar con vecinos y autoridades para facilitar la convivencia. En sus conclusiones, exigen a las instituciones condiciones laborales dignas, recursos adecuados, centros especializados para salud mental, el cese de medidas arbitrarias y un enfoque humano basado en la corresponsabilidad, no en el miedo ni el castigo.

“Seguiremos trabajando con compromiso, profesionalidad y dignidad, pero no en silencio”, concluyen las trabajadoras del COA de Marcilla.

El comunicado va en consonancia con varias instituciones de derechos humanos, como SOS Racismo, que atribuye el reciente brote de violencia en Marcilla relacionado con el COA de menores migrantes al racismo estructural. La organización denuncia que las autoridades han utilizado el tema para generar alarma y estigmatizar a los menores, mientras permanece un silencio sobre sus condiciones de vida. SOS Racismo reclama una solución profunda que garantice derechos y construya espacios dignos sin exclusión ni prejuicios racistas.

Un conflicto que sigue abierto

Desde el Gobierno foral se insiste en que el traslado responde a una reorganización necesaria, ya que el COA de Marcilla —concebido para 40 plazas— alojaba a 94 menores. Se sumará próximamente la apertura de un nuevo centro en Pamplona con 25 plazas adicionales. Las autoridades también han subrayado la necesidad de reforzar la coordinación entre cuerpos policiales y han anunciado que se investigarán los hechos recientes para depurar responsabilidades.

Mientras tanto, la alcaldesa Esther Villanueva ha reiterado que el cierre del centro sigue siendo el objetivo del consistorio. La ciudadanía mantiene su movilización, con una nueva manifestación racista convocada ayer domingo bajo el lema “¡Marcilla dice basta!”.